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Consejo de Estado Providencia

El juez requiere a las entidades obligadas para que alleguen la información solicitada por el perito, y ante su pronunciamiento se declara agotado el apoyo deprecado.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud 2025-08-04 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 70001233100019980074801 ACCION CONTRACTUAL
¿Las sociedades requeridas se pronunciaron sobre la información que les fue solicitada, con lo que se agotó el apoyo deprecado al despacho por la perita para facilitar el cumplimiento de su cometido, sin que esta hubiere efectuado algún pronunciamiento al respecto? Sí
El juez ejerce su deber de colaboración requiriendo a las entidades involucradas para que suministren directamente al perito la documentación necesaria para la elaboración de la experticia técnica. En este caso, tras ordenar a la fiduciaria y a la electrificadora en liquidación que allegaran la información requerida, y verificado el pronunciamiento oportuno de las sociedades requeridas, se declara agotado el apoyo deprecado al despacho judicial sin que la perita hubiere efectuado manifestación adicional, por lo que se le requiere por última vez para que allegue el dictamen pericial o indique si con los elementos existentes le es imposible cumplir su cometido.síntesis automática
También resuelve: ¿El plazo adicional que le fue concedido a la perita feneció sin que esta allegará el resultado de la labor que le fue encomendada?
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado Providencia

La prueba testimonial solicitada carece de conducencia para esclarecer los puntos controvertidos

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-05-07 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020230042701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La prueba testimonial solicitada carece de conducencia para esclarecer los puntos controvertidos? Sí
La prueba testimonial carece de conducencia cuando no existe relación alguna entre la finalidad de la prueba solicitada y los supuestos de hecho de las excepciones o de los argumentos que descorren el traslado de estas, y por ello no procede su decreto. En la impugnación de una decisión probatoria no es oportuno reformular ni modificar la petición inicial, porque el recurso no constituye una nueva oportunidad probatoria. El recurso de apelación contra el auto que niega pruebas en la audiencia inicial es procedente conforme al artículo 243 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, y es oportuno cuando se interpone en la audiencia una vez surtida la notificación en estrados. La competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio conforme al artículo 328 del Código General del Proceso. En el caso concreto, el despacho no advirtió relación entre la prueba testimonial pedida y las excepciones propuestas, y confirmó la decisión impugnada. Como consecuencia práctica, la parte debe sustentar la pertinencia de la prueba desde su solicitud inicial y no con explicaciones posteriores en el recurso.síntesis automática
También resuelve: ¿El recurso de apelación contra el auto proferido en la audiencia inicial fue presentado oportunamente? ¿Si bien las partes se encuentran habilitadas para solicitar pruebas, también lo es que deben indicar con precisión qué elementos facticos pretenden probar? ¿La solicitud de decreto y práctica de pruebas se realizó al descorrer el traslado de las excepciones, dentro de una de las oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas en primera…
CONFIRMA
Colombia Compra Eficiente Concepto

Principio de maxima publicidad: es fundamental partir del principio de máxima publicidad que rige la función pública en Colombia

C-774 de 2025 2025-07-31
¿Es obligación de la entidad pública permitir el acceso al expediente físico de un proceso contractual a cualquier ciudadano interesado?
Las entidades estatales deben permitir el acceso a los expedientes de los procesos contractuales a quien lo solicite, sin perjuicio de las excepciones legales de información clasificada o reservada, porque el principio de máxima publicidad garantiza el derecho de acceso a los documentos públicos del artículo 74 de la Constitución, y la Ley 1712 de 2014 presume pública toda información en posesión de una entidad sin exigir interés particular para solicitarla. La regla tiene un matiz según la plataforma. En los procesos tramitados en SECOP I, el expediente físico es la prueba principal de la gestión pública, que debe salvaguardarse y ponerse a disposición de quien lo solicite. En SECOP II el expediente se gestiona en línea, pero subsisten documentos en físico, como garantías, facturas o informes de supervisión que no se generan en línea. Para ellos, la Circular Externa Única exige incorporar una copia digitalizada en el expediente de SECOP II y conservar el original según sus Tablas de Retención Documental. Como consecuencia práctica, la entidad debe garantizar el acceso al expediente, en físico o digital según la plataforma y el soporte del documento.síntesis automática
También resuelve: Principio de maxima publicidad: acceso a la informacion, carácter público Acceso a la informacion Expediente fisico: carácter público, excepciones, información clasificada o reservada
Consejo de Estado Providencia

Procede la imposición de multa cuando un funcionario judicial incumple las órdenes de su superior jerárquico.

