Titulación de la relatoría 24.487 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMUNICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE PRUEBA / EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CERTIFICADO DE LA CÁMARA DE COMERCIO / FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / HECHOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en el que se demanda la nulidad de una acto proferido después de la liquidación del contrato estatal, ante la falta de prueba que refleje la fecha de notificación o comunicación del acto administrativo impugnado, puede tenerse en cuenta la fecha de ejecución del acto respectivo registrada en el Certificado de Cámara y Comercio, por suponer, además de la presunción de legalidad, que el acto surtió la respectiva notificación o comunicación al afectado, y que quedó en firme en los términos del procedimiento administrativo correspondiente?
Respuesta al problema jurídico: Si
Sobre la presentación oportuna de la demanda, en el subjudice la parte actora solicita la nulidad de las resoluciones (...) expedidas por el IDU, que declararon el siniestro de mala calidad de los estudios y diseños entregados por el Consultor, e hicieron efectiva la garantía única de cumplimiento que amparaba dicho riesgo. La decisión administrativa demandada fue posterior a la liquidación del contrato, por lo que, al ser la manifestación de una potestad administrativa, el término para formular la demanda en tiempo debe tener en consideración la notificación, comunicación o publicación del acto administrativo definitivo, según sea el caso. Además, la actuación constituye el supuesto fáctico y jurídico que suscita la reclamación judicial, por lo que, siguiendo el primer inciso del artículo 136.10 del CCA -aplicable según el artículo 40 de la Ley 153 de 1887- es el punto de partida de los dos años a partir de los motivos que desencadenaron en la demanda para proponer oportunamente el medio de control de controversias contractuales. En el expediente no hay medio de prueba que refleje la fecha de notificación o comunicación del último acto impugnado, tampoco hay -como tal- una constancia de ejecutoria. Sin embargo, de acuerdo con el certificado de Cámara de Comercio aportado al expediente (...) -que tiene por objeto los datos sobre multas y sanciones de los que fue objeto el contratista, así como la demás información que lo afecte- la fecha de ejecutoria del acto administrativo tuvo lugar el seis (6) de septiembre de dos mil once (2011). Como la ejecutoria del acto administrativo supone, además de la presunción de legalidad, que el acto surtió la respectiva notificación o comunicación al afectado, y quedó en firme en los términos del procedimiento administrativo correspondiente, la Sala estima procedente, para este, caso considerar la fecha de ejecutoria como punto de partida del término bienal, en vista de la ausencia de pruebas que indiquen una fecha anterior. (...) Por ende, la demanda presentada (...) fue formulada oportunamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza de los actos administrativos proferidos con posterioridad a la liquidación del contrato Estatal, consultar providencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 13347, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Acerca de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos, consultar providencia de la Corte Constitucional, de 23 de febrero de 1995, C-069.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, DECRETO 92 DE 1998 - ARTÍCULO 6, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 22
CONTRATO DE CONSULTORÍA / CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / REGULACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Cualquier posible situación que fuera conocida por el Consultor relativa a una inestabilidad en las redes de servicios públicos objeto del contrato de consultoría, debía ser advertida y consignada en los documentos que integraban los estudios y diseños, como parte del deber de ejecutar el contrato conforme a la buena fe, que no solo obliga a realizar las prestaciones expresamente pactadas sino aquellas que, por naturaleza o por mandato de la ley, pertenecen a la obligación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]os estudios y diseños contratados eran un conjunto de documentos que conformaban, más no se limitaban, a los señalados en los Términos y en el contrato (...). En efecto, en tanto el contrato de consultoría se caracteriza, conforme a su definición legal (Ley 80 de 1993, artículo 32, núm. 2) por tener un alto componente técnico y especializado, en el que el consultor aplica sus conocimientos a la realización de los "estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión", cualquier posible situación que fuera conocida por el Consultor, relativa a una inestabilidad en las redes de servicios públicos, debía ser advertida y consignada en los documentos que integraban los estudios y diseños, como parte del deber de ejecutar el contrato conforme a la buena fe, que no solo obliga a realizar las prestaciones expresamente pactadas sino aquellas que, por naturaleza o por mandato de la ley, pertenecen a la obligación. (...) De suerte que el Consorcio sí estaba obligado a advertir, de acuerdo con su campo de experticia técnica, la manera adecuada en que debía ser efectuada la construcción de las obras de la red de acueducto, e informar lo que tuviera a su alcance para mantener la estabilidad de obras ya existentes y evitar daños en la infraestructura, como parte de los estudios y diseños pactados, conforme a la información proporcionada la Empresa propietaria de esta red, quien igualmente debía aprobar los estudios y diseños.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza y alcance del contrato de consultoría, consultar providencia de 30 de noviembre de 2006, Exp. 30832, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 2, LEY 86 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / NULIDAD DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD / CALIDAD DEL PRODUCTO / CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL / DECLARATORIA DE ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONFIGURACIÓN DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE CONSULTORÍA
Problema jurídico:
¿Hubo falsa motivación en las decisiones administrativas impugnadas, teniendo en cuenta que la administración declaró el siniestro de mala calidad de los productos entregados en virtud del contrato de consultoría, basada en el supuesto fáctico de que el consultor no entregó recomendaciones para que no fuera afectada la estabilidad geotécnica de la tubería, que se observa fue advertido antes de finalizar el contrato, por lo que que no resultaba dable la declaratoria del mentado siniestro?
