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Consejo de Estado
Providencia
Los particulares “podrán” renunciar a los derechos conferidos por las leyes “con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia”.
Sentencia — Sentencia
2022-03-02
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 66001233300020160038901
ACCION CONTRACTUAL
¿En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos? Sí
En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato no da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos, a menos que una disposición legal lo establezca o se le otorgue tal efecto al silencio de las partes en determinadas circunstancias, conforme al artículo 15 del Código Civil. En contratos de consultoría, las obligaciones y riesgos económicos del contratista se definen según las cláusulas del contrato, por lo que gastos y sobrecostos no asumidos por el contratante no implican una obligación adicional para la entidad estatal, salvo que esté pactado explícitamente en el contrato. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y reafirma la necesidad de que las obligaciones y riesgos en los contratos de derecho privado estén claramente definidos y pactados por las partes.síntesis automática
También resuelve:
¿Los gastos y sobrecostos ser asumidos por el contratista en virtud de las cláusulas del contrato?
Consejo de Estado
Providencia
No se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas
Sentencia — Sentencia
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020180035101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas y se estableció que las decisiones adoptadas en los actos administrativos enjuiciados son contrarias a derecho? No
Cuando el demandante no logra acreditar que las decisiones adoptadas en los actos administrativos son contrarias a derecho, la legalidad de esos actos se mantiene, porque la carga de demostrar el incumplimiento que se atribuye a la entidad recae sobre quien lo alega. La revisión de las pruebas aportadas y decretadas en el proceso debe permitir establecer que el incumplimiento estaba probado para que pueda anularse la decisión de la entidad. Además, la condena en costas tiene fundamento en el vencimiento de la parte, y no procede revocarla cuando el proceso no ventila un interés público, pues no se trata de una acción pública, de mera legalidad o de control objetivo. En el caso concreto, la entidad decidió sobre el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría, y el demandante no acreditó que tales supuestos estuvieran superados, de modo que la providencia de primera instancia que negó las súplicas fue confirmada, incluida la condena en costas. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento debe demostrar con las pruebas del expediente que las obligaciones se cumplieron, pues la mera afirmación en la demanda o en la apelación no basta.síntesis automática
También resuelve:
¿La decisión de denegar las súplicas de la demanda en primera instancia fue acertada por corresponder con la realidad procesal y lo efectivamente probado?
¿Los incumplimientos objeto de investigación no fueron subsanados en modo alguno por parte de la universidad contratista?
¿El recurso de apelación trata de unos puntos que no fueron expuestos en las pretensiones, cargos de nulidad, ni en los fundamentos de hecho o de derecho?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se configura la caducidad del medio de control contractual
Sentencia — Sentencia
2025-03-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 23001233300020210010601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configura la caducidad del medio de control contractual cuando, tratándose de un contrato pendiente de liquidación, la demanda se interpone una vez vencido el término especial previsto en el artículo 164 del CPACA, a pesar de haberse suspendido dicho término por la solicitud de conciliación prejudicial? Sí
El contratista no puede interponer una demanda una vez vencido el término especial previsto en el artículo 164 del CPACA, incluso si dicho término se suspendió por la solicitud de conciliación prejudicial, ya que la caducidad del medio de control contractual se configura cuando la demanda se presenta fuera del plazo perentorio establecido por la ley, sin importar las suspensiones temporales del término. En este caso, el contrato de prestación de servicios educativos no fue liquidado oportunamente, lo que inició el cómputo del plazo de dos años para la interposición de la demanda. La solicitud de conciliación prejudicial suspendió el término, pero este reanudó su curso una vez finalizada la conciliación, venciendo antes de que la demanda fuera presentada. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los plazos legales y subraya que las suspensiones temporales no extienden indefinidamente el término para interponer la demanda, lo que implica que el contratista debe actuar con diligencia para evitar la caducidad del medio de control.síntesis automática
También resuelve:
¿Se configuró la caducidad del medio de control de reparación directa respecto de la pretensión de incumplimiento por el pago extemporáneo de los anticipos pactados durante la ejecución de un…
¿Respecto de la pretensión de incumplimiento por falta de pago del saldo adeudado, el cómputo del término de caducidad inició desde la liquidación…
¿Está facultado el juez contencioso administrativo para asumir de oficio el conocimiento de una controversia inicialmente sometida a arbitraje…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El contenido del acto demandado es claro
Sentencia — Sentencia
2024-09-27
