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Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2022-02-07Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 52001233300020190038701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las reformas procesales introducidas en la Ley 2080 de 2021 prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación, respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011? Sí
El contratista debe aplicar las reformas procesales introducidas en la Ley 2080 de 2021 desde su publicación, prevaleciendo sobre las normas anteriores para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011, salvo los casos específicamente exceptuados por dicha ley. La entidad estatal, al resolver excepciones previas, debe hacerlo conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, ya que el auto que decide estas excepciones no es apelable según la normativa actual, lo que implica que el recurso de apelación interpuesto en contra de dicha resolución es improcedente. Además, el recurso de queja no es adecuado para determinar la competencia funcional para proferir el auto que resuelve excepciones, ya que su finalidad no abarca este aspecto. Estas reglas reiteran y matizan precedentes sobre la aplicación de la ley procesal en el tiempo y la naturaleza de los recursos en el marco del procedimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿El auto que resolvió las excepciones previas es susceptible del recurso de apelación cuando se interpone en vigencia de la Ley 2080 de 2021?¿El recurso de queja resulta procedente para determinar la competencia funcional para proferir el auto que resuelve excepciones?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2022-07-15Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 25000233600020190089801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al consejero ponente del Consejo de Estado, conocer del recurso de queja cuando no se concede el de apelación por parte de los Tribunales Administrativos, el cual será decidido por el consejero ponente? Sí
La Corporación es competente para conocer del recurso de queja cuando un Tribunal Administrativo no concede el recurso de apelación, y el consejero ponente es quien lo decide, de acuerdo con los artículos 150 y 125 del CPACA. La providencia resuelve además dos aspectos conexos. El primero es que la Ley 2080 de 2021 rige desde su publicación y sus reformas procesales prevalecen sobre las normas anteriores para los procesos iniciados bajo la Ley 1437 de 2011, salvo los recursos interpuestos, las pruebas decretadas, las audiencias convocadas y los términos que ya hubieran comenzado a correr, según el artículo 86. El segundo es que, conforme a los artículos 38 y 40 de la Ley 2080, el auto que resuelve excepciones previas no es susceptible de apelación, por lo que la queja contra la negativa de conceder ese recurso resulta improcedente. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el recurso no prospera frente a esa clase de auto.síntesis automática
También resuelve:¿Las reformas procesales introducidas en la Ley 2080 de 2021 prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación…¿El auto que resolvió las excepciones previas es susceptible del recurso de apelación cuando se interpone en vigencia de la Ley 2080 de 2021?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar2022-06-15Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 05001233300020130029501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe aplicarse el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) cuando la demanda que da origen al proceso se presenta después de la fecha en que dicho estatuto empezó a regir, así como el Código General del Proceso se debe aplicar para decidir de las medidas cautelares por remisión del CPACA y la vigencia de dicho código? Sí
El contratista debe aplicar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) cuando la demanda que origina el proceso se presenta después de la entrada en vigor del estatuto, es decir, después del 2 de julio de 2012, conforme a su artículo 308. Además, el Código General del Proceso se aplica para decidir sobre las medidas cautelares cuando estas no están reguladas expresamente en el CPACA, según lo dispuesto en su artículo 306. La Sala establece que la medida cautelar de inscripción de la demanda respecto a bienes sujetos a registro es improcedente si el bien ya no pertenece al demandado, ya que el registrador se abstendrá de realizar la inscripción si el bien no está en cabeza del demandado, conforme al artículo 591 del Código General del Proceso. Esto implica que la medida cautelar no puede ser decretada si no es realizable, lo que la hace ineficaz y potencialmente lesiva para los derechos de terceros no vinculados al proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta improcedente la medida cautelar de inscripción de la demanda respecto de bienes sujetos a registro cuando el bien ya no pertenece al demandado?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación2024-07-08Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000233600020130176901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación interpuesto antes de la Ley 2080 del 2021 tiene etapa de alegatos de conclusión? Sí
