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CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

No hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 42049 de 2 de diciembre de 2019

Sentencia — Sentencia 2026-03-12 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A) JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ Rad. 25000233600020220012200 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 42049 de 2 de diciembre de 2019 y No. 42494 de 19 de diciembre de 2019, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial del contratista y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, con fundamento en los argumentos expuestos por las aseguradoras demandantes y por la Unión Temporal Auditores en Salud? No
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no procede la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No. 42049 de 2 de diciembre de 2019 y la No. 42494 de 19 de diciembre de 2019, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial del contrato de consultoría 080 de 2018, por parte de la UNION TEMPORAL AUDITORES DE SALUD...
También resuelve: ¿Procede el reintegro de las sumas pagadas por las aseguradoras con ocasión de los actos administrativos demandados?
Consejo de Estado Providencia

Los particulares “podrán” renunciar a los derechos conferidos por las leyes “con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia”.

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 66001233300020160038901 ACCION CONTRACTUAL
¿En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos? Sí
En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato no da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos, a menos que una disposición legal lo establezca o se le otorgue tal efecto al silencio de las partes en determinadas circunstancias, conforme al artículo 15 del Código Civil. En contratos de consultoría, las obligaciones y riesgos económicos del contratista se definen según las cláusulas del contrato, por lo que gastos y sobrecostos no asumidos por el contratante no implican una obligación adicional para la entidad estatal, salvo que esté pactado explícitamente en el contrato. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y reafirma la necesidad de que las obligaciones y riesgos en los contratos de derecho privado estén claramente definidos y pactados por las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿Los gastos y sobrecostos ser asumidos por el contratista en virtud de las cláusulas del contrato?
Consejo de Estado Providencia

¿El contrato de interventoría no. 20110798 de 2011 suscrito con Fonade, es regido por el derecho privado?

Sentencia — Sentencia 2025-03-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 76001233300020160105601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato de interventoría no. 20110798 de 2011 suscrito con Fonade, es regido por el derecho privado? Sí
El contratista no puede declarar nula la acta de liquidación bilateral del contrato de interventoría suscrito con Fonade, ya que la forma de pago estipulada en el contrato dependía del avance del contrato de consultoría objeto del contrato de interventoría, y no se demostró que el consultor hubiera cumplido con el 100% de las obligaciones encomendadas. La cláusula de pago variable fue conocida y aceptada por el contratista desde el inicio del proceso de selección, por lo que su fuerza jurídica vinculante no puede ser cuestionada. Además, el reconocimiento de costos variables dependía directamente del seguimiento y verificación del avance del contrato de consultoría por parte del interventor, lo que no fue cumplido en su totalidad. Por lo tanto, la negativa de Fonade a reconocer y pagar el valor total del contrato no constituye un abuso de derecho, y la sentencia que confirma la acta de liquidación bilateral se mantiene.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente declarar la nulidad del acta de liquidación bilateral del contrato de interventoría no. 2110798 de 2013, porque según la contratista… ¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por cuanto el recurso de apelación que interpuso, fue resuelto desfavorablemente?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

De ello se deriva que no existe una obligación contractual

Sentencia — Sentencia 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020160207101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditó un incumplimiento del contrato por parte de la Administración Pública? No
El contratista no acredita un incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal cuando esta ha pagado el precio fijado en el contrato, incluyendo IVA y costos directos e indirectos, ya que no existe una obligación contractual incumplida. La Sala sostiene que la conducta del contratista es contraria a la buena fe y a la teoría del acto propio, dado que conocía los términos del contrato desde el procedimiento de selección y no puede solicitar judicialmente la modificación de los honorarios pactados. Además, la elección de la modalidad de pago debe estar en consonancia con la solemnidad del contrato estatal y el respeto a la autonomía de la voluntad, por lo que el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato a menos que existan causales legales que lo justifiquen. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la prohibición de venir contra los actos propios y la necesidad de que la entidad haya dejado constancias o salvedades en las modificaciones del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El contratante cumplió con sus obligaciones al pagar el precio del contrato según lo estipulado en el mismo? ¿La elección de la modalidad de pago en el contrato debe estar en consonancia con su solemnidad? ¿En qué consiste la teoría de los actos propios?
Consejo de Estado Providencia

