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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos años

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Fecha
2022-11-21
Radicado
15001233100320110039901
Número interno
60629
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
-EJÉRCITO NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
JOSE LUIS SANCHEZ MEDELLIN

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos años

Lo que dijo la Sala

El siete (7) de junio de dos mil (2000), el Tribunal Administrativo de Boyacá aprobó el acuerdo conciliatorio con el que fueron reconocidos los perjuicios ocasionados con la muerte del soldado… , a causa del disparo accidental percutido por el cabo segundo del Ejército nacional… . El pago de estos perjuicios se realizó, mediante depósito bancario, el veintiséis (26) de febrero de dos mil uno (2001), según la orden de pago y el comprobante del depósito. Por lo tanto, conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el término para el ejercicio oportuno de la acción se rige por el CCA.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La entidad estatal no opera la caducidad de la acción de repetición en razón al incumplimiento de las cargas procesales en cabeza de la actora, debido a que la admisión de la demanda se produjo dentro del plazo establecido. La acción de repetición tiene un término de caducidad de dos años, contados a partir del día siguiente a la pagada la condena por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de los dieciocho meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia. En este caso, la demanda fue presentada en febrero de 2004, lo que la hace válida, incluso considerando los siete días que tardó la demandante en allegar la documentación requerida.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Operó la caducidad de la acción, en razón al incumplimiento de las cargas procesales en cabeza de la actora, porque la admisión de la demanda se produjo tardíamente?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 1 de 1984, arts. 135.9 y 177 inc. 4
  • Ley 153 de 1887, art. 40