El contratista que interpone un recurso de apelación antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021 debe seguir las normas procesales vigentes al momento de la interposición del recurso, lo que incluye la etapa de alegatos de conclusión conforme al artículo 247 numeral 4 de la Ley 1437 de 2011. En este caso, el recurso de apelación fue admitido el 23 de junio de 2017, contra una sentencia del 10 de diciembre de 2015, y dado que la Ley 2080 de 2021 aún no estaba en vigor, la Sala confirmó el traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión en un plazo de diez días, y posteriormente al Ministerio Público para que presente su concepto en el mismo plazo. Esta decisión reitera la aplicación de las normas procesales previas a la Ley 2080 de 2021, garantizando la continuidad del procedimiento conforme a la legislación vigente al momento de la interposición del recurso.síntesis automática
¿Los agentes de policía demandados mediante acción de repetición actuaron con dolo y/o culpa grave al propinar agresiones físicas y psicológicas a la víctima, mientras estuvo detenido en la XVIII Estación de Policía de Bogotá? Sí
Los agentes de policía que, con acciones u omisiones, permiten o ejecutan agresiones físicas y psicológicas contra una persona detenida actúan con dolo o culpa grave y deben responder en la acción de repetición por el pago de la condena. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el auxiliar de policía aceptó ser quien directamente torturó y agredió al menor detenido. La segunda es que el patrullero permitió esos vejámenes sin intervenir para proteger los derechos del menor, de modo que ambos, con sus acciones y omisiones, causaron el daño antijurídico que la entidad debió resarcir. En el caso concreto, la Sala modificó la sentencia del tribunal y condenó a cada uno de los demandados a pagar a favor de la Nación la suma de $221.356.400, al constatar que actuaron con dolo en los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2009. Como obiter dictum, la providencia recuerda que los plazos de caducidad son perentorios y de orden público. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Qué normas sustanciales y procesales se aplican a la acción de repetición por hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001?¿Cuáles son los requisitos de procedencia de la acción de repetición?¿En qué casos se presume el dolo o la culpa grave del agente del Estado en la acción de repetición?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición2024-03-11Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233100020080125501ACCION CONTRACTUAL
¿Los jueces tienen la obligación de respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia? Sí
Los jueces deben respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia, y que la solicitud de impulso de un proceso judicial no se tramita como derecho de petición. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 impone a los jueces el deber de respetar el orden para proferir sentencia. Segunda, la actividad judicial se rige por los códigos procesales de cada jurisdicción, y los procesos contencioso administrativos siguen el CCA o el CPACA según la fecha de inicio, conforme al artículo 308 del CPACA. Tercera, la jurisprudencia citada ha precisado que el derecho de petición regulado en la Ley 1755 de 2015 es improcedente ante las autoridades judiciales en desarrollo de su actividad judicial. La providencia ordena estarse a lo resuelto e informar a la solicitante que el proyecto de sentencia se redactará en su turno. La consecuencia práctica es que el reclamo sobre la demora en el fallo se resuelve dentro del turno del despacho y no mediante derecho de petición.síntesis automática
También resuelve:¿La actividad de las autoridades judiciales está regulada en los códigos procesales de las respectivas jurisdicciones y especialidades?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2024-05-30Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001333603220230007501LEY 1437 REPETICION
¿En la resolución del conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal (Casanare), es el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal (Casanare) el competente para conocer y resolver sobre la demanda presentada por el Banco Agrario de Colombia en ejercicio del medio de control jurisdiccional de repetición? Sí
De conformidad con lo previsto en el artículo 158 del CPACA, corresponde a este despacho resolver el presente conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal (Casanare) por corresponder a diferentes distritos judiciales.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-10-10Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 20001233300020230003501LEY 1437 REPETICION
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo, debe tenerse en cuenta las disposiciones normativas contenidas en el CPACA? Sí
En la acción de repetición, el término de caducidad de dos años se cuenta desde la fecha del pago de la condena, y la ampliación a cinco años introducida por el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022 solo se aplica a las condenas impuestas con posterioridad a la vigencia de esa ley. Esta regla se apoya en la aplicación de la ley en el tiempo, pues la norma nueva no puede regir condenas que ya estaban proferidas cuando entró en vigencia. Por ello, cuando la condena judicial que fundamenta la repetición es anterior a esa fecha, el término aplicable sigue siendo el de dos años del CPACA. En el caso concreto la condena se impuso antes de la vigencia de la Ley 2195 de 2022, y el auto que rechazó la demanda por caducidad fue confirmado. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la demanda de repetición debe presentarse en los dos años siguientes al pago, salvo que la condena sea posterior a la vigencia de la nueva norma.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2024-09-16Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000232600020090001901ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente corregir el auto de 24 de agosto de 2023, que en forma errada señaló que improbó el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes, cuando en realidad se trató de la fórmula de conciliación presentada de común acuerdo? Sí