Auto interlocutorio — Auto que impone sanción en ejercicio de poderes correccionales del juez 2022-05-27 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000232600020040164201 ACCION CONTRACTUAL
¿Procede la imposición de multa cuando un funcionario judicial incumple las órdenes de su superior jerárquico? Sí
Procede imponer multa al funcionario judicial que no atiende las órdenes de su superior jerárquico cuando guarda silencio frente a reiterados requerimientos de remisión de piezas procesales, en aplicación del numeral 3 del artículo 44 del Código General del Proceso. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que los reiterados requerimientos sin respuesta justifican la multa de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes al titular del despacho. La segunda es que la conducta puede configurar una falta disciplinaria por desatender las órdenes del superior, por lo que procede compulsar copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En el caso concreto, las piezas procesales son necesarias para fallar, por lo que el auto ordena requerir nuevamente al juzgado para que las remita o informe dónde se encuentran. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es la multa, la compulsa de copias y un nuevo requerimiento.síntesis automática
También resuelve: ¿Las piezas procesales solicitadas se requieren para emitir fallo en el proceso? ¿Se requirió al despacho judicial para que allegara las piezas procesales faltantes y sin embargo, a la fecha, este no se ha pronunciado al respecto?
Consejo de Estado Providencia

El primero punto de la apelación no prospera

Sentencia — Sentencia 2026-05-28 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 52001233300020190030201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El municipio cumplió lo establecido en el numeral 17 de la cláusula segunda del convenio interadministrativo dado que suscribió las prórrogas y constituyó las pólizas acordadas? No
El municipio no cumple con la obligación de información establecida en un convenio interadministrativo, incluso si ejecuta otras prestaciones acordadas, ya que la ley exige que se realice específicamente la conducta a la que se comprometió. En este caso, el municipio se obligó a entregar la información necesaria para la liquidación del convenio, pero no cumplió con este deber específico, a pesar de suscribir las prórrogas y constituir las pólizas acordadas. La Sala modificó la decisión del a quo, estableciendo que la obligación de información es independiente de otras prestaciones y debe ser cumplida en su totalidad para considerar el convenio ejecutado conforme a la ley. Esto implica que la entidad estatal debe cumplir rigurosamente con todas las obligaciones específicas estipuladas en el convenio, independientemente de otras acciones realizadas, para evitar incumplimientos que puedan dar lugar a cláusulas penales.síntesis automática
También resuelve: ¿el fallo incurrió en contradicción porque, a pesar de que se logró el objeto del convenio, ordenó hacer efectiva la cláusula penal? ¿Era procedente hacer efectiva la cláusula penal aun cuando no se causaron daños al Ministerio? ¿La liquidación judicial de un convenio interadministrativo incluye la actualización del monto de la cláusula penal declarada en primera instancia cuando el apelante omitió impugnar ese aspecto?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Efectuó lo que denominó “advertencias preventivas”

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud 2024-12-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 70001233100019980074801 ACCION CONTRACTUAL
¿El despacho considera razonable otorgar el plazo adicional de 15 días hábiles, solicitado por la sociedad demandante, para allegar la información requerida por la perita? Sí
Mediante memoriales de 15 y 22 de octubre de 2024, el representante legal de SPL Salgado Abogados y Consultores S.A.S., sociedad perita en el proceso de la referencia, presentó memorial con el propósito que se ordenara la entrega de información que considera “fundamental” para llevar a cabo el dictamen pericial encomendado y que se le concediera un plazo adicional de 45 días para elaborar su experticia. Por otra parte, el despacho considera razonable otorgar el plazo adicional de 15 días hábiles, solicitado por la sociedad demandante, para allegar la información requerida por la perita para la elaboración del dictamen, en los términos señalados en el proveído de 29 de octubre de 2024, razón por la cual se accederá a esa solicitud.
ÉSTESE A LO RESUELTO
Colombia Compra Eficiente Concepto

El artículo 2.1.1.2.1.8, establece los efectos de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, en relación con los documentos producidos durante la ejecución del contrato, señalando que se deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o interventor, que prueben la ejecución del contrato.

