---
clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020170182601-66589-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: lo dicho basta para desestimar el tercer cargo de la apelación"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-12-07"
radicado: "25000233600020170182601"
numero: "66589"
ponente: "MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020170182601-66589-sentencia"
---

# Consejo de Estado: lo dicho basta para desestimar el tercer cargo de la apelación

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-12-07
- **Radicado:** 25000233600020170182601
- **Número interno:** 66589
- **Ponente:** MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** PEDRO EDUARDO GARCIA REALPE
- **Demandado:** ANM, ANDJE
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020170182601-66589-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020170182601/EF7DD8CC1A2E48DFEF5AD4419C9EC0BE9CBA83972D3D8394108EF2BA3EB8BC82/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201701826011100103

## Regla de decisión

Prescribe esa norma que los planos deben actualizarse por lo menos dos veces por año al final de cada semestre.

## Problema jurídico

¿En el marco de un contrato de concesión minera, cuándo procede la imposición de multa por incumplimiento contractual en la etapa de explotación?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿Cuáles son los parámetros para la imposición y tasación de la multa por incumplimiento contractual en el contrato de concesión minera?
- ¿Cuál es la competencia para la resolver los conflictos por la nulidad del acto administrativo contractual de imposición de multa por incumplimiento contractual de contrato de concesión minera?
- ¿Cómo es el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se discuta la nulidad del acto administrativo contractual de imposición de multa por…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2222 de 1993

## Extracto

Se concluye que, en tanto la decisión impositiva de la multa, como aquella que al resolver el recurso de reposición la confirmó, se expidieron el 20 de junio de 2016 y el 23 de diciembre de 2016, respectivamente, se colige que fueron expedidas en el transcurso de la etapa de explotación.

## Descriptores temáticos

SENTENCIA CONDENATORIA, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA, EFECTOS DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, IMPOSICIÓN DE LA MULTA, POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO, FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, EXPLOTACIÓN DE LA MINA, FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, AGENCIA NACIONAL MINERA, ENTIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, EXPLORACIÓN DE LA MINA, EXPLOTACIÓN DE MINERALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONCEPTO DE MULTA, COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, FACULTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO, COMPETENCIA PARA LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA, COMPETENCIA TEMPORAL, FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL, NORMA SANCIONATORIA, TÉRMINO CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, MULTA EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO, MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL, ACTO ADMINISTRATIVO, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, CARÁCTER TEMPORAL DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO, LÍMITES DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO, OBLIGACIONES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL, CLÁUSULAS DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, APLICACIÓN DE LA NORMA PROCESAL, CONFLICTO DE LEYES, APLICACIÓN DE LA NORMA, APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO, NORMATIVIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL, APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO, PREVALENCIA DE LEY POSTERIOR, PREVALENCIA DE LA LEY ESPECIAL, APLICACIÓN DE LA LEY FAVORABLE, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, GRADUACIÓN DE LA MULTA, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, INDEBIDA APLICACIÓN DE LA NORMA PROCESAL, APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA, NORMATIVIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS, LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

## Guías prácticas relacionadas

- [Liquidación del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/liquidacion.md): Qué hacer para cerrar un contrato y cuándo la liquidación queda firme.
- [Caducidad de la acción contractual](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/caducidad.md): Desde cuándo corren los dos años para demandar, según cómo terminó y se liquidó el contrato.
- [Multas y cláusula penal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/multas-clausula-penal.md): Cómo distinguir una multa de una cláusula penal y cuándo puede imponerse cada una.
- [Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/incumplimiento-sancionatorio.md): El trámite del artículo 86 de la Ley 1474 para imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal o declarar la caducidad.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — La imposición de multas al contratista sólo procede mientras el incumplimiento persista.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233100020120019801-58001-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Acción de controversias contractuales: Sentencia](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020070044401-49286-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: en esta última fecha se configuró el silencio administrativo positivo en los términos del artículo 84 del CPACA](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020190053101-69117-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no resulta procedente la nulidad de los actos mediante los cuales se impuso una multa al titular de un contrato de concesión minera](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020200016701-69148-sentencia.md)