La Sala confirmará la sentencia apelada que denegó las súplicas de las demandas

Sentencia — Sentencia 2024-09-11 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020190071601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El porcentaje de cumplimiento del contrato de obra coincide con el porcentaje de costos variables reconocidos al consorcio interventor? Sí
El contratista no puede reclamar el reconocimiento de costos variables adicionales al porcentaje de cumplimiento del contrato de obra, ya que estos costos dependen directamente del avance de la obra verificado por la interventoría. La Sala establece que el consorcio interventor reconoció un 25,51% de avance en el contrato de obra, por lo que ese mismo porcentaje es el que corresponde a los costos variables, coincidiendo con el informe final y la acta de liquidación del contrato. La regla reitera que el pago de costos variables en contratos de interventoría está vinculado al avance efectivo de la obra, y no puede ser reclamado por el contratista si no se demuestra un incumplimiento por parte de la entidad estatal en la verificación del avance de obra.síntesis automática
También resuelve: ¿El reconocimiento de los costos variables dependía de la verificación del avance de obra de un tercero, circunstancia conocida por el consorcio interventor desde el inicio del proceso de selección… ¿La parte actora no logró acreditar que el Distrito Capital de Bogotá con ocasión de la ejecución del contrato de consultoría hubiera incurrido en una errónea lectura del porcentaje ejecutado por… ¿Dado que la propia interventoría determinó en el informe final del contrato de obra que el contratista solo había logrado el cumplimiento de un 25,51%…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Una comprensión integral del concepto de utilidad de la prueba implica que en el proceso deben decretarse sólo los elementos de juicio que sean necesarios para emitir un pronunciamiento de fondo.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000233600020130160902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pruebas recaudadas en ejercicio de la facultad oficiosa son las que el juez decreta y practica porque en su criterio resultan conducentes, pertinentes y útiles? Sí
Las pruebas que el juez recauda en ejercicio de sus facultades oficiosas son aquellas que decreta y practica porque, a su criterio, resultan conducentes, pertinentes y útiles para constatar los hechos del caso, de acuerdo con el artículo 213 del C.P.A.C.A. La regla se sostiene en tres razones: la utilidad de la prueba exige decretar solo los elementos de juicio necesarios para decidir de fondo; deben desestimarse los elementos simplemente corroborantes o que no ofrezcan información relevante sobre el objeto del litigio; y las noticias que no informan directamente sobre los hechos del proceso carecen de utilidad. En el caso, los enlaces a noticias y publicaciones que aportó el demandante no permitían establecer el cumplimiento de la obligación de entregar el informe final pactado, por lo que la solicitud probatoria presentada en segunda instancia fue negada y esa decisión se confirmó en súplica. El documento cita una providencia previa sobre la prueba de oficio, pero no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la prueba que se pide debe aportar información directa sobre el objeto del litigio.síntesis automática
También resuelve: ¿Se confirma la decisión mediante el cual se negó la solicitud de pruebas en segunda instancia? ¿Se puede afirmar razonablemente que los medios de prueba documentales mencionados por el demandante son pertinentes? ¿Las pruebas en segunda instancia deben solicitarse en la oportunidad legal correspondiente y su admisibilidad está sometida a un doble escrutinio?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se probó que la conducta de los servidores públicos fue realizada con culpa grave

