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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: ahora, como la demanda se presentó el 4 de agosto de 2017

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Fecha
2022-02-18
Radicado
41001233300020170040801
Número interno
67486
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
GUILLERMO BOLAÑOS PEÑA, VLADIMIR ANTONIO AMED NUÑEZ ALARCON, LUIS ALBERTO CARTAGENA GARCIA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: ahora, como la demanda se presentó el 4 de agosto de 2017

Lo que dijo la Sala

En relación con la oportunidad para interponer la demanda de repetición, el numeral 2, literal l), del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011… De la lectura de la norma se desprende que lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero.… En este caso, el pago de la condena se realizó el 11 de noviembre de 2016… , esto es, después de que se completaran los 18 meses previstos en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, razón por lo cual el término de caducidad de dos años corrió desde el 7 de diciembre de 2015 hasta el 7 de diciembre de 2017. Ahora, como la demanda se presentó el 4 de agosto de 2017… , fuerza concluir que fue oportuna.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no debe cumplir la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en los procesos de repetición, ya que la Ley 1437 de 2011 no la establece como tal, aunque es opcional recurrir a ella antes de acudir a la jurisdicción. La entidad estatal no puede alegar la falta de conciliación como impedimento para demandar, salvo que la propia ley lo exija para otros medios de control. La Sala reitera que el plazo de caducidad para la acción de repetición comienza a correr desde la fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero, lo que implica que la demanda presentada dentro de este término es oportuna. En casos anteriores a la Ley 678 de 2001, la conducta del agente estatal debe ser analizada para determinar si es dolosa o gravemente culposa, lo que implica una carga probatoria para el actor.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Lo que resulta determinante para contar el término de caducidad, en la acción de repetición, es la fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero, por ello en este caso la demanda se presentó de forma oportuna?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 177
  • Ley 1437 de 2011, art. 164

También resuelve

  • ¿Debe adelantarse la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en los procesos de repetición?
  • ¿La conducta de los agentes del Estado, miembros de la Policía Nacional, demandados, puede calificarse como dolosa cuando se encuentra probado que participaron en la planeación y ejecución de un…
  • ¿Puede el juez valorar la prueba trasladada de otros procesos, penal, disciplinario y de reparación directa, valorar, sin restricción alguna, las pruebas documentales, testimoniales e informes…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ACCIÓN DE REPETICIÓN REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN MUERTE DE CIVIL MUERTE DEL DETENIDO DOLO AGENTE DEL ESTADO CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO DAÑO CAUSADO POR AGENTE ESTATAL EN SERVICIO EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL CONDENA CONTRA EL ESTADO SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA FUNCIONARIO ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA PRUEBA TRASLADADA PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA NORMATIVIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO PROCESO DISCIPLINARIO PROCESO PENAL MILITAR SENTENCIA ABSOLUTORIA AUTONOMÍA DEL JUEZ ATRIBUCIONES DEL JUEZ FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO CONDUCTA ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO EXSERVIDOR PÚBLICO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABILIDAD PENAL DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE DE POLICÍA CONFIGURACIÓN DEL DOLO SERVIDOR PÚBLICO ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA FALLO CONDENATORIO LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA VALOR DE LA CONDENA INTERÉS MORATORIO IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO PLAZO DETERMINACIÓN DEL PLAZO PAGO DE LA CONDENA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES

