Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer procesos de repetición incoadas por una entidad pública
Lo que dijo la Sala
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA , modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En conclusión, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo dentro de un proceso de repetición.
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Síntesis síntesis automática
El contratista es competente para interponer un proceso de repetición ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando resulta condenado al pago de perjuicios causados por una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores públicos, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Esta competencia se fundamenta en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 y la Ley 678 de 2001, y se extiende a la apelación contra sentencias de primera instancia. Además, la acción de repetición debe presentarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena, según establece el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. La regla reitera la competencia del Consejo de Estado para conocer estos casos y subraya la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la procedencia de la acción de repetición.
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Problema jurídico
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer procesos de repetición incoadas por una entidad pública?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Decreto Ley 01 de 1984, art. 129
- Ley 446 de 1998, art. 37
- Ley 678 de 2001, art. 7
También resuelve
- ¿La acción de repetición fue presentada dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena?
- ¿El régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001?
- ¿Se acreditó el primer presupuesto de prosperidad de la acción de repetición consistente en la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial…
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Titulación de la relatoría 15.684 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer procesos de repetición incoadas por una entidad pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA , modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En conclusión, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo dentro de un proceso de repetición.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 37, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿La acción de repetición fue presentada dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala que la acción de repetición caducará dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 17 de mayo de 2007, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba condenó a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional al pago de los perjuicios causados por la muerte del sargento segundo J. A. V. G., quedó ejecutoriada el 22 de febrero de 2008, según da cuenta la constancia expedida por la Secretaría de ese Tribunal; ii) que el plazo de los 18 meses para el pago de la condena se cumplió el 23 de agosto de 2009; iii) que según comprobante de egreso 1500003887 firmado por la tesorera pagadora de la Policía Nacional, el 28 de mayo de 2008 la entidad pagó la suma de $371’545.267 a R. G. Q. G., apoderado judicial de Y. I. S. M. y de su hijo, en cumplimiento de la sentencia del 17 de mayo de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba; iv) que lo primero que ocurrió fue el pago de la condena; v) que la demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 16 de marzo de 2010, la cual se declaró fallida el 9 de junio de 2010; y vi) que la demanda se presentó el 9 de junio de 2010 , esto es, dentro de los dos años que otorga el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para presentarla de forma oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al cómputo del término de caducidad de la acción de repetición, consultar sentencia de la Corte Constitucional, Exp. C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / LEY 678 DE 2001
Problema jurídico:
¿El régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional ocurrieron el 4 de diciembre de 2002, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001, sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022, toda vez que esta última normativa no estaba vigente al momento de los hechos.
FUENTE FORMAL:
LEY 2195 DE 2022, LEY 678 DE 2001
ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
OBITER DICTUM
Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, para la procedencia del medio de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a los requisitos de procedencia de la acción de repetición, consultar sentencia de 27 de noviembre de 2006, Exp. 22099, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 6 de diciembre de 2006, Exp. 22056; sentencia del 12 de diciembre del 2007, Exp. 27006; Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Exp. 42183, C.P. Ramiro Pazos Guerrero ; Subsección A, sentencia de 10 de diciembre de 2018, Exp. 60423, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA A LA NACIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Se acreditó el primer presupuesto de prosperidad de la acción de repetición consistente en la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta contra el Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en sentencia debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el artículo 2° de la Ley 678 de 2001. En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que, a través de sentencia del 17 de mayo de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, se condenó a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a Y. I. S. M. y a su hijo los perjuicios materiales e inmateriales causados con la muerte del sargento segundo J. A. V. G.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Se acreditó la calidad de servidor público del demandado?
Respuesta al problema jurídico: Si
El segundo requisito para que proceda la acción de repetición es que el demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o ex servidor público o de particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. (...) está demostrado que Á. B. P. tenía la calidad de servidor público para el 4 de diciembre de 2002, cuando ocurrió el hecho por el que fue condenada la entidad demandante, esto es, la muerte del sargento segundo J. A. V. G.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Se acreditó el tercer presupuesto de prosperidad de la acción de repetición consistente en la prueba del pago de la condena?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como tercer elemento para que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. (...) De conformidad con los anteriores medios de prueba y en tanto la parte demandada no los controvirtió, se evidencia que la entidad demandante acreditó el pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Córdoba mediante sentencia del 17 de mayo de 2007, por un valor equivalente a $371’545.267.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La condena pagada por el Estado con ocasión y en razón de la muerte del sargento segundo Jesús Arnoldo Villegas Gómez, ocurrida el 4 de diciembre de 2002, es imputable al demandado y si ello correspondió a una actuación cometida a título de culpa grave?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos, la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. (...)Descendiendo al caso concreto, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional considera que el demandado incurrió en culpa grave, dado que omitió los procedimientos constitucionales y legales y las actas de instrucción emitidas por la entidad para el cumplimiento de sus funciones, cuando el 4 de diciembre de 2002 disparó un arma de dotación oficial e hirió de muerte al sargento segundo J. A. V. G. (...) encuentra la Sala que la actuación del entonces agente Á. B. P. se encuentra incursa en la presunción de culpa grave prevista en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001, esto es, “violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”, pues de las pruebas arrimadas a este proceso se tiene acreditado que el demandado fue la persona que de forma manifiestamente imprudente disparó un arma de dotación perteneciente a la Policía Nacional contra la humanidad del sargento segundo J. A. V. G., causándole la muerte, contradiciendo con dicha actuación su propia formación como armero experto y las previsiones sobre el uso de armas establecidas en el reglamento -Resolución No. 9960 del 13 de noviembre de 1992 y en el Decreto 1798 de 2000. (...) conforme a lo previsto en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001, para la Sala es evidente que el demandado Á. B. P. violó inexcusablemente las normas de derecho, ya que desconoció lo preceptuado en el Reglamento de Vigilancia Urbana y Rural Para la Policía Nacional de Colombia -Resolución No. 9960 del 13 de noviembre de 1992- y en el Decreto 1798 de 2000 sobre el uso de armas, por una imprudencia que le causó la muerte a un miembro de la Policía Nacional, motivo por el cual la entidad fue condenada en un proceso de reparación directa.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al elemento subjetivo de la acción de repetición, consultar sentencia de 12 de septiembre de 2016, Exp. 56284, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y sentencia de 30 de agosto de 2018, Exp. 55661, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1798 DE 2000, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1
CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA
Problema jurídico:
¿El monto de la condena se cuantificará atendiendo al grado de participación del agente en la producción del daño?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 678 de 2001, el monto de la condena se cuantificará “atendiendo al grado de participación del agente en la producción del daño”. Adicionalmente, para efectos de la liquidación de la condena a imponer, se tendrá en cuenta únicamente el monto de capital que la parte demandante acreditó como efectivamente pagado dentro de este proceso, pues la suma correspondiente a los intereses moratorios se relaciona con la tardanza en el pago por parte de la entidad pública y, por ende, no es imputable a la conducta del aquí demandado. Así las cosas, como el demandado Á. B. P. fue el único agente estatal que participó activamente en la producción del daño, pues fue quien disparó al sargento segundo J. A. V. G., se le condenará a pagar el 100% del capital que la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional acreditó como efectivamente pagado. En consecuencia, se tendrá como valor pagado la suma de $342’300.000 que corresponde al capital pagado al abogado R. G. Q. G. (fundamentos 8.3.1, 8.3.2 y 8.3.3).
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 14
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: No
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55