## Texto del documento

SENTENCIA CONDENATORIA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / EFECTOS DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EXPLOTACIÓN DE LA MINA
Problema jurídico:
¿En el marco de un contrato de concesión minera, cuándo procede la imposición de multa por incumplimiento contractual en la etapa de explotación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e concluye que, en tanto la decisión impositiva de la multa, como aquella que al resolver el recurso de reposición la confirmó, se expidieron el 20 de junio de 2016 y el 23 de diciembre de 2016, respectivamente, se colige que fueron expedidas en el transcurso de la etapa de explotación. Despejado este panorama, se evidencia que, a los cinco años de haber iniciado la etapa de explotación, mediante Resolución 00606 del 20 de junio de 2016, la Agencia Nacional de Minería impuso multa al concesionario Pedro Eduardo García Realpe, equivalente a 155 SMLMV, con base en la omisión en el cumplimiento de varias obligaciones contractuales, (…) El Decreto 2222 de 1993, vigente para la época de celebración del contrato FAD-111 y cuya aplicación resultaba obligatoria en la medida en que constituía el reglamento de higiene y seguridad en las labores mineras a cielo abierto, en su artículo 13 establece que el explotador está obligado a elaborar y mantener actualizados los planos y registros de los avances y frentes de explotación de acuerdo con el desarrollo de la mina. Por su parte, el artículo 14 indica que los registros de los avances y frentes de explotación se refieren principalmente al diseño que incluye secuencia y cronología de actividades, diseño y control de estabilidad de taludes, ubicación de botaderos, almacenamiento de capa vegetal, estériles y mineral, control de aguas, vías de acceso, y de una manera general, la naturaleza e importancia de las variaciones topográficas que se ejecuten en el área de la mina. Igualmente prescribe esa norma que los planos deben actualizarse por lo menos dos veces por año al final de cada semestre. Así pues, si bien el cumplimiento de la obligación de actualizar los planos de actividades mineras estaba sujeto al transcurso de intervalos semestrales, lo cierto es que su acatamiento se debía extender durante toda la etapa de explotación. De lo evidenciado en precedencia la Sala advierte que, contrario a lo señalado por el apelante, cuando se profirieron los actos administrativos sancionatorios, tras agotarse el plazo previsto para las dos primeras etapas, -exploración, construcción y montaje- la fase contractual en la que por razón del transcurso del plazo se hallaba era la de explotación, la cual inició en junio de 2011. Cuestión diferente es que materialmente no se estuvieran adelantando actividades propias de esa etapa, debido a la conducta de abandono que el concesionario observó frente a su ejecución y al incumplimiento de las obligaciones contraídas. (…) No se observa en este proceso que el contrato hubiera sido objeto de suspensión, de tal suerte que la inactividad carecía de justificación jurídica válida que facultara al demandante a apartarse del cumplimiento de lo pactado en los términos acordados, y menos que, por el hecho de no hacerlo, la entidad debiera abstenerse de ejercer su función fiscalizadora sobre el cabal cumplimiento de lo convenido. Se suma a lo anotado, las obligaciones desatendidas que se concretaron en la ausencia de la señalización informativa y preventiva de los frentes de área de explotación del título, en no subsanar las falencias referidas a seguridad en higiene minera y seguridad industrial, no contar con brigada de emergencia y no presentar con planos actualizados de labores de explotación minera resultaban exigibles durante la etapa de explotación, tal cual se sustentó en los actos administrativos impugnados, por manera que no se le estaba requiriendo por cuenta de esas decisiones el incumplimiento de obligaciones atinentes a etapas ya fenecidas. Lo dicho basta para desestimar el tercer cargo de la apelación, habida cuenta de que existió mérito fáctico y jurídico suficiente para apoyar la imposición de la multa que se impugna y, por tanto, no se configuró la alegada falsa motivación.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2222 DE 1993
CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL
Problema jurídico:
¿Cuáles son los parámetros para la imposición y tasación de la multa por incumplimiento contractual en el contrato de concesión minera?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e recuerda que el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011, norma erradamente aplicada por la entidad, establece que las multas previstas en el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 se incrementarán hasta en mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cada vez y para cada caso de infracción de las obligaciones contractuales. De conformidad con ese tope, la Agencia procedió a tasar la multa impuesta en la suma equivalente a 125 SMLMV, es decir, el 12,5% del límite máximo. A su turno, el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 y la cláusula décima quinta del contrato FAD-111 señalan que podrían imponerse al concesionario multas sucesivas de hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales, cada vez y para cada caso de infracción de las obligaciones emanadas del contrato. En ese orden, con el propósito de tasar el monto de la multa que habrá de imponerse en contra del demandante, se calculará el 12,5% del tope máximo de 30 salarios mínimos mensuales previsto en las disposiciones aplicables, de lo cual se obtiene una suma equivalente a 3.75 salarios mínimos mensuales, que será el valor a que se condene a pagar al concesionario por concepto de multa.
