Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-06-28Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 25000233600020210009501LEY 1437 REPETICION
¿Procede revocar la decisión que negó el decreto de una prueba trasladada, pues ésta cumple con lo reglado en el artículo 174 del CGP? Sí
El contratista puede revocar la decisión que niega el decreto de una prueba trasladada si ésta cumple con los requisitos establecidos en el artículo 174 del Código General del Procedimiento Administrativo Contencioso, independientemente de que la parte contra quien se aduce no haya intervenido en el proceso original en el que se practicó la prueba. La entidad estatal argumentó que la parte demandada no fue parte en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho del cual se pretendía trasladar la prueba, pero el tribunal consideró que el artículo 174 no impone tal requisito y que las copias de las sentencias de primera y segunda instancia aportadas con la demanda son suficientes para estudiar las pretensiones. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y permite que las partes utilicen pruebas trasladadas de otros procesos siempre y cuando cumplan con los requisitos legales establecidos, independientemente de la participación de la parte contraria en el proceso original.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2025-05-06Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020170018001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las partes pueden pedir pruebas en segunda instancia y su decreto procederá únicamente en los eventos previstos en el artículo 212 del CPACA? Sí
En segunda instancia las partes pueden pedir pruebas, pero su decreto procede únicamente en los eventos previstos en el artículo 212 del CPACA: cuando se pidan de común acuerdo, cuando decretadas en primera instancia se dejaron de practicar sin culpa de quien las pidió, cuando versen sobre hechos ocurridos después de la oportunidad probatoria de primera instancia, cuando no pudieron solicitarse por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte, o cuando sirvan para desvirtuar las pruebas de los numerales 3 y 4 de esa norma. Además, las pruebas deben ser conducentes, pertinentes y útiles conforme al artículo 168 del Código General del Proceso. Un documento anexo al recurso no puede incorporarse como prueba si no fue solicitado en la demanda ni en la contestación, y la mera mención de que reposa en el expediente no suple esa solicitud formal. En el caso concreto, la parte que apeló no sustentó ni pidió formalmente la incorporación del documento, de modo que el despacho no lo decretó. Como consecuencia práctica, la parte debe solicitar formalmente en primera instancia las pruebas que pretenda hacer valer, pues la referencia al expediente no las habilita para la segunda.síntesis automática
También resuelve:¿El documento anexado no fue solicitado como prueba en el escrito de la demanda, ni en la contestación?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2024-02-19Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 85001233300020190004601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de pruebas en segunda instancia del demandante se adecua a algunas de las causales previstas en el artículo 212 del CPACA? No
Las pruebas solicitadas en segunda instancia solo pueden decretarse en los supuestos taxativos del artículo 212 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, y que la prueba decretada en primera instancia que no se practicó sin culpa de la parte no habilita, por sí sola, su práctica en apelación. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las causales son de carácter taxativo, de modo que la parte debe encuadrar su solicitud en una de ellas. Segunda, la causal de prueba decretada y no practicada sin culpa de quien la pidió exige demostrar que la omisión no le es imputable. Tercera, en el caso los dictámenes periciales fueron decretados oportunamente, sus autores los aportaron en los términos ordenados y los sustentaron en audiencia, de modo que no se acreditó que la práctica se hubiera frustrado sin culpa de la parte. La providencia niega la solicitud probatoria. La consecuencia práctica es que la parte que no logra la práctica de un dictamen en primera instancia debe demostrar que la falta de práctica no le es atribuible si pretende reabrirla en apelación.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada2025-06-24Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020210021800LEY 1437 REPETICION
