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Consejo de Estado
Providencia
El contrato de consultoría se caracteriza porque sus obligaciones tienen un carácter marcadamente intelectual
Sentencia — Sentencia
2024-11-18
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 41001233300020140000401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es el régimen aplicable a los contratos de consultoría relacionados con los Planes Departamentales de Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA? Sí
El contratista debe cumplir con todas las obligaciones pactadas en un contrato de consultoría relacionado con los Planes Departamentales de Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), y su incumplimiento puede dar lugar a la negativa del pago de porcentajes pendientes, como el 15% por viabilización de proyectos, si estos no cumplen con los requisitos establecidos. La Sala reitera que el contrato de consultoría se rige por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, y que la autonomía de la voluntad permite a las partes modificar el contrato, renunciando a reclamaciones económicas por ampliación de plazos, sin generar desequilibrio financiero que justifique indemnizaciones adicionales. Esto implica que las partes deben cumplir con las modificaciones acordadas y que el juez del contrato debe respetar estas decisiones transaccionales.síntesis automática
También resuelve:
¿Existió incumplimiento de la parte demandada en la ejecución del contrato de consultoría 429 de 2009?
¿se generó desequilibrio económico del contrato?, y de ser así, ¿habría lugar al reconocimiento indemnizatorio pretendido por la parte demandante?
¿Es procedente la condena en costas?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Consejo de Estado conocen de las controversias sobre validez de contratos de prestación de servicios por cuantía.
Sentencia — Sentencia
2025-08-11
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 25000233600020150197201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las controversias relativas a la validez de contratos de prestación de servicios celebrados por entidades públicas, conforme al artículo 104 del CPACA. En la presente providencia, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada por el tribunal administrativo, en atención a la vocación de doble instancia del proceso y dado que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda superaba los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal?
¿Dependiendo de la tipología contractual, se define la modalidad de selección?
¿El acuerdo de voluntades celebrado por las partes se enmarca en la tipología contractual de prestación de servicios?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes
Sentencia — Sentencia
2024-07-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 05001233100020080031401
ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa? Sí
El contratista no puede volver a plantear pretensiones que ya fueron objeto de pronunciamiento en un proceso anterior, configurándose la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa, cuando en la sentencia previa se resolvió sobre el incumplimiento del contrato y los efectos de las adiciones y prórrogas sin salvedades, lo que implica que cualquier reclamación adicional o la liquidación judicial del contrato sin reconocimiento de sumas adicionales no puede ser revisada nuevamente. La Sala modifica la jurisprudencia existente al precisar que los efectos de la cosa juzgada no alcanzan a la pretensión de liquidación judicial del contrato ni a la de enriquecimiento sin causa, pero sí a las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de sumas adicionales, lo que implica que en casos futuros, si se cumplen los requisitos de identidad, no se podrá repetir la discusión de las mismas cuestiones ya decididas.síntesis automática
También resuelve:
¿Se confirma la decisión del a quo de liquidar el contrato sin saldo a favor ni a cargo de las partes?
¿Cuando en una sentencia se ha resuelto sobre un todo del que forma parte la cosa materia de la nueva demanda, existirá sin duda identidad de objeto?
¿Si las pretensiones formuladas en el presente caso y en el otro proceso fueron distintas, ello no puede ser motivo para descartar el requisito de identidad de objeto para la configuración de la…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
A la par de lo anterior es de señalar que la tipificación del contrato de consultoría determina
Sentencia — Sentencia
2023-03-31
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020150235001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró el vicio de falsa motivación respecto de las resoluciones enjuiciadas –la 5488 del 15 de mayo de 2013 y la 10604 del 12 de agosto de ese mismo año, proferidas por el Ministerio de Educación Nacional-, por cuanto las razones aducidas en sus fundamentos se alejaron de la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico? Sí
Cuando los requerimientos de la entidad contratante son sucesivos y no delimitados y hacen inejecutable un contrato de consultoría, los actos que los sustentan adolecen de falsa motivación. La regla parte de distinguir el contrato de consultoría del de prestación de servicios, pues la Ley 80 de 1993 define el primero para estudios, diseños y asesoría técnica, interventoría y dirección de obras, actividades de marcada índole técnica que se seleccionan por concurso de méritos, mientras que el segundo se orienta a la administración o funcionamiento de la entidad. Segunda razón: la motivación de un acto debe corresponder a la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico. Tercera, en el caso, la entidad, con requerimientos de ajuste metodológico no delimitados y sucesivos, provocó que el contrato fuera inejecutable. Por ello se revocó la sentencia apelada y se declaró la nulidad de los actos. La providencia reitera la distinción entre ambas tipologías, que la Corporación ha adoptado de forma mayoritaria.síntesis automática
También resuelve:
¿El monto de la liquidación de la condena en abstracto podrá superar la estimación razonada de la cuantía, los límites establecidos en las pretensiones y en el precio ofertado por el actor en la…
¿La Sala discrepa en reconocer el monto solicitado, porque (i) se refiere al valor total del contrato y en el expediente obra prueba que la entidad canceló la suma correspondiente a $143.388.72270…
¿Se probó la existencia de una afectación moral en cabeza de los integrantes del consorcio actor, obran medios probatorios que así lo demuestren?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La decisión administrativa demandada fue posterior a la liquidación del contrato
Sentencia — Sentencia
2022-02-28
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020130202601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en el que se demanda la nulidad de una acto proferido después de la liquidación del contrato estatal, ante la falta de prueba que refleje la fecha de notificación o comunicación del acto administrativo impugnado, puede tenerse en cuenta la fecha de ejecución del acto respectivo registrada en el Certificado de Cámara y Comercio, por suponer, además de la presunción de legalidad, que el acto surtió la respectiva notificación o comunicación al afectado, y que quedó en firme en los términos del procedimiento administrativo correspondiente? Sí
El contratista puede utilizar la fecha de ejecución del acto administrativo registrada en el Certificado de Cámara y Comercio como punto de partida para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, en ausencia de prueba que refleje la fecha de notificación o comunicación del acto impugnado, dado que la ejecutoria del acto supone su notificación y comunicación al afectado, y su firmeza en los términos del procedimiento administrativo correspondiente. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y permite a los contratistas formular oportunamente la demanda en casos en que no se cuente con la fecha exacta de notificación del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿Cualquier posible situación que fuera conocida por el Consultor relativa a una inestabilidad en las redes de servicios públicos objeto del contrato de consultoría…
¿Hubo falsa motivación en las decisiones administrativas impugnadas, teniendo en cuenta que la administración declaró el siniestro de mala calidad de los productos entregados en virtud del contrato…
¿El IDU violó el debido proceso del Consorcio al incluir, en la resolución que resolvió el recurso por aquel interpuesto, un hecho nuevo…
Consejo de Estado
Providencia
Tampoco es suficiente dicho argumento para desvirtuar la cuantificación de los perjuicios del acto demandado
Sentencia — Sentencia
2024-02-05
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020090087102
ACCION CONTRACTUAL
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve:
¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados?
¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado?
¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-10-25
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020120058002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La resolución expedida por la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, se fundó en normas vigentes al momento de su expedición, basándose en los informes de su consultor y asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin que se evidencie un desequilibrio económico del contrato a partir de dicha decisión? Sí
El contratista no puede impugnar la resolución de la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, ya que esta se basó en normas vigentes y en los informes de su consultor, asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin evidenciar un desequilibrio económico del contrato. La CNTV, como entidad encargada de la inspección, vigilancia, seguimiento y control de la prestación del servicio público de televisión, tiene la facultad de determinar el valor de la prórroga conforme a los criterios establecidos en la Ley 182 de 1995 y el Acuerdo 010 de 2006. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la legalidad de los actos administrativos que fijan el valor de la prórroga en contratos de concesión, protegiendo así la confianza y la estabilidad del mercado de bienes y servicios.síntesis automática
También resuelve:
¿Es deber de los concesionarios del servicio nacional de televisión pagar un valor como contraprestación por el otorgamiento de la concesión…
¿Los actos mediante los cuales la CNTV fijó el valor de la prórroga pertenecen a la clase de los actos administrativos consensuales, toda vez que…
¿La aceptación expresa del valor de la prórroga por parte del concesionario en la etapa contractual, hace improcedente la configuración de un vicio invalidante por tratarse de un acto propio de…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Alcance del recurso de apelación: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-06-04
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 25000233600020180030802
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El alcance del recurso de apelación propuesto por el consultor contra la entidad pública contratante se refiere a determinar si el IDU incumplió o no y si modificó lo pactado en el pliego de condiciones para desarrollar el contrato de consultoría? Sí
Cuando el consultor apela una sentencia contra el instituto contratante, la segunda instancia se limita a los reparos concretos del recurso y debe precisar si la controversia versa sobre el incumplimiento contractual o sobre el desequilibrio económico, pues ambos conceptos obedecen a causas diferentes y producen consecuencias distintas. La regla se sostiene en tres razones: el juez de segunda instancia decide sobre los reparos formulados, salvo las situaciones que debe examinar de oficio; los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión determinan si la discusión es de incumplimiento o de desequilibrio; y la pretensión que se apoya en el incumplimiento exige establecer si la entidad se apartó de lo pactado en el pliego y el contrato. En el caso, las pretensiones del consultor solo planteaban si el instituto incurrió en incumplimiento y si modificó lo pactado en el pliego, por lo que la sala delimitó la controversia a ese aspecto y confirmó la sentencia. El documento reitera el criterio de la sección sobre el alcance de la apelación; la consecuencia práctica es que el recurrente debe identificar de manera precisa el concepto que reclama.síntesis automática
También resuelve:
¿El régimen jurídico aplicable al contrato de consultoría objeto de examen, es el previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP?
¿Hubo una entrega tardía de la información técnica a cargo del IDU debido al cambio del método constructivo de la primera línea del metro de Bogotá -PLMB- y ello conllevó la ejecución de actividades…
¿Se modificó el contrato por parte del IDU en relación con el predio en donde se ubicarían los patios y talleres y eso supuso un mayor gasto al contemplado por el contratista?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El contrato de consultoría posee un régimen autónomo y actividades especializadas diferenciadas del contrato general de prestación de servicios.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-08-11
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 25000233600020150197201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En el ordenamiento colombiano, el contrato de consultoría constituye una simple especie del contrato de prestación de servicios, pese a su origen normativo autónomo, su régimen de selección diferenciado, la naturaleza especializada de las actividades que lo integran y el tratamiento legal independiente que históricamente han recibido ambas tipologías contractuales? No
El contratista especializado ejecuta labores de asesoría, interventoría o diagnóstico bajo el régimen específico del contrato de consultoría, el cual posee un origen normativo autónomo y un tratamiento legal independiente de la prestación de servicios. En la aclaración de voto formulada, se cuestionó la tesis que pretendía catalogar la consultoría como una simple especie o derivación por exclusión del contrato de prestación de servicios, destacando que las actividades de consultoría integran un marco normativo propio, un régimen de selección diferenciado y una naturaleza técnica especializada que históricamente ha recibido un tratamiento legal autónomo.síntesis automática