C-1041 de 2025 2025-09-11
¿Es obligatoria la publicación relativa a la información sobre la ejecución de contratos en SECOP II?
La publicación de la ejecución de los contratos en SECOP II es obligatoria. Según el concepto, el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 obliga a publicar los documentos del proceso y los actos administrativos, y ese deber se amplía con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015, que exigen publicar la información de la gestión contractual, sin limitarla a los documentos expedidos por la entidad. El artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015 precisa que deben publicarse las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que prueben la ejecución del contrato. La reserva de información es la única excepción: la entidad puede abstenerse de publicar documentos o apartes que contengan información sensible, clasificada o reservada, pero debe publicar los demás apartados que no gocen de reserva, según el segundo inciso del artículo 25 de la Ley 1437 de 2011. Por tanto, el supervisor o interventor debe cargar en SECOP II los documentos que prueban la ejecución y solo puede omitir aquello que esté cubierto por una reserva legal.síntesis automática
También resuelve: Información contractual: publicidad, alcance Reserva de información pública: fundamento, Constitución, Ley, aplicación Deber de vigilancia de los contratos: obligación de la entidad estatal, supervisión e interventoría
Consejo de Estado Providencia

La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación

Sentencia — Sentencia 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020140085102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación de obligaciones y riesgos entre las partes? Sí
El contratista no puede solicitar reajustes de precios en un contrato estatal pactado sin fórmula de reajuste, ya que la elección de la modalidad de pago implica una asignación de riesgos entre las partes, y el juez no puede contrariar lo acordado por las partes en ausencia de una revisión basada en la ruptura del equilibrio económico o la excesiva onerosidad. Además, el contratista no puede ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante, según lo pactado en el contrato. Asimismo, la entidad debe suministrar información técnica adecuada y suficiente para que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato, y en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, no puede ser declarado el incumplimiento. Finalmente, en caso de que se haya pagado indebidamente, se ordenará la devolución del reembolso que el consorcio contratista debía reintegrar a la entidad, como restablecimiento del derecho. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y la responsabilidad de las partes en la contratación estatal, limitando la capacidad del juez para modificar acuerdos previamente establecidos.síntesis automática
También resuelve: ¿Se pactó que el contratista no podía ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante? ¿En el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que los estudios previos, planos, y diseños no fueron adecuados o que no se encontraban de conformidad con los estándares técnicos requeridos? ¿Se ordenará, en caso de haber sido pagado, la devolución del “reembolso” que el consorcio contratista debía reintegrar a la ESP?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Clases de derecho a la información: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar 2022-04-18 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 11001032600020140013700 LEY 1437 REPETICION
[D]ecreto de las medidas cautelares solicitadas. Sí
En la medida que [la] información es susceptible de ser obtenida… mediante el ejercicio del derecho de petición, sin que le sea dable, como se dijo en párrafos anteriores, acudir a los poderes del Juez para tal efecto, como quiera que el artículo 173 [CGP], condiciona al juez para ordenar la práctica de las pruebas que la parte haya podido solicitar directamente… , a que ésta haya probado sumariamente que actuó en procura de aportar dichas pruebas, es decir, que las solicitó a la entidad, pero que estas le fueron negadas, lo cual no ocurrió en este caso.
Consejo de Estado Providencia

La Sala revocará la sentencia de primera instancia y, negará la pretensión única formulada en la demanda

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020190075801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La pretensión de liquidación judicial se fundamentó en una causa que evidencia un conflicto entre las partes? No
Cuando la pretensión de liquidación judicial de un convenio interadministrativo no se funda en un conflicto concreto entre las partes sobre el alcance o el cumplimiento de sus obligaciones, el juez no puede liquidar el negocio y la pretensión no está llamada a prosperar. La regla se sostiene en tres razones: si el conflicto que motiva el proceso no existe, cualquier pronunciamiento del juez para liquidar el negocio suplantaría a las partes en la ejecución de deberes que solo a ellas les corresponde cumplir; la pretensión de liquidación debe estar soportada en una causa clara y específica, cualquiera que sea el régimen jurídico aplicable al negocio; y la mera omisión de liquidar, sin un conflicto sobre el balance de cuentas, no basta para acudir al juez. En el caso, la demandante sostuvo que, como las partes no liquidaron el convenio de forma bilateral ni unilateral, correspondía al juez completar esa etapa, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la pretensión. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial exige demostrar un conflicto específico sobre las cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿La demandante se limitó a señalar que la liquidación debía realizarse para culminar el proceso de liquidación del convenio interadministrativo? ¿Obran los elementos probatorios suficientes que permitan establecer con certeza el resultado final del convenio? ¿El objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de naturaleza eminentemente contradictoria, encaminada a juzgar las controversias y litigios originados en el marco de los negocios…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El 21 de febrero de 2024 se dispuso correr traslado a las partes del dictamen pericial rendido por el señor