¿Teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 24 de septiembre de 2021, se le debe aplicar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista debe aplicar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, siempre que la demanda haya sido presentada después del 24 de septiembre de 2021, fecha en que entraron en vigencia dichas disposiciones, salvo las excepciones previstas en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021. Además, el magistrado ponente es quien debe proferir el auto que dispone el trámite de la sentencia anticipada, conforme a los artículos 125-3 y 182A del CPACA. La sentencia anticipada permite al juez dictar sentencia sin agotar las etapas procesales previas cuando se trate de asuntos de puro derecho, no haya necesidad de practicar pruebas, o cuando las pruebas solicitadas sean impertinentes, inconducentes o inútiles, según lo dispuesto en el artículo 182A-1 del CPACA. En el caso examinado, se configuran los presupuestos para dictar sentencia anticipada, ya que las pruebas solicitadas son documentales y fueron aportadas con la demanda sin que se haya formulado tacha alguna, lo que permite dar aplicación a los artículos 212 y 168 del CPACA y CGP respectivamente.síntesis automática
También resuelve:¿El auto mediante el cual se prescinde de la audiencia inicial con el fin de dictar la sentencia anticipada debe ser proferido por el magistrado ponente?¿La sentencia anticipada autoriza al juez para prescindir de las etapas procesales que normalmente deberían agotarse previamente para dictar sentencia…¿Se configuran los presupuestos para dictar sentencia anticipada, pues, las pruebas solicitadas son documentales y fueron aportadas con la demanda, el escrito de intervención y…
¿Teniendo en cuenta que el régimen jurídico se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso debe darse aplicación al Código Civil bajo un análisis subjetivo del concepto general de culpa grave, en cuanto el demandante alega una supuesta presunción de culpa grave por extralimitación de las funciones? Sí
El contratista no puede alegar una presunción de culpa grave por extralimitación de funciones, ya que tal presunción no está prevista en la ley, y el régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la condena, en este caso la Ley 678 de 2001. La Sala analiza el concepto general de culpa grave contenido en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, conforme al régimen del Código Civil, y rechaza las pretensiones de la demanda por falta de prueba de la culpa grave y la extralimitación de funciones. Además, la prueba trasladada del proceso penal militar es valorada, pero la sentencia de reparación directa no es oponible al demandado por su ausencia en el proceso. Finalmente, se fija la condena en costas y agencias en derecho en el 2.5% del valor de las pretensiones, según el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿Debe otorgarse valor probatorio a la prueba trasladada en el caso concreto, es decir, al proceso penal del cual conoció la justicia militar?¿Deben negarse las pretensiones de la demanda en cuanto la parte demandante no acreditó que la conducta del demandado fue gravemente culposa…¿Puede otorgarse valor probatorio a la sentencia de reparación directa que fue aportada al proceso, toda vez que no es oponible al demandado, dado que este no participó en dicho asunto?
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia en el medio de control de repetición? Sí
El contratista no puede demostrar la culpa grave del agente estatal en un medio de control de repetición, ya que la Sala establece que la condena al Estado debe ser consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, y en este caso no se acredita que la ausencia del agente estatal durante el patrullaje haya causado el daño. Además, la prueba trasladada del proceso de reparación directa no puede ser valorada en el proceso de repetición, ya que el agente estatal no participó en ese proceso y la decisión no reprocha su conducta. La Sala también determina que el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición se efectúa de acuerdo con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, y que la entidad estatal demandante, siendo la parte vencida, es condenada en costas de conformidad con el artículo 188 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Este precedente reitera la necesidad de acreditar la culpa grave del agente estatal para lograr éxito en un medio de control de repetición y establece las reglas para el cómputo del término de caducidad y la condena en costas.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición?¿Cómo se determina el régimen jurídico aplicable al medio de control de repetición?¿Cuáles son los presupuestos para la valoración de la prueba trasladada?
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad para la acción de repetición? Sí
La demanda se presentó oportunamente, ya que el Auto que aprobó la conciliación es de 27 de noviembre de 2002 y quedó ejecutoriada el 6 de diciembre del mismo año, el primer pago se hizo el 27 de mayo de 2003 y el segundo pago el 3 de junio de 2004. El término de caducidad de la acción vencía el 4 de junio de 2006 y la demanda se interpuso el 19 de julio de 2005.