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 68001233100020110072101
ACCION CONTRACTUAL
¿Teniendo en cuenta las prórrogas pactadas entre las partes para ampliar el plazo de entrega de cada obra, era improcedente imponer la multa por cumplimiento tardío de las obligaciones del contratista, estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones? Sí
El contratista no está obligado a pagar la multa por cumplimiento tardío estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones, cuando las partes han pactado una prórroga que amplía el plazo de entrega de las obras, ya que la sanción pierde su función de apremio y carece de objeto al momento de su imposición. La Sala modifica la decisión anterior que permitía la aplicación de la multa después de la prórroga, estableciendo que la entidad debe respetar el acuerdo alcanzado entre las partes para ajustar los plazos de ejecución del contrato. Esta regla implica que las partes deben negociar y ajustar los plazos del contrato en caso de atrasos, y que la entidad no puede aplicar sanciones posteriores a la prórroga sin una clara manifestación de intención en ese sentido.síntesis automática
También resuelve:
¿El contrato de obra pública celebrado entre Metrolínea y la Unión Temporal, se rigió por las normas de derecho privado concernientes a las actividades económicas y comerciales del mercado regulado?
¿Las decisiones sancionatorias proferidas por Metrolínea, al no tener la connotación de actos administrativos, no pueden ser objeto de estudio de legalidad para efectos de su declaratoria de nulidad?
¿La cláusula penal se entiende como una tasación anticipada de perjuicios, que puede hacerse efectiva a través de la multa, por un lado como un apremio al contratista para cumplir la obligación…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100020010223901
ACCION CONTRACTUAL
¿Si el demandado no alega la existencia de la cláusula compromisoria —porque no contestó la demanda— debe concluirse que renunció tácitamente a someter este asunto a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato estatal si no alega su existencia en la demanda, lo que permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca del asunto, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando la entidad demandada no contesta la demanda, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido. Además, la entidad estatal puede ser responsable extracontractualmente por los daños causados a terceros derivados de decisiones administrativas que impidan la ejecución del contrato, como el cierre y liquidación de una empresa industrial y comercial del Estado, según el artículo 206 de la Ley 222 de 1995. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior sobre la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, lo que implica que las partes deben ser más cautelosas al no responder a las demandas para evitar renunciar a la justicia arbitral.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia, dado que resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos?
¿La pretensión segunda alude a la responsabilidad extracontractual de las entidades socias, administradoras del Ingenio, por virtud de que adoptaron la decisión de cerrar la operación y procedieron a…
¿Hay una pretensión extracontractual, en cuanto la responsabilidad reclamada a los socios de la sociedad en liquidación, no se deriva de una inobservancia obligacional en el marco de un vínculo…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Lo planteado en segunda instancia no constituye un mero desarrollo argumentativo de los cargos originalmente formulados
Sentencia — Sentencia
2026-08-10
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 76001233300720170164401
Controversias contractuales
¿Desbordó la parte apelante los límites del recurso de apelación al introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, modificando con ello la causa petendi y desconociendo el principio de congruencia y el derecho al debido proceso? Sí
El contratista no puede introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, ya que esto modifica la causa petendi y viola el principio de congruencia y el derecho al debido proceso. La Sala ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia se limita a los aspectos esgrimidos en contra de la decisión de primer grado, y que las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles. En consecuencia, cualquier argumento nuevo que no guardó relación con el litigio tal como fue fijado por el juez de primera instancia no puede ser abordado en segunda instancia. Esta regla reitera y confirma precedentes anteriores sobre el marco de competencia del juez en segunda instancia y la importancia del principio de congruencia en el proceso de contratación estatal, lo que implica que las partes deben presentar todos los argumentos y pretensiones en primera instancia para evitar la improcedencia de nuevos cargos en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿Se acreditó la nulidad del otrosí n.° 1 del contrato de concesión por haber modificado la destinación de los recursos de la subcuenta de gestión predial y el esquema de asignación de riesgos…
¿Se encontraba ajustada a derecho la declaratoria de caducidad del contrato de concesión, al haberse acreditado un incumplimiento grave y directamente relacionado con el objeto contractual que…
¿Se respetaron el debido proceso y el derecho de defensa del concesionario en el procedimiento administrativo de declaratoria de caducidad…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Prescribe esa norma que los planos deben actualizarse por lo menos dos veces por año al final de cada semestre.
