Titulación de la relatoría 41.749 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CUANTÍA DE LA DEMANDA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CUANTÍA DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el proceso de controversias contractuales en el que se elevaron pretensiones en torno a un contrato de concesión de juegos de suerte y azar celebrado por una entidad pública, Empresa Departamental para la Salud EDSA?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, toda vez que dentro de las pretensiones de la demanda se elevaron pretensiones en torno a un contrato de concesión de juegos de suerte y azar celebrado por una entidad pública, Empresa Departamental para la Salud EDSA. (...) Así mismo le corresponde a la Sala resolver el presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, norma vigente al momento de presentación de la demanda, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 4 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Caldas y de conformidad con la estimación de las pretensiones realizada en la demanda, según las previsiones de los artículos 152 y 157 del mismo código.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 157, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / CONTRATO DE CONCESIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / PARTES DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
Problema jurídico:
¿La Empresa Departamental para la Salud EDSA y la sociedad SUSUERTE S.A. se encuentran legitimados por pasiva y por activa, respectivamente, en los dos procesos acumulados, por ser parte contratante y contratista del contrato de concesión para la operación del juego de apuestas permanentes o chance?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Empresa Departamental para la Salud EDSA y la sociedad SUSUERTE S.A. se encuentran legitimados por pasiva y por activa, respectivamente, en los dos procesos acumulados, por ser parte contratante y contratista del contrato de concesión para la operación del juego de apuestas permanentes o chance, celebrado entre las partes el 20 de diciembre de 2006, en torno al cual gira la presente controversia.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / INTERÉS GENERAL / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La caducidad representa una figura jurídica de orden público que impone un límite máximo y perentorio dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, que busca brindar protección de un interés general representado en la seguridad jurídica, la confianza legítima y el debido proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
La caducidad es la consecuencia jurídica prevista en la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda, pudiendo ser declarada, incluso, de oficio. Corresponde a una figura jurídica de orden público a través de la cual el legislador impone limitaciones temporales razonables al derecho subjetivo de acceso a la administración de justicia, en aras de evitar la indefinición de las situaciones jurídicas materia de controversia entre las partes y, de esta manera, brindar protección de un interés general representado en la seguridad jurídica, la confianza legítima y el debido proceso, en tanto una vez surtido el término de caducidad de la acción legalmente establecido, ésta ya no se podrá incoar por el interesado y se habrá perdido la facultad de acceder a la jurisdicción.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la noción y características del fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, consultar providencias de 9 de mayo de 2012, Exp. 21906, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 19 de julio de 2017, Exp. 57932, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 17 de agosto de 2017, Exp. 51667, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 21 de octubre de 2022, Exp. 58063, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / CONTRATO ESTATAL / CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL / EXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la existencia del contrato de concesión de juegos de suerte y azar celebrado por la Empresa Departamental para la Salud EDSA, su incumplimiento por parte de la entidad demandada, el rompimiento del equilibrio económico del mismo con la respectiva condena al pago de las indemnizaciones, así como la liquidación del negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: Si
