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Consejo de Estado Providencia

Alcance del recurso de apelación: Sentencia

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Fecha
2024-06-04
Radicado
25000233600020180030802
Número interno
69775
Ponente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A., INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.
Demandado
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.

Síntesis de la providencia

Alcance del recurso de apelación: Sentencia

Lo que dijo la Sala

En esta instancia, le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos concretos presentados con el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa Para tal efecto, se debe precisar cuál es el alcance jurídico del debate que propone el consultor en contra de la entidad pública contratante, específicamente, en lo relativo a las reclamaciones sobre el desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual, debido a que, aunque la parte demandante involucró los conceptos de manera indistinta, esta Subsección ha considerado que, obedecen a causas diferentes y generan consecuencias diversas.… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Cuando el consultor apela una sentencia contra el instituto contratante, la segunda instancia se limita a los reparos concretos del recurso y debe precisar si la controversia versa sobre el incumplimiento contractual o sobre el desequilibrio económico, pues ambos conceptos obedecen a causas diferentes y producen consecuencias distintas. La regla se sostiene en tres razones: el juez de segunda instancia decide sobre los reparos formulados, salvo las situaciones que debe examinar de oficio; los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión determinan si la discusión es de incumplimiento o de desequilibrio; y la pretensión que se apoya en el incumplimiento exige establecer si la entidad se apartó de lo pactado en el pliego y el contrato. En el caso, las pretensiones del consultor solo planteaban si el instituto incurrió en incumplimiento y si modificó lo pactado en el pliego, por lo que la sala delimitó la controversia a ese aspecto y confirmó la sentencia. El documento reitera el criterio de la sección sobre el alcance de la apelación; la consecuencia práctica es que el recurrente debe identificar de manera precisa el concepto que reclama.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El alcance del recurso de apelación propuesto por el consultor contra la entidad pública contratante se refiere a determinar si el IDU incumplió o no y si modificó lo pactado en el pliego de condiciones para desarrollar el contrato de consultoría?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿El régimen jurídico aplicable al contrato de consultoría objeto de examen, es el previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP?
  • ¿Hubo una entrega tardía de la información técnica a cargo del IDU debido al cambio del método constructivo de la primera línea del metro de Bogotá -PLMB- y ello conllevó la ejecución de actividades…
  • ¿Se modificó el contrato por parte del IDU en relación con el predio en donde se ubicarían los patios y talleres y eso supuso un mayor gasto al contemplado por el contratista?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PLIEGO DE CONDICIONES APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA REGULACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA INFORMACIÓN DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL ENTREGA DE INFORMACIÓN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL OFERENTE PROPONENTE OBLIGACIONES DEL PROPONENTE CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES BUENA FE CONTRACTUAL BUENA FE APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES METRO DE BOGOTÁ NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL MAYOR VALOR DE LOS COSTOS LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONFIGURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES ERROR DEL PLIEGO DE CONDICIONES INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL COSTOS CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO SEGUNDA INSTANCIA PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN

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ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PLIEGO DE CONDICIONES / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN Problema jurídico: ¿El alcance del recurso de apelación propuesto por el consultor contra la entidad pública contratante se refiere a determinar si el IDU incumplió o no y si modificó lo pactado en el pliego de condiciones para desarrollar el contrato de consultoría? Respuesta al problema jurídico: Si En esta instancia, le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos concretos presentados con el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa Para tal efecto, se debe precisar cuál es el alcance jurídico del debate que propone el consultor en contra de la entidad pública contratante, específicamente, en lo relativo a las reclamaciones sobre el desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual, debido a que, aunque la parte demandante involucró los conceptos de manera indistinta, esta Subsección ha considerado que, obedecen a causas diferentes y generan consecuencias diversas. (...). En tal virtud, para la Sala resulta claro que los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se apoya el consultor para elevar sus pretensiones, exclusivamente, proponen una controversia jurídica consistente en determinar el IDU incumplió o no y si modificó lo pactado en el pliego de condiciones para desarrollar el contrato de consultoría No. 2226 del 30 de diciembre de 2013. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el alcance del recurso de apelación y los límites del juez de segunda instancia, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del el 6 de abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre el incumplimiento del contrato y su diferencia con el desequilibrio económico, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de agosto de 2013, exp. 22947, C.P: Mauricio Fajardo Gómez. Criterio reiterado, entre otras providencias, en: (i) sentencia del 3 de abril de 2020, exp. 61500, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y (ii) sentencia del 22 de octubre de 2021, exp. 66106, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. CONTRATO DE CONSULTORÍA / CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA / REGULACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Problema jurídico: ¿El régimen jurídico aplicable al contrato de consultoría objeto de examen, es el previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP? Respuesta al problema jurídico: Si Con el fin de resolver los cargos de la apelación, la Sala considera pertinente traer a colación, de manera previa, las características y especificaciones del negocio jurídico objeto de estudio, con el fin de precisar la naturaleza de la operación económica realizada y la ejecución de las prestaciones acordadas por las partes. (...) En ese sentido, se destaca que el contrato 2226 de 2013 fue suscrito con el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- establecimiento público descentralizado del orden distrital, con personería jurídica y autonomía administrativa y financiera. Así, se advierte que el IDU, en su calidad de contratante, se encuentra entre las entidades estatales consagradas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. (...) Sobre el particular, del pliego de condiciones definitivo aportado con la demanda, se constata que el IDU adelantó un procedimiento de selección mediante un concurso de méritos regulado por el numeral tercero del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en el que se consagró que el futuro contrato se regularía por las normas previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP-; aspecto ratificado por las partes en diferentes cláusulas del contrato de consultoría 2226 de 2013, por ejemplo, las relativas al perfeccionamiento, interpretación y liquidación; sin que esto implique, en modo alguno, que las partes tengan la facultad de prever su propio régimen de contratación, sino que, se trata de una reiteración del régimen jurídico aplicable al contrato. Asimismo, se advierte que ni la naturaleza de la entidad contratante, ni el objeto contractual, ni el contexto del procedimiento de contratación, implicaron circunstancias específicas que conlleven a que el contrato se regule por normas especiales o por un régimen de derecho privado. (...) En ese orden de ideas, el régimen jurídico aplicable al contrato de consultoría 2226 de 2013, corresponde, principalmente, a las normas que conforman el EGCAP-, que, para la fecha de suscripción del negocio jurídico -30 de diciembre de 2013-, correspondían a la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, que estableció el procedimiento de selección de concurso de méritos, así como las modificaciones introducidas por la Ley 1474 de 2011. (...) Sobre el contrato de consultoría se advierte que está tipificado y regulado en el artículo 32 de EGCAP. Con fundamento en esa disposición se ha observado que pueden tener como objeto, entre otros, el estudio de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación de los mismos. (...) Al respecto, la Sección Tercera de esta Corporación ha precisado que el contrato de consultoría tipificado en la Ley 80 de 1993, se caracteriza por el aprovechamiento de la actividad intelectual de una persona natural o jurídica, relacionada con aspectos económicos, técnicos, culturales, ambientales, entre otros, con el fin aplicar dichos conocimientos en proyectos de interés público y con inversión pública, con la finalidad de brindar soluciones en escenarios de preinversión o factibilidad económica y social de un proyecto; los análisis, estudios y diseños, planos, cálculos, presupuestos, cronogramas, o incluso a la gerencia de proyectos NOTA DE RELATORÍA: Sobre la definición del régimen jurídico