FUENTE FORMAL:
LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 111, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 115
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / AGENCIA NACIONAL MINERA / ENTIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / EXPLORACIÓN DE LA MINA / EXPLOTACIÓN DE MINERALES
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es la competencia para la resolver los conflictos por la nulidad del acto administrativo contractual de imposición de multa por incumplimiento contractual de contrato de concesión minera?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se tiene presente que el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), vigente a partir del 2 de julio de 2012, prescribe que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentra instituida para conocer, “además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, (…) en los que estén involucradas las entidades públicas”. En esta oportunidad se encuentran en controversia circunstancias atinentes a la nulidad de las resoluciones por las cuales la Agencia Nacional de Minería impuso multa al concesionario Pedro Eduardo García Realpe, en el marco del contrato de concesión minera No. FAD-111. Así las cosas, la Agencia Nacional de Minería, al ser una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, ostenta la naturaleza de entidad pública, por lo que, con sujeción a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 104 del CPACA, esta jurisdicción es competente para conocer del presente asunto. En razón a que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 293 de la Ley 685 de 2001: “De las acciones referentes a los contratos de concesión que tengan por objeto la exploración y explotación de minas, conocerán, en primera instancia, los tribunales administrativos con jurisdicción en el lugar de su celebración”, al haber sido proferida la sentencia que se impugna en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, compete a esta Corporación asumir el conocimiento del asunto en segunda instancia. En consonancia con lo anterior, se advierte que de conformidad con lo dispuesto Artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615
CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo es el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se discuta la nulidad del acto administrativo contractual de imposición de multa por incumplimiento contractual de contrato de concesión?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para establecer la oportunidad de la interposición de la demanda, la Sala atenderá a la regla prescrita en el literal j) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con la cual: “En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”. (…) Así pues, el punto inicial del término de caducidad ha de situarse en el 9 de febrero de 2017, por lo que los dos años de caducidad habrían de cumplirse el 9 de febrero de 2019. En este punto es imperativo señalar que el 6 de abril de 2017, faltando un año, diez meses y tres días para fenecer el plazo, la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Judicial 125 para Asuntos Administrativos, trámite que culminó el 18 de mayo de 2017, tras expedirse la constancia en la cual se daba cuenta de que la audiencia se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio. A partir del día siguiente se reanudó el plazo de un año, diez meses y tres días restantes para completar los dos años de la caducidad, los cuales vencían el 21 de marzo de 2019. Como consecuencia, al haberse interpuesto la demanda el 30 de mayo de 2017, la Sala concluye que la acción se ejerció dentro del término legalmente establecido.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / CONCEPTO DE MULTA / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es la naturaleza y el alcance de la multa en el contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
En consideración a que el presente asunto versa sobre la nulidad de una decisión impositiva de una multa en el marco de la ejecución de un contrato de concesión, la Sala considera pertinente realizar algunas reflexiones sobre la naturaleza y alcance de esta figura. Cabe precisar que los ordenamientos civil y comercial no ofrecen una definición específica de la multa. De cara a lo dicho, tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido en extraer sus elementos de la regulación que disciplina la cláusula penal y cuya distinción de aquella se prescribe por las finalidades que ambas comportan, según la intención de las partes. De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil, “La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal”. Para la Corte Suprema de Justicia, la cláusula penal es “simplemente el avalúo anticipado hecho por las partes contratantes de perjuicios que pueden resultar por la inejecución de una obligación, su ejecución defectuosa o el retardo en el cumplimiento de la misma…”. La facultad legal que habilita a las partes para convenir la consecuencia que se desprende de la indebida conducta contractual y dirigida a garantizar el cumplimiento de la prestación pactada, procede indistintamente en el evento de inejecución, en cuyo caso la pena adquiere un carácter compensatorio o resarcitorio, o de ejecución tardía, evento en el cual su condición será moratoria. (…) Como se aprecia, en la redacción de la cláusula su finalidad fue la de fungir como una multa, bajo la comprensión de que su propósito no se dirigió a tasar anticipadamente perjuicios, sino co