En este proceso [17-001-23-33-000-2012-00192-00], las pretensiones apuntan a que se declare la existencia del negocio jurídico y su incumplimiento por parte de la entidad demandada, así como el rompimiento del equilibrio económico del contrato, con la respectiva condena al pago de las indemnizaciones consecuenciales; así mismo, se pidió que se ordenara la liquidación del negocio jurídico, incluyendo los valores a cargo de la entidad y a favor de la demandan. (...) Ahora bien, se observa que el contrato de concesión en torno al cual giró la controversia fue celebrado por la Empresa Departamental para la Salud EDSA, entidad descentralizada del departamento de Caldas, sujeta en esta materia a las disposiciones de la Ley 80 de 1993. Al ser de tracto sucesivo o ejecución continuada, en el que el cumplimiento de las prestaciones se extendía en el tiempo, debía ser liquidado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la referida ley. (...) En tales condiciones, resulta evidente que la norma de caducidad que resulta aplicable es la contenida en el romanito v) del literal j) del numeral 2, artículo 164 del CPACA (...). Según consta en el plenario, a pesar de la solicitud que en tal sentido elevó la contratista SUSUERTE S.A., el contrato no fue liquidado ni de común acuerdo ni unilateralmente, por cuanto la entidad consideró que no era posible por estar en curso un proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría General de la República con base en ese negocio jurídico y el otrosí No. 1 del 19 de enero de 2009 (...), situación que explica el que se haya incluido dentro de las pretensiones de la demanda la orden de liquidar el contrato. (...) [E]l acuerdo de voluntades fue celebrado el 20 de diciembre de 2006 y su plazo se pactó en 5 años contados a partir del 1 de enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2011 -cláusula cuarta- (...). Para la época de celebración del contrato, estaba vigente en su integridad el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, dentro del término fijado en el pliego de condiciones o en su defecto, dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga. A su turno, el artículo 61 de la misma ley, estableció que si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre su contenido, será practicada directa y unilateralmente por la entidad mediante acto administrativo. Y, respecto de esta última modalidad de liquidación, se observa que de acuerdo con el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., la entidad contaba con dos meses para dicha liquidación unilateral. (...) En el contrato de concesión se acogió el término previsto en la ley para la liquidación de común acuerdo, pues en su cláusula décima séptima se dispuso que el contrato sería liquidado dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de su finalización o de la expedición del acto administrativo que ordenara la terminación unilateral (...), circunstancia esta última que no consta que haya sucedido en el presente caso. (...) En vista de lo anterior, al terminarse el contrato por el vencimiento del plazo pactado el día 31 de diciembre de 2011, a partir del día siguiente empezaron a correr los 4 meses para la liquidación de común acuerdo, los cuales se cumplieron el 1º de mayo de 2012. Como no se llevó a cabo en forma bilateral, la entidad contaba con dos meses más, contados a partir del día siguiente, 2 de mayo de 2012, para realizarla mediante acto administrativo, esto es, hasta el 2 de julio de ese año. A partir del día siguiente, 3 de julio de 2012, se inició el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales que, por lo tanto, vencía el 3 de julio de 2014. (...) Como la demanda dentro del proceso 2012-00192-00, fue presentada el 14 de noviembre de 2012, resulta evidente que lo fue en tiempo, aún sin tener en cuenta el procedimiento de conciliación extrajudicial que se hubiere llevado a cabo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J PÁRRAFO 5, LEY 643 DE 2001 - ARTÍCULO 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NULIDAD PARCIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / NULIDAD DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE CONCESIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / VIGENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad absoluta parcial de una cláusula del contrato de concesión de juegos de suerte y azar, para que, consecuencialmente, se declarara que la demandada desbordó sus facultades contractuales con la indebida interpretación de la rentabilidad mínima, obligando a pagar al contratista lo que no debía, condenándola a su devolución?
Respuesta al problema jurídico: No
Respecto de este proceso [2013-00186-00], el a-quo declaró probada la excepción de caducidad del medio de control propuesta por la parte demandada, al tener en cuenta que mediante la demanda se pretendió la nulidad absoluta parcial de una cláusula del contrato de concesión celebrado por las partes y que, consecuencialmente, se declarara que la demandada desbordó sus facultades contractuales con la indebida interpretación de la rentabilidad mínima, obligando a pagar al contratista lo que no debía, condenándola a su devolución. Y que al ser claro que la pretensión principal del libelo introductorio fue la nulidad absoluta de la cláusula contractual, resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal j, en cuanto dispone que, cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. Y dado que el contrato se perfeccionó el 20 de diciembre de 2006, era evidente que, para la fecha de presentación de la demanda, 16 de mayo de 2013, ya había operado la caducidad. (...) La parte actora en su recurso de apelación sostuvo que la demanda había sido oportuna y que el a-quo se equivocó, porque no tuvo en cuenta que la controversia giraba en torno a los derechos de explotación, cuyo pago era mensual, en un contrato de tracto sucesivo celebrado a 5 años, por lo que no se podía predicar la existencia de una situación jurídica consolidada al momento de presentación de la demanda, pues el contrato conservaba su vigencia hasta la liquidación; y que, por esta razón, el término de caducidad sólo podía empezar a correr a partir de la misma. (...) Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón al apelante, toda vez que la redacción de las pretensiones es clara, en cuanto a la solicitud de que se declare la nulidad de los apartes allí señalados del parágrafo de la cláusula segunda del contrato de concesión celebrado entre EDSA y SUSUERTE S.A., el 20 de diciembre de 2006, y que la nulidad imprecada era un presupuesto obligado de las demás pretensiones esgrimidas en la demanda, por lo que no se puede afirmar, como lo hace el recurrente, que la controversia versaba exclusivamente sobre los derechos de explotación derivados del contrato. (...) De acuerdo con lo anterior, las pretensiones de la demanda en este proceso están fincadas en la impugnación de la legalidad de los apartes del parágrafo cuya nulidad se pidió. (...) En este punto, resulta necesario recordar que la nulidad absoluta es la sanción legal que se deriva de la existencia de un vicio en el nacimiento de un acto jurídico determinado y que la ley ha considerado de tal gravedad, que amerita su exclusión del ámbito jurídico, como lo es el objeto o causa ilícitos, los actos contrarios al derecho público de la Nación, o de enajenación de los derechos personalísimos, etc., por lo que la ilegalidad que lo afecta, se predica del momento mismo en que tal acto surge, razón por la cual, cuando aquella se declara judicialmente, por regla general tiene efectos ex tunc, es decir que no solamente pone fin a la eficacia futura del acto o contrato sino que también obra retroactivamente, haciendo desaparecer los efectos producidos y volviendo las cosas al estado que tenían antes de su surgimiento. (...) Esa circunstancia es la que permite entender por qué el término de caducidad debe contabilizarse desde el momento del perfeccionamiento del contrato, pues es allí en donde se produce el defecto grave que lo vicia de nulidad. (...) Por otra parte, se observa que la norma aplicable en el presente caso, contrario a lo afirmado por el a-quo y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, era el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., puesto que esta era la norma vigente para la fecha de celebración del contrato -20 de diciembre de 2006- y, por lo tanto, era la que regía para el momento en que empezó a correr el término de caducidad para la impugnación total o parcial del negocio jurídico. (...) Ahora bien, el apelante insistió en que el contrato no se había terminado, ya que su vigencia continuaba hasta la etapa de liquidación, afirmación que tampoco corresponde a la realidad, por cuanto el corte de cuentas definitivo, que es lo que se efectúa cuando se liquida un contrato, sólo resulta procedente una vez éste se termina por cualquier causa. Así lo establece el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 al disponer que, en caso de que las partes no hayan acordado un determinado término para liquidar el contrato, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. (...) En las anteriores condiciones, el contrato sí culminó el 31 de diciembre de 2011, cuando finalizó el término de ejecución pactado por las partes y a partir del día siguiente, empezó a correr el plazo para su liquidación bilateral y unilateral de conformidad con lo establecido en la ley, es decir que, contrario a lo afirmado por el apelante, el contrato no se encontraba vigente cuando se presentó la demanda. En consecuencia, no hay lugar a modificar o revocar lo decidido por el a-quo en este punto y se mantendrá la declaratoria de caducidad del medio de control.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza de la liquidación de los contratos estatales, consultar providencias de 10 de abril de 1997, Exp. 10608, C.P. Daniel Suarez Hernández; de 9 de marzo de 1998, Exp. 11101, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Acerca de la diferencia entre la etapa de ejecución y la etapa de liquidación de los contratos, consultar providencia de 20 de noviembre de 2008, Exp. 