del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de mayo de 2020, exp. 64701, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico Sobre el contrato de consultoría, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 22 de junio de 2011, exp. 18169, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C de la Sección Tercera, sentencia del 2 de diciembre de 2013, C.P. Jaime Orlando Santofimio FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007, LEY 80 DE 1993 INFORMACIÓN / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ENTREGA DE INFORMACIÓN / CONTRATO DE CONSULTORÍA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / OFERENTE / PROPONENTE / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE / PLIEGO DE CONDICIONES / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / BUENA FE CONTRACTUAL / BUENA FE / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL / COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES / METRO DE BOGOTÁ / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Hubo una entrega tardía de la información técnica a cargo del IDU debido al cambio del método constructivo de la primera línea del metro de Bogotá -PLMB- y ello conllevó la ejecución de actividades adicionales? Respuesta al problema jurídico: No Sobre la entrega de la información técnica (...) Con el fin de resolver el cuestionamiento de la parte actora, la Sala se refiere, de manera sucinta, al deber de planeación de los contratos públicos y su incidencia para resolver en el caso concreto, el cargo de la apelación. (...) La Sección Tercera de esta Corporación se ha pronunciado sobre la planeación del contrato estatal, con el fin de precisar que es un deber compartido entre las entidades estatales y los oferentes que participan en el procedimiento de selección. Dicha exigencia en el comportamiento inicia desde la etapa de selección y se ha equiparado con actuar conforme a la buena fe objetiva, de acuerdo con a los postulados de la lealtad y la corrección, lo cual implica la exigencia de informar las falencias o errores evidenciados a la entidad, según lo dispone el artículo 1603 del Código Civil (...). Asimismo, este deber de actuar es exigible durante todo el plazo contractual, en relación con la entidad contratante y el oferente que resultó adjudicatario, por lo que no es posible que el contratista que conoció, desde el procedimiento de selección, la estructuración del negocio jurídico, reclame posteriormente, supuestas inconsistencias que debió advertir desde la planeación del negocio jurídico, debido a que la planeación es bifronte, es decir, se predica para la entidad contratante y también para el contratista. Por ende, este último no puede alegar inconsistencias que pudieron ser evidenciadas durante el proceso de selección, cuando tuvo acceso a toda la información del proyecto y acogió los ítems del pliego de condiciones y anexos socializados, sin manifestar ninguna inconformidad al respecto (...) Revisado el expediente, la Sala advierte que, en el procedimiento de selección que culminó con la suscripción del contrato 2226 de 2013, se hizo un énfasis especial en la coordinación de actividades que debía adelantar el futuro consultor (aquí demandante) con el diseñador técnico del proyecto de la PLMB - consorcio L1- y el IDU, para el desarrollo del estudio de impacto ambiental. (...). Sobre el particular, en el pliego de condiciones se consagró expresamente que, de manera concomitante al estudio de impacto ambiental, se encontraba en ejecución el contrato 849 de 2013, por medio del cual se iba a elaborar el diseño para la primera línea del metro de Bogotá -PLMB-, de ahí que el oferente para la consultoría debió tener en cuenta la coordinación de actividades con el contratista del diseño técnico -consorcio L1- para formular el estudio de impacto ambiental (...) En esa misma línea, se destaca que en la cláusula décima del contrato objeto de estudio31 se puntualizó que todos los avances del estudio de impacto ambiental debían ajustarse según las especificaciones técnicas que desarrolló el diseño y el componente técnico del PLMB. (...) En ese escenario, se advierte que IVICSA desde su participación el procedimiento de selección conocía que la consultoría se ejecutaría paralelamente y en coordinación con el contrato que desarrollaría el diseño y componente técnico de la primera línea del metro de Bogotá, por lo que el contratista asumió la obligación de coordinación con diferentes actores, entre ellos, con el diseñador de la PLMB (consorcio L1), si bien, esa asunción no puede ser entendida como una exigencia ilimitada, en virtud de la cual el aquí demandante estuviera llamado a asumir cualquier circunstancia ocurrida en relación con la definición de los diseños, sí se debe tener en cuenta que, al conocer que ambos negocios jurídicos se desarrollaban de manera paralela, implicaba prever, dentro de lo que razonablemente impusiera el conocimiento técnico del proyecto y dada su experticia en la materia que la elaboración de los estudios de impacto ambiental