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

mar que su operancia en cualquier escenario temático sea inmutable e inalterable y que no esté llamada a ceder ante la existencia de disposiciones especiales en las que el legislador, constitucionalmente facultado para ello, se encarga de regular asuntos específicos que supongan un alejamiento de aquella, tal como aconteció en el sublite.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 685 DE 2001
APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL / APLICACIÓN DE LA LEY FAVORABLE / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / GRADUACIÓN DE LA MULTA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / INDEBIDA APLICACIÓN DE LA NORMA PROCESAL / APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA / NORMATIVIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de aplicación del principio de favorabilidad en el ejercicio de la potestad sancionatoria en el marco de la ejecución de un contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Principio de favorabilidad. En la medida en que la colisión normativa presentada comporta sustancialmente el ejercicio de la potestad sancionatoria en el marco de ejecución de un contrato del Estado, la Sala considera que corresponde dar aplicación al principio de favorabilidad como criterio integrador, en cuya virtud se impone aplicar la norma más permisiva para los intereses del sancionado. Sobre la aplicación de este principio en materia administrativa, la Sala de Consulta y Servicio Civil se pronunció en un caso análogo en el que, si bien la habilitación legal para imponer la sanción existía a la luz tanto de la norma anterior como de la posterior, la diferencia entre una y otra radicaba en que, como ocurre en el sublite, se produjo una variación en el quantum de las multas (…) Relevante resulta señalar también, para este propósito, que en pronunciamiento de 2016 la Sección Primera del Consejo de Estado unificó su criterio en el sentido de considerar que “el principio de favorabilidad es aplicable en las actuaciones administrativas dirigidas a sancionar las infracciones al régimen cambiario, por tratarse de una garantía mínima del debido proceso, el cual es un derecho constitucional fundamental que debe operar no solo en las actuaciones judiciales sino en toda clase de actuaciones administrativas”. (…) [L]a Sala estima fundado el cargo de la apelación, puesto que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 685 de 2001, norma posterior y especial de prevalente observancia en el ámbito minero, la norma que gobernaba el contrato de concesión FAD -111 en materia sancionatoria sería la contenida en el artículo 115 de ese mismo código, disposición que, además, era la más favorable para el sujeto de la pena. Se insiste en que a este respecto no resultaba extensible la excepción prescrita en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 153 de 1887, puesto que, de un lado, la literalidad del artículo 46 del Código de Minas dictó que su aplicación se haría sin excepción alguna, y de otro, fue el legislador el que, en el ámbito minero, se encargó de establecer sus propias excepciones a la aplicación del postulado genérico. Como consecuencia, al haber sustentado la decisión impositiva de la multa en una regulación legal que no resultaba aplicable al contrato de concesión FAD-111, tal circunstancia vicia de nulidad los actos administrativos demandados por infracción de las normas en que debió fundarse, en este caso de los artículos 46 y 115 de la Ley 685 de 2001.
FUENTE FORMAL:
LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 115, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 46
PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas y liquidación de agencias en derecho contra las dos partes del proceso cuando se declara la nulidad parcial del acto administrativo contractual por incumplimiento del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala estima que, en consideración a lo consagrado en el artículo 365 del CGP, cuyo numeral 4 dispone que “cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias”, al ser revocada en su totalidad la sentencia de primera instancia, será en esta providencia en la que se proceda a condenar al pago de las costas de ambas instancias en contra de la parte vencida, que en este caso es la parte demandada, Agencia Nacional de Minería. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del numeral cuarto del artículo 365 del CGP, para el caso particular procede la condena en costas a cargo de la parte vencida en juicio. Así las cosas, el artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. En el presente caso se encuentra acreditada la gestión de la parte actora, en ambas instancias, pues presentó la demanda, asistió a las audiencias e interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, de igual manera, alegó de conclusión en primera instancia. En tal sentido, la Sala estima suficiente dicha gestión para que se disponga la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, en favor de la demandante, según lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. Conviene señalar que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. En línea con lo anterior, con apego a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 10554 de 2016, en materia de tarifas de agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente: (…) A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho de ambas instancias que estarán a cargo de la Agencia Nacional de Minería y a favor del demandante, teniendo en consideración la suma de las pretensiones económicas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL: 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2021-12-07. C.P. MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO. Rad. 25000233600020170182601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020170182601-66589-sentencia).