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL E, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / TITULARIDAD DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / NATURALEZA DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / OPERADOR DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / NORMATIVA DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / CONTRATO DE CONCESIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / NORMATIVA DEL CONTRATO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Cuando la operación del juego de suerte o azar se haga por intermedio de terceros, éstos deberán ser personas jurídicas con quienes se celebre el respectivo contrato de concesión, el que, por lo tanto, estará sujeto a las normas del estatuto general de contratación de la administración pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 643 de 2001, cuando la operación del juego de suerte o azar se haga por intermedio de terceros, éstos deberán ser personas jurídicas con quienes se celebre el respectivo contrato de concesión, el que, por lo tanto, estará sujeto a las normas del estatuto general de contratación de la administración pública (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el contrato de concesión de juegos de suerte y azar celebrado por una entidad pública, consultar providencia de 15 de octubre de 2008, Exp. 34302, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 333, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 336, DECRETO 1350 DE 2003 - ARTÍCULO 14, DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 420 LITERAL D, LEY 643 DE 2001 - ARTÍCULO 9, LEY 643 DE 2001 - ARTÍCULO 21, LEY 643 DE 2001 - ARTÍCULO 22, LEY 643 DE 2001 - ARTÍCULO 23, LEY 643 DE 2001 - ARTÍCULO 24, LEY 643 DE 2001 - ARTÍCULO 25, LEY 643 DE 2001 - ARTÍCULO 3, LEY 643 DE 2001 - ARTÍCULO 32, LEY 643 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 643 DE 2001 - ARTÍCULO 7, LEY 643 DE 2001 - ARTÍCULO 8, OFICIO TRIBUTARIO DIAN 14667 DE 2010
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO BILATERAL / ACTO JURÍDICO BILATERAL / CONTRATO DE CONCESIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / NORMATIVA DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / INGRESO PROVENIENTE DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR JUEGOS SUERTE Y AZAR / EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NORMATIVA DE LA NULIDAD ABSOLUTA / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / ILEGALIDAD DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Debe declararse la nulidad del Acta de Interpretación Bilateral suscrita por las partes del contrato de concesión el 9 de septiembre de 2010, mediante las cuales acordaron la exclusión del porcentaje del impuesto al valor agregado IVA del 16% de las ventas estimadas mensuales, toda vez que se trató de una modificación ilegal del contrato, que resulta violatoria de la ley especial en que debía fundarse, regulatoria de los juegos de suerte y azar?
Respuesta al problema jurídico: Si
El primer problema jurídico planteado en el sub-lite, apunta a verificar si se produjo o no el incumplimiento contractual de la entidad demandada EDSA, consistente en haber omitido la aplicación del Acta de Interpretación Bilateral suscrita por las partes del contrato de concesión el 9 de septiembre de 2010, tal y como lo definió el a-quo. Al respecto, la Sala advierte que, para efectos de resolver los reparos formulados contra la decisión que acogió las pretensiones indemnizatorias, el juez cuenta con competencia para ejercer sus facultades oficiosas, incluida la declaratoria de nulidad absoluta en caso de que se reúnan los presupuestos legales, las cuales conserva aún en el evento en que hubiere operado la caducidad de la acción para pedir la nulidad absoluta de la referida Acta a la luz de lo dispuesto en el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., teniendo en cuenta que la demanda, en la que se adujeron pretensiones de incumplimiento contractual, fue presentada el 14 de noviembre de 2012. (…) En tales condiciones y dado que resulta indispensable para efectos de la decisión, la Sala estima procedente analizar la validez de la referida acta. Según los términos contenidos en dicho acto, no cabe duda de que lo que las partes acordaron allí fue la exclusión del porcentaje del impuesto al valor agregado IVA del 16%, de las ventas estimadas mensuales, para aplicar la tarifa legal de derechos de explotación -correspondiente, según el artículo 23 de la Ley 643 de 2001, al 12% de los ingresos brutos- al monto resultante. Es decir que, en realidad, más que una interpretación de una cláusula contractual ambigua, confusa u oscura, constituyó una modificación bilateral del contrato, en cuanto a la forma de calcular los derechos de explotación a cargo del concesionario. (…) Para la Sala, el anterior acuerdo de voluntades se encuentra viciado de nulidad absoluta, toda vez que se trató de una modificación ilegal del contrato, que resulta violatoria de la ley especial en que debía fundarse, regulatoria de los juegos de suerte y azar. (…) Lo anterior, por cuanto mediante ese acuerdo de voluntades las partes desconocieron que, para modificar los pagos mínimos que debía efectuar el concesionario con base en las estimaciones de ingresos proyectados a partir del estudio de mercado, debían cumplir con lo previsto en el Decreto 3535 de 2005, Decreto 4643 de 2005 y en las Circulares 17 de 2005 y 047 de 2007 emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, y no podían justificarse en la materialización de un riesgo —asumido además por el concesionario— para reducir las estimaciones y, por esa vía, los ingresos destinados al sistema de salud. (…) Según se consignó en el acuerdo de voluntades en cuestión, la variación que se hizo al contrato fue modificar el valor mínimo de los derechos de explotación que debían pagarse mensualmente con base en las ventas brutas proyectadas en el estudio de mercado que sirvió de fundamento al Otrosí No. 1. La modificación consistía en dividir dichas cifras proyectadas entre 1,16 para excluir el componente del IVA y aplicar al resultado la tarifa del 12%, con el pretexto de que, de esta manera, se restableciera el equilibrio económico del contrato, afectado, según se dijo, por la modificación legal que se produjo respecto del porcentaje del IVA al juego de apuestas permanentes, que era del 5% para la época de celebración del negocio jurídico y pasó a ser del 16%. (…) De acuerdo con lo anterior, mediante el Acta de Interpretación Bilateral suscrita por las partes, en la que se acordó excluir el 16% del IVA de los ingresos esperados para determinar los derechos de explotación generados por la ejecución del contrato de concesión, en realidad se varió su valor anual y mensual, que se había fijado en el Otrosí No. 1 del 19 de enero de 2009, mediante el cual las partes ya habían modificado la Cláusula Segunda del contrato de concesión, contentiva del valor estimado del mismo. (…) Es decir que, con esa acta, se disminuyeron, de hecho, los ingresos que por derechos de explotación debía cancelar el concesionario, pues por el mecanismo de restar el 16% del IVA, se disminuyó, ilegalmente, el monto de los ingresos esperados (…). Las normas estudiadas establecen que se deben fijar los ingresos mínimos esperados en la ejecución del contrato de concesión, los que si bien pueden ser modificados por acuerdo entre las partes, conforme a lo previsto en la Sección 12 de la Circular Externa 17 de 2005 de la Superintendencia Nacional de Salud, no lo pueden ser por su sola voluntad ni con fundamento en razones jurídicamente improcedentes. Así se desprende de lo dispuesto en la Ley 643 de 2001, su Decreto Reglamentario 3535 de 2005, el Decreto 4643 de 2005 y las referidas Circulares 17 y 047. El artículo 2 del Decreto 3535 de 2005 exige que tanto la elaboración de los estudios de mercado como las modificaciones que pretendan introducirse a los valores allí establecidos, deben sujetarse a los lineamientos fijados por la Superintendencia Nacional de Salud. (…) En el sub-lite SUSUERTE y EDSA, suscribieron el Acta de Interpretación Bilateral, con desconocimiento de las referidas exigencias, pues como resultado de lo allí pactado, se disminuyeron los ingresos mensuales mínimos que debían tenerse en cuenta desde febrero de 2010 hasta diciembre de 2011, y que habían sido fijados en el otrosí No. 1, que además ya los había disminuido con relación a los existentes en la licitación pública, y como resultado de un nuevo estudio de mercado. (…) Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la nulidad absoluta puede pregonarse tanto del contrato en sí, como de alguna o algunas de sus cláusulas y así mismo, de los acuerdos de voluntades accesorios que, con fundamento en aquel, suscriban las partes, como lo son las adiciones, prórrogas, suspensiones, la liquidación bilateral, etc., categoría dentro de la cual se puede ubicar el “Acta de Interpretación Bilateral” suscrita por las partes en ejecución del contrato de concesión que celebraron en 2006 para la explotación del juego de apuestas permanentes o chance. (…) En el presente caso, como ya se vio, la Ley 643 de 2001 establece la obligación de las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o chance de efectuar, previo a la licitación pública para adjudicar el contrato, un estudio de mercado dirigido a establecer los ingresos brutos esperados a partir de la ejecución del futuro negocio jurídico, deber que también tienen que cumplir si pretenden modificar el contrato, para aumentar o disminuir el monto mensual y anual de los derechos de explotación previamente establecidos, obligación que, en el presente caso, fue omitida por las partes al suscribir el “Acta de Interpretación Bilateral”, mediante la cual decidieron modificar el valor del contrato. (…) Se reitera que el negocio jurídico objeto de la presente controversia es un contrato de concesión de un monopolio estatal creado como arbitrio rentístico destinado a la salud, por lo que su regulación está contenida en normas imperativas de orden público, cuya vulneración vicia de nulidad absoluta el respectivo acuerdo de voluntades que incurra en dicha vulneración. (…) Como consecuencia de lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y declarará de oficio la nulidad absoluta del Acta de Interpretación Bilateral, como consecuencia de lo cual procederá a denegar las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Acera de la facultad oficiosa del juez de declarar la nulidad absoluta del contrato, consultar providencia de 6 de febrero de 2019, Exp. 