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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del presente asunto

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Fecha
2025-12-09
Radicado
25000233600020210028701
Número interno
67998
Ponente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOSDE DESARROLLO - FONADE
Demandado
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS - IPSE

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del presente asunto

Regla de decisión

El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de la apelación de autos proferidos por tribunales que imprueben conciliaciones extrajudiciales entre entidades públicas.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas al incumplimiento y liquidación de contratos interadministrativos celebrados entre entidades públicas. En este asunto, ante el acuerdo conciliatorio entre FONADE hoy ENTERRITORIO e IPSE, la aprobación judicial y el control de legalidad corresponden a esta jurisdicción. Asimismo, conforme al artículo 150 y el artículo 243 numeral 3 du CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de la apelación del auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que imprueba la conciliación extrajudicial celebrada entre las entidades públicas involucradas.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de los autos proferidos por los Tribunales Administrativos que imprueben conciliaciones extrajudiciales celebrada entre dos entidades de naturaleza pública?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 125, 150 y 243

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

ÉSTESE A LO RESUELTO

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del presente asunto. Ello, ya que en el sub lite se discuten aspectos relativos al incumplimiento y la liquidación del “Contrato Interadministrativo” Derivado No. 2132419 y se encuentra involucrada una entidad de carácter financiero -FONADE hoy ENTERRITORIO- que es quien convoca a otra entidad de naturaleza pública -IPSE-. De igual forma, esta jurisdicción resulta competente, ya que dichas entidades llegaron a un acuerdo conciliatorio y la aprobación judicial de este es un trámite propio de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 150 del CPACA, en concordancia con el artículo 243-3 del mismo estatuto, el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de los autos proferidos por los Tribunales Administrativos que imprueben conciliaciones extrajudiciales.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO RECURSO DE APELACIÓN APELACIÓN DEL AUTO AUTO QUE IMPRUEBA EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PARA CONOCER DE LA APELACIÓN DEL AUTO COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL REQUISITOS DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PRESUPUESTOS PARA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN REQUISITOS DE LA APROBACIÓN DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PRUEBA NECESARIA DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL COVID 19 SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FALTA DE PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA ACUERDO DE CONCILIACIÓN CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA IMPROCEDENCIA DE LA APROBACIÓN DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN CONFIRMACIÓN DEL AUTO

