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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el término para la presentación de la demanda en la acción de repetición se empieza a contar desde el día siguiente

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Fecha
2023-07-27
Radicado
11001032600020110007000
Número interno
42351
Ponente
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
NACION - CONGRESO DE LA REPUBLICA-SENADO DE LA REPUBLICA -
Demandado
LUIS HUMBERTO GOMEZ GALLO, JESUS ANTONIO BERNAL AMOROCHO, SELMA PATRICIA SAMUR SANCHEZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el término para la presentación de la demanda en la acción de repetición se empieza a contar desde el día siguiente

Lo que dijo la Sala

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y su condicionamiento por la Corte Constitucional, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho (18) meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del CCA. En este caso el pago se realizó antes del vencimiento del plazo anterior, por lo que para determinar el término de caducidad debe tenerse en cuenta la fecha del pago. Como este fue realizado el 12 de noviembre de 2010, la demanda presentada el 1º de noviembre de 2011 se radicó oportunamente.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

En el medio de control de repetición, el término de caducidad es de dos años contados desde el día siguiente a la fecha del pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 fija el término de presentación de la demanda de repetición, y debe articularse con el plazo de pago de la condena. Segunda, el vencimiento del plazo de pago opera como fecha límite cuando el pago se realiza después, de modo que el término no puede prolongarse por el pago tardío. En el caso, la providencia modifica la sentencia de primera instancia en lo relativo al cómputo del término de caducidad, que debe contarse conforme a esas reglas. En la práctica, la entidad debe calcular el término desde el pago o desde el vencimiento de los dieciocho meses, según cuál ocurra primero.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El término para la presentación de la demanda en la acción de repetición se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la condena efectuado por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo previsto en la ley?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 177 inc. 4
  • Ley 678 de 2001, art. 11

También resuelve

  • ¿Los preceptos de la Ley 678 de 2001 son aplicables al proceso, toda vez que los hechos imputados a los demandados ocurrieron después de su entrada en vigencia?
  • ¿Procede la acción de repetición contra los herederos del agente estatal?
  • ¿Se acreditó que la conducta del demandado fue gravemente culposa?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN LEY 678 DE 2001 TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN VIGENCIA DE LA NORMA ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA DECLARACIÓN DE INSUBSISTENCIA EN EL NOMBRAMIENTO DE EMPLEO PÚBLICO FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EFECTOS DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA CALIDAD DE HEREDERO HEREDERO DEMANDA CONTRA HEREDEROS PROCESO CONTRA HEREDERO AUSENCIA DE REPROCHE DE CULPABILIDAD RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ERROR INEXCUSABLE ACTO DE DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DELEGACIÓN DE FUNCIONES SUJETOS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN CONDENA EN ABSTRACTO LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN ABSTRACTO INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS PRUEBA DEL PERJUICIO MATERIAL PERJUICIO POR LA PRÁCTICA DE MEDIDA CAUTELAR LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO LEVANTAMIENTO DE EMBARGO EMBARGO DEL BIEN INMUEBLE EMBARGO DEL BIEN