Sentencia — Sentencia
2021-12-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000233600020170182601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En el marco de un contrato de concesión minera, cuándo procede la imposición de multa por incumplimiento contractual en la etapa de explotación? Sí
Se concluye que, en tanto la decisión impositiva de la multa, como aquella que al resolver el recurso de reposición la confirmó, se expidieron el 20 de junio de 2016 y el 23 de diciembre de 2016, respectivamente, se colige que fueron expedidas en el transcurso de la etapa de explotación.
También resuelve:
¿Cuáles son los parámetros para la imposición y tasación de la multa por incumplimiento contractual en el contrato de concesión minera?
¿Cuál es la competencia para la resolver los conflictos por la nulidad del acto administrativo contractual de imposición de multa por incumplimiento contractual de contrato de concesión minera?
¿Cómo es el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se discuta la nulidad del acto administrativo contractual de imposición de multa por…
Consejo de Estado
Providencia
El contrato de obra suscrito entre las partes es sin duda un contrato de tracto sucesivo que requiere de liquidación
Sentencia — Sentencia
2022-03-02
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020170044201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la expiración del plazo para liquidar el contrato? Sí
El contratista tiene un plazo de dos años para ejercer la acción de controversias contractuales desde la expiración del término para liquidar el contrato, conforme a lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Este plazo se inicia luego de que se agote el tiempo acordado para la liquidación voluntaria bilateral o unilateral del contrato, según lo pactado en las cláusulas del mismo. La Sala reitera que la liquidación es obligatoria para los contratos de tracto sucesivo, y que la falta de liquidación por parte de la entidad estatal no interrumpe el cómputo del plazo para la acción de controversias contractuales, lo que implica que el contratista debe actuar oportunamente para evitar la caducidad de su derecho a la indemnización de perjuicios.síntesis automática
También resuelve:
¿Para que el retardo del deudor permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, debe demostrar que el incumplimiento le causó un perjuicio y que el deudor está constituido en mora?
¿La liquidación del contrato es obligatoria para los que contemplan obligaciones de tracto sucesivo?
¿Cuál es el plazo estipulado en la ley para la liquidación bilateral y unilateral del contrato?
Consejo de Estado
Providencia
El fuero de atracción constituye un fenómeno procesal a partir del factor de conexión de la competencia
Sentencia — Sentencia
2025-02-21
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020070050301
ACCION CONTRACTUAL
¿El fuero de atracción constituye un fenómeno procesal a partir del factor de conexión de la competencia, el criterio de especialidad y los principios de economía, eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y el acceso efectivo a la administración de justicia, en la medida que extiende la jurisdicción del juez administrativo a personas de derecho privado, en los casos en que estas son demandadas de forma concomitante con sujetos de derecho público? Sí
El fuero de atracción es un fenómeno procesal que extiende la jurisdicción del juez administrativo a personas de derecho privado cuando son demandadas junto con sujetos de derecho público, siempre y cuando exista una conexión de competencia basada en la misma fuente y naturaleza del daño, y una probabilidad fundada de condena. Este criterio se aplica excepcionalmente para garantizar la economía, eficiencia y seguridad jurídica, y no altera las reglas de responsabilidad aplicables a los particulares, que siguen siendo las del derecho privado. En el caso concreto, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se pronunció sobre la responsabilidad de una sociedad privada y una persona natural, junto a la Beneficencia de Cundinamarca, por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento que causó la pérdida de mejoras en el inmueble, debido a la conexión de hechos y daños involucrados. Esta jurisprudencia reitera y matiza la aplicación del fuero de atracción, permitiendo su uso en casos de concausalidad y litisconsorcio necesario, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.síntesis automática
También resuelve:
¿En virtud de la competencia por conexidad y el fuero de atracción, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está habilitada para pronunciarse sobre la responsabilidad de la sociedad privada…
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa interpuesta para demandar el incumplimiento de un contrato de arrendamiento…