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Titulación de la relatoría 23.744 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Lo que resulta determinante para contar el término de caducidad, en la acción de repetición, es la fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero, por ello en este caso la demanda se presentó de forma oportuna? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n relación con la oportunidad para interponer la demanda de repetición, el numeral 2, literal l), del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (...) De la lectura de la norma se desprende que lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero. (...) En este caso, el pago de la condena se realizó el 11 de noviembre de 2016 (...), esto es, después de que se completaran los 18 meses previstos en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, razón por lo cual el término de caducidad de dos años corrió desde el 7 de diciembre de 2015 hasta el 7 de diciembre de 2017. Ahora, como la demanda se presentó el 4 de agosto de 2017 (...), fuerza concluir que fue oportuna. NOTA DE RELATORÍA: En relación con las normas que resultan aplicables para determinar el plazo de cumplimiento de las sentencias judiciales proferidas dentro de los procesos tramitados en vigencia del CCA, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 5 de abril del 2017, expediente 58.762, M.P. Hernán Andrade Rincón. Sobre el tema, consultar la sentencia del 6 de diciembre de 2017, proferida por la misma Subsección del 6 de diciembre de 2017, expediente 50.192 FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Debe adelantarse la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en los procesos de repetición? Respuesta al problema jurídico: No La Sala estima necesario pronunciarse sobre el requisito de conciliación prejudicial en la presente controversia, teniendo en cuenta que la parte demandada insistió en la imposibilidad de adelantar el medio de control de repetición, dado que esta etapa no se surtió por parte de la accionante. (...) la conciliación extrajudicial no constituye un requisito de procedibilidad para demandar en procesos de repetición, pero es opcional acudir a ella. De tal manera que, si una entidad decide recurrir a esa alternativa, antes que a la jurisdicción, no cabe otra opción que aplicar el régimen jurídico propio de esa materia, es decir, el Decreto 1716 de 2009, tal y como lo señala el artículo 13 de la Ley 678 de 2001. Asimismo, cabe decir que el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 no incluyó el medio de control de repetición entre aquellos que deben agotar la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, sino que determinó que es potestativo de la entidad estatal, por consiguiente, no resulta de recibo el argumento del apelante. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la conciliación como requisito de procedibilidad en los procesos de repetición, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 3 de marzo de 2010, expediente 37.765, M.P. Enrique Gil, Botero. Sentencia del 21 de junio de 2018, expediente 53.845, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Consejero ponente: Danilo Rojas Betancourth Auto proferido dentro del expediente 47.149. FUENTE FORMAL: DECRETO 1716 DE 2009, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 163, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 13 MUERTE DE CIVIL / MUERTE DEL DETENIDO / ACCIÓN DE REPETICIÓN / DOLO / AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / DAÑO CAUSADO POR AGENTE ESTATAL EN SERVICIO / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO / SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA FUNCIONARIO Problema jurídico: ¿La conducta de los agentes del Estado, miembros de la Policía Nacional, demandados, puede calificarse como dolosa cuando se encuentra probado que participaron en la planeación y ejecución de un civil, daño por el cual la Policía Nacional fue condenada a título de falla de servicio en la acción de reparación directa? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala determinará si los demandados actuaron o no con dolo respecto del hecho ocurrido el 18 de diciembre de 1994, porque los demás requisitos para la prosperidad de la pretensión de repetición se encontraron acreditados en primera instancia y no fueron objeto de discrepancia en el recurso de apelación. (...) La Sala advierte que los supuestos fácticos debatidos en este proceso ocurrieron el 18 de diciembre de 1994, fecha en la que ocurrió el daño que dio origen a la condena patrimonial a cargo de la accionante, esto es, antes de la expedición de la Ley 678 de 2001, razón por la cual la Sala ha sostenido que esa norma no es aplicable para calificar la conducta de los demandados, sino el artículo 63 del Código Civil (...) Esta Corporación ha señalado que los conceptos de culpa grave y dolo previstos en el Código Civil deben armonizarse con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, así como también con la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros postulados constitucionales como el de la buena fe (artículo 83), al cual deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas. Es clara, entonces, la determinación de que, en materia de responsabilidad subjetiva, el análisis de la conducta del agente juega un papel decisivo. De ahí que, como lo ha dicho esta Sección, no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta (...) Así las cosas, en aquellos eventos regidos por la normativa anterior a la Ley 678 de 2001, la calificación de si una conducta es “dolosa o gravemente culposa” le impone al actor una carga probatoria, de modo que es a este a quien le corresponde demostrar, con suficiencia, tal circunstancia y, solo en ese caso, habrá lugar a endilgarle responsabilidad patrimonial al demandado. (...) Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que en la demanda se imputó un actuar doloso de los demandados, aspecto frente al cual se defendieron a lo largo del proceso y reprocharon en el recurso de apelación, por ende, lo que corresponde es verificar, si aquellos quisieron, desde un punto de vista volitivo, el resultado desviado de su servicio, a lo cual, de entrada, se observa que, de conformidad con el acervo probatorio allegado al proceso, sí se demostró con suficiencia esa conducta, por las razones que pasan a explicarse. Conviene señalar que, aunque no existe prueba directa del momento mismo en el que ocurrió el homicidio del señor (...), ello no es óbice para negar la participación de los miembros de la Policía en ese evento, toda vez que existen múltiples declaraciones de los testigos que presenciaron los hechos y sus dichos, valorados en conjunto con las pruebas documentales reseñadas, son verosímiles y confiables, por lo que se consideran precisas, consistentes y suficientes para que esta Subsección las estime dignas de crédito, y permitan concluir que aquellos generaron el daño que originó la presente controversia. (...) Por consiguiente, es claro que los demandados aprovecharon su condición de agentes del Estado y el poder que ello representa para realizar ese tipo de conductas, en la medida en que “lograban la intimidación y la detención, al parecer con visos de legalidad, para luego cometer el hecho criminal”. (...) La Subsección advierte que era tan irregular su actuar que, a pesar de que la víctima fue conducida en varias oportunidades al comando, en las minutas no obraba alguna anotación al respecto y, ello tiene sentido, porque facilitaba en esas oportunidades ejercer cualquier tipo de violencia contra [la víctima] (…) Así pues, ese actuar indignante y que generara total rechazo para esta Sala fue el que dio lugar a la condena judicial impuesta por esta Corporación, en la acción de reparación directa, pues se demostró que "integrantes de la Policía Nacional participaron en la planeación y ejecución de la muerte del señor (...) en su condición de agentes, en servicio activo”, lo que dio lugar a la falla del servicio declarada, bajo el entendido de que (i) la víctima fue detenida sin justificación alguna y de forma violenta; (ii) se desconocieron los deberes de seguridad y protección, dado que su cadáver fue encontrado en costal con signos de violencia, mientras se encontraba bajo la custodia del Estado; (iii) fue ejecutada en estado de indefensión y (iv) se utilizaron los medios e instrumentos puestos al servicio de los agentes con fines ajenos a la protección de los derechos de los asociados. Así las cosas, las actuaciones de los ahora demandados pueden calificarse como dolosas, dado que, a la luz de lo previsto en el artículo 63 del Código Civil y conforme a las pruebas, se desprende la intención de participar en los hechos que terminaron con la vida de una persona, pues, se repite, se acreditó que retuvieron ilegalmente al señor (...) y que su cuerpo sin vida fue encontrado horas después con dos disparos de arma de fuego y laceraciones en su rostro. Entonces, dado que se cumplió el requisito subjetivo para la prosperidad de la pretensión de repetición, se confirmará la sentencia apelada ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / NORMATIVIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / PROCESO DISCIPLINARIO Problema jurídico: ¿Puede el juez valorar la prueba trasladada de otros procesos, penal, disciplinario y de reparación directa, valorar, sin restricción alguna, las pruebas documentales, testimoniales e informes, que obran en dichas actuaciones, dado que su traslado fue solicitado por la parte actora, la partes tuvieron la oportunidad de conocer el contenido y contaron con la oportunidad procesal para que, si así lo consideraban, formularan algún reparo, lo que no ocurrió? Respuesta al problema jurídico: Si Prueba trasladada Según el artículo 174 de la Ley 1564 de 2012, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciables sin más formalidades (...) En el presente asunto, la parte actora solicitó que se allegaran a este proceso los expedientes disciplinario, penal y de reparación directa que se promovieron por la muerte del señor (...), prueba que el a quo decretó y, una vez se recaudó, corrió traslado de esta. Así las cosas, la Sala valorará, sin restricción alguna, las pruebas documentales que obran en dichas actuaciones, dado que su traslado fue solicitado por la parte actora, la partes tuvieron la oportunidad de conocer el contenido y contaron con la oportunidad procesal para que, si así lo consideraban, formularan algún reparo, lo que no ocurrió, por lo que serán objeto de análisis. Asimismo, se tendrán en cuenta únicamente las declaraciones que se recibieron en los procesos penal y disciplinario, pues estas fueron practicadas con la audiencia