61720, C.P. Marta Nubia Velásquez; de 10 de septiembre de 2021, Exp. 52.894, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 28 de junio de 2024, Exp. 61252, C.P. María Adriana Marín; de 4 de abril de 2025, Exp. 70045, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre el contrato para la explotación de los juegos de suerte y azar, consultar providencia de 6 de junio de 2007, Exp. 11001-03-26-000-2006-00021-00(32846), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL E, DECRETO 1350 DE 2003 - ARTÍCULO 14, DECRETO 427 DE 2004 - ARTÍCULO 1, DECRETO 4643 DE 2005 - ARTÍCULO 3, DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 420 LITERAL D, DECRETO LEGISLATIVO 127 DE 2010 - ARTÍCULO 3, DECRETO REGLAMENTARIO 3535 DE 2005 - ARTÍCULO 2, LEY 1393 DE 2010 - ARTÍCULO 3, LEY 1393 DE 2010 - ARTÍCULO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 643 DE 2001 - ARTÍCULO 23, LEY 643 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 16, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1741, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, CIRCULAR EXTERNA 047 DE 2007 - ARTÍCULO 2.2.11, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, CIRCULAR EXTERNA 17 DE 2005 - ARTÍCULO 14, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, CIRCULAR EXTERNA 17 DE 2005 - ARTÍCULO 4, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, CIRCULAR EXTERNA 17 DE 2005 NUMERAL 1, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, CIRCULAR EXTERNA 17 DE 2005 NUMERAL 2
APELACIÓN DE LA SENTENCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / PUNTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente el análisis de lo pedido por la apelante como consecuencia de la configuración de la nulidad del Acta de Interpretación Bilateral, esto es, la declaratoria del restablecimiento del equilibrio económico a su favor y la liquidación del contrato de concesión de juegos de suerte y azar, cuando se observa que no se presentaron pretensiones en la demanda en tal sentido, por lo que corresponden a argumentos nuevos que implican la modificación de la causa petendi de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]e observa que la entidad demandada, en su recurso de apelación pidió que se declarara la ilegalidad del Acta de Interpretación Bilateral y como consecuencia, que se declare la existencia del rompimiento del equilibrio económico del contrato en detrimento de EDSA y por ende, de los recursos de la salud; y como consecuencia, que se ordene la liquidación del contrato y se establezcan las sumas a cargo de la demandante SUSUERTE S.A. (...) Al respecto, advierte la Sala que lo pedido por la apelante como consecuencial a la declaratoria de nulidad de la referida acta es improcedente, toda vez que la Empresa Departamental para la Salud EDSA no presentó una demanda de reconvención en la que hubiera elevado pretensiones tendientes a la liquidación del contrato y al restablecimiento del equilibrio económico a su favor, siendo dicha solicitud extraña a lo que es el objeto de esta clase de impugnación de providencias judiciales. El recurso de apelación ha sido diseñado y establecido para permitir que las partes inconformes con lo resuelto por el a-quo, expongan las razones por las cuales consideran que fue errada la decisión, sin que ello permita modificar ni las pretensiones, ni la causa petendi de la demanda, y mucho menos, como en este caso, presentar pretensiones nuevas, que no fueron oportunamente elevadas dentro del proceso.
DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / ALCANCE DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / RESTITUCIONES MUTUAS / FALTA DE PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS / CONTRATO DE CONCESIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / INGRESO PROVENIENTE DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Dada la declaratoria de nulidad aabsoluta del Acta de Interpretación Bilateral suscrita por las partes del contrato de concesión el 9 de septiembre de 2010, resulta procedente ordenar restituciones mutuas a favor de las partes, cuando se observa que el concesionario asumió el pago de los derechos de explotación en los montos previstos en el otrosí No. 1, sin aplicar la fórmula de reducción convenida en la referida acta?
Respuesta al problema jurídico: No
[A] pesar de la declaratoria de nulidad absoluta que se proferirá en la presente providencia respecto del Acta de Interpretación Bilateral, la Sala estima que no hay lugar tampoco a ordenar restituciones mutuas toda vez que, en últimas, el concesionario pagó los derechos de explotación mínimos como si dicho documento no se hubiera suscrito. En efecto, a pesar de la modificación introducida en la denominada Acta de Interpretación Bilateral, no se alteró la situación patrimonial de las partes respecto del régimen original del contrato, pues el concesionario terminó asumiendo el pago de los derechos de explotación en los montos previstos en el otrosí No. 1, sin aplicar la fórmula de reducción convenida en la referida acta.