¿Cuenta con legitimación en la causa por activa el gerente de la sociedad demandante, al suscribir el contrato de arrendamiento motivo de controversias en su doble condición de persona natural y…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El juez puede examinar el desequilibrio financiero aplicando la teoría de la imprevisión y principios contractuales aunque la demanda invoque normas del EGCAP.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-08-11
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 05001233300020180162101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede el juez analizar el presunto desequilibrio económico de un contrato excluido de la Ley 80 de 1993 aplicando la teoría de la imprevisión y principios generales del derecho contractual, aun cuando la demanda invocó inicialmente normas del EGCAP? Sí
El juez interpreta las pretensiones sobre desequilibrio económico de un negocio jurídico aplicando la teoría de la imprevisión y los principios generales del derecho contractual, con independencia de que la demanda haya invocado inicialmente normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En la decisión comentada, la aclaración de voto señaló que, aunque las normas del EGCAP no rigen directamente negocios excluidos de ese régimen, las pretensiones podían examinarse bajo el principio de conmutatividad y la teoría de la imprevisión ante incrementos excesivos sobrevinientes, sin vulnerar el debido proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede una "acta de inicio" suscrita únicamente por la contratista y el interventor suplir válidamente la “orden de inicio” que contractualmente debía emitir la Administración para dar comienzo a la…
¿El incremento del valor del dólar, ocurrido de forma anormal, desproporcionada y superior a lo previsible después de la suscripción del acta de inicio…
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-02-03
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 66001233300020170001001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza y características los hacen diferentes y determinan su régimen legal? Sí
Decidí aclarar voto frente a las nociones y características propias de los denominados “convenios y contratos interadministrativos”. Resulta fundamental procurar una adecuada distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza, y características los hacen diferentes y determinan, en últimas, su régimen legal. El Decreto Ley 222 de 1983 no señalaba una definición y mucho menos hacía la distinción conceptual específica entre “convenios y contratos interadministrativos”. El artículo 16 [en] el numeral 5 incluyó los que denominó [contratos] “interadministrativos internos” que tuviesen por objeto la concesión de servicios públicos, obras públicas, prestación de servicios y suministro.
También resuelve:
¿La locución “contrato interadministrativo” tiene una naturaleza, alcance y finalidad diferentes a la de los convenios interadministrativos y, por ende, no pueden ser considerados sinónimos?
¿En los contratos interadministrativos la entidad contratante busca satisfacer un fin específico y la entidad contratista se vincula voluntariamente a cambio de un precio?
¿La característica de los “convenios interadministrativos” se encuentra en la existencia de varias entidades estatales en las que concurren fines comunes para ambas…
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-02-03
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 15001233300020190028001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza y características los hacen diferentes y determinan su régimen legal? Sí
Decidí aclarar voto frente a las nociones y características propias de los denominados “convenios y contratos interadministrativos”. Resulta fundamental procurar una adecuada distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza, y características los hacen diferentes y determinan, en últimas, su régimen legal. El Decreto Ley 222 de 1983 no señalaba una definición y mucho menos hacía la distinción conceptual específica entre “convenios y contratos interadministrativos”. El artículo 16 [en] el numeral 5 incluyó los que denominó [contratos] “interadministrativos internos” que tuviesen por objeto la concesión de servicios públicos, obras públicas, prestación de servicios y suministro.
También resuelve:
¿La suscripción de contratos interadministrativos fue causal de contratación directa frecuente, haciendo adoptar medidas que restringieron su uso?
¿La entidad contratante busca satisfacer un fin específico y la entidad contratista se vincula voluntariamente a cambio de un precio?
¿El ánimo de cooperación lleva a que las entidades públicas celebren “convenios interadministrativos” mediante aportes de cada una desde la órbita de sus funciones?