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición 2024-06-26 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100020090103001 ACCION CONTRACTUAL
¿El dictamen pericial que incluyó el dispositivo de almacenamiento óptico fue trasladado a las partes y estuvo a su disposición en la Secretaría de la Sección Tercera para su revisión de manera física, por tratarse de un documento sometido a reserva y con cadena de custodia? Sí
El juez debe garantizar que el dictamen pericial, incluyendo el dispositivo de almacenamiento óptico sometido a reserva bancaria y cadena de custodia, sea trasladado a las partes de manera física y segura en la Secretaría de la Sección Tercera, asegurando que solo las partes autorizadas puedan acceder a él para preservar su cadena de custodia y autenticidad. Este procedimiento se justifica por la necesidad de proteger la información reservada y el derecho fundamental a la protección efectiva de los derechos, sin que la digitalización sea obligatoria cuando pueda comprometer la integridad de la prueba. La Sala reitera que el juez debe cumplir con el procedimiento adecuado para proteger la prueba, lo que implica que el acceso a documentos sensibles debe realizarse de manera presencial y controlada, evitando su modificación o alteración.síntesis automática
También resuelve: ¿Es deber del juez cumplir con el procedimiento para la protección de la prueba, y salvaguardar la autenticidad de la misma?
NO REPONE
Consejo de Estado Providencia

Se ordena oficiar a la Procuraduría General de la Nación

Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas 2024-09-13 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020190062901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se ordena oficiar a la Procuraduría General de la Nación, para que remita copia de los expedientes de los procesos disciplinarios que haya o esté adelantando con ocasión de la licitación pública? Sí
La Sala, previo a resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, en ejercicio de sus facultades oficiosas en materia probatoria -artículo 213 de la Ley 1437 de 2011-, ordenará oficiar a la Procuraduría General de la Nación, para que, de existir, remita copia de los expedientes de todos los procesos disciplinarios que haya o esté adelantando en contra de cualquier sujeto, con ocasión de la licitación pública… , que se surtió para la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Chía.
También resuelve: ¿Se discute si el contrato de concesión que surgió de la licitación adjudicada fue celebrado con desviación o abuso de poder?
DECRETA
Consejo de Estado Providencia

El daño es imputable a la Rama Judicial porque la Corte Suprema de Justicia pertenece a esta entidad

Sentencia — Sentencia 2023-05-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020140144601 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La privación de la libertad que padeció la demandante le generó un daño que no debía soportar porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad? Sí
El contratista no debe soportar un daño que supere las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad, configurándose la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando la entidad estatal priva injustamente de la libertad a un ciudadano y este es absuelto por atipicidad objetiva de la conducta. En este caso, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante por supuestamente utilizar su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS, pero posteriormente absolvió a la demandante por desvirtuar los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias, al establecer que las facturas no son documentos reservados y que la exhibición de estos documentos se realizó dentro de su rol institucional. La Sala concluyó que la privación de la libertad que padeció la demandante generó un daño que no debía soportar, superando las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar, y que la responsabilidad patrimonial de la rama judicial se configura en estos casos.síntesis automática
También resuelve: ¿Los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias fueron desvirtuados por la Corte en la sentencia absolutoria? ¿La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante porque utilizó su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS? ¿La absolución del sindicado por atipicidad de la conducta era suficiente para considerar como antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Y, constituye la vía para que los sujetos procesales puedan establecer.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 73001233300020180058001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿SAMAI es el canal tecnológico obligatorio para el trámite y gestión de los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Sí
El contratista no puede emplear medios electrónicos distintos a SAMAI para la recepción de memoriales y actuaciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que desde el 1° de agosto de 2023, SAMAI es el canal tecnológico obligatorio para el trámite y gestión de los procesos, según el artículo 131 del Acuerdo PSCJA23-12068 del 16 de mayo de 2023. La entidad estatal no debe considerar válidos los documentos enviados a correos electrónicos distintos a los establecidos en SAMAI, incluso si estos estaban activos antes de la implementación de la plataforma, ya que la obligación de utilizar SAMAI es clara y los sujetos procesales deben conocer y cumplir con dicha obligación. Esta decisión reitera la importancia de utilizar los canales tecnológicos oficiales para garantizar la efectividad y la legalidad de los trámites judiciales.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede tenerse como válido un correo electrónico empleado antes de la entrada en funcionamiento del SAMAI para la recepción de memoriales y actuaciones ante la jurisdicción de lo contencioso…
DECLARA BIEN DENEGADO
Consejo de Estado Providencia

