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Consejo de Estado
Providencia
Efectuó lo que denominó “advertencias preventivas”
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud
2024-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 70001233100019980074801
ACCION CONTRACTUAL
¿El despacho considera razonable otorgar el plazo adicional de 15 días hábiles, solicitado por la sociedad demandante, para allegar la información requerida por la perita? Sí
Mediante memoriales de 15 y 22 de octubre de 2024, el representante legal de SPL Salgado Abogados y Consultores S.A.S., sociedad perita en el proceso de la referencia, presentó memorial con el propósito que se ordenara la entrega de información que considera “fundamental” para llevar a cabo el dictamen pericial encomendado y que se le concediera un plazo adicional de 45 días para elaborar su experticia. Por otra parte, el despacho considera razonable otorgar el plazo adicional de 15 días hábiles, solicitado por la sociedad demandante, para allegar la información requerida por la perita para la elaboración del dictamen, en los términos señalados en el proveído de 29 de octubre de 2024, razón por la cual se accederá a esa solicitud.
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado
Providencia
El juez requiere a las entidades obligadas para que alleguen la información solicitada por el perito, y ante su pronunciamiento se declara agotado el apoyo deprecado.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud
2025-08-04
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 70001233100019980074801
ACCION CONTRACTUAL
¿Las sociedades requeridas se pronunciaron sobre la información que les fue solicitada, con lo que se agotó el apoyo deprecado al despacho por la perita para facilitar el cumplimiento de su cometido, sin que esta hubiere efectuado algún pronunciamiento al respecto? Sí
El juez ejerce su deber de colaboración requiriendo a las entidades involucradas para que suministren directamente al perito la documentación necesaria para la elaboración de la experticia técnica. En este caso, tras ordenar a la fiduciaria y a la electrificadora en liquidación que allegaran la información requerida, y verificado el pronunciamiento oportuno de las sociedades requeridas, se declara agotado el apoyo deprecado al despacho judicial sin que la perita hubiere efectuado manifestación adicional, por lo que se le requiere por última vez para que allegue el dictamen pericial o indique si con los elementos existentes le es imposible cumplir su cometido.síntesis automática
También resuelve:
¿El plazo adicional que le fue concedido a la perita feneció sin que esta allegará el resultado de la labor que le fue encomendada?
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado
Providencia
Clases de derecho a la información: Auto interlocutorio
Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar
2022-04-18
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020140013700
LEY 1437 REPETICION
[D]ecreto de las medidas cautelares solicitadas. Sí
En la medida que [la] información es susceptible de ser obtenida… mediante el ejercicio del derecho de petición, sin que le sea dable, como se dijo en párrafos anteriores, acudir a los poderes del Juez para tal efecto, como quiera que el artículo 173 [CGP], condiciona al juez para ordenar la práctica de las pruebas que la parte haya podido solicitar directamente… , a que ésta haya probado sumariamente que actuó en procura de aportar dichas pruebas, es decir, que las solicitó a la entidad, pero que estas le fueron negadas, lo cual no ocurrió en este caso.
Consejo de Estado
Providencia
Se trató de un contrato estatal sometido a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
Sentencia — Sentencia
2025-11-25
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 76001233300020220096601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El objeto del contrato previó el trámite necesario para el cobro persuasivo, coactivo o judicial para recuperar los recursos adeudados al departamento del Valle del Cauca por concepto de las cuotas partes pensionales en mora de pago? Sí
El contratista, al liquidar un contrato de prestación de servicios con la entidad estatal, puede acordar en el acta de liquidación los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, así como expresar sus reparos o salvedades, siempre y cuando no asuma obligaciones ajenas a las establecidas en el contrato original. En este caso, la entidad contratante y el contratista acordaron en la cláusula vigésima sexta del contrato la obligación del contratista de brindar apoyo en la sustanciación del trámite necesario para el cobro persuasivo, coactivo o judicial de las cuotas partes pensionales en mora de pago. La Sala revocó la decisión de primera instancia, reafirmando que el acta de liquidación no configura un nuevo contrato, sino que implica el reconocimiento de las obligaciones asumidas dentro del contrato inicial, y que la demanda por incumplimiento del contrato debe interponerse dentro del plazo previsto por la normativa vigente al momento de la liquidación, en este caso, el Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿En el acta de liquidación las partes pueden disponer de los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual, llegar a acuerdos sobre los ajustes…
¿Según lo consignado en el acta, la demandante aceptó la liquidación y declaró a paz y salvo a la entidad contratante sin expresar salvedad alguna?
¿Cómo la presentación de la demanda fue extemporánea, se impone declarar de oficio la caducidad de la acción contractual?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
No se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas
Sentencia — Sentencia
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020180035101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas y se estableció que las decisiones adoptadas en los actos administrativos enjuiciados son contrarias a derecho? No
Cuando el demandante no logra acreditar que las decisiones adoptadas en los actos administrativos son contrarias a derecho, la legalidad de esos actos se mantiene, porque la carga de demostrar el incumplimiento que se atribuye a la entidad recae sobre quien lo alega. La revisión de las pruebas aportadas y decretadas en el proceso debe permitir establecer que el incumplimiento estaba probado para que pueda anularse la decisión de la entidad. Además, la condena en costas tiene fundamento en el vencimiento de la parte, y no procede revocarla cuando el proceso no ventila un interés público, pues no se trata de una acción pública, de mera legalidad o de control objetivo. En el caso concreto, la entidad decidió sobre el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría, y el demandante no acreditó que tales supuestos estuvieran superados, de modo que la providencia de primera instancia que negó las súplicas fue confirmada, incluida la condena en costas. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento debe demostrar con las pruebas del expediente que las obligaciones se cumplieron, pues la mera afirmación en la demanda o en la apelación no basta.síntesis automática
También resuelve:
¿La decisión de denegar las súplicas de la demanda en primera instancia fue acertada por corresponder con la realidad procesal y lo efectivamente probado?