El contratista puede solicitar la corrección del auto de 24 de agosto de 2023, en el que se indicó erróneamente que improbó el acuerdo conciliatorio, cuando en realidad se trataba de la fórmula de conciliación presentada de común acuerdo, siempre que el error en palabras incida en la providencia y no altere sustancialmente lo decidido. La entidad estatal no puede aclarar el auto para indicar si el juez aprobaría una nueva fórmula de conciliación, ya que esta solicitud no ofrece motivo de duda en la parte resolutiva ni influye en ella, y no existe norma que limite la cantidad de fórmulas que las partes pueden presentar. La Sala reitera la procedencia de la corrección por errores en palabras que inciden en la providencia, pero niega la aclaración de aspectos que no influyen en la resolución, manteniendo la inmutabilidad de la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aclararse el auto de 24 de agosto de 2023, en el sentido de indicar que, si bien los demandantes formularon la solicitud de conciliación con apoyo en las disposiciones del CPACA…¿Resulta procedente aclarar el auto de 24 de agosto de 2023, en el sentido de indicar si el Despacho aprobaría determinada fórmula de conciliación para que las partes la puedan presentar ante el juez?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-03-26Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 50001233300020240026101LEY 1437 REPETICION
¿Debe rechazarse la demanda de repetición por caducidad del medio de control, dado que el término aplicable es el contenido en el CPACA y considerando que debe computarse a partir del momento en que se venció del plazo para pagar la condena y no desde que se hizo efectivo el pago del mismo, ya que éste último fue posterior? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición si la demanda se presenta fuera del término de caducidad establecido en el Código Contencioso Administrativo, que comienza a contarse desde el vencimiento del plazo para pagar la condena, y no desde la fecha en que efectivamente se realiza el pago, incluso si este último se realiza posteriormente. La Sala establece que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse cuando se vence el plazo legal para el pago de la condena, y no se puede prorrogar por el hecho de que el pago se realice después de ese plazo. Esta decisión reitera la obligatoriedad de cumplir con los términos procesales y rechaza la demanda por caducidad, lo que implica que las entidades estatales no pueden postergar indefinidamente el ejercicio del medio de control de repetición.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-05Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 13001233300020170051801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los elementos probatorios obrantes en el expediente no evidencian la fecha en la que culminó el contrato? Sí
El contratista no puede acreditar la fecha en la que culminó el contrato ni la fecha en que el interventor recibió el objeto del contrato a su entera satisfacción, lo que impide determinar el inicio del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. Ante la insuficiencia probatoria, se aplican los principios pro actione y pro damato para garantizar el acceso a la administración de justicia, revocando la decisión que rechazó la demanda y ordenando la devolución del expediente para continuar el trámite del proceso, sin perjuicio de que en etapas posteriores se declare la caducidad si se encuentran elementos que la demuestren.síntesis automática
También resuelve:¿Esta Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos?¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?¿No se cuenta con los elementos suficientes para tener por probada la fecha de terminación del negocio jurídico?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2024-02-01Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 18001233100020110020201ACCION DE REPETICION
¿Resulta procedente declarar la nulidad del proceso por la inobservancia de la plenitud de las formas del juicio, dada la sustitución íntegra del procedimiento ejecutivo, conforme a las pretensiones de la demanda, cuando se observa que la causal de nulidad alegada no encuadra en las causales taxativas previstas en el artículo 133 CGP, normativa procesal aplicable en razón al tránsito legislativo del caso? Sí
De acuerdo con lo relatado por el ente accionante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá que declaró configurada la cosa juzgada, la responsabilidad del médico… fue analizada y decidida en el proceso de reparación directa en el que fue declarado patrimonialmente responsable “por el hecho dañoso”, a título de culpa grave. En este contexto, la pretensión formulada consistió en “librar mandamiento de pago” por la suma de dinero pagada en cumplimiento de la sentencia condenatoria.