Prueba de ello son las certificaciones expedidas por Transcaribe

Sentencia — Sentencia 2023-11-30 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020110108001 ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó que la oferta del consorcio demandante habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el Consorcio demandado no habría resultado adjudicatario en esa situación? No
Quien impugna un acto de adjudicación en un proceso de selección debe probar que su oferta habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el adjudicatario no habría resultado seleccionado en esa situación, pues sin esa prueba no hay lugar a declarar la irregularidad de la adjudicación. Esta carga procesal se explica por dos razones. Una razón es que la adjudicación solo puede anularse si se demuestra que la selección desconoció la oferta más favorable, y la mera prueba del rechazo de la propuesta no basta para establecer ese orden. Otra razón es que el consorcio demandante concentró sus pruebas en demostrar el rechazo sin justificación y el cuantum de los perjuicios, sin aportar elementos sobre la calificación técnica de las propuestas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda, y la conciliación aprobada y el dictamen sobre perjuicios no suplieron esa falta de prueba. Su consecuencia práctica es que el proponente que reclama la adjudicación debe demostrar, con la evaluación técnica, que su oferta era la mejor calificada.síntesis automática
También resuelve: ¿El consorcio demandante cumplió con la carga de probar que su oferta era la mejor para la entidad? ¿El demandante probó que su oferta era la mejor de conformidad con la fórmula establecida en el pliego? ¿Una vez celebrado el contrato sin que se hubieran enjuiciado los actos previos, estos sólo eran demandables en ejercicio de la acción de controversias contractuales?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Una comprensión integral del concepto de utilidad de la prueba implica que en el proceso deben decretarse sólo los elementos de juicio que sean necesarios para emitir un pronunciamiento de fondo.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000233600020130160902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pruebas recaudadas en ejercicio de la facultad oficiosa son las que el juez decreta y practica porque en su criterio resultan conducentes, pertinentes y útiles? Sí
Las pruebas que el juez recauda en ejercicio de sus facultades oficiosas son aquellas que decreta y practica porque, a su criterio, resultan conducentes, pertinentes y útiles para constatar los hechos del caso, de acuerdo con el artículo 213 del C.P.A.C.A. La regla se sostiene en tres razones: la utilidad de la prueba exige decretar solo los elementos de juicio necesarios para decidir de fondo; deben desestimarse los elementos simplemente corroborantes o que no ofrezcan información relevante sobre el objeto del litigio; y las noticias que no informan directamente sobre los hechos del proceso carecen de utilidad. En el caso, los enlaces a noticias y publicaciones que aportó el demandante no permitían establecer el cumplimiento de la obligación de entregar el informe final pactado, por lo que la solicitud probatoria presentada en segunda instancia fue negada y esa decisión se confirmó en súplica. El documento cita una providencia previa sobre la prueba de oficio, pero no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la prueba que se pide debe aportar información directa sobre el objeto del litigio.síntesis automática
También resuelve: ¿Se confirma la decisión mediante el cual se negó la solicitud de pruebas en segunda instancia? ¿Se puede afirmar razonablemente que los medios de prueba documentales mencionados por el demandante son pertinentes? ¿Las pruebas en segunda instancia deben solicitarse en la oportunidad legal correspondiente y su admisibilidad está sometida a un doble escrutinio?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El testimonió fue decretado en el trascurso de la primera instancia

Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas 2024-04-01 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 15001233300020170007602 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El testimonió fue decretado en el trascurso de la primera instancia y no se practicó por ser inconducente ? Sí
La solicitud de pruebas en segunda instancia solo puede decretarse en los supuestos taxativos del artículo 212 del CPACA, y que la prueba testimonial decretada en primera instancia no se practica cuando resulta inconducente. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la solicitud debe formularse dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación. Segunda, el decreto procede solo cuando las partes lo piden de común acuerdo, cuando la prueba decretada en primera instancia se dejó de practicar sin culpa de quien la pidió, cuando los hechos son posteriores a la oportunidad probatoria, o cuando no pudo solicitarse por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria. Tercera, la prueba orientada a desvirtuar esos eventos también debe encuadrar en tales supuestos. En el caso, la declarante fue representante legal de la parte demandante y la decisión de inconducencia quedó ejecutoriada, por lo que no se cumple ninguno de ellos. La providencia no cambia criterio. La consecuencia práctica es que una prueba no practicada en primera instancia por inconducencia no puede reabrirse en apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿Se negará la solicitud probatoria realizada por la parte demandante por no adecuarse a ninguno de los supuestos previstos en la norma? ¿La solicitud probatoria fue presentada oportunamente antes de la ejecutoria del auto que admitió el recurso de apelación?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Debe concluirse que no es procedente el reajuste del equilibrio de la ecuación prestacional pretendido por la sociedad accionante