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Titulación de la relatoría 12.279 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿El término para la presentación de la demanda en la acción de repetición se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la condena efectuado por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo previsto en la ley? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y su condicionamiento por la Corte Constitucional, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho (18) meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del CCA. En este caso el pago se realizó antes del vencimiento del plazo anterior, por lo que para determinar el término de caducidad debe tenerse en cuenta la fecha del pago. Como este fue realizado el 12 de noviembre de 2010, la demanda presentada el 1º de noviembre de 2011 se radicó oportunamente. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la exequibilidad de la Ley 678 de 2001, cita: Corte Constitucional, sentencias C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-394 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11 LEY 678 DE 2001 / TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / VIGENCIA DE LA NORMA / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / DECLARACIÓN DE INSUBSISTENCIA EN EL NOMBRAMIENTO DE EMPLEO PÚBLICO Problema jurídico: ¿Los preceptos de la Ley 678 de 2001 son aplicables al proceso, toda vez que los hechos imputados a los demandados ocurrieron después de su entrada en vigencia? Respuesta al problema jurídico: Si A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales de la Ley 678 de 2001 porque los hechos imputados a los demandados ocurrieron después de su entrada en vigencia. Estas normas son aplicables en su redacción original, anterior a las modificaciones introducidas por la Ley 2195 de 2022, porque esta última no estaba vigente al momento de los hechos. Las actas No. 3 y 4 de la Mesa Directiva del Senado fueron proferidas el 26 de octubre de 2004 y el 3 de noviembre de 2004, respectivamente. La Resolución No. 1257, que declaró la insubsistencia del nombramiento de la (...) fue expedida el 1º de junio de 2005. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / EFECTOS DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CALIDAD DE HEREDERO / HEREDERO / DEMANDA CONTRA HEREDEROS / PROCESO CONTRA HEREDERO / AUSENCIA DE REPROCHE DE CULPABILIDAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Procede la acción de repetición contra los herederos del agente estatal? Respuesta al problema jurídico: No [E]s improcedente adelantar la acción de repetición contra los herederos del agente estatal. En sentencia del 10 de junio de 2022 indicó que no es posible adelantar un juicio de reproche subjetivo contra los herederos porque ellos no cometieron la conducta a la que se le atribuye el daño (…). En sentencias del 18 de noviembre de 2021 y 19 de octubre de 202212 la Sala declaró la falta de legitimación por pasiva de los herederos de agentes estatales porque adelantar la acción de repetición contra ellos, cuando el agente no alcanzó a defenderse en el proceso, dificulta de forma insuperable su derecho de defensa. En esas oportunidades se afirmó que para poder defenderse de la imputación de dolo o culpa grave se requiere, entre otros, conocer la función desarrollada por el agente; las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre la decisión adoptada por él; y acceder a las pruebas para poder ejercer una defensa real, frente a las cuales los herederos no tienen inmediación. (…) Aunque la demanda se dirigió contra el agente estatal, él falleció antes de que pudiera ser notificado del auto admisorio de la demanda y sus herederos indeterminados fueron emplazados. El agente nunca pudo defenderse en el proceso de repetición ni es posible adelantar el juicio de reproche subjetivo en su contra. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la imposibilidad de adelantar la repetición contra los herederos del agente estatal, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de junio de 2022, rad. 60454, C. P. Martin Bermúdez Muñoz; sentencia de 18 de noviembre de 2021, rad. 52710, C. P. Alberto Montaña Plata; y providencia de 19 de octubre de 2022, rad. 65762, C. P. Alberto Montaña Plata. INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ERROR INEXCUSABLE / ACTO DE DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / DELEGACIÓN DE FUNCIONES / SUJETOS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿Se acreditó que la conducta del demandado fue gravemente culposa? Respuesta al problema jurídico: No En la demanda, el Congreso de la República invocó, frente a todos los accionados, las presunciones de culpa grave contenidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 6º de la Ley 678 de 2001: “violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”; “carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable” y “omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos, determinada por error inexcusable”. (…) Las presunciones de culpa grave no están estructuradas respecto de este demandado porque, como miembro de la Mesa Directiva del Senado de la República, no profirió el acto administrativo que fue anulado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, en las providencias solo se declaró la nulidad de la Resolución No. 1257 de 2005, expedida por la directora general administrativa, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento de (...). Los jueces de nulidad y restablecimiento del derecho no realizaron consideraciones sobre la legalidad de las decisiones contenidas en las