¿Cómo se determina la normatividad procesal aplicable al proceso? Sí
El contratista debe determinar la normatividad procesal aplicable al proceso de controversias contractuales según la fecha en que se interpuso la demanda, en este caso, la Sala estima que la demanda interpuesta el 24 de julio de 1997 debe regirse por el Código Contencioso Administrativo de 1984, dado que la Ley 1437 de 2011 entró en vigencia posteriormente. Además, la entidad estatal es competente para conocer del recurso de apelación cuando el monto de las pretensiones indemnizatorias supera la cuantía establecida en el Código Contencioso Administrativo. En cuanto al cómputo del término de caducidad, la Sala establece que este debe iniciarse desde la fecha en que debió efectuarse la liquidación del contrato, que en este caso se prolongó hasta el 11 de mayo de 1995, y que la liquidación debió realizarse dentro de los plazos establecidos por la jurisprudencia, reiterando la importancia de cumplir con los plazos legales para la liquidación del contrato y el cómputo del término de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de controversias contractuales?¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando se demanda, ya finalizado el término de ejecución del contrato…¿En los contratos que se rigen por el Decreto ley 222 de 1986, La existencia de los contratos no sujetos a la formalidad de escritura pública…
¿Procede la acción de controversias contractuales para solicitar los perjuicios derivados del acto de adjudicación cuando el contrato ya se celebró al momento de presentar la demanda, por lo cual, se configuró ineptitud sustantiva de la demanda al interponer en el caso bajo análisis la acción de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
Conforme al parágrafo primero del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, el acto de adjudicación no tiene recursos en la vía gubernativa y puede impugnarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del CCA.
También resuelve:¿Debe aplicarse el artículo 32 de la Ley la Ley 446 de 1998 como norma procesal al caso concreto, dado que la misma se encontraba vigente cuando se adelantó el proceso de licitación pública y se…¿Debe el juez administrativo decidir en la sentencia judicial sobre las excepciones propuestas en el proceso y las que encuentre probadas?