debían ajustarse según lo acontecido en el contrato de consultoría 849 de 2013, dentro del plazo pactado; sin embargo, como el referido acuerdo negocial, ni las particularidades de su ejecución, se encuentran dentro del material probatorio en el sublite, no se demostró la realidad de la definición del método de construcción de la PLMB y la eventual variación alegada en la demanda. (...) Al respecto, en la demanda se afirmó que la entrega de la información técnica fue tardía. No obstante, ante la evidencia de que el contratista conocía que el negocio jurídico se ejecutaría paralelamente y en coordinación con el contrato de consultoría 849 de 2013 y, en concordancia con ello, se imponía a la parte demandante demostrar la afectación de las condiciones y el tiempo en el que IVICSA debía cumplir sus obligaciones. Ninguna prueba obra en el expediente que permita a la Sala arribar a esa conclusión (...) Así las cosas, no se evidencia que el IDU haya ocultado o demorado la información a entregar para el consultor, así como tampoco una actitud negligente de su parte; por el contrario, en la referida reunión del 4 de febrero de 2014, la entidad contratante entregó una serie de documentos preliminares a IVICSA, con la salvedad de que estaban en revisión de la interventoría. Asimismo, la ahora demandada atendió a la inquietud del contratista, manifestada el 6 de mayo de 2014, en la que le indicó, respecto a la información solicitada, que dichos documentos estaban pendientes de aprobación definitiva. (...) Además, no se puede obviar la labor de coordinación que tenía a cargo directamente IVICSA con el contratista que adelantaba el diseño del componente técnico de la primera línea del metro de Bogotá -consorcio L1-. Revisado el expediente, la Sala encuentra las actas de seguimiento semanal, (...), en la que se abordó el tema relacionado con la definición del método de construcción del proyecto de la PLMB, sin que se evidencie de dicha memoria que no se entregó la información oportunamente al consultor o en un plazo determinado por las partes. (...). En ese sentido, IVICSA, en su rol de consultor del estudio de impacto ambiental, conocía -desde el momento de presentación de su oferta- que el método de construcción estaba pendiente de ser definido, sin que demostrara en el sublite, respecto de la entrega de la información proveniente del contrato 849 de 2013, que la obligación de coordinación fue excesiva, sino que, por el contrario, se constata que el consultor tenía que adoptar las previsiones necesarias para que, una vez definido el método constructivo, se adelantaran las gestiones requeridas para obtener la información y tener en cuenta los datos necesarios para el desarrollo del referido estudio de impacto ambiental de manera oportuna. (...) En efecto, según la naturaleza del contrato de consultoría, era posible que durante su ejecución se presentaran en eventos que podían incidir en la elaboración final de los estudios, a tal punto, que, en el caso concreto, desde el procedimiento de selección quedó claro que la obligación del contratista consistía en elaborar el estudio de impacto ambiental, de conformidad con los pliegos de condiciones, los anexos técnicos y la información proveniente de los diseños técnicos de la PLMB. (...) De lo anterior, se ratifica que las exigencias de coordinación plasmadas desde el pliego de condiciones y reiteradas en el contrato, se desprenden de la naturaleza de la consultoría, lo cual fue plenamente conocido por IVICSA y cuya incorporación en el negocio jurídico resulta connatural al objeto y contexto en el cual se inscribió, sin que la imposición de esa obligación, se advierta como una circunstancia de imposible cumplimiento para el contratista que pueda considerarse como abusivo en el marco del contrato suscrito. El contratista siempre estuvo enterado de las condiciones en que se debió desarrollar el estudio de impacto ambiental; conoció la zona de influencia del proyecto y tuvo que considerar esa referencia para la presentación de la propuesta, sin que existiera para ese momento, una información oculta que imposibilitara el desarrollo de su labor; por el contrario, se acordó una obligación de coordinación con el consorcio L1 que no era de imposible cumplimiento y cuya realización fue evidenciada durante la ejecución del negocio. (...) En ese orden de ideas, el conocimiento y la aceptación del consultor respecto de las exigencias planteadas en el pliego de condiciones y la zona de influencia del proyecto, le imponía actuar precavidamente a la hora de estructurar su propuesta, a efectos de prevenir que los aspectos por definir entre la presentación de la oferta, la suscripción del contrato y la elaboración del estudio de impacto ambiental, causaran un impacto negativo en la economía del negocio. (...) Así las cosas, la Sala concluye que: (i) no se constató la supuesta conducta reprochable del IDU, con relación a la entrega tardía de la información; y (ii) durante el proceso de selección, IVICSA conoció la ejecución paralela