actas No. 3 y 4 de 2004 de la Mesa Directiva del Senado. La sentencia de segunda instancia se refirió a estos documentos en respuesta a un argumento planteado por el Congreso de la República en la apelación, según el cual la mesa directiva había delegado el ejercicio de la función nominadora a la directora general administrativa, e indicó que realmente no había existido un acto de delegación (…). La imputación realizada por la entidad se fundamenta en haber realizado dicha delegación sin el cumplimiento de todos los requisitos previstos por los artículos 9 y 10 de la Ley 489 de 1998. Sin embargo, las actas No. 3 y 4 de 2004, que registran discusiones sobre el estado de la planta de personal de la entidad, no se refirieron explícitamente a una “delegación” de funciones. No se puede estructurar la responsabilidad del demandado (...) a título de culpa grave sin tener claridad sobre la existencia de un error inexcusable de su parte; y tampoco se le puede atribuir responsabilidad por las decisiones que, posteriormente, otras personas tomaron con base en esas actas. FUENTE FORMAL: LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 10, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 9, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 3 INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / DECLARACIÓN DE INSUBSISTENCIA EN EL NOMBRAMIENTO DE EMPLEO PÚBLICO / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN Problema jurídico: ¿Se acreditó que la conducta de la demandada fue gravemente culposa? Respuesta al problema jurídico: No Las tres presunciones de culpa grave invocadas contra [la demandada] se fundamentan en la misma razón: haber declarado la insubsistencia de la señora (...) sin tener facultades para hacerlo y asumir indebidamente que se las habían delegado. Tales presunciones requieren para su configuración que el carácter "inexcusable" del error se establezca de manera expresa o se deduzca claramente de la decisión judicial que se presenta para estructurar la presunción. En las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho se determinó que la decisión de declarar la insubsistencia fue ilegal por falta de competencia, debido a que no estuvo precedida de una solicitud de la mesa directiva. De acuerdo con el artículo 376, numeral 5, de la Ley 5ª de 1992, la directora general administrativa podía declarar la insubsistencia de los cargos de libre nombramiento y remoción, por solicitud y postulación de la mesa directiva (…). Al no estar acreditado el supuesto de hecho de las presunciones invocadas, a la entidad demandante le correspondía demostrar que los demandados obraron con culpa grave. Al fundamentar su responsabilidad en el incumplimiento de los requisitos para validez del acto, la entidad se limitó a describir una actuación culposa, pero no demostró por qué su conducta fue en tal grado negligente para poder ser calificada como gravemente culposa. (…) [A] la entidad le correspondía demostrar que la conducta de la demandada fue gravemente culposa: no basta acreditar, en abstracto, que existía una norma y que esta no se cumplió, sino que se debe probar por qué, en concreto, la demandada obró en forma caprichosa, descuidada o arbitraria. Este grado de culpabilidad tampoco puede estructurarse a partir de que “no se hubiera solicitado concepto jurídico” al proferir el acto, habida cuenta de que este fue revisado por la directora de Recursos Humanos y el secretario general del Senado. La Sala anota (...), que la entidad fue negligente en su defensa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho porque contestó extemporáneamente la demanda, de modo que no pudo pedir ni aportar pruebas. Para la Sala, la desidia de la entidad al defenderse en el proceso ordinario debe tenerse también como una razón que contribuyó a que fuera condenada en ese proceso. CONDENA EN ABSTRACTO / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN ABSTRACTO / INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS / PRUEBA DEL PERJUICIO MATERIAL / PERJUICIO POR LA PRÁCTICA DE MEDIDA CAUTELAR / LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR / MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO / LEVANTAMIENTO DE EMBARGO / EMBARGO DEL BIEN INMUEBLE / EMBARGO DEL BIEN Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de perjuicios en favor de los demandados derivado de las medidas cautelares impuestas contra los bienes de éstos? Respuesta al problema jurídico: Si En los términos del numeral 1 del artículo 29 de la Ley 678 de 2001 y del inciso final del artículo 687 del CPC, vigente para el momento de su decreto, se ordena levantar las medidas cautelares decretadas y se condena a la entidad demandante a indemnizar los perjuicios causados a los demandados. Como la cuantía de los perjuicios no ha sido establecida en el proceso, la condena se hará en abstracto para que el interesado inicie el incidente de liquidación de perjuicios de conformidad con el artículo 172 del CCA. Los perjuicios deberán ser acreditados por el incidentante (...), la indemnización se circunscribe a los perjuicios causados por el embargo durante el periodo en el que estuvo registrado sobre cada uno de los bienes, y distintos de los relativos a restricciones en su uso y goce. En caso de que el incidentante no demuestre algún perjuicio que cumpla los anteriores criterios, se negarán las pretensiones del incidente. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 172, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 687, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 29 NUMERAL 1

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201100070001100103