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Titulación de la relatoría 14.813 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DEL AUTO / AUTO QUE IMPRUEBA EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PARA CONOCER DE LA APELACIÓN DEL AUTO / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de los autos proferidos por los Tribunales Administrativos que imprueben conciliaciones extrajudiciales celebrada entre dos entidades de naturaleza pública? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del presente asunto. Ello, ya que en el sub lite se discuten aspectos relativos al incumplimiento y la liquidación del “Contrato Interadministrativo” Derivado No. 2132419 y se encuentra involucrada una entidad de carácter financiero -FONADE hoy ENTERRITORIO- que es quien convoca a otra entidad de naturaleza pública -IPSE-. De igual forma, esta jurisdicción resulta competente, ya que dichas entidades llegaron a un acuerdo conciliatorio y la aprobación judicial de este es un trámite propio de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 150 del CPACA, en concordancia con el artículo 243-3 del mismo estatuto, el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de los autos proferidos por los Tribunales Administrativos que imprueben conciliaciones extrajudiciales. En el presente caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia del 10 de noviembre de 2021 improbó el acuerdo conciliatorio logrado entre ENTERRITORIO y el IPSE por considerar que no se acreditaron los requisitos legales para ello, de manera que se trata de una providencia susceptible del recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 243-3 del CPACA. Por otra parte, en virtud de lo dispuesto por el artículo 125 del CPACA, la Sala es competente para resolver el recurso de apelación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia de una controversia relacionada con un contrato estatal que involucra a una entidad pública de carácter financiero, cita: Corte Constitucional, expediente CJU-5115, auto de 2 de mayo de 2024 A-795/2024, M. P. Natalia Ángel Cabo; sentencia C-214 de 2021. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 125, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 243-3 CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / REQUISITOS DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / PRESUPUESTOS PARA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / REQUISITOS DE LA APROBACIÓN DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRUEBA NECESARIA Problema jurídico: ¿Son requisitos para aprobar una conciliación extrajudicial que no haya operado el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción, que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes, que las partes estén debidamente representadas y que tales representantes tengan capacidad para conciliar, que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público? Respuesta al problema jurídico: Si Esta Sección del Consejo de Estado, de manera reiterada, ha establecido que el juez, para aprobar una conciliación extrajudicial, debe verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: Que no haya operado el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción (artículo 61 Ley 23 de 1.991, modificado por el art. 81 Ley 446 de 1998). Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (artículos 59 Ley 23 de 1991 y 70 Ley 446 de 1998). Que las partes estén debidamente representadas y que tales representantes tengan capacidad para conciliar. Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público (artículo 65A Ley 23 de 1.991 adicionado por el 73 Ley 446 de 1998 y artículo 60 del Decreto 1818 de 1998). NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos para la aprobación de la conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 18 de julio de 2007, rad. 31838, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; auto de 3 de marzo de 2010, rad. 37644, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; auto de 27 de septiembre de 2024, rad. 71578, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez; providencia de 14 de marzo de 2002, rad. 20975, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; providencia de 4 de abril de 2025, rad. 72019, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO 1818 DE 1998 - ARTÍCULO 60, LEY 23 DE 1991 - ARTÍCULO 59, LEY 23 DE 1991 - ARTÍCULO 65A, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 70, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 73 DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿El negocio jurídico celebrado entre el FONADE y el IPSE fue nominado como un “Contrato Interadministrativo”, la realidad es que este corresponde a un Convenio Interadministrativo, de acuerdo a lo enunciado en su objeto? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala encuentra necesario precisar que aunque el negocio jurídico celebrado entre el FONADE y el IPSE fue nominado como un “Contrato Interadministrativo”, la realidad es que este corresponde a un Convenio Interadministrativo, en la medida que su objeto consistía en “adelantar en forma conjunta el proyecto denominado ‘Construcción de los proyectos hidroeléctricos del Sur del Nuquí en el departamento del Chocó’”, sin que por esto se recibiera por ninguna de ellas el pago de un precio o contraprestación. En ese sentido, en la cláusula cuarta de la Aclaración y Modificación No. 1 al “Contrato Interadministrativo” Derivado No. 2132419, las partes estipularon que ese negocio jurídico se suscribía con el ánimo de conformar un acuerdo de gestión en el cual el IPSE, aportaría unos recursos para la ejecución del proyecto y el FONADE, además de adelantar los procesos de selección a que hubiera lugar y celebrar los contratos que permitieran la ejecución del mismo, efectuaría el pago y desembolso de los recursos. Ahora bien, en lo concerniente a la liquidación del “Contrato Interadministrativo” […], la Sala encuentra que las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad pactaron que esta iniciaría cuando el FONADE liquidara todos los contratos derivados y que ella se realizaría en los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las normas que las modifiquen […]. De manera que el plazo para liquidarlo era de 4 meses siguientes a la expiración del término de ejecución, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 -aplicable al presente asunto en vista de que las partes no acordaron el término dentro del cual debían proceder en ese sentido-. A pesar de lo pactado, lo cierto es que no se llevó a cabo la liquidación bilateral del “Contrato Interadministrativo” […]. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la distinción conceptual entre los contratos y convenios interadministrativos, Cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 26 de julio de 2016, rad. 11001-03-06-000-2015-00102-00, C. P. Álvaro Namén Vargas. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007, LEY 80 DE 1993 REQUISITOS DE LA APROBACIÓN DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / COVID 19 / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Problema jurídico: ¿Las pretensiones contenidas en la solicitud de conciliación extrajudicial, fueron presentadas dentro del plazo fijado en la ley para promover el respectivo proceso de controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo señalado en el parágrafo 2º del artículo 61 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 81 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente acción haya caducado. En el presente asunto se advierte que las pretensiones contenidas en la solicitud se conciliación extrajudicial, se relacionan con los perjuicios derivados del presunto incumplimiento del “Contrato Interadministrativo” Derivado No. 2132419 por parte del IPSE y la liquidación de ese negocio jurídico. De ahí que la vía procesal adecuada para eventualmente ejercer el derecho de acción sea la de controversias contractuales, tal como lo prevé el artículo 141 del CPACA. En el caso del medio de control de controversias contractuales, el término de caducidad, respecto de pretensiones distintas a las de nulidad absoluta o relativa del contrato, ejecutiva y de repetición, ha sido definido en función del tipo de contrato y se encuentra previsto en el artículo 164-2.j del CPACA […]. [A]tendiendo las reglas establecidas por la Sala Plena de esta Sección en decisión que unificó su jurisprudencia […], para el asunto bajo estudio, se puede concluir respecto del término de 2 años de caducidad, que este debe contarse a partir del día siguiente a la fecha límite en la cual el “Contrato Interadministrativo” […], esto es, dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del negocio jurídico -1o de noviembre de 2018-, en virtud de lo pactado en la cláusula catorce y conforme lo consagrado en el apartado v del artículo 164-2.j del CPACA. […] [C]omo en este caso el término inicial para presentar la demanda vencía el 3 de noviembre de 2020, al adicionar los 3 meses y 14 días que duró la suspensión, la oportunidad para ejercer el derecho de acción se extendió hasta el 23 de febrero de 2021. Por tanto, al haberse radicado la solicitud de conciliación extrajudicial el 15 de febrero de 2021, la Sala encuentra que tal solicitud fue presentada dentro del plazo fijado en la ley para promover el respectivo proceso y, en esa medida, en este asunto no se constató el fenómeno de la caducidad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera Sala Plena, auto de unificación de 1º de agosto de 2019, rad. 62009, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 11 de agosto de 2025, rad. 71018, C. P. Nicolás Yepes Corrales. Respecto la suspensión del término de caducidad por la pandemia del Covid 19, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2023, rad. 11001-03-15-000-2022-06616-01(AC), C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J APARTADO V, LEY 23 DE 1991 - ARTÍCULO 61 PARÁGRAFO 2, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 81 RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DE LA APROBACIÓN DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / AUTO QUE IMPRUEBA EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / IMPROCEDENCIA DE LA APROBACIÓN DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / CONFIRMACIÓN DEL AUTO Problema jurídico: ¿El acuerdo conciliatorio logrado entre el IPSE y el FONADE, reúne las condiciones para su aprobación judicial? Respuesta al problema jurídico: No [L]as razones aducidas en la sustentación del recurso demarcan la competencia funcional que tiene el juez de segunda instancia, la cual se ciñe a resolver los reparos concretos formulados por el apelante contra la decisión recurrida, para confirmar, modificar o revocar la providencia. En el caso concreto, la decisión adoptada por el Tribunal de no impartir aprobación al Acuerdo de Conciliación, también se fundamentó en la ausencia de elementos de convicción que acreditaran el incumplimiento contractual y la liquidación del “Contrato Interadministrativo” […]. A pesar de lo anterior, los recurrentes no efectuaron ningún reparo puntual, ni aportaron alguna prueba, que estuviera encaminada a demostrar que se encontraba debidamente soportada la obligación reclamada y consignada en el acta contentiva del Acuerdo de Conciliación. […] [P]ara esta colegiatura resulta evidente que el sustento probatorio arrimado para efectos de impartir la aprobación judicial del acuerdo conciliatorio, no permite establecer con precisión y suficiencia que las actividades y valores propuestos satisfacen en su totalidad los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros derivados de la ejecución del objeto del “Contrato Interadministrativo Derivado No. 2132419”, en la medida que no es posible contrastar: i) si aquello por lo cual las entidades están conciliando y obligándose, realmente ocurrió (incumplimiento – ejecución parcial - perjuicios); ii) si las partes efectuaron los desembolsados pactados en ese negocio jurídico y se generaron rendimientos financieros y; iii) si se hicieron pagos parciales al contratista de la obra del proyecto objeto de ese acuerdo de voluntades. En ese contexto, para la Sala resulta palmario que los medios de convicción aportados no generan certeza respecto de la obligación alegada, la supuesta responsabilidad del IPSE y la consecuente obligación de pagar las sumas reclamadas por ENTERRITORIO. Por consiguiente, ante incertidumbre de si las estipulaciones contenidas en el acuerdo conciliatorio resultan lesivas para el patrimonio público, tal y como lo exige el artículo 65A de la Ley 23 de 1991, adicionado por el artículo 72 de la Ley 446 de 1998, y por virtud de la ausencia del sustento probatorio necesario para verificar que lo reconocido patrimonialmente está debida y suficientemente respaldado en la actuación, se impone confirmar la decisión del a quo, pero por las razones aquí señaladas, en la medida que se requiere de un debate probatorio mucho más profundo del caso bajo estudio, lo cual, sólo podrá lograrse en el proceso judicial. FUENTE FORMAL: LEY 23 DE 1991 - ARTÍCULO 65A, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 72

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202100287011100103