Sentencia — Sentencia 2024-10-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 88001233300020180001101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditaron las inversiones realizadas, pero no se cumplió la carga de probar el presupuesto consistente en la incidencia que tales erogaciones causaron a la economía del contrato? Sí
El contratista no logra restablecer el equilibrio financiero del contrato de concesión portuaria debido a su incapacidad para probar el impacto económico de las inversiones realizadas, a pesar de acreditar las causas e inversiones. La entidad estatal y el tribunal mantienen que la prueba documental presentada no cumple con los estándares de idoneidad técnica y valor probatorio necesarios para demostrar la perturbación financiera del contrato. La Sala confirma que la parte demandante debe aportar pruebas técnicas especializadas y científicas, proporcionadas por expertos en finanzas y contabilidad, para justificar la afectación de la ecuación económica del contrato. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en casos de teoría de la imprevisión, limitando la posibilidad de ajustar los términos del contrato sin evidencia adecuada.síntesis automática
También resuelve: ¿En las condiciones en las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto? ¿Demostrar que un gasto extraordinario afecta objetivamente la ecuación económica en un contrato de concesión, implica análisis razonables que permitan evaluar si el impacto alegado justifica ajustar… ¿Para que se configure el desequilibrio económico del contrato es necesario demostrar, además de la alteración extraordinaria, la pérdida real, grave y anormal de la economía del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se advierte que una de las partes del presente asunto sea un particular en ejercicio de funciones administrativas

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2024-07-08 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 11001032600020240004900 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se advierte que una de las partes del presente asunto sea un particular en ejercicio de funciones administrativas? No
El contratista no es considerado un particular en ejercicio de funciones administrativas cuando el objeto del contrato es la prestación de servicios profesionales a cambio de una contraprestación económica, y no se relaciona con funciones propias del Estado. La Sala determina que, al no acreditarse la calidad de entidad pública o de particular en ejercicio de funciones públicas, el Consejo de Estado no cuenta con jurisdicción para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral, remitiendo el asunto a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar donde funcionó el tribunal de arbitraje, conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y los numerales 7º del artículo 104 y 149 del CPACA.síntesis automática
También resuelve: ¿Esta Corporación cuenta con jurisdicción para decidir el asunto objeto de estudio al tratarse de un conflicto entre particulares? ¿Corresponde al Consejo de Estado conocer de los recursos contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Colombia Compra Eficiente Concepto

La interpretación sistemática de los preceptos del Decreto 1082 de 2015 inicialmente, indica que las Entidades Estatales tienen la obligación de publicar todos los documentos que expidan con ocasión del Proceso de Contratación.

C-917 de 2026 2026-07-08
¿Las Empresas Sociales del Estado sometidas a régimen especial de contratación están obligadas a publicar en el SECOP la totalidad de los documentos e información relacionados con la ejecución contractual que ya han sido reportados en el SIA Observa?
Las entidades de régimen especial de contratación, como las Empresas Sociales del Estado, deben publicar en SECOP II la actividad contractual que se financie con recursos públicos, en virtud del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. La obligación de publicidad se predica únicamente de esa actividad, de modo que la publicación de la actividad financiada con otros recursos es facultativa. Según el concepto, durante cualquier proceso contractual, con independencia de la modalidad de selección, algunos documentos pueden contener información sujeta a reserva legal, la cual no debe publicarse en SECOP. Para tratar esa información, la entidad debe aplicar la Ley 1712 de 2014 y, en particular, las excepciones de acceso a la información previstas en su título III. Por tanto, la entidad contratante y los responsables de la contratación deben verificar las normas que disponen la reserva de la información antes de cumplir la publicación de cada documento del proceso.síntesis automática
También resuelve: Entidades con régimen especial de contratación: deber de publicidad, secop ii, actividad contractual, ejecución de recursos públicos Reserva legal de información pública: fundamento normativo, aplicación en procesos contractuales