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve:¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos?¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos?¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
Auto interlocutorio — Auto que rechaza solicitud de nulidad2023-07-19Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600020081003002ACCION CONTRACTUAL
¿Dado que la demanda se presentó en vigencia del Decreto 01 de 1984, le resultan aplicables sus normas a la solicitud de nulidad procesal, así como las que, en virtud de la integración normativa, estuvieran vigentes en el momento en que se ejerció el derecho de acción? Sí
El alcance de la solicitud. El despacho observa que lo que se pretende con el memorial denominado “nulidad” es atacar la competencia del ponente para dictar el auto del 23 de mayo de 2023, por medio del cual no se avocó el conocimiento para unificar el presente asunto.… Lo primero que debe precisarse es que la solicitud arriba referida, aunque fue presentada el 2 de junio de 2023, está regulada por el CCA y el CPC, esta última como norma de remisión (art. 267 del CCA). Lo anterior porque de conformidad con el artículo 308 del CPACA, esta codificación sólo aplica para los asuntos iniciados con “posterioridad a la entrada en vigencia” de dicha norma, mientras que las “demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
También resuelve:¿Compete al magistrado ponente del Consejo de Estado decidir la solicitud de nulidad procesal?¿Se alegó dentro de la oportunidad legal para hacerlo, la solicitud de nulidad en el caso sub lite?¿Hay lugar a declarar la nulidad procesal por falta de competencia funcional del ponente para dictar el auto del 23 de mayo de 2023…
¿En el marco de un contrato de concesión minera, cuándo procede la imposición de multa por incumplimiento contractual en la etapa de explotación? Sí
Se concluye que, en tanto la decisión impositiva de la multa, como aquella que al resolver el recurso de reposición la confirmó, se expidieron el 20 de junio de 2016 y el 23 de diciembre de 2016, respectivamente, se colige que fueron expedidas en el transcurso de la etapa de explotación.
También resuelve:¿Cuáles son los parámetros para la imposición y tasación de la multa por incumplimiento contractual en el contrato de concesión minera?¿Cuál es la competencia para la resolver los conflictos por la nulidad del acto administrativo contractual de imposición de multa por incumplimiento contractual de contrato de concesión minera?¿Cómo es el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se discuta la nulidad del acto administrativo contractual de imposición de multa por…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-08-16Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 52001233300020200097401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cómo se determina cuál es la normatividad aplicable al recurso de apelación contra el auto que negó el decreto de medidas cautelares? Sí
Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso de apelación –29 de julio de 2021–, esto es, el C.P.A.C.A. – incluyendo las modificaciones de la Ley 2080 de 2021, normativa que, salvo por las prescripciones que modificaron las competencias de los juzgados, de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado, entró a regir el 25 de enero de 2021 – y el CGP, en los aspectos no contemplados en el primero.
También resuelve:¿Cómo se determina la competencia para resolver el recurso de apelación contra el auto que niega la solicitud de medida cautelar?¿Hasta antes de la liquidación del contrato es el término con el que cuenta la entidad para la declaratoria de incumplimiento de un contrato luego de haber terminado el plazo contractual con el fin…¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo contractual que resuelve el proceso sancionatorio…
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos, ya que este organismo es competente para conocer los recursos de apelación en virtud del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y por superar la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento contractual, según los artículos 50 y 51 de la Ley 80 de 1993 y 87 del Código Contencioso Administrativo. Asimismo, las controversias derivadas del incumplimiento del contrato se rigen por la prescripción de 20 años, conforme a la interpretación del artículo 55 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Por último, el mérito probatorio de los documentos públicos o privados lo determina el juez en función de la apreciación global de las pruebas y las reglas de la sana crítica, según el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por incumplimiento de un…¿Las controversias derivadas del incumplimiento del contrato o la responsabilidad civil de los servidores públicos se rigen por la prescripción de la acción de 20 años?¿El mérito probatorio de los documentos públicos o privados los asigna el juez?
¿Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público? Sí
El contratista no puede cometer los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ya que estos son delitos de sujeto activo calificado y solo pueden ser cometidos por servidores públicos, según el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, que equipara a los contratistas con la calidad de servidor público en el ámbito de la responsabilidad penal. La Fiscalía encontró indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos mediante el cobro de facturas de un contrato de suministro celebrado sin cumplir los requisitos legales, lo que configuraba las conductas punibles por las que fue vinculada. Sin embargo, la medida restrictiva de privación de la libertad no fue desproporcionada, ya que la demandante permaneció bajo privación de la libertad durante un año y tres meses, y fue absuelta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias, lo que implica que no existe responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿La Fiscalía encontró que existían indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos?¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto la demandante consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario…¿La interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada?