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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: a la par de lo anterior es de señalar que la tipificación del contrato de consultoría determina

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Fecha
2023-03-31
Radicado
25000233600020150235001
Número interno
59148
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO TZ CIER
Demandado
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: a la par de lo anterior es de señalar que la tipificación del contrato de consultoría determina

Lo que dijo la Sala

Por el alcance y similitudes que el contrato de consultoría tiene con el de prestación de servicios, vale precisar que la Ley 80 de 1993 los define como dos tipologías contractuales independientes, cuya distinción radica en que el primero se centra en la realización de estudios, diseños y asesoría técnica al control y supervisión de proyectos, así como en la interventoría, gerencia y dirección de obras o proyectos, actividades cuyo común denominador es de marcada índole técnica acompañada de un matiz de especialidad; mientras que la prestación de servicios, que tiene un rango más general de cobertura, gira en torno al desarrollo de actividades relativas a la administración o funcionamiento de la entidad, que pueden o no incluir actividades técnicas, profesionales o no. Así, las actividades a las que se refiere la norma relativa a la consultoría son las que corresponden a este arquetipo contractual…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Cuando los requerimientos de la entidad contratante son sucesivos y no delimitados y hacen inejecutable un contrato de consultoría, los actos que los sustentan adolecen de falsa motivación. La regla parte de distinguir el contrato de consultoría del de prestación de servicios, pues la Ley 80 de 1993 define el primero para estudios, diseños y asesoría técnica, interventoría y dirección de obras, actividades de marcada índole técnica que se seleccionan por concurso de méritos, mientras que el segundo se orienta a la administración o funcionamiento de la entidad. Segunda razón: la motivación de un acto debe corresponder a la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico. Tercera, en el caso, la entidad, con requerimientos de ajuste metodológico no delimitados y sucesivos, provocó que el contrato fuera inejecutable. Por ello se revocó la sentencia apelada y se declaró la nulidad de los actos. La providencia reitera la distinción entre ambas tipologías, que la Corporación ha adoptado de forma mayoritaria.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se configuró el vicio de falsa motivación respecto de las resoluciones enjuiciadas –la 5488 del 15 de mayo de 2013 y la 10604 del 12 de agosto de ese mismo año, proferidas por el Ministerio de Educación Nacional-, por cuanto las razones aducidas en sus fundamentos se alejaron de la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, art. 32 núm. 2

También resuelve

  • ¿El monto de la liquidación de la condena en abstracto podrá superar la estimación razonada de la cuantía, los límites establecidos en las pretensiones y en el precio ofertado por el actor en la…
  • ¿La Sala discrepa en reconocer el monto solicitado, porque (i) se refiere al valor total del contrato y en el expediente obra prueba que la entidad canceló la suma correspondiente a $143.388.72270…
  • ¿Se probó la existencia de una afectación moral en cabeza de los integrantes del consorcio actor, obran medios probatorios que así lo demuestren?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA CONTRATO DE CONSULTORÍA DIFERENCIA ENTRE CONTRATO DE CONSULTORÍA Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA REGULACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE CONSULTORÍA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO NORMATIVA DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO CLASES DE CONTRATO INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL FALSA MOTIVACIÓN REVOCATORIA DE LA SENTENCIA CONFIGURACIÓN DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO FALSA MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PERJUICIOS DAÑO EMERGENTE ACREDITACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE PAGO DEL DAÑO EMERGENTE LIQUIDACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE LUCRO CESANTE CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE RELACIÓN DE SALDOS INSOLUTOS UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL IPC REAJUSTE CON BASE AL IPC TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE ACTUALIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE PERJUICIO MORAL DEMOSTRACIÓN DEL PERJUICIO MORAL FACTORES DE DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO MORAL NEGACIÓN DEL PERJUICIO MORAL NATURALEZA DEL PERJUICIO MORAL PRUEBA ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA ALCANCE DE LA PRUEBA ALCANCE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA EFICACIA DE LA PRUEBA FALTA DE PRUEBA GOOD WILL REQUISITOS DE LA PRUEBA PERJUICIO INMATERIAL DAÑO MORAL MEDIOS DE PRUEBA PRUEBA DEL DAÑO MORAL IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL NEGACIÓN DEL PERJUICIO INMATERIAL APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Liquidación del contrato Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Prestación de servicios y contrato realidad Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 20.503 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA / CONTRATO DE CONSULTORÍA / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO DE CONSULTORÍA Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA / REGULACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE CONSULTORÍA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO / NORMATIVA DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / CLASES DE CONTRATO / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FALSA MOTIVACIÓN / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / CONFIGURACIÓN DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Se configuró el vicio de falsa motivación respecto de las resoluciones enjuiciadas –la 5488 del 15 de mayo de 2013 y la 10604 del 12 de agosto de ese mismo año, proferidas por el Ministerio de Educación Nacional-, por cuanto las razones aducidas en sus fundamentos se alejaron de la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico? Respuesta al problema jurídico: Si Por el alcance y similitudes que el contrato de consultoría tiene con el de prestación de servicios, vale precisar que la Ley 80 de 1993 los define como dos tipologías contractuales independientes, cuya distinción radica en que el primero se centra en la realización de estudios, diseños y asesoría técnica al control y supervisión de proyectos, así como en la interventoría, gerencia y dirección de obras o proyectos, actividades cuyo común denominador es de marcada índole técnica acompañada de un matiz de especialidad; mientras que la prestación de servicios, que tiene un rango más general de cobertura, gira en torno al desarrollo de actividades relativas a la administración o funcionamiento de la entidad, que pueden o no incluir actividades técnicas, profesionales o no. Así, las actividades a las que se refiere la norma relativa a la consultoría son las que corresponden a este arquetipo contractual, las demás se enmarcan en contratos de prestación de servicios; conclusión cuyo entendimiento ha adoptado, de forma mayoritaria, la Corporación. Finalmente, a la par de lo anterior, es de señalar que la tipificación del contrato de consultoría determina, a su turno, la modalidad de selección del contratista a través del concurso de méritos, lo que lleva a recordar que este procedimiento de escogencia recoge los elementos centrales que orientan la elección del proponente con las calidades profesionales, de experiencia, académicas, técnicas y demás relevantes a los fines de la contratación, de cara a aspectos o materias de alta o marcada especialidad, que imponen a la Administración acudir a este dispositivo contractual. (…) Analizado el material probatorio que obra en el expediente, la Sala se adelanta en afirmar que no comparte el criterio del a quo, pues el MEN [Ministerio de Educación Nacional], a través de sus requerimientos de ajuste metodológico no delimitados y sucesivos, provocó que el contrato de consultoría fuera inejecutable. Bajo esta tesis, se revocará la sentencia apelada y en su lugar se declarará la nulidad de los actos enjuiciados por adolecer de falsa motivación (…). Así las cosas, la Sala encuentra que el negocio jurídico en estudio, el 464 de 2011, se enmarcó en la tipología de contrato de consultoría, pues su objeto, relativo a la elaboración de una metodología, diseño e implementación de una estrategia de acción pedagógica, movilización social y comunicación que contribuya a incrementar la importancia que se le asigna a la educación y así incentivar la transformación de comportamientos sociales, encuadra definitivamente en las actividades enunciadas en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 como caracterizadoras del aludido tipo contractual, en la medida que, vistos los antecedentes que dieron lugar a su suscripción y las cuatro etapas que lo comprendían, encajó en la elaboración de estudios de diagnóstico (dirigidos a dilucidar las razones de la poca asignación de relevancia a la educación) y en la ejecución de diseños y proyectos -en este caso, la metodología pedagógica-, labores que, efectivamente, distan de las actividades que definen a los contratos de la prestación de servicios. En este punto, se aclara que si bien el contrato en estudio se enmarca dentro de las atribuciones que le competen al Ministerio, ello no significa que implique la prestación de un servicio relativo a la administración o funcionamiento de la entidad, por cuanto, como se vio, trata sobre una construcción ideológica que incumbe a la consultoría, sin que su pertinencia con las funciones de la contratante, desdibuje sus matices particulares y la autonomía en la prestación del objeto contratado a cargo del consultor. (…) Para la Sala es claro que delimitar la facultad de solicitar “ajustes” entraña, en más de las veces, escenarios de dificultad, por manera que para dilucidar el asunto acudirá a los criterios de interpretación de los contratos y al contenido de legalidad que ata el procedimiento de escogencia del contratista en función de la naturaleza del contrato sub examine. (…) En este orden de ideas, las sugerencias hechas por la entidad no se enmarcaron en los ajustes que el clausulado negocial determinó como procedentes, sino que rebasaron dicha permisión para convertirse en verdaderas modificaciones que transformaron la esencia de la oferta formulada por el consorcio y que, a la postre, impidieron que el contrato avanzara según lo previsto en un comienzo por el contratista. Lo expuesto no denota, se aclara, que la contratante no pudiese proponer arreglos que condujeran a acomodar la propuesta a su visión, para que se alcanzara un resultado que uniera ambas expectativas; la censura apunta a que esas sugerencias rebasaron el acoplamiento permitido por las normas contractuales, en punto a obviar y reemplazar el modelo metodológico formulado por el consultor adjudicatario. Aunado a lo anterior, es vital resaltar que, en todo caso, los ajustes que podía realizar la entidad debían aplicarse con miras a la implementación de la propuesta y no una permisión a cambios y alteraciones recurrentes en el curso de la ejecución, ya que una aquiescencia de modificación ilimitada en el tiempo rebasa también los límites de acción de la entidad, al impedir tener certidumbre del modelo de metodología aprobada y que debía ser entregada por éste. (…) Igualmente, y en línea con lo manifestado en párrafos precedentes, no se comparte el criterio expuesto por la accionada que arguye que existía una ausencia de obligatoriedad de la oferta, en virtud de la afirmación consistente en que la “propuesta no será vinculante”, contenida en los pliegos de condiciones, comoquiera que esta previsión no puede leerse de forma descontextualizada y aislada del contenido del documento donde se origina (…). Así las cosas, para la Sala es claro que se configuró el vicio de falsa motivación respecto de las resoluciones enjuiciadas –la 5488 del 15 de mayo de 2013 y la 10604 del 12 de agosto de ese mismo año, proferidas por el Ministerio de Educación Nacional-, por cuanto las razones aducidas en sus fundamentos se alejaron de la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico (…) En esa medida y al observar que los motivos determinantes que fundamentaron las decisiones debatidas se basaron en una apreciación errónea de los hechos, comoquiera que el acontecer negocial demuestra que fue la propia entidad la que puso en situación de incumplimiento al contratista –con ocasión de las sucesivas solicitudes de ajuste que superaron los linderos admisibles, y que llevaron a que el consultor no pudiera cumplir de cara a cada nuevo requerimiento–, resulta forzoso colegir que hay lugar a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas y el incumplimiento contractual a cargo de la entidad contratante (…). NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 19 de marzo de 2020, radicación 52001-23-33-000-2015-00155-01(3093-16). Consultoría como prestación de servicios, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de noviembre de 2006, expediente 30.832, Consejero Ponente: Alier Hernández Enríquez, Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Aclaración de Voto suscrita por el Consejero Mauricio Fajardo Gómez al fallo de 30 de noviembre de 2006, exp. 30832. Falsa motivación, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 19 de marzo de 2020, radicación 52001-23-33-000-2015-00155-01(3093-16). FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 2 PERJUICIOS / DAÑO EMERGENTE / ACREDITACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / PAGO DEL DAÑO EMERGENTE / LIQUIDACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE Problema jurídico: ¿El monto de la liquidación de la condena en abstracto podrá superar la estimación razonada de la cuantía, los límites establecidos en las pretensiones y en el precio ofertado por el actor en la propuesta que formuló en el proceso de selección? Respuesta al problema jurídico: No [La] Sala no puede pasar por alto que el consorcio TZ CIER, en su demanda, solicitó el decreto de un dictamen pericial contable, “a efectos que determinen y realicen una tasación de los perjuicios sufridos por el Consorcio con ocasión de la declaratoria de incumplimiento del contrato e imposición de multa pecuniaria. Los auxiliares verificaran (sic) cada uno de los registros contables y demás documentos del consorcio TZ CIER que fueren necesarios para la entrega de la prueba pericial” y que el Tribunal de primer grado, en el curso de la audiencia inicial, lo aplazó y decidió que éste sería “decretado y practicado en el evento de una sentencia in genere de naturaleza condenatoria en la que se establezca que los actos de declaratoria de incumplimiento son nulos”; por ende, sin que corresponda a una premisa con asiento en la ley aunque sí en una providencia judicial en firme, se tendrá en cuenta esta situación, con el fin de resolver los pedimentos en esta instancia. Así, ante la falta de certeza en la cuantía de los perjuicios solicitados, incertidumbre coadyuvada por la falta de decreto y práctica del dictamen pericial solicitado, se torna necesario condenar en abstracto a la demandada para que, en trámite incidental, se liquide el monto del restablecimiento solicitado, por concepto de daño emergente, en atención a las pruebas que corroboren los presupuestos necesarios para el cálculo de la condena. Para efectos de dicha liquidación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios, además de los de orden constitucional y legalmente preestablecidos: I. El incidente de liquidación se realizará en el plazo y bajo los lineamientos previstos en el artículo 193 del CPACA. II. Este incidente se restringirá a verificar si existe prueba del pago por parte de la demandante de la suma de $57.355.488, ordenada a su cargo en los actos administrativos debatidos. III. Se examinarán los costos en que incurrió el consorcio actor para entregar los productos al Ministerio. IV. Previa constatación de las pruebas pertinentes, se determinará el valor de los sobrecostos generados a la parte actora con el incumplimiento endilgado a la entidad contratante. V. No se accede al reconocimiento pedido por gastos de representación del consorcio, puesto que éstos están incluidos en los costos de administración que debió contemplar el contratista al confeccionar su propuesta y, en todo caso, si se trata de las mayores erogaciones en que se incurrió por este ítem, con ocasión del incumplimiento de la contratante, la actora ya solicitó una indemnización por dicho concepto. VI. Bajo ninguna consideración, el monto de la liquidación de la condena en abstracto podrá superar la estimación razonada de la cuantía, ni los límites establecidos en las pretensiones y en el precio ofertado por el actor en la propuesta que formuló en el proceso de selección. De modo que, en caso de probarse que se prestaron servicios por un valor superior, la liquidación en todo caso se efectuará bajo los límites indicados. VII. El resultado de los anteriores cálculos será indexado o actualizado aplicando los índices de precios al consumidor certificados por el DANE. VIII. Sobre la anterior suma de dinero no se reconocerán intereses moratorios en tanto la exigibilidad de su pago se deriva de la condena. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 193 LUCRO CESANTE / CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / RELACIÓN DE SALDOS INSOLUTOS / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / IPC / REAJUSTE CON BASE AL IPC / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / ACTUALIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE Problema jurídico: ¿La Sala discrepa en reconocer el monto solicitado, porque (i) se refiere al valor total del contrato y en el expediente obra prueba que la entidad canceló la suma correspondiente a $143.388.72270; (ii) por tanto, la utilidad a pagar debe considerar el saldo no cancelado del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si A título de lucro cesante, la parte demandante pidió $82’092.780, correspondiente a las utilidades que debía recibir con ocasión de la ejecución del contrato. (…) Al examinar esta pretensión, la Sala encuentra que se refiere a la utilidad completa esperada con ocasión de la ejecución del negocio; sin embargo, esta petición debe circunscribirse al saldo insoluto del contrato, es decir, $573’554.890 y no al monto esperado con base en el valor total del contrato, como se puede apreciar en la relación financiera de éste, allegada al expediente. (…) La Sala discrepa en reconocer el monto solicitado, porque (i) se refiere al valor total del contrato y en el expediente obra prueba que la entidad canceló la suma correspondiente a $143.388.72270; (ii) por tanto, la utilidad a pagar debe considerar el saldo no cancelado del contrato, es decir, $573’554.890; (iii) suma esta última respecto de la cual se cancelará el porcentaje de utilidad esperado por el contratista, previa resta del valor del IVA (16%); y (iv) como porcentaje de utilidad esperada se aplicará el 15%, monto respecto del cual el consorcio confeccionó su propuesta y ésta resultó adjudicataria. (…) En este orden de ideas, al restar de $573’554.890 el 16% correspondiente al IVA, se obtiene el valor de $481’786.108, suma respecto de la cual se calcula el 15%, antes referido, operación que arroja la cifra de $72’267.916, correspondiente al valor de la utilidad esperada por el contratista, monto que se actualizará, utilizando los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, para ello se tendrá en cuenta que el índice inicial corresponde a la fecha en la cual quedó en firme la Resolución 10604 de 2013 –agosto de 201371 - y que el índice final corresponde a la fecha de esta providencia, con base en la (…) fórmula (donde Vp corresponde al valor presente y Vh al valor histórico o inicial). PERJUICIO MORAL / DEMOSTRACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / FACTORES DE DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / NEGACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / NATURALEZA DEL PERJUICIO MORAL / PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / EFICACIA DE LA PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / GOOD WILL / REQUISITOS DE LA PRUEBA / PERJUICIO INMATERIAL / DAÑO MORAL / MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA DEL DAÑO MORAL / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL / NEGACIÓN DEL PERJUICIO INMATERIAL Problema jurídico: ¿Se probó la existencia de una afectación moral en cabeza de los integrantes del consorcio actor, obran medios probatorios que así lo demuestren? Respuesta al problema jurídico: No Por concepto de daños morales, por la afectación de su buen nombre y la pérdida de chance u oportunidad, la actora solicitó el reconocimiento de 200 smlmv. (…) Sobre este pedimento, la jurisprudencia de esta Corporación en diversos pronunciamientos ha considerado que, en materia contractual, eventualmente cabría emitirse condena por concepto de perjuicios morales, cuya prosperidad en todo caso está condicionada, al igual que la indemnización por cualquier otro tipo de perjuicio, a la prueba de su existencia. (…) Así, con el propósito de obtener la condena por el daño moral que supuestamente padeció el actor, por unas decisiones que, tras ser revisadas por el juez adolecen de nulidad, se debe probar la materialización de esa afección, es decir, el dolor, la aflicción y en general, los sentimientos de desesperación, desasosiego, congoja, temor o zozobra que sufrió real y efectivamente por un hecho imputable a la actividad del Estado, como ocurre con todo aquel perjuicio respecto del cual se pretenda su resarcimiento. (…) Atendiendo a lo expuesto, la Sala encuentra que en el caso concreto no se probó una afectación moral en cabeza de los integrantes del consorcio actor, pues no obran medios probatorios que así lo demuestren y, en todo caso, la sola creencia de que la ilegalidad del acto produce perjuicios morales no es de recibo para la Sala; además, la sanción de la que fue objeto no le impidió seguir contratando con el Estado y no se demostró que se hubiese perjudicado su good will, afectaciones que, se reitera, requieren de prueba en el ámbito procesal, (…) Por lo anterior y ante la ausencia de medios probatorios que acrediten la efectiva causación de estos perjuicios inmateriales, la Sala negará su reconocimiento. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias (i) del 3 de agosto de 2017, número interno 52.920 y (ii) del 14 de febrero de 2019, número interno 58.894. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de febrero de 2012, radicación 19001-23-31-000-1998-00497-01(22278). APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿La parte demandante resultó vencida –se revocó totalmente la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones, por lo tanto, asumirá las costas procesales de ambas instancias, la condena incluirá las agencias en derecho? Respuesta al problema jurídico: Si En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, numeral 4, que se condenará en costas por ambas instancias a la parte vencida, “cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior”, escenario que se configuró en el sub lite. (…) Por lo anterior, se condena a la parte demandada a pagar el valor de las costas en ambas instancias, en esa medida se modifica el valor que fue impuesto en primer grado, por el monto correspondiente al 1% del valor de las pretensiones, esto es, la suma de (…) ($10’421.822) y se fijan las agencias en derecho, para esta instancia, en la suma de (…) ($5’210.911) a favor de la demandante, cifra que equivale al 0,5% de las pretensiones que fueron presentadas en este proceso, según el libelo introductorio (la suma de $1.042’182.275), es decir, que no supera el 5% sobre las pretensiones, límite máximo para la tasación de las costas en segunda instancia, según lo establece el Acuerdo 1887 de 2003; por ende, por ambas instancias, le corresponde a la demandada pagar la suma de (…) ($15’632.733). FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201502350011100103