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020130057701 LEY 1437 REPETICION
¿Se probó que la conducta de los servidores públicos fue realizada con culpa grave? No
Al no estar probado el hecho que permite tener por cierto que la conducta fue realizada con culpa grave, es deber de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. acreditar dicha calificación, y no compete a los funcionarios derrumbar la presunción legal. Más allá del expediente contractual… , no existen elementos de juicio que permitan calificar la conducta de los funcionarios [demandados] como ajena a las finalidades del Estado o como una violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Sobre todo… que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. limitó su actuación a asegurar en la demanda que los servidores tenían conocimiento de la irregularidad en que incurrieron y de su comportamiento omisivo, sin allegar prueba alguna que corroborara tales afirmaciones.
También resuelve: ¿La entidad demandante probó que los demandados procedieron de manera dolosa o gravemente culposa? ¿Está probado que los diseños elaborados por la firma consultora hayan determinado la inclusión de un túnel? ¿La entidad aduce de los servidores demandados el conocimiento de la irregularidad en que incurrían y el comportamiento omisivo?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-05-20 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233100020100033901 ACCION CONTRACTUAL
¿La ejecución de labores tendientes a completar la cartografía base necesaria para el cumplimiento del objeto contractual era una obligación del contratista, cuyos costos debieron ser asumidos conforme a los términos de referencia? Sí
El contratista que ejecuta un contrato cuyos términos de referencia le exigen completar la información faltante de la cartografía suministrada por la entidad debe asumir el costo de esas labores, pues forman parte de las actividades necesarias para la cumplida ejecución del objeto contratado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando los términos de referencia prevén expresamente la georreferenciación de espacios que no aparecen en la cartografía entregada, el proponente conoce desde el proceso de selección que debe presupuestar esa eventualidad. Segundo, que la cartografía cubra el total del área no elimina el deber de completar sus vacíos cuando son necesarios para ejecutar el objeto. Tercero, no existe un sobrecosto reembolsable cuando el gasto corresponde a una obligación que el contratista debía asumir y no se prueba un incumplimiento de la entidad que lo haya generado. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el contratista que alegue sobrecostos por labores de cartografía debe demostrar que, según los documentos del proceso de selección, esas labores no le correspondían.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo? ¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato? ¿Las salvedades plasmadas de forma clara y expresa en el acta de liquidación bilateral del contrato, habilitan al contratista afectado a acudir al juez contractual…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La entidad pública demandada respetó el debido proceso

Sentencia — Sentencia 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020140022401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad pública demandada respetó el debido proceso durante el desarrollo del procedimiento administrativo tendiente a declarar el incumplimiento del contrato? Sí
El contratista no puede invocar la excepción de contrato no cumplido cuando no demuestra la imposibilidad de ejecución de sus obligaciones, por lo que la entidad estatal no violó el debido proceso al declarar su incumplimiento parcial y establecer la penalidad proporcional al grado de incumplimiento, en este caso, el 8.999% del valor total del contrato. La Sala modifica el fallo al precisar que, aunque las sanciones por incumplimiento se imponen de acuerdo a la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal, la devolución de los dineros recibidos y no ejecutados es solidaria entre los integrantes de la unión temporal, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para excusarse del incumplimiento contractual y establece que la entidad estatal debe garantizar el debido proceso en los procedimientos administrativos de liquidación unilateral del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Como el incumplimiento en que incurrió la unión temporal contratista fue del 45%, el valor a pagar como penalidad corresponde al 8.999% del valor total del contrato? ¿Los argumentos de los apelantes que sustentaban la falsa motivación de las resoluciones por inexistencia de incumplimiento tienen vocación de prosperidad? ¿Se justifica la demora en la obligación de disposición de personal y en las demás obligaciones secundarias a cargo del contratista?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La decisión administrativa demandada fue posterior a la liquidación del contrato