También resuelve:¿Procede la valoración de la prueba trasladada del proceso penal?¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron?¿Se acreditó que la causa de la muerte del paciente fue tanto la actuación de la demandada como las fallas del hospital demandante, presentándose una concurrencia de causas del daño?
¿La entidad demandante logró demostrar la conducta dolosa de los demandados, como uno de los presupuestos para que prospere la acción de repetición? Sí
El contratista no logra prosperar en la acción de repetición si no demuestra la conducta dolosa del demandado, uno de los presupuestos esenciales para que este medio de control prospere. La Sala considera que la entidad demandante no logró acreditar adecuadamente la conducta dolosa atribuida a los demandados, por lo que se confirmó la sentencia de primera instancia que negaba las pretensiones de la demanda. La Sala reitera que la carga de la prueba de la conducta dolosa recae sobre el accionante, quien debe acreditarla con suficiencia para que la acción de repetición sea procedente. Este precedente implica que las entidades estatales deben presentar pruebas concluyentes para demostrar la conducta dolosa de los demandados, de lo contrario, la acción de repetición será improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición, a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de…
¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos en acción de repetición? Sí
El contratista tiene la competencia para interponer una acción de repetición ante el Consejo de Estado en segunda instancia cuando se dan los presupuestos procesales establecidos en el artículo 7 inciso 2 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificados por la Ley 446 de 1998. La Sala determina que el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición se realiza desde la fecha de ejecutoria de la sentencia que ordenó la condena y el pago efectivo, y no desde la fecha de presentación de la demanda, como sostuvo el tribunal. Además, la Sala establece que las presunciones de dolo o culpa grave no se aplican si los hechos que dieron lugar a la condena ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001. En cuanto a la prueba trasladada, esta es válida y puede ser valorada si la parte demandada tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y no presentó reparos. Para la procedencia de la acción de repetición, se deben demostrar la existencia de una condena, el pago efectivo y la culpa grave o dolo del agente del Estado. En este caso, la Sala encuentra configurada la conducta dolosa del agente del Estado por el uso desproporcionado de la fuerza, lo que implica que el contratista puede proceder con la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición?¿Según la normatividad aplicable al caso concreto, se pueden aplicar las presunciones de dolo o culpa grave?¿Cuáles son los presupuestos para que tenga validez y se pueda valorar la prueba trasladada?
Sentencia — Sentencia2024-06-17Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020220018100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se configuró la causal séptima de anulación del laudo arbitral? No
Cuando el recurso extraordinario de anulación alega que el laudo es citra petita porque no decidió algunas excepciones, el cargo no prospera si el laudo se pronunció expresamente sobre ellas en la parte resolutiva y en las consideraciones. La regla se sostiene en tres razones: el recurso de anulación verifica los vicios de la decisión arbitral y no permite revisar el fondo de la controversia; el laudo que fundamenta el nexo causal y el incumplimiento con sustento probatorio y jurídico suficiente no incurre en la causal alegada; y el hecho de que la parte afirme que las excepciones no fueron motivadas implica que sí fueron decididas. En el caso, el laudo resolvió las excepciones de ausencia de nexo causal e inexistencia de incumplimiento, por lo que el recurso fue declarado infundado. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la alegación de falta de decisión debe demostrar que una pretensión o excepción quedó sin pronunciamiento, no que su motivación fue insuficiente.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal decidió sobre las excepciones planteadas como no resueltas en su recurso de anulación por el recurrente?¿El Tribunal estableció que hubo incumplimiento de UNE EPM a los requisitos de su procedimiento para asignación de líneas y lo hizo con base en dictámenes periciales obrantes en el expediente?¿Se había establecido el cumplimiento de unos límites para la celebración del contrato y su ejecución, en el trámite de pedidos de telefonía básica?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 08001233300020230048301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez deberá rechazar las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles? Sí
El juez deberá rechazar las pruebas ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes y manifiestamente superfluas o inútiles, conforme al artículo 168 del Código General del Proceso aplicado por remisión del CPACA. Para ello, debe examinar que los medios probatorios sean permitidos por el ordenamiento, estén relacionados con el caso y sean necesarios para acreditar hechos no suficientemente probados por otros medios. La conducencia de la prueba se refiere a su idoneidad para demostrar lo pretendido, la pertinencia a su relación directa con los hechos en controversia, y la utilidad a su ligazón necesaria con el hecho que se quiere probar. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios más claros sobre la admisibilidad de la prueba en procesos contractuales, lo que implica que los jueces deben ser más rigurosos en la evaluación de las pruebas solicitadas.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a denegar la prueba testimonial solicitada por falta de especificación de su objeto?¿Resulta procedente el decreto del interrogatorio de parte del representante legal de la entidad pública demandada?¿Las pruebas documentales solicitadas deben ser negadas por tratarse de pruebas susceptibles de ser obtenidas directamente a través de un derecho de petición?