También resuelve

  • ¿Deben reconocerse costas procesales a favor del demandado, de acuerdo con una interpretación objetiva del artículo 55 de la Ley 446 de 1998…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 5.077 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DETERMINACIÓN DEL PLAZO / CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Operó la caducidad de la acción, en razón al incumplimiento de las cargas procesales en cabeza de la actora, porque la admisión de la demanda se produjo tardíamente? Respuesta al problema jurídico: No El siete (7) de junio de dos mil (2000), el Tribunal Administrativo de Boyacá aprobó el acuerdo conciliatorio con el que fueron reconocidos los perjuicios ocasionados con la muerte del soldado (…), a causa del disparo accidental percutido por el cabo segundo del Ejército nacional (…). El pago de estos perjuicios se realizó, mediante depósito bancario, el veintiséis (26) de febrero de dos mil uno (2001), según la orden de pago y el comprobante del depósito. Por lo tanto, conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el término para el ejercicio oportuno de la acción se rige por el CCA. De acuerdo con el artículo 135.9 del CCA y lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-832 de 2001, la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de los dieciocho (18) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, según el inciso 4° del artículo 177 del CCA". (…) [La] demanda fue presentada en debida forma el treinta (30) de enero de dos mil cuatro (2004), lo que ocurrió siete (7) días después de que el auto inadmisorio le fuera notificado al ente actor. Por lo tanto, como la acción de repetición caducaba el veintisiete (27) de febrero de dos mil tres (2003) y la demanda fue presentada el veintiocho (28) de mayo de dos mil dos (2002), la Sala concluye que la acción de repetición fue incoada oportunamente, aun cuando se computaran los siete (7) días que tardó la demandante en allegar la documentación requerida. (…). Así pues, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se impone una respuesta negativa al primer problema jurídico planteado en esta instancia, por lo que la demanda será confirmada en la desestimación tanto de las excepciones y como de las pretensiones. NOTA DE RELATORÍA: Ver: Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, Corte Constitucional en la sentencia C-832 de 2001. FUENTE FORMAL: DECRETO 1 DE 1984 - ARTÍCULO 135.9, DECRETO 1 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Deben reconocerse costas procesales a favor del demandado, de acuerdo con una interpretación objetiva del artículo 55 de la Ley 446 de 1998, los artículos 72 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, los artículos 1626 y 1629 del Código Civil, y por un "principio de justicia"? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con los artículos 3 y 40 de la Ley 153 de 1887, en materia de costas se aplica, en este asunto, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, por ser una norma especial sobre este punto en lo contencioso administrativo, y posterior al Código Civil, la cual estaba en vigor cuando inició este proceso. No cabe, pues, la aplicación de las normas de esta última codificación, ni del Código de Procedimiento Civil, como lo arguye el recurrente93, salvo en lo que la misma norma lo determine. (…) En este orden de ideas, la posición esgrimida por el recurrente, quien defiende una imposición objetiva de costas, no solo resulta opuesta a la jurisprudencia administrativa y constitucional, así como al margen de discrecionalidad que le asiste al juzgador, sino que además es abiertamente incompatible con el contenido de la norma, la cual requiere una valoración de la conducta procesal de la parte. Así, el denominado principio de justicia que invoca el apelante únicamente devela una concepción de lo justo que difiere de la que orientó la regulación de las costas procesales en el Derecho aplicable a este proceso. Por lo tanto, se impone igualmente una respuesta negativa al segundo problema jurídico. NOTA DE RELATORÍA: Sobre condena en costas, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 1999, rad. núm. 10775, Corte Constitucional, sentencia C-043 de 2004, también ver sentencias de la Corte Constitucional C - 530 de 1993, c - 024 de 1994, C - 473 de 1994 y C - 081 de 1996. FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 3, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55
Texto extraído del PDF oficial 61.871 caracteres
Radicado: 15001-23-31-003-2011-00399-01 (60629) Demandante: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 15001-23-31-003-2011-00399-01 (60629) NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO Demandante: NACIONAL Demandado: JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MEDELLÍN. Referencia: Acción de repetición. Tema 1: Alcance de la apelación. Subtema 1.1: El carácter recurrible de los puntos de la sentencia de primera instancia que no desfavorecieron a la parte apelante. Tema 2: Interrupción de la caducidad de la acción. Tema 3: Costas. Subtema 3.1: Carácter recurrible de las costas. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), que desestimó las excepciones de caducidad y prescripción propuestas por el demandado, así como las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de condenar en costas. I. SÍNTESIS El 27 de marzo de 1998, en Pesca (Boyacá), el soldado voluntario Pedro José Ruiz Hostos perdió la vida, cuando al suboficial José Luis Sánchez Medellín se le disparó su arma de dotación oficial. Como consecuencia de ello, el suboficial Sánchez Medellín fue condenado a dos (2) años de prisión, por el delito de homicidio culposo. La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional se obligó, mediante acto conciliatorio, a reparar los perjuicios morales causados a los familiares del soldado Ruiz Hostos. Este acuerdo fue aprobado judicialmente. La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional pretende el reintegro de los perjuicios pagados en cumplimiento del acuerdo conciliatorio; perjuicios que — afirma— fueron ocasionados por un actuar gravemente culposo del suboficial demandado. Pese a que las pretensiones fueron desestimadas en el fallo recurrido, el demandado busca que, en esta instancia, se estimen las excepciones de caducidad y prescripción que propuso al contestar la demanda, y que la demandante sea condenada en costas. II. ANTECEDENTES: 2.1. El veintiocho (28) de mayo de dos mil dos (2002)1, la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, en ejercicio de la acción de repetición, presentó demanda contra José Luis Sánchez Medellín, en la que pretende: (i) que se declare su responsabilidad por haber actuado con culpa grave, cuando se le disparó 1 Folio 19 (reverso). Radicado: 15001-23-31-003-2011-00399-01 (60629) Demandante: NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL su arma de dotación oficial el 27 de marzo de 1998 en el municipio de Pesca (Boyacá), terminando con la vida del soldado voluntario Pedro José Ruiz Hostos, hechos éstos que dieron lugar al reconocimiento de indemnización mediante acuerdo conciliatorio aprobado a través de providencia del 7 de junio de 2000; y (ii) que, como consecuencia de lo anterior, se le condene al pago de $54.832.304, cancelados por la entidad a "los perjudicados con el hecho dañoso". En sustento de las anteriores pretensiones, la demandante enunció los hechos sintetizados en el acápite anterior y, a manera de fundamento jurídico, reclama consecuencia de los artículos 90 de la Constitución, 78, 86 (modificado por la Ley 446 de 1998) 137 y 206 del Código Contencioso Administrativo ("CCA"); del artículo 73 de la Ley 270 de 1996; y de los artículos 2, 4, 7, 10 y 11 de la Ley 678 de 2001. 