de la parte contra la que se aducen, de ahí que cumpla con los requisitos exigidos para tal fin. En relación con los testimonios de los familiares de la víctima en los asuntos penal y disciplinario, conviene mencionar que los mismos son susceptibles de valoración, dado que dichas declaraciones se realizaron en otro proceso judicial, cuyo objeto es distinto al sub examine. Además, el ordenamiento procesal civil privilegia la libertad de medios de prueba (artículo 165 de la Ley 1564 de 2011), por lo que son susceptibles de valoración todos aquellos que sirven para formar la convicción del juez. Como se verá al descender al análisis del caso, dichas declaraciones, contrastadas con los demás medios de prueba, permite un análisis integral de los pormenores del caso que resulta relevante para la decisión. En cuanto a las indagatorias rendidas por la parte demandada en el mencionado proceso penal, sin el apremio del juramento, debe precisarse que se valorarán de conformidad con la jurisprudencia de esta Subsección y en conjunto con las demás pruebas que reposen en el expediente. La necesidad de la valoración se justifica para el análisis integral del caso, ya que permite contrastar una serie de eventos respecto del hecho dañoso que dio lugar a la condena por la que se repite. A su vez, se aclara que dentro los referidos documentos obran varios informes rendidos por la parte demandante, en relación con los hechos ocurridos el 18 de diciembre de 1994. Los referidos informes, en los términos de los artículos 243 y 244 de la Ley 1564 de 2012, son documentos públicos y, por ende, se presumen auténticos, pues fueron expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones; además, gozan de la presunción de veracidad. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2021, expediente 52.413, M.P. José Roberto Sáchica Méndez y sentencia del 9 de abril de 2021, expediente 51.583, M.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 165, 243, 244, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 174 PROCESO PENAL MILITAR / SENTENCIA ABSOLUTORIA / AUTONOMÍA DEL JUEZ / ATRIBUCIONES DEL JUEZ / FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / CONDUCTA / ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO / EXSERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PENAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE DE POLICÍA Problema jurídico: ¿Puede el juez administrativo fallar en un sentido diferente al que fallaron las autoridades penales militares, en un proceso por los delitos de homicidio, detención ilegal y tortura, donde los hoy demandados en repetición, fueron absueltos? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala no desconoce que las autoridades penales militares absolvieron a los señores (...) de los delitos de homicidio, detención ilegal y tortura; no obstante, contrario a lo afirmado por el curador ad litem, se advierte que los argumentos para arribar a esa conclusión en nada atan al juez contencioso administrativo, por cuanto el análisis efectuado en cada una de las especialidades de la jurisdicción es distinto y ello hace factible que los resultados no coincidan, como efectivamente ocurre en este caso. Lo anterior no implica, evidentemente, que el Consejo de Estado desconozca la cosa juzgada y la inocencia que en materia punitiva decretaron las autoridades penales militares a favor de los ahora demandados, pues resulta claro que estos no están siendo sujetos de un proceso sancionatorio o de un nuevo juicio penal, pero ello no significa que esta jurisdicción especializada no pueda extractar sus propias deducciones en materia del análisis subjetivo de la conducta de los accionados y su relación con el daño aquí reclamado. En efecto, los agentes (...) fueron absueltos penalmente por vocales –jurados de conciencia– que participaron en Consejo Verbal de Guerra de la Policía Nacional, con fundamento en que la imputación fue “producto de la capacidad fantaseadora del padre del occiso y de unos testigos falsos”; sin embargo, esa decisión no se adoptó sin que tanto el presidente de dicha institución como el Tribunal Superior Militar, en dos oportunidades, manifestaran su indignación por el voto contraevidente de los vocales. (...) De esas decisiones se extracta que las pruebas testimoniales no fueron cuestionadas ni desvirtuadas, sino que resultaron precisas y unánimes frente al “paso a paso de la conducta de los agentes y su identificación”, además, varias investigaciones en su contra daban cuenta de que aquellos prevalidos de su autoridad perseguían a la víctima y a otras personas con características comportamentales similares, de ahí que era procedente “concluir que los implicados est[ban] seriamente comprometidos en la muerte del ciudadano xxxx (...)”