¿La conducta de los demandados fue gravemente culposa durante una operación militar en la que murieron y secuestraron a varios agentes de la fuerza pública, situación que llevó a una condena por falla del servicio? Sí
El contratista no puede obtener la repetición de los daños causados por una falla del servicio si no demuestra que la conducta de los funcionarios fue gravemente culposa, ya que la entidad estatal ya ha reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico. En este caso, la entidad demandante concilió judicialmente la condena por la muerte y secuestro de varios militares en un enfrentamiento con las FARC, pero no aportó pruebas suficientes que demuestren que la conducta de los demandados fue negligente, despreocupada o temeraria. La Sala confirma la sentencia de primera instancia, matizando que la entidad debe probar la existencia de culpa grave para proceder con la acción de repetición, lo que implica un juicio de valor de la conducta del funcionario.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver en segunda instancia el medio de control de repetición?¿Cuáles son los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición?¿La demanda presentada mediante el mediante el medio de control de repetición fue interpuesta dentro del término legal?
¿Los documentos públicos aportados con la demanda resultan suficientes para acreditar el pago de la condena que dio lugar a la acción de repetición? Sí
Los documentos públicos aportados con la demanda pueden acreditar el pago de la condena en la acción de repetición, sin que sea necesario el paz y salvo de los beneficiarios, siempre que resulten idóneos para acreditar la extinción de la obligación y hayan permanecido a disposición de las partes para su contradicción. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la entidad puede valerse de cualquier medio probatorio idóneo, y los documentos públicos evidencian la voluntad de la administración de reconocer la suma a favor de los beneficiarios de la condena. La segunda es que los documentos no fueron tachados de falsos ni controvertidos, y acreditan que el pago se hizo a la cuenta del apoderado judicial, quien tenía facultad para recibir. En consecuencia, se demostró el requisito del pago. Respecto de la prueba trasladada, la providencia reitera que solo procede su valoración cuando fue solicitada por la parte contra la que se aduce o se practicó con su audiencia. La nota de relatoría remite a una sentencia de 10 de septiembre de 2021 sobre la prueba del pago de la condena, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la valoración de la prueba trasladada?¿Cuál es la normatividad aplicable a la acción de repetición?¿Procede la valoración de los testimonios sospechosos?
¿Actuó el militar demandado con dolo al dar una orden velada para que se ejecutara a un presunto guerrillero capturado? Sí
El contratista debe responder con dolo por la ejecución de un presunto guerrillero capturado, cuando da una orden velada que induce a otros a cometer el delito, y las pruebas del proceso penal pueden trasladarse al proceso de repetición si se practicaron con audiencia de la contraparte o a su petición, reiterando la aplicación del medio de control de repetición para reintegrar dineros pagados por daños generados por conductas dolosas o gravemente culposas, y matizando que la Ley 678 de 2001 se aplica a hechos ocurridos a partir de su vigencia, salvo excepciones retroactivas.síntesis automática
También resuelve:¿De conformidad con la ley, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte…¿De conformidad con la legislación, el medio de control de repetición es un mecanismo judicial que tiene por objeto el reintegro de los dineros que los órganos del Estado han debido pagar como…¿La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos?