¿Los incumplimientos objeto de investigación no fueron subsanados en modo alguno por parte de la universidad contratista?
¿El recurso de apelación trata de unos puntos que no fueron expuestos en las pretensiones, cargos de nulidad, ni en los fundamentos de hecho o de derecho?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El primero punto de la apelación no prospera
Sentencia — Sentencia
2026-05-28
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 52001233300020190030201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El municipio cumplió lo establecido en el numeral 17 de la cláusula segunda del convenio interadministrativo dado que suscribió las prórrogas y constituyó las pólizas acordadas? No
El municipio no cumple con la obligación de información establecida en un convenio interadministrativo, incluso si ejecuta otras prestaciones acordadas, ya que la ley exige que se realice específicamente la conducta a la que se comprometió. En este caso, el municipio se obligó a entregar la información necesaria para la liquidación del convenio, pero no cumplió con este deber específico, a pesar de suscribir las prórrogas y constituir las pólizas acordadas. La Sala modificó la decisión del a quo, estableciendo que la obligación de información es independiente de otras prestaciones y debe ser cumplida en su totalidad para considerar el convenio ejecutado conforme a la ley. Esto implica que la entidad estatal debe cumplir rigurosamente con todas las obligaciones específicas estipuladas en el convenio, independientemente de otras acciones realizadas, para evitar incumplimientos que puedan dar lugar a cláusulas penales.síntesis automática
También resuelve:
¿el fallo incurrió en contradicción porque, a pesar de que se logró el objeto del convenio, ordenó hacer efectiva la cláusula penal?
¿Era procedente hacer efectiva la cláusula penal aun cuando no se causaron daños al Ministerio?
¿La liquidación judicial de un convenio interadministrativo incluye la actualización del monto de la cláusula penal declarada en primera instancia cuando el apelante omitió impugnar ese aspecto?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala es competente, para decidir la controversia respecto de todas las demandadas
Sentencia — Sentencia
2022-12-16
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 17001233100020100000901
ACCION CONTRACTUAL
¿La Sala es competente, en aplicación del fuero de atracción, para decidir la controversia respecto de todas las demandadas, cuando se observa que se trata de entidades tanto públicas como privadas? Sí
Por el fuero de atracción, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce en un mismo proceso de la controversia contra particulares o entidades privadas demandadas de forma concurrente con una entidad pública, siempre que la imputación a esta última sea seria y razonada. La regla se apoya en tres razones. Primera, la competencia se funda en el factor de conexión y no es provisional ni condicionada, de modo que se conserva aun si la entidad pública resulta no responsable. Segunda, en el caso la demanda imputó de forma seria y razonada omisiones a la entidad pública, como no informar la existencia de un contrato de prenda y no pedir autorización para enajenar el bien, y al particular, lo que justifica el fuero. Tercera, la demanda fue dirigida de forma concurrente contra ambos, por lo que la Sala es competente para decidir la controversia respecto de los dos. En consecuencia, la sentencia se confirma. El documento reitera la línea sobre imputación seria y razonada que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de una omisión imputable a una…
¿Cuentan con valor probatorio los documentos privados emanados de terceros, cuando las partes no lo tachan de falso?
¿El Departamento de Caldas cuenta con legitimación en la causa por pasiva respecto de la omisión de información durante la formación del contrato de cesión de derechos económicos…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Tampoco es suficiente dicho argumento para desvirtuar la cuantificación de los perjuicios del acto demandado
Sentencia — Sentencia
2024-02-05
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020090087102
ACCION CONTRACTUAL
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve:
¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados?
¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado?
¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Alcance del recurso de apelación: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-06-04
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 25000233600020180030802
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El alcance del recurso de apelación propuesto por el consultor contra la entidad pública contratante se refiere a determinar si el IDU incumplió o no y si modificó lo pactado en el pliego de condiciones para desarrollar el contrato de consultoría? Sí
Cuando el consultor apela una sentencia contra el instituto contratante, la segunda instancia se limita a los reparos concretos del recurso y debe precisar si la controversia versa sobre el incumplimiento contractual o sobre el desequilibrio económico, pues ambos conceptos obedecen a causas diferentes y producen consecuencias distintas. La regla se sostiene en tres razones: el juez de segunda instancia decide sobre los reparos formulados, salvo las situaciones que debe examinar de oficio; los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión determinan si la discusión es de incumplimiento o de desequilibrio; y la pretensión que se apoya en el incumplimiento exige establecer si la entidad se apartó de lo pactado en el pliego y el contrato. En el caso, las pretensiones del consultor solo planteaban si el instituto incurrió en incumplimiento y si modificó lo pactado en el pliego, por lo que la sala delimitó la controversia a ese aspecto y confirmó la sentencia. El documento reitera el criterio de la sección sobre el alcance de la apelación; la consecuencia práctica es que el recurrente debe identificar de manera precisa el concepto que reclama.síntesis automática
También resuelve:
¿El régimen jurídico aplicable al contrato de consultoría objeto de examen, es el previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP?
¿Hubo una entrega tardía de la información técnica a cargo del IDU debido al cambio del método constructivo de la primera línea del metro de Bogotá -PLMB- y ello conllevó la ejecución de actividades…
¿Se modificó el contrato por parte del IDU en relación con el predio en donde se ubicarían los patios y talleres y eso supuso un mayor gasto al contemplado por el contratista?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El IDU incumplió el pago de unas facturas
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020150263002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU incumplió el pago de unas facturas? Sí
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel?
¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato?
¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
MODIFICA