. Dichas conclusiones encuentran refuerzo con lo expresado por la autoridad disciplinaria, la cual les imprimió el mismo valor probatorio a los elementos de juicio recaudados, al punto de permitirle edificar el fallo de responsabilidad y, como consecuencia, imponer la destitución de sus cargos, (...) La Subsección advierte que era tan irregular su actuar que, a pesar de que la víctima fue conducida en varias oportunidades al comando, en las minutas no obraba alguna anotación al respecto y, ello tiene sentido, porque facilitaba en esas oportunidades ejercer cualquier tipo de violencia contra el señor [víctima](...) DOLO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / SERVIDOR PÚBLICO / AGENTE DEL ESTADO / DAÑO CAUSADO POR AGENTE ESTATAL EN SERVICIO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / FALLO CONDENATORIO / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA FUNCIONARIO / VALOR DE LA CONDENA / INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / PLAZO / DETERMINACIÓN DEL PLAZO / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Cuándo la conducta del demandado en repetición es dolosa, como en este caso, el agente responde por el 100% de la condena, la cual no incluye los intereses de mora ya que, es un rubro que no se le puede imputar? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala aclara que, aunque este aspecto no fue objeto de apelación, está intrínsecamente ligado a la responsabilidad que acaba de analizarse, por manera que, en este punto, reitera la tesis de la Subsección, según la cual cuando se constata que la conducta desplegada por el demandado es dolosa, como aquí ocurre, el agente responde por el 100% de la condena, por cuanto el servicio del Estado fue transgredido de manera consciente y voluntaria, es decir, con conocimiento de la irregularidad del comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas que ello implica (...) En el caso objeto de estudio, se tiene probado que el monto cancelado por la Policía Nacional ascendió a $620’509.522 y que el pago se realizó el 11 de noviembre de 2016, según certificación emitida por la División de Tesorería de dicha institución. Ahora bien, en el acto administrativo por medio del cual la entidad estatal ordenó dicho pago se encuentran discriminados los valores liquidados, dentro de los cuales se resalta que, por concepto de capital, se fijó la suma de $390’095.582, y lo demás correspondió a intereses de mora, rubro que no se le pude imputar a los demandados. (...) Entonces, como todos los agentes participaron en la producción del daño, serán condenados a pagar, cada uno, a favor del Ministerio de Defensa – Policía Nacional la suma de $136’668.602. Para tal efecto, se concederá el plazo de 6 meses contados desde la ejecutoria de esta providencia, para que los señores (...) procedan al pago de la condena impuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 678 de 2001 y, en atención al criterio pacífico adoptado por esta Subsección NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de noviembre de 2021, expediente 66.876, M.P. María Adriana Marín) Sobre el plazo para el pago de la condena, ver: entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2021, expediente, 54.750, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 8 de noviembre de 2021, expediente 66.876, M.P. María Adriana Marín y sentencia del 22 de octubre de 2021, expediente 55.893, M.P. José Roberto Sáchica Méndez FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 15 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES Problema jurídico: ¿Debe condenarse en costas a la parte vencida y a quien se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación, esto es, a la parte demandada, sin tener en cuenta la conducta de las partes, condena que debe incluir las agencias en derecho y deben ser liquidadas por el juzgado de primera instancia teniendo en cuenta las fijadas en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. En efecto, como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de las partes, sino a los supuestos decantados por la norma. El artículo 365 de la Ley 1564 de 2011 señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso y el artículo 361 ibídem establece que las costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”; sin embargo, vale aclarar que estás últimas serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 de esa misma norma. (...) En el caso concreto, se observa que la presente decisión modificará el fallo de primera instancia, dado que redujo la condena reconocida por el a quo. Por consiguiente, en atención a lo previsto en numeral 2 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, se determina que hay lugar a condenar en costas, en esta instancia, a la parte vencida en el proceso y a quien se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación, esto es, a la parte demandada. Además, tal como lo dispone la legislación pertinente, la Sala resalta que las mismas deberán ser liquidadas por el juzgado de primera instancia, teniendo en cuenta las agencias en derecho que, en esta instancia, se fijan en 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto que deberá ser dividido entre los demandados y pagado en partes iguales por aquellos a favor de la entidad demandante, al tenor de lo dispuesto en el artículo 5.1. del Acuerdo PSAA16- 10554 de 201629, toda vez que, si bien la Policía Nacional no presentó alegatos de conclusión, lo cierto es que sí debió atender el proceso de manera diligente y oportuna a través de su apoderado judicial, que hace parte de su planta de personal. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2011 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2011 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2011 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 41001-23-33-000-2017-00408-01 (67486) Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Demandado: GUILLERMO BOLAÑOS PEÑA Y OTROS Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011) Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE – la demanda se radicó en vigencia del CPACA / COMPETENCIA FUNCIONAL – factor cuantía en procesos con vocación de doble instancia / CADUCIDAD – condena proferida en un proceso de CCA – término de caducidad – fecha en la que se realiza el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo para proceder de conformidad, en el sub lite empezó a correr en vigencia del CPACA / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL – no constituye un requisito obligatorio para promover la demanda de repetición / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA – se ciñe a los cargos formulados contra el fallo del a quo por los apelantes / RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS – análisis a la luz de lo previsto en el Código Civil – DOLO DE LOS AGENTES – se probó que el daño causado fue consecuencia de su actuación dolosa e irregular / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA – procede su modificación, por cuanto los intereses moratorios no son imputables a los demandados / COSTAS PROCESALES – cuando se modifica la decisión de primera instancia, procede su fijación en segunda instancia. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 16 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda. I. SÍNTESIS DEL CASO En sentencia del 12 de mayo de 2014, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación- Ministerio de Defensa -Policía Nacional a pagar los perjuicios ocasionados por la muerte del señor Milthon Jeffrey Delgado Montenegro, debido a que miembros de la institución, en ejercicio del servicio, participaron en la planeación y ejecución del homicidio. La entidad pagó $620’509.522 a favor de los familiares de la víctima directa, y demandó en Radicación número: 41001-23-33-000-2017-00408-01 (67.486) Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Demandado: GUILLERMO BOLAÑOS PEÑA Y OTROS Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011) 2 repetición a los señores Guillermo Bolaños Peña, Luis Alberto Cartagena García y Vladimir Antonio Amed Núñez Alarcón, con fundamento en que su conducta fue dolosa, pues las pruebas permitían colegir que tenían la intención de generar el daño, en la medida en que, el 18 de diciembre de 1994, detuvie ron al señor Delgado Montenegro, sin justificación alguna y de forma violenta, y horas más tarde su cuerpo fue encontrado en un costal con dos impactos de arma de fuego y laceraciones en su rostro. II. ANTECEDENTES 1. Demanda El 4 de agosto de 2017 (fl. 16 del c.1), la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por conducto de apoderado judicial (fl. 2 del c.1), radicó demanda de repetición contra los señores Guillermo Bolaños Peña, Luis Alberto Cartagena García y Vladimir Antonio Amed Núñez Alarcón, con el fin de que se les condene a reintegrar $620’509.522, suma que tuvo que pagar en cumplimiento de la condena impuesta el 12 de mayo de 2014, por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el proceso reparación directa con radicado 1995-08327-01. En concreto, la entidad demandante solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas (fls. 4 – 5 del c.1): 1. Se declare administrativamente responsable a los señores Luis Alberto Cartagena García, Guillermo Bolaños Peña y Vladimir Antonio Amed Núñez Alarcón, en su calidad de retirados de la Policía Nacional, de los perjuicios ocasionados por la muerte del señor Milthon Jeffrey Delgado Montenegro, en los hechos sucedidos el 17-12-1994. 2. Como consecuencia de lo anterior, se condene a los señores Luis Alberto Cartagena García, Guillermo Bolaños Peña y Vladimir Antonio Amed Núñez Alarcón, en su calidad de retirados de la Policía Nacional, a pagar a la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional, la suma de $620’509.522, que corresponde al capital e intereses pagados mediante resolución 1388 del 01-11-2016 “por medio del cual se da cumplimiento a una sentencia a favor de la señora María del Carmen Montenegro Castillo y otros” (...), dando cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, del 12-05-2014, que revocó la providencia de primera instancia del 23 -09-2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro de la acción de reparación directa c on radicado 41001233100019950832701, declarando administrativamente responsable a la entidad por el fallecimiento del señor Milthon Jeffrey Delgado Montenegro . 3. Que el monto de la condena se actualice y ajustes de acuerdo con el IPC. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró que, siendo las 3:00 a.m. del 18 de diciembre de 1994, el señor Milthon Jeffrey Delgado Montenegro fue retenido por los aquí demandados, mientras caminaba por la calle Radicación número: 41001-23-33-000-2017-00408-01 (67.486) Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Demandado: GUILLERMO BOLAÑOS PEÑA Y OTROS Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011) 3 3 entre las carreras 6 y 7 del municipio de Pitalito, Huila, lugar en el que fue “amarrado de manos, golpeado con la cacha de un arma de fuego y cubierta su boca”, para luego obligarlo a subir a una camioneta de la Sijin. Según se dijo, a la 1:30 p.m. del mismo día, los señores Guillermo Bolaños Peña, Luis Alberto Cartagena García y Vladimir Antonio Amed Núñez Alarcón, quienes se movilizaban en un vehículo oficial, “depositaron” en una quebrada de la zona un “bulto” que contenía el cuerpo sin vida del señor Delgado Montenegro, el cual presentaba dos impactos de arma de fuego y signos de violencia. Por tal hecho, contra las personas mencionadas se promovieron sendos procesos de responsabilidad disciplinaria y penal, los que, en su orden, culminaron con destitución de los cargos que ocupaban en ese momento y absolución de los punibles militares de homicidio, privación ilegal de la libertad y tortura. Por ese hecho, los familiares de la víctima directa del daño formularon demanda de reparación directa contra la entidad demandante, a fin de que se les indemnizaran los perjuicios morales y materiales ocasionados. Mediante fallo del 23 de septiembre de 2004, el Tribunal Administrativo del Huila denegó las súplicas de la demanda, por considerar que los funcionarios no actuaron prevalidos de su condición de autoridad pública en la comisión del hecho generador del daño, sino por cuenta propia, decisión que fue apelada por la parte actora de esa controversia. A través de sentencia del 12 de mayo de 2014, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la sentencia apelada, toda vez que, a su juicio, sí se acreditó la falla del servicio alegada, porque las pruebas daban cuenta de que varios miembros de la Policía Nacional participaron en la planeación y comisión de la muerte del señor Milthon Jeffrey Delgado Montenegro, mientras se encontraban en servicio activo. Por medio de la Resolución 1388 del 1° de noviembre de 2016, la Policía Nacional reconoció la suma de $620’509.522 a favor de los familiares del señor Delgado Montenegro, rubro que pagó en su totalidad 11 días después. En criterio de la Policía Nacional, los demandados actuaron de manera “grave y dolosa”, puesto que estaba acreditado que aquellos, sin justificación alguna y de forma violenta, detuvieron al señor Milthon Jeffrey Delgado Montenegro y luego lo “dejaron en una carretera dentro de un costal sin vida y con heridas graves en su Radicación número: 41001-23-33-000-2017-00408-01 (67.486) Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Demandado: GUILLERMO BOLAÑOS PEÑA Y OTROS Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011) 4 cuerpo”, es decir, “que su intención no era otra que causar el daño”, tal y como lo sostuvo el Consejo de Estado. Refirió que resultaba procedente la aplicación de la presunción de dolo prevista en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, debido a que los agentes del Estado habían sido declarados responsables disciplinariamente y destituidos del servicio por dicha entidad, situación que permitía inferir su actuar doloso; además que, si bien fueron absueltos por un Consejo Verbal de Guerra, lo cierto era que el despacho que dio cumplimiento a esa orden señaló en la parte motiva de esa providencia “que era preocupante esa determinación ante la contundencia de las pruebas de la responsabilidad, en tanto desconocía la lógica jurídica y hacía perder cualquier esfuerzo de derecho”. 2. Trámite en primera instancia En auto del 25 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo del Huila admitió la demanda de la referencia y ordenó su notificación a los demandados y al Ministerio Público (fl. 77 del c.1). Dado que no fue posible notificar a los demandados, en auto del 5 de octubre de 2018, previo emplazamiento, se dispuso la designación de un curador ad litem para que los representara judicialmente (fl. 103 del c.1), el cual tomó posesión el 9 de julio de 2019 (fl. 151 del c.1). 2.1. Contestación de la demanda 2.1.1. La parte demandada, por intermedio de curador ad litem, manifestó que se oponía a las pretensiones del escrito inicial y se atenía a lo que resultara probado en el proceso. De otra parte, propuso como excepciones las denominadas (i) falta de agotamiento del requisito de conciliación prejudicial, bajo el entendido de que no

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https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=410012333000201700408011100103