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente el análisis de la pretensión de liquidación del contrato por vía judicial, cuando se observa que fue negada en primera instancia y que la parte demandante interesada nada dijo en su recurso de apelación sobre tal decisión?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]e observa que en la demanda inicial se pidió (pretensiones quinta y sexta) que se ordenara la liquidación del contrato incluyendo en ella los pagos reconocidos en virtud de las otras pretensiones, pretensión que fue denegada por el a-quo, al considerar que “Por fuera del pago que SUSUERTE S.A. hizo a EDSA por derechos de explotación y gastos de administración, ninguna de las partes en la demanda o contestación aportan o discuten sumas o elementos distintos del desarrollo contractual que permitan a este juez colegiado efectuar la liquidación por vía judicial”, por lo que dio aplicación a jurisprudencia conforme a la cual la pretensión de liquidación debe denegarse cuando no existen elementos de juicio suficientes para determinar el cruce final de cuentas (...). Contra la anterior decisión, la parte demandante nada dijo en su recurso de apelación, razón por la cual no resulta procedente efectuar análisis alguno en relación con la denegatoria de esta pretensión en el fallo de primera instancia.
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / OBJECIÓN A LAS COSTAS PROCESALES / IMPUGNACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / COMPENSACIÓN / PROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN
Problema jurídico:
¿Resultaba procedente la condena en costas en primera instancia cuando se observa que en los diferentes procesos acumulados se accedió parcialmente a las pretensiones de ambas partes, por lo que obró una compensación de las mismas?
Respuesta al problema jurídico: No
La Empresa Departamental para la Salud EDSA en su recurso de apelación, (...) sostuvo que el a-quo omitió condenar por concepto de agencias en derecho a la sociedad SUSUERTE S.A., a pesar de haber sido la parte vencida en ese proceso acumulado, al haber prosperado la excepción de caducidad de la acción, por lo que pidió modificar la sentencia profiriendo la respectiva condena en contra de la parte actora. (...) Al respecto, se observa que efectivamente, en la sentencia de primera instancia el a-quo condenó en costas en ambos procesos a la parte demandada y fijó como agencias en derecho a su cargo la suma de $11’642.565 (...). Con lo anterior, es evidente que el a-quo no tuvo en cuenta que, en el proceso 2013-00186-00, prosperó la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada, por lo que respecto de esa decisión, ésta no debió ser condenada en costas ni, por tanto, al pago de agencias en derecho, puesto que en ese caso la condena en costas debió recaer en la parte demandante, vencida en ese proceso, con la consecuente condena al pago de agencias en derecho respecto de las pretensiones elevadas en la demanda que le dio origen, las cuales ascendieron a la suma de $8.368’379.451. (...) Sin embargo, se debe advertir que en el otro proceso, 2012-192, se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, razón por la cual se debió condenar en costas a la parte demandada y a favor de la demandante, por lo que se observa que obró una compensación de costas, y por lo tanto no había lugar a condenar por este concepto, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 365 del C.G.P. En consecuencia, se tendrá en cuenta esta circunstancia en la fijación de las costas en la presente providencia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la condena en costas en segunda instancia en contra de la parte vencida en el proceso, esto es, por la declaratoria de la excepción de caducidad del medio de control?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de Procedimiento Civil -hoy Código General del Proceso-. (...) En este orden de ideas, según lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del C.G.P., la Sala condenará en costas en esta instancia a la parte actora, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo previsto en la norma, dicha condena no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido. (...) En consecuencia y con fundamento en el numeral 3.1.3. del artículo 6 del Acuerdo No. 1887 expedido el 26 de junio de 2003 por el Consejo Superior de la Judicatura, se fija como agencias en derecho la suma equivalente al 0,5% del valor de las pretensiones solicitadas en el proceso acumulado 2013-00186-00 $8.368’379.451-, en el que se declaró probada la excepción de caducidad de la acción, esto es la suma de $41’841.897, a cargo de SUSUERTE S.A. y a favor de la Empresa Departamental para la Salud EDSA.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1