del contrato 849 de 2013 que definía el diseño técnico de la PLMB y la obligación de coordinación a pactar para obtener la información necesaria para la ejecución de sus labores, sin que hubiera demostrado en el sublite sus afirmaciones sobre la entrega tardía de la información o que se hubiere variado el método constructivo, por lo que, la Sala concluye que el ahora demandante debió prever esa situación y su incidencia en la revisión y aprobación del EIA y, en caso de que hubiere demostrado las variaciones alegadas debía acreditar que superaron el alcance de la plurimencionada obligación de coordinar los estudios de impacto ambiental en razón de los avances de los diseños técnicos de la primera línea del Metro. Por lo tanto, se reitera que no se demostró el daño alegado por las supuestas actividades adicionales ejecutadas y no hay lugar a acceder al cargo de la apelación. (...) [subregla de la decisión] Sobre el deber de planeación en la contratación estatal y el comportamiento exigible al oferente que resulta adjudicatario, se evidencia que el conocimiento y la aceptación respecto a las circunstancias establecidas en el pliego de condiciones y que corresponden a las particularidades del contrato de consultoría, le imponen al oferente el compromiso de actuar precavidamente a la hora de estructurar su propuesta, a efectos de prevenir que los aspectos pendientes de definición causen un impacto negativo en la economía del negocio. (...) [subregla de la decisión] La obligación de coordinación asumida por IVICSA resultó acorde con la naturaleza del contrato de consultoría en el que se debía elaborar el estudio de impacto ambiental sometido a diferentes ajustes según lo que se definiera en el diseño y componente técnico del proyecto de la PLMB, sin que ese pacto implique per se una exigencia ilimitada para el contratista. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber de diligencia de los oferentes, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2020, exp. 46057, C.P. María Adriana Marín. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2012, exp. 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre la aplicación del principio de planeación por parte de los oferentes o contratistas, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de julio de 2020, exp. 65198, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Criterio reiterado en sentencia del 7 de mayo de 2021, exp. 64033. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1603 CONTRATO DE CONSULTORÍA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL / METRO DE BOGOTÁ / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se modificó el contrato por parte del IDU en relación con el predio en donde se ubicarían los patios y talleres y eso supuso un mayor gasto al contemplado por el contratista? Respuesta al problema jurídico: No Sobre el predio en donde se ubicarían los patios y talleres (...) Con el fin de resolver el cargo de la apelación, la Sala evidencia que la parte demandante, reiteradamente, reprochó que la entidad contratante modificó el predio en donde se ubicarían los patios y talleres, por lo que tuvo que incurrir en mayores costos en la elaboración del inventario forestal de fauna y flora, que le produjo un costo adicional para el desarrollo del estudio de impacto ambiental -EIA-. (...) Como se aprecia, lo que se encuentra en discusión obedece a un caso en el cual se atribuye responsabilidad al ente público contratante por alterar las condiciones de ejecución del contrato y el objeto contractual, sin el cumplimiento de los requisitos legales, debido a la imposición de cargas al consultor, tales como la modificación de uno de los predios establecidos para desarrollar labores y, también, porque otorgó un alcance distinto a la pactada obligación de coordinación que tenía el contratista ante el consorcio L1 -diseñador del trazado de la PLMB-. (...) Al respecto, se aclara que en determinados negocios jurídicos, debido a la naturaleza de la tipología contractual y la definición de su objeto, las obligaciones atribuidas a las partes se desarrollan de manera dinámica según las circunstancias de ejecución, tal como puede ocurrir en los contratos de consultoría que se celebran para la elaboración de estudios y/o diseños, sin que, en esos casos, las variaciones en actividades ejecutadas impliquen una modificación del objeto contractual, evento que ocurrió en el sublite, como se procede a explicar: (...) Sobre el lugar de ejecución de las labores del estudio de impacto ambiental, en el pliego de condiciones se estableció que correspondía a los oferentes visitar la zona de influencia en donde se tenía planeado ejecutar el proyecto de la primera línea del metro de Bogotá, sin que se hubiera especificado el predio Gibraltar, ni ningún otro inmueble, y establecer, en su propuesta económica, todos los costos directos e indirectos en que pudieran incurrir para el desarrollo del contrato de consultoría (...) De conformidad con las pruebas relacionadas anteriormente, la