2.2. Mediante auto del 19 de febrero de 20032, el Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó remitir este asunto al Tribunal Administrativo de Arauca, en razón al domicilio del demandado (artículo 134 D, CCA). La demandante interpuso recurso de reposición contra la anterior providencias, en virtud del cual esta fue revocada, con auto del 20 de agosto de 2003.4 2.3. A través de auto de 21 de enero de 2004,8 el Tribunal Administrativo de Boyacá inadmitió la demanda, porque no se anexó copia auténtica de la resolución en la que se especificaran las funciones correspondientes al cargo de la poderdante, ni el comprobante de egreso núm. 281 de 26 de febrero de 2001. El 30 de enero de 2004, la demanda fue subsanada con la presentación de los anteriores documentos8. 2.4. Según consta en acta de reparto del 5 de agosto de 20067, el presente asunto fue asignado al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja, el cual resolvió admitir la demanda y ordenó la notificación de esta decisión, por medio de auto del 20 de septiembre de 20068. Luego de que el demandado contestara la demanda8 y fueran decretadas las prueba& °, con auto del 13 de julio de 201111, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja declaró la nulidad de todo lo actuado desde la admisión de la demanda, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y la jurisprudencia de esta Corporación12, y ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Boyacá. 2.5. El Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda, con auto del 14 de marzo de 201213, en el que: ordenó su notificación —de acuerdo con el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil— y que la actora consignara las expensas requeridas para tal notificación dentro del término de ejecutoria del auto. Luego de que se cumpliera el anterior término sin que las expensas hubieran sido 2 Folio 21. 3 Folios 23 y 24. 4 Fonos 27 y 28. 5 Folio 30. 6 Folios 31 a 36. 7 Folio 38. 6 Folios 42 y 43. 9 Folios 53 a 60. 10 Autos del 15 de agosto de 2007 (folios 64 a 66), del 18 de abril de 2008 (folios 101 a 103) y del 16 de julio de 2008 (folio 107). 11 Folios 268 a 276. 12 De la cual refirió los autos de la Sala Plena de lo Contenciosos Administrativo proferidos el 11 de diciembre de 2007 (rad. núm. 11001-03-15-000-2007-00433-00), el 21 de abril de 2009 (red. núm. 25000-23-26-000-2001- 02061-01); además de unos autos proferidos por la Sección Tercera el 18 de agosto de 2009, el 25 de marzo de 2010 y el 9 de diciembre de 2010. 13 Folios 280 y 281. 2 Radicado: 15001-23-31-003-2011-00399-01 (60629) Demandante: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL consignadas14, el Tribunal requirió a la actora para que cancelara las expensas ordenadas15, la cual procedió, en efecto, allegando el comprobante de la consignación el 1 de junio de 201216. Después de intentar, sin éxito, la notificación personal de la admisión de la demanda17, el Tribunal ordenó su notificación por emplazamiento en periódico de amplia circulación nacional, de la cual el interesado debía allegar copia al proceso". Sin embargo, posteriormente, el Tribunal resolvió corregir el auto admisorio de la demanda19, en el que se había denominado erróneamente al demandado, lo que podía generar confusión y eventuales nulidades en la notificación por emplazamiento. A continuación, el Tribunal profirió edicto ennplazatorio29 que no fue retirado por la demandante21, por lo que fue requerida con autos del 28 de mayo de 201422 y del 28 de enero de 201523. El 30 de abril de 2015, la demandante allegó copia del edicto publicado el 12 de abril de 201524. Como el demandado no se presentó a notificarse de la admisión de la demanda, el Tribunal ordenó el nombramiento de curador ad litem, mediante auto del 24 de junio de 201525. 2.9. Luego de que el curador ad litem se hubiera posesionado26 y el asunto se hubiera fijado en lista27, la demanda fue contestada por el demandado, con escrito28, en el que manifestó que, por el cambio del número de radicación y de la autoridad judicial competente, presentaría un nuevo poder, y propuso las siguientes excepciones: (i) de caducidad de la acción, porque la demandante había abandonado el proceso y luego de trece años se le había notificado la demanda; (ii) de prescripción de la obligación de indemnizar, debido a que, de acuerdo con el artículo 2358 del Código Civil, la acción caducaba dentro de los términos previstos en el Código Penal y esta había sido declarada por el Juez Décimo de Instancia de Brigadas XVI y XVIII, en providencia del 26 de marzo de 2007; (iii) caso fortuito, ya que la conducta imputada al demandado había sido accidental e involuntaria; (iv) fuerza mayor, porque la muerte del soldado Ruiz Hostos había sido el resultado de una atención médica inoportuna; (v) ausencia de culpa grave, debido a que se le había imputado una actuación culposa sin calificación, la cual sería así levemente culposa, según el artículo 63 del Código Civil; y de (iv) ausencia de nexo causal, porque la muerte del soldado Ruiz Hostos había sido ocasionada por una atención médica inoportuna e ineficiente. 2.10. Por medio de auto del 13 de abril de 201629, el Tribunal requirió al apoderado del demandado, para que allegara: "(1) nuevo [sic] memorial poder que le fuere otorgado por quien [sic] en actúa en este momento como demandado, (ii) dirección de notificación José Luis Sánchez Medellín". Luego de que el apoderado del demandado diera cumplimiento al anterior requerimiento", el Tribunal le reconoció 14 Folio 282, 15 Auto del 16 de mayo de 2012, folios 283 y 284. 16 Folios 256 y 257. 17 Folios 303 a 319. 16 Auto del 17 de abril de 2013, folio 319. 13 Auto del 9 de octubre de 2013, folio 322. 20 Folio 337. 21 Folio 338. 22 Folio 340. 23 Folio 345. 24 Folios 348 y 349. 25 Folios 351 y 352. 26 Folio 356. 27 Folio 360. 28 Folios 361 a 365. 26 Folio 380. 3° Folios 393 y 384. 3 Radicado: 15001-23-31-003-2011-00399-01 (60629) Demandante: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL personería para actuar en el proceso y decretó las pruebas pedidas por las partes, por medio de auto del 21 de julio de 201631. 2.11. El Tribunal puso fin a la etapa probatoria con auto del 18 de agosto de 201632, en el que corrió traslado a las partes para alegar y al Ministerio Público para conc

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150012331003201100399011100103