¿Procede la valoración de las pruebas documentales trasladadas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El contratista puede solicitar que se trasladen pruebas documentales del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y la entidad estatal debe valorarlas si las partes tuvieron la oportunidad de conocerlas y no presentaron reparos, lo que implica que estas pruebas son admisibles y pueden ser objeto de análisis. La Sala reitera que para la prosperidad de la acción de repetición es necesario demostrar la existencia de dolo o culpa grave en el actuar del funcionario público, y que la valoración de la culpa grave se realiza en comparación con el estándar de conducta previsto en la ley vigente en el momento de los hechos. Además, la Sala matiza que para determinar si un agente estatal actuó con dolo o culpa grave, es necesario considerar la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la infracción manifiesta de preceptos constitucionales y el incumplimiento de las funciones que la ley le asigna, lo que implica un análisis detallado de la conducta del agente estatal en cada caso específico.síntesis automática
También resuelve:¿Para la prosperidad de la acción de repetición es necesario un actuar doloso o gravemente culposo en cabeza del funcionario público demandado?¿Cuáles son los presupuestos a tener en cuenta a la hora de definir si un agente estatal obró con dolo o culpa grave?¿El acto administrativo de insubsistencia estuvo viciado de desviación de poder?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso de repetición en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
Cuando se trata de un proceso de repetición, el Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación en segunda instancia por el factor objetivo de la cuantía de la pretensión, conforme a los artículos 149, 152 y 155 de la Ley 1437 de 2011. La regla se sostiene en tres razones: el código regula de manera expresa la competencia funcional de la repetición; derogó el criterio de conexidad del artículo 7 de la Ley 678 de 2001; y, junto al factor subjetivo para los procesos de única instancia, introdujo el factor objetivo por cuantía para los de doble instancia. En el caso, la pretensión de repetición superó la cuantía fijada en la norma, por lo que la sala asumió la competencia para decidir la alzada contra el fallo de primera instancia. El documento aborda también la caducidad de la repetición, pero no fija una regla distinta; la consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión de repetición determina la instancia en que se resuelve.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad para el medio de control de repetición?¿Las pruebas practicadas en el proceso disciplinario adelantado contra el demandado cumplen los requisitos para ser valoradas en el proceso contencioso administrativo?¿En la demanda del medio de control de repetición procede la doble atribución de la conducta del demandado a través de la culpa grave y dolo?
¿La parte demandada desvirtuó las presunciones de dolo y culpa grave ? Sí
En este proceso, el demandado desvirtuó la presunción de dolo y culpa grave (arts. 5.4 y 6.1 Ley 678 de 2001). Sólo se probó que un juzgado impuso medida de aseguramiento contra el demandado, pero no se acreditó que fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por el daño que sirvió de fundamento para la condena a la entidad demandante. No se acreditaron… las circunstancias de modo en que ocurrió el disparo, ni que el daño fue consecuencia de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal estimó que la conducta de la víctima incidió en la ocurrencia del accidente y no fue posible establecer cómo ocurrió el disparo, conforme a las pruebas técnicas de este proceso.
También resuelve:¿Se valora si la desatención del deber funcional del servidor público fue de tal magnitud que lo obliga a restituir al Estado la condena en su contra?¿El demandado tiene la posibilidad de desvirtuar la presunción legal?¿El término para formular la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad?