Sala advierte que, respecto al “Estudio Predio Gibraltar”, no es posible analizar el contenido del referido documento, porque no fue aportado al sub lite, pues únicamente se cuenta con el acta de reunión del 4 de febrero de 2014, que constata la entrega al contratista, no obstante se recuerda que, el IDU, al momento de entregar la documentación a IVICSA, le advirtió que dicha información era preliminar y que se encontraba en revisión de la interventoría. (...) En esa misma línea, se enfatiza que el propio consultor, en reunión del 18 de junio de 2014, manifestó que estaba pendiente de la información definitiva sobre el sitio de ubicación del patio taller, es decir, esta afirmación se contradice con lo manifestado en el recurso de apelación sobre la supuesta definición del predio Gibraltar como sitio definitivo. (...) De conformidad con lo anterior, la parte actora no demostró que el IDU modificó unilateralmente el sitio de ubicación de los patios y talleres, tal como lo reprochó en la demanda y, además, el objeto del contrato de consultoría permitió que la elaboración del EIA se desarrollara de manera dinámica, conforme fueran evolucionando los estudios y/o diseños técnicos de la PLMB, definidos en el contrato 843 de 2013, según se previó desde los estudios previos y en el contrato 2226 de 2013, objeto de análisis en el sub lite (...) NOTA DE RELATORÍA: Sobre el desarrollo de obligaciones de forma dinámica en algunos contratos, como el de consultoría, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 3 de abril de 2020, exp. 48676, C.P. Alberto Montaña Plata PLIEGO DE CONDICIONES / CONFIGURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / ERROR DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / COSTOS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Ocurrió un error en la elaboración del pliego de condiciones que debe asumir el IDU y que implicó costos operacionales adicionales para el contratista? Respuesta al problema jurídico: No La parte demandante insistió en que el IDU incurrió en un error en la etapa precontractual, porque estimó los gastos del contrato por 1 mes y no por el plazo total del negocio jurídico. En ese contexto, la Sala considera que el alegado error no existió, (...) Sobre la información contenida en el pliego de condiciones, se observa que la entidad contratante especificó la cantidad de equipos o suministros que se requerían para la ejecución del contrato, así como la unidad de medida para presentar la propuesta, que correspondió a la de “mes” en todos los casos. En la última columna que aparece en el cuadro anterior se precisó la cantidad total, que atañe a la multiplicación de la cantidad unitaria por el número de meses de ejecución del contrato, que se pactó en 8 meses. En ese sentido, respecto de los ítems cuya unidad de medida fue 1, la cantidad total concernió a 8; asimismo, con relación al “Alquiler de PC, procesador Intel Core i5, RAM 4GB DD 250-500 GB (…), pantalla LCD de 17” teclado y mouse óptico”, que se estimó en una cantidad de 4, con la misma unidad, el total correspondió a 32. (...) La Sala no encuentra razón en lo afirmado en la demanda sobre la existencia de un "error de formulación” en el pliego de condiciones, derivado de la unidad de medida para ofertar por los costos operacionales, dado que, como ya se explicó, la última casilla de la tabla de costos operacionales correspondió a la cantidad total de la operación durante la ejecución del contrato, es decir, que el oferente tenía a su alcance la información necesaria para estimar de manera adecuada sus gastos en la propuesta económica, al menos en lo relacionado con este ítem contractual. (...). Adicionalmente, se advierte -nuevamente- que en el expediente no se allegó la oferta económica que presentó IVICSA, de ahí que la Sala no puede examinar los ítems propuestos por la demandante, ni los supuestos costos adicionales que se generaron por, supuestamente, no tener en cuenta el plazo de ejecución del contrato. (...) En todo caso, las sumas de dinero relacionadas con costos operacionales durante el plazo de ejecución del contrato eran previsibles desde el momento de presentación de la oferta, pues el plazo del negocio jurídico era conocido desde el procedimiento de selección; en ese sentido, no es admisible que el oferente hubiera guardado silencio durante toda la etapa precontractual y, posteriormente, recriminar a la entidad por el supuesto error en el pliego de condiciones respecto del cálculo de los costos operacionales. 