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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020180030802-69775-sentencia"
titulo: "Alcance del recurso de apelación: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-06-04"
radicado: "25000233600020180030802"
numero: "69775"
ponente: "FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ"
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# Alcance del recurso de apelación: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-06-04
- **Radicado:** 25000233600020180030802
- **Número interno:** 69775
- **Ponente:** FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A., INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.
- **Demandado:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020180030802-69775-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020180030802/36701065D0B52CCA191F023F418469E7E5AB7E54E2ACE76FDE857C210D357EE8/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201800308021100103

## Problema jurídico

¿El alcance del recurso de apelación propuesto por el consultor contra la entidad pública contratante se refiere a determinar si el IDU incumplió o no y si modificó lo pactado en el pliego de condiciones para desarrollar el contrato de consultoría?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿El régimen jurídico aplicable al contrato de consultoría objeto de examen, es el previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP?
- ¿Hubo una entrega tardía de la información técnica a cargo del IDU debido al cambio del método constructivo de la primera línea del metro de Bogotá -PLMB- y ello conllevó la ejecución de actividades…
- ¿Se modificó el contrato por parte del IDU en relación con el predio en donde se ubicarían los patios y talleres y eso supuso un mayor gasto al contemplado por el contratista?

## Extracto

En esta instancia, le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos concretos presentados con el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa Para tal efecto, se debe precisar cuál es el alcance jurídico del debate que propone el consultor en contra de la entidad pública contratante, específicamente, en lo relativo a las reclamaciones sobre el desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual, debido a que, aunque la parte demandante involucró los conceptos de manera indistinta, esta Subsección ha considerado que, obedecen a causas diferentes y generan consecuencias diversas.… .

## Síntesis temática

Cuando el consultor apela una sentencia contra el instituto contratante, la segunda instancia se limita a los reparos concretos del recurso y debe precisar si la controversia versa sobre el incumplimiento contractual o sobre el desequilibrio económico, pues ambos conceptos obedecen a causas diferentes y producen consecuencias distintas. La regla se sostiene en tres razones: el juez de segunda instancia decide sobre los reparos formulados, salvo las situaciones que debe examinar de oficio; los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión determinan si la discusión es de incumplimiento o de desequilibrio; y la pretensión que se apoya en el incumplimiento exige establecer si la entidad se apartó de lo pactado en el pliego y el contrato. En el caso, las pretensiones del consultor solo planteaban si el instituto incurrió en incumplimiento y si modificó lo pactado en el pliego, por lo que la sala delimitó la controversia a ese aspecto y confirmó la sentencia. El documento reitera el criterio de la sección sobre el alcance de la apelación; la consecuencia práctica es que el recurrente debe identificar de manera precisa el concepto que reclama.

## Descriptores temáticos

ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN, LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA, MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, PLIEGO DE CONDICIONES, APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, CONTRATO DE CONSULTORÍA, CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA, REGULACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL, NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL, OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA, INFORMACIÓN, DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, ENTREGA DE INFORMACIÓN, EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL, OFERENTE, PROPONENTE, OBLIGACIONES DEL PROPONENTE, CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES, REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES, REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, BUENA FE CONTRACTUAL, BUENA FE, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES, METRO DE BOGOTÁ, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL, MAYOR VALOR DE LOS COSTOS, LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CONFIGURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, ERROR DEL PLIEGO DE CONDICIONES, INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, COSTOS, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR, APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO, RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, SEGUNDA INSTANCIA, PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN

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## Texto del documento

ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PLIEGO DE CONDICIONES / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
Problema jurídico:
¿El alcance del recurso de apelación propuesto por el consultor contra la entidad pública contratante se refiere a determinar si el IDU incumplió o no y si modificó lo pactado en el pliego de condiciones para desarrollar el contrato de consultoría?
Respuesta al problema jurídico: Si
En esta instancia, le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos concretos presentados con el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa Para tal efecto, se debe precisar cuál es el alcance jurídico del debate que propone el consultor en contra de la entidad pública contratante, específicamente, en lo relativo a las reclamaciones sobre el desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual, debido a que, aunque la parte demandante involucró los conceptos de manera indistinta, esta Subsección ha considerado que, obedecen a causas diferentes y generan consecuencias diversas. (...). En tal virtud, para la Sala resulta claro que los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se apoya el consultor para elevar sus pretensiones, exclusivamente, proponen una controversia jurídica consistente en determinar el IDU incumplió o no y si modificó lo pactado en el pliego de condiciones para desarrollar el contrato de consultoría No. 2226 del 30 de diciembre de 2013.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el alcance del recurso de apelación y los límites del juez de segunda instancia, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del el 6 de abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre el incumplimiento del contrato y su diferencia con el desequilibrio económico, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de agosto de 2013, exp. 22947, C.P: Mauricio Fajardo Gómez. Criterio reiterado, entre otras providencias, en: (i) sentencia del 3 de abril de 2020, exp. 61500, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y (ii) sentencia del 22 de octubre de 2021, exp. 66106, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
CONTRATO DE CONSULTORÍA / CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA / REGULACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
Problema jurídico:
¿El régimen jurídico aplicable al contrato de consultoría objeto de examen, es el previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el fin de resolver los cargos de la apelación, la Sala considera pertinente traer a colación, de manera previa, las características y especificaciones del negocio jurídico objeto de estudio, con el fin de precisar la naturaleza de la operación económica realizada y la ejecución de las prestaciones acordadas por las partes. (...) En ese sentido, se destaca que el contrato 2226 de 2013 fue suscrito con el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- establecimiento público descentralizado del orden distrital, con personería jurídica y autonomía administrativa y financiera. Así, se advierte que el IDU, en su calidad de contratante, se encuentra entre las entidades estatales consagradas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. (...) Sobre el particular, del pliego de condiciones definitivo aportado con la demanda, se constata que el IDU adelantó un procedimiento de selección mediante un concurso de méritos regulado por el numeral tercero del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en el que se consagró que el futuro contrato se regularía por las normas previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP-; aspecto ratificado por las partes en diferentes cláusulas del contrato de consultoría 2226 de 2013, por ejemplo, las relativas al perfeccionamiento, interpretación y liquidación; sin que esto implique, en modo alguno, que las partes tengan la facultad de prever su propio régimen de contratación, sino que, se trata de una reiteración del régimen jurídico aplicable al contrato. Asimismo, se advierte que ni la naturaleza de la entidad contratante, ni el objeto contractual, ni el contexto del procedimiento de contratación, implicaron circunstancias específicas que conlleven a que el contrato se regule por normas especiales o por un régimen de derecho privado. (...) En ese orden de ideas, el régimen jurídico aplicable al contrato de consultoría 2226 de 2013, corresponde, principalmente, a las normas que conforman el EGCAP-, que, para la fecha de suscripción del negocio jurídico -30 de diciembre de 2013-, correspondían a la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, que estableció el procedimiento de selección de concurso de méritos, así como las modificaciones introducidas por la Ley 1474 de 2011. (...) Sobre el contrato de consultoría se advierte que está tipificado y regulado en el artículo 32 de EGCAP. Con fundamento en esa disposición se ha observado que pueden tener como objeto, entre otros, el estudio de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación de los mismos. (...) Al respecto, la Sección Tercera de esta Corporación ha precisado que el contrato de consultoría tipificado en la Ley 80 de 1993, se caracteriza por el aprovechamiento de la actividad intelectual de una persona natural o jurídica, relacionada con aspectos económicos, técnicos, culturales, ambientales, entre otros, con el fin aplicar dichos conocimientos en proyectos de interés público y con inversión pública, con la finalidad de brindar soluciones en escenarios de preinversión o factibilidad económica y social de un proyecto; los análisis, estudios y diseños, planos, cálculos, presupuestos, cronogramas, o incluso a la gerencia de proyectos
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la definición del régimen jurídico del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de mayo de 2020, exp. 64701, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico Sobre el contrato de consultoría, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 22 de junio de 2011, exp. 18169, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C de la Sección Tercera, sentencia del 2 de diciembre de 2013, C.P. Jaime Orlando Santofimio
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007, LEY 80 DE 1993
INFORMACIÓN / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ENTREGA DE INFORMACIÓN / CONTRATO DE CONSULTORÍA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / OFERENTE / PROPONENTE / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE / PLIEGO DE CONDICIONES / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / BUENA FE CONTRACTUAL / BUENA FE / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL / COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES / METRO DE BOGOTÁ / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Hubo una entrega tardía de la información técnica a cargo del IDU debido al cambio del método constructivo de la primera línea del metro de Bogotá -PLMB- y ello conllevó la ejecución de actividades adicionales?
Respuesta al problema jurídico: No
Sobre la entrega de la información técnica (...) Con el fin de resolver el cuestionamiento de la parte actora, la Sala se refiere, de manera sucinta, al deber de planeación de los contratos públicos y su incidencia para resolver en el caso concreto, el cargo de la apelación. (...) La Sección Tercera de esta Corporación se ha pronunciado sobre la planeación del contrato estatal, con el fin de precisar que es un deber compartido entre las entidades estatales y los oferentes que participan en el procedimiento de selección. Dicha exigencia en el comportamiento inicia desde la etapa de selección y se ha equiparado con actuar conforme a la buena fe objetiva, de acuerdo con a los postulados de la lealtad y la corrección, lo cual implica la exigencia de informar las falencias o errores evidenciados a la entidad, según lo dispone el artículo 1603 del Código Civil (...). Asimismo, este deber de actuar es exigible durante todo el plazo contractual, en relación con la entidad contratante y el oferente que resultó adjudicatario, por lo que no es posible que el contratista que conoció, desde el procedimiento de selección, la estructuración del negocio jurídico, reclame posteriormente, supuestas inconsistencias que debió advertir desde la planeación del negocio jurídico, debido a que la planeación es bifronte, es decir, se predica para la entidad contratante y también para el contratista. Por ende, este último no puede alegar inconsistencias que pudieron ser evidenciadas durante el proceso de selección, cuando tuvo acceso a toda la información del proyecto y acogió los ítems del pliego de condiciones y anexos socializados, sin manifestar ninguna inconformidad al respecto (...) Revisado el expediente, la Sala advierte que, en el procedimiento de selección que culminó con la suscripción del contrato 2226 de 2013, se hizo un énfasis especial en la coordinación de actividades que debía adelantar el futuro consultor (aquí demandante) con el diseñador técnico del proyecto de la PLMB - consorcio L1- y el IDU, para el desarrollo del estudio de impacto ambiental. (...). Sobre el particular, en el pliego de condiciones se consagró expresamente que, de manera concomitante al estudio de impacto ambiental, se encontraba en ejecución el contrato 849 de 2013, por medio del cual se iba a elaborar el diseño para la primera línea del metro de Bogotá -PLMB-, de ahí que el oferente para la consultoría debió tener en cuenta la coordinación de actividades con el contratista del diseño técnico -consorcio L1- para formular el estudio de impacto ambiental (...) En esa misma línea, se destaca que en la cláusula décima del contrato objeto de estudio31 se puntualizó que todos los avances del estudio de impacto ambiental debían ajustarse según las especificaciones técnicas que desarrolló el diseño y el componente técnico del PLMB. (...) En ese escenario, se advierte que IVICSA desde su participación el procedimiento de selección conocía que la consultoría se ejecutaría paralelamente y en coordinación con el contrato que desarrollaría el diseño y componente técnico de la primera línea del metro de Bogotá, por lo que el contratista asumió la obligación de coordinación con diferentes actores, entre ellos, con el diseñador de la PLMB (consorcio L1), si bien, esa asunción no puede ser entendida como una exigencia ilimitada, en virtud de la cual el aquí demandante estuviera llamado a asumir cualquier circunstancia ocurrida en relación con la definición de los diseños, sí se debe tener en cuenta que, al conocer que ambos negocios jurídicos se desarrollaban de manera paralela, implicaba prever, dentro de lo que razonablemente impusiera el conocimiento técnico del proyecto y dada su experticia en la materia que la elaboración de los estudios de impacto ambiental debían ajustarse según lo acontecido en el contrato de consultoría 849 de 2013, dentro del plazo pactado; sin embargo, como el referido acuerdo negocial, ni las particularidades de su ejecución, se encuentran dentro del material probatorio en el sublite, no se demostró la realidad de la definición del método de construcción de la PLMB y la eventual variación alegada en la demanda. (...) Al respecto, en la demanda se afirmó que la entrega de la información técnica fue tardía. No obstante, ante la evidencia de que el contratista conocía que el negocio jurídico se ejecutaría paralelamente y en coordinación con el contrato de consultoría 849 de 2013 y, en concordancia con ello, se imponía a la parte demandante demostrar la afectación de las condiciones y el tiempo en el que IVICSA debía cumplir sus obligaciones. Ninguna prueba obra en el expediente que permita a la Sala arribar a esa conclusión (...) Así las cosas, no se evidencia que el IDU haya ocultado o demorado la información a entregar para el consultor, así como tampoco una actitud negligente de su parte; por el contrario, en la referida reunión del 4 de febrero de 2014, la entidad contratante entregó una serie de documentos preliminares a IVICSA, con la salvedad de que estaban en revisión de la interventoría. Asimismo, la ahora demandada atendió a la inquietud del contratista, manifestada el 6 de mayo de 2014, en la que le indicó, respecto a la información solicitada, que dichos documentos estaban pend

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ICSA, de ahí que la Sala no puede examinar los ítems propuestos por la demandante, ni los supuestos costos adicionales que se generaron por, supuestamente, no tener en cuenta el plazo de ejecución del contrato. (...) En todo caso, las sumas de dinero relacionadas con costos operacionales durante el plazo de ejecución del contrato eran previsibles desde el momento de presentación de la oferta, pues el plazo del negocio jurídico era conocido desde el procedimiento de selección; en ese sentido, no es admisible que el oferente hubiera guardado silencio durante toda la etapa precontractual y, posteriormente, recriminar a la entidad por el supuesto error en el pliego de condiciones respecto del cálculo de los costos operacionales. 93. Aunado a lo anterior, la Sala destaca que el valor pactado por las partes al suscribir el contrato correspondió a un precio total de $2.503’363.31649, en el que únicamente se definieron mediante sistema de precios unitarios determinados ítems, entre los que no se encuentra el valor de los costos operacionales, por lo que, con mayor razón, el oferente debió tener en cuenta en su oferta económica (...) que el costo ofertado por aspectos operacionales correspondía al total del precio y del plazo de ejecución del negocio jurídico. (...) Bajo ese precepto, IVICSA ofertó con el conocimiento de que los valores operacionales se calculaban bajo un sistema de precio global, por lo que debió contemplar en su propuesta económica los costos totales del contrato y, a menos de que hubiera demostrado los supuestos errores del pliego de condiciones, no puede reclamar una contraprestación económica a su favor. (...) Así, la Sala advierte que la interpretación equivocada por el oferente sobre el contenido del pliego de condiciones, no es un aspecto a reprochar a la entidad demandada, sino que resulta atribuible a la labor desarrollada por IVICSA al momento de estructurar su oferta económica y, de ninguna manera, se deriva de un error o confusión en la elaboración del pliego de condiciones. (...). Como consecuencia, se probó que la parte actora conocía sobre el plazo de ejecución del contrato y de los ítems establecidos para los gastos operacionales desde el pliego de condiciones, sin que se haya demostrado que IVICSA presentó al IDU observación respecto de las supuestas imprecisiones del pliego que afectaría el valor de los costos operacionales estimados al momento de presentar la oferta, con lo cual queda sin fundamento el cargo de la apelación. (...) En ese orden de ideas, la parte actora, contrario a demostrar un incumplimiento contractual, como supuesto de la responsabilidad de la entidad por errores en la elaboración del pliego de condiciones, lo que se evidencia es una indebida interpretación del pliego atribuible a la actividad desarrollada por ella misma durante la etapa precontractual. [subreglas de la decisión] En los casos en los que las partes acuerden la ejecución de las actividades contratadas mediante un precio global, el oferente debe contemplar en su propuesta económica todos los costos para cumplir con sus obligaciones contractuales y no podrá reclamar por mayores valores, a menos que, se demuestren los supuestos de incumplimiento o de desequilibrio económico y financiero del contrato. (...) [subreglas de la decisión]En los casos en los que las partes acuerden la ejecución de las actividades contratadas mediante un precio global, el oferente debe contemplar en su propuesta económica todos los costos para cumplir con sus obligaciones contractuales y no podrá reclamar por mayores valores, a menos que, se demuestren los supuestos de incumplimiento o de desequilibrio económico y financiero del contrato. (...) Cuando se alegan mayores costos en la ejecución de un contrato, por circunstancias imputables a la entidad, incumbe al demandante una carga probatoria de demostrar esos mayores costos respecto a lo ofertado en la propuesta económica, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 167 del CGP. (...) Los errores en la interpretación del pliego de condiciones por parte del oferente no implican un error de formulación por la entidad contratante, especialmente cuando se evidencia que en el pliego se especifica con claridad los aspectos relevantes sobre los cuales se debe presentar la oferta económica.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Debe condenarse en costas a la parte demandante por ser la vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del CPACA, y según lo establecido en el artículo 365-1 del CGP, se condenará en costas a la demandante. Esas costas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal de origen, según lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP.
NOTA DE RELATORÍA:
Frente a la condena en costas del proceso, el magistrado ponente salva voto, de forma parcial, a su misma ponencia pues esta acoge la posición mayoritaria, con la cual no está de acuerdo.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 INCISO 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / SEGUNDA INSTANCIA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Procede fijar agencias en derecho en segunda instancia ya que, el IDU se pronunció frente al recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
La fijación de agencias en derecho en segunda instancia (...) En la medida en que el IDU se pronunció frente al recurso de apelación interpuesto por IVICSA, dicha gestión -en segunda instancia- es suficiente para fijar agencias en derecho a favor de esa parte. (...) El Acuerdo PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, estableció las tarifas de agencias en derecho. En cuanto a los asuntos de lo contencioso-administrativo, el artículo 2 del dispuso que debía tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes. (...) Asimismo, en materia de tarifas de agencias en derecho se señaló que en los “procesos declarativos en general”, las agencias en derecho en segunda instancia deben fijarse entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes (...) En ese sentido, se fijan las agencias en derecho en 1 salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia, a favor del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 2

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-06-04. C.P. FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ. Rad. 25000233600020180030802. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020180030802-69775-sentencia).