Sentencia — Sentencia 2022-02-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020130202601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en el que se demanda la nulidad de una acto proferido después de la liquidación del contrato estatal, ante la falta de prueba que refleje la fecha de notificación o comunicación del acto administrativo impugnado, puede tenerse en cuenta la fecha de ejecución del acto respectivo registrada en el Certificado de Cámara y Comercio, por suponer, además de la presunción de legalidad, que el acto surtió la respectiva notificación o comunicación al afectado, y que quedó en firme en los términos del procedimiento administrativo correspondiente? Sí
El contratista puede utilizar la fecha de ejecución del acto administrativo registrada en el Certificado de Cámara y Comercio como punto de partida para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, en ausencia de prueba que refleje la fecha de notificación o comunicación del acto impugnado, dado que la ejecutoria del acto supone su notificación y comunicación al afectado, y su firmeza en los términos del procedimiento administrativo correspondiente. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y permite a los contratistas formular oportunamente la demanda en casos en que no se cuente con la fecha exacta de notificación del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Cualquier posible situación que fuera conocida por el Consultor relativa a una inestabilidad en las redes de servicios públicos objeto del contrato de consultoría… ¿Hubo falsa motivación en las decisiones administrativas impugnadas, teniendo en cuenta que la administración declaró el siniestro de mala calidad de los productos entregados en virtud del contrato… ¿El IDU violó el debido proceso del Consorcio al incluir, en la resolución que resolvió el recurso por aquel interpuesto, un hecho nuevo…
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-07-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020210058201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La suscripción sin reservas del acta de recibo final y del acta de liquidación del contrato impedía exigir al consultor su responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por los defectos del diseño? No
El contratista no queda eximido de su responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por defectos en el diseño, ni de la garantía de calidad, simplemente por suscribir sin reservas el acta de recibo final y la acta de liquidación del contrato, ya que estas no impiden exigir el cumplimiento de obligaciones subsistentes después de la liquidación contractual. La Sala considera que la suscripción sin reservas de dichos documentos no elimina la obligación del contratista de corregir, completar o aclarar los diseños entregados cuando se detecten errores o discrepancias durante la ejecución de las obras, lo que implica que la garantía de calidad es una obligación postcontractual exigible con posterioridad a la entrega de los diseños y la liquidación del contrato. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, reforzando la responsabilidad del contratista incluso después de la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿La carga de sustentación del recurso de apelación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de disenso frente a la providencia recurrida? ¿El recurso de apelación está debidamente sustentado y procede el estudio de los reparos formulados en contra de la sentencia impugnada? ¿El contrato celebrado por el consultor con la EAAB, está sometido al Estatuto General de Contratación de Administración Pública?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Alcance del recurso de apelación: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-06-04 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020180030802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El alcance del recurso de apelación propuesto por el consultor contra la entidad pública contratante se refiere a determinar si el IDU incumplió o no y si modificó lo pactado en el pliego de condiciones para desarrollar el contrato de consultoría? Sí
Cuando el consultor apela una sentencia contra el instituto contratante, la segunda instancia se limita a los reparos concretos del recurso y debe precisar si la controversia versa sobre el incumplimiento contractual o sobre el desequilibrio económico, pues ambos conceptos obedecen a causas diferentes y producen consecuencias distintas. La regla se sostiene en tres razones: el juez de segunda instancia decide sobre los reparos formulados, salvo las situaciones que debe examinar de oficio; los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión determinan si la discusión es de incumplimiento o de desequilibrio; y la pretensión que se apoya en el incumplimiento exige establecer si la entidad se apartó de lo pactado en el pliego y el contrato. En el caso, las pretensiones del consultor solo planteaban si el instituto incurrió en incumplimiento y si modificó lo pactado en el pliego, por lo que la sala delimitó la controversia a ese aspecto y confirmó la sentencia. El documento reitera el criterio de la sección sobre el alcance de la apelación; la consecuencia práctica es que el recurrente debe identificar de manera precisa el concepto que reclama.síntesis automática
También resuelve: ¿El régimen jurídico aplicable al contrato de consultoría objeto de examen, es el previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP? ¿Hubo una entrega tardía de la información técnica a cargo del IDU debido al cambio del método constructivo de la primera línea del metro de Bogotá -PLMB- y ello conllevó la ejecución de actividades… ¿Se modificó el contrato por parte del IDU en relación con el predio en donde se ubicarían los patios y talleres y eso supuso un mayor gasto al contemplado por el contratista?
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