93. Aunado a lo anterior, la Sala destaca que el valor pactado por las partes al suscribir el contrato correspondió a un precio total de $2.503’363.31649, en el que únicamente se definieron mediante sistema de precios unitarios determinados ítems, entre los que no se encuentra el valor de los costos operacionales, por lo que, con mayor razón, el oferente debió tener en cuenta en su oferta económica (...) que el costo ofertado por aspectos operacionales correspondía al total del precio y del plazo de ejecución del negocio jurídico. (...) Bajo ese precepto, IVICSA ofertó con el conocimiento de que los valores operacionales se calculaban bajo un sistema de precio global, por lo que debió contemplar en su propuesta económica los costos totales del contrato y, a menos de que hubiera demostrado los supuestos errores del pliego de condiciones, no puede reclamar una contraprestación económica a su favor. (...) Así, la Sala advierte que la interpretación equivocada por el oferente sobre el contenido del pliego de condiciones, no es un aspecto a reprochar a la entidad demandada, sino que resulta atribuible a la labor desarrollada por IVICSA al momento de estructurar su oferta económica y, de ninguna manera, se deriva de un error o confusión en la elaboración del pliego de condiciones. (...). Como consecuencia, se probó que la parte actora conocía sobre el plazo de ejecución del contrato y de los ítems establecidos para los gastos operacionales desde el pliego de condiciones, sin que se haya demostrado que IVICSA presentó al IDU observación respecto de las supuestas imprecisiones del pliego que afectaría el valor de los costos operacionales estimados al momento de presentar la oferta, con lo cual queda sin fundamento el cargo de la apelación. (...) En ese orden de ideas, la parte actora, contrario a demostrar un incumplimiento contractual, como supuesto de la responsabilidad de la entidad por errores en la elaboración del pliego de condiciones, lo que se evidencia es una indebida interpretación del pliego atribuible a la actividad desarrollada por ella misma durante la etapa precontractual. [subreglas de la decisión] En los casos en los que las partes acuerden la ejecución de las actividades contratadas mediante un precio global, el oferente debe contemplar en su propuesta económica todos los costos para cumplir con sus obligaciones contractuales y no podrá reclamar por mayores valores, a menos que, se demuestren los supuestos de incumplimiento o de desequilibrio económico y financiero del contrato. (...) [subreglas de la decisión]En los casos en los que las partes acuerden la ejecución de las actividades contratadas mediante un precio global, el oferente debe contemplar en su propuesta económica todos los costos para cumplir con sus obligaciones contractuales y no podrá reclamar por mayores valores, a menos que, se demuestren los supuestos de incumplimiento o de desequilibrio económico y financiero del contrato. (...) Cuando se alegan mayores costos en la ejecución de un contrato, por circunstancias imputables a la entidad, incumbe al demandante una carga probatoria de demostrar esos mayores costos respecto a lo ofertado en la propuesta económica, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 167 del CGP. (...) Los errores en la interpretación del pliego de condiciones por parte del oferente no implican un error de formulación por la entidad contratante, especialmente cuando se evidencia que en el pliego se especifica con claridad los aspectos relevantes sobre los cuales se debe presentar la oferta económica. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Debe condenarse en costas a la parte demandante por ser la vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del CPACA, y según lo establecido en el artículo 365-1 del CGP, se condenará en costas a la demandante. Esas costas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal de origen, según lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. NOTA DE RELATORÍA: Frente a la condena en costas del proceso, el magistrado ponente salva voto, de forma parcial, a su misma ponencia pues esta acoge la posición mayoritaria, con la cual no está de acuerdo. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 INCISO 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / SEGUNDA INSTANCIA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Procede fijar agencias en derecho en segunda instancia ya que, el IDU se pronunció frente al recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si La fijación de agencias en derecho en segunda instancia (...) En la medida en que el IDU se pronunció frente al recurso de apelación interpuesto por IVICSA, dicha gestión -en segunda instancia- es suficiente para fijar agencias en derecho a favor de esa parte. (...) El Acuerdo PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, estableció las tarifas de agencias en derecho. En cuanto a los asuntos de lo contencioso-administrativo, el artículo 2 del dispuso que debía tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes. (...) Asimismo, en materia de tarifas de agencias en derecho se señaló que en los “procesos declarativos en general”, las agencias en derecho en segunda instancia deben fijarse entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes (...) En ese sentido, se fijan las agencias en derecho en 1 salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia, a favor del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 2

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201800308021100103