¿Cuáles son los presupuestos para la valoración de la prueba trasladada? Sí
Las pruebas documentales de un proceso trasladado pueden valorarse cuando las partes tuvieron oportunidad de conocerlas y de formular reparos en la primera instancia, mientras que los testimonios no ratificados en el proceso al que se trasladan no se valoran, salvo que la parte contra la que se aducen coadyuve el traslado o los mencione en sus actos procesales. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que los documentos fueron conocidos por las partes, que no formularon reparo oportuno. La segunda es que la entidad demandada invocó esas pruebas en sus alegatos de conclusión de primera instancia para sostener la conducta gravemente culposa del patrullero, de modo que, por lealtad procesal, no puede desconocerlas. Con base en ello, la Sala tiene en cuenta las declaraciones de los testigos y la indagatoria del proceso penal, porque sirvieron de fundamento a la sentencia parcialmente favorable a la parte actora. La providencia reitera el precedente de la Sala citado en la nota de relatoría de 18 de mayo de 2017, y no indica que modifique un criterio anterior.síntesis automática
También resuelve:¿En qué eventos se configura la culpa grave en cabeza del servidor público?¿El régimen aplicable a la responsabilidad del agente del Estado en el medio de control de repetición debe ser de carácter subjetivo?¿El agente de la Policía incurrió en alguna infracción de tránsito que diera lugar al accidente?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-22Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 52001233300020210016701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado, en sede de segunda instancia, para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto que niega el decreto o la práctica de pruebas, conforme a lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA y en armonía con el artículo 243, numeral 7, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra el auto que niega el decreto o la práctica de pruebas, conforme al artículo 150 del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y al artículo 243, numeral 7, modificado por la Ley 2080 de 2021, lo que implica que el recurso debe ser decidido por el consejero ponente. Además, el juez debe rechazar mediante providencia motivada las pruebas que resulten ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes o manifiestamente superfluas o inútiles, según lo dispuesto en los artículos 167 y 168 del Código General del Proceso, aplicables por remisión expresa del artículo 211 del CPACA. Asimismo, el dictamen pericial que se presente sin el correspondiente cuestionario será considerado inconducente, impertinente e inútil, en concordancia con los artículos 218 y 219 del CPACA, modificados por la Ley 2080 de 2021, y con los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad exigidos por el ordenamiento procesal.síntesis automática
También resuelve:¿Se interpuso y sustentó oportunamente el recurso de apelación dentro de la audiencia inicial del 31 de octubre de 2023, conforme al artículo 244 del CPACA?¿Debe el juez, conforme a lo dispuesto en los artículos 167 y 168 del Código General del Proceso (CGP), aplicables por remisión expresa del artículo 211 del CPACA…¿Debe considerarse inconducente, impertinente e inútil el dictamen pericial que se presente sin el correspondiente cuestionario, conforme a lo dispuesto en los artículos 218 y 219 del CPACA…
¿Se acreditó la existencia de condena judicial contra la entidad hospitalaria demandante por la muerte de uno de sus pacientes? Sí
El contratista debe acreditar la existencia de una condena judicial contra la entidad estatal por la muerte de un paciente para ejercer el medio de control de repetición, lo cual se logra mediante la presentación de la sentencia del Consejo de Estado y el comprobante de pago emitido por la entidad. La Sala establece que el término de caducidad para interponer la demanda de repetición debe contarse desde el pago efectivo de la condena, no desde la fecha en que venció el plazo legal para realizarlo, y que la acción prospera cuando se demuestra que la condena al Estado resultó de una conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público. Además, el acto administrativo que registra el pago de la condena y el comprobante de egreso emitido por la entidad son considerados documentos públicos válidos y suficientes para acreditar el cumplimiento de la sentencia. Este precedente reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para ejercer la acción de repetición y acreditar el pago de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición debe contarse a partir del pago de la condena judicial, o en su defecto…¿Cuáles son los presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición?¿El acto administrativo por el cual se satisface la condena judicial constituye prueba idónea para acreditar el pago como presupuesto de la acción?