Respuesta al problema jurídico: Si
Cuando la Administración ejerce la prerrogativa de declarar unilateralmente la ocurrencia de un siniestro, con el propósito de hacer efectiva la garantía que ampara el cumplimiento contractual y proteger así el patrimonio público comprometido en la contratación del bien, obra, producto o servicio contratado, está sometido al principio de legalidad que, en sentido amplio, incluye la reglamentación de las leyes que desarrollan las clases y niveles de amparo de los riesgos contractuales, entre otros aspectos. En ese sentido, siguiendo la norma (...), la calificación jurídica de los hechos que dan lugar a la declaración unilateral del siniestro de calidad del servicio, cuando este recae en la mala calidad o insuficiencia del producto entregado en virtud de un contrato de consultoría, debe corresponder a perjuicios derivados de (i) vicios que sean imputables al consultor, y (ii) que hayan ocurrido o se hayan descubierto con posterioridad a la terminación del contrato, siendo imposible para la entidad haberse enterado de ellos antes de finiquitar el acuerdo de voluntades. (...) En el caso bajo estudio (...) en lo atinente al segundo presupuesto del siniestro de calidad, en la Resolución (...), el IDU se limitó a considerar que, si bien había sido detectada oportunamente por el Consorcio la existencia de la tubería de 60", la omisión de las recomendaciones sobre su estabilidad durante la construcción había sido una ligereza, porque aquel habría podido detectarlas, "a la luz de las buenas prácticas de ingeniería". El IDU, sin embargo, tuvo tanto conocimiento de los riesgos que se cernían sobre la referida estabilidad, como su consultor (...), de modo que no puede argüir que la omisión de este último no la haya detectado únicamente tras la entrega y recibo a satisfacción de los estudios y diseños a cargo del consultor. En tales condiciones, debió glosar los estudios y diseños al momento de su entrega, abstenerse de impartir recibo de conformidad y derivar las consecuencias propias de un incumplimiento contractual. (...) Entonces, el supuesto fáctico de no haber entregado recomendaciones para que en la fase de construcción no fuera afectada la estabilidad geotécnica de la tubería no encaja con el riesgo contractual de mala calidad y/o insuficiencia del producto, porque aquel fue advertido antes de finalizar el contrato de consultoría. En efecto, de acuerdo con lo expresado por la misma Resolución (...) y por el concepto allí invocado, la falencia reprochada al contratista fue detectada durante la vigencia del contrato, y respecto de esta, la Administración echó de menos que el consultor hubiera presentado alternativas o soluciones al problema técnico detectado, lo que no daría cuenta de un vicio oculto en la calidad del producto sino de un incumplimiento contractual que, por lo visto, no fue oportunamente prevenido por el interventor, ni tampoco por la empresa de acueducto dueña de la infraestructura afectada, ni por el mismo IDU. (...) Luego, más allá de si existía la obligación contractual de dar esas recomendaciones, y si esta fue incumplida o no por el Consorcio, lo que evidencia esta Subsección es una apreciación errónea de los hechos por parte de la Administración, que no podían dar lugar al siniestro declarado de acuerdo con las normas superiores vigentes. Por esta razón, la prosperidad del cargo de falsa motivación se mantiene, aunque por las razones hasta acá presentadas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la garantía de calidad del servicio, consultar providencia de 22 de abril de 2009, Exp.14667, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.
FUENTE FORMAL:
DECRETO REGLAMENTARIO 4828 DE 2008 - ARTÍCULO 4, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 7
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEBIDO PROCESO / AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DESCONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / HECHO NUEVO / NULIDAD DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL / DECLARATORIA DE ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE CONSULTORÍA
Problema jurídico:
¿El IDU violó el debido proceso del Consorcio al incluir, en la resolución que resolvió el recurso por aquel interpuesto, un hecho nuevo, relacionado con la entrega de recomendaciones dentro de la documentación exigida al consultor por las obligaciones del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A] partir del simple parangón entre ambos actos resulta notorio que en la Resolución 579, al Consorcio contratista no se le imputó la omisión de entregar recomendaciones sobre la estabilidad de la red de 60". Si bien es cierto que en la motivación técnica de la Resolución 579 se hizo mención a la tubería, ese señalamiento se centró en la omisión de la verificación de su existencia, aspecto que finalmente fue descartado por la Resolución 3431. En consecuencia, contrario a lo que argumentó la entidad (...), lo que se pone de presente con la comparación de los motivos de uno y otro acto es que el reproche consistente en no entregar las citadas recomendaciones fue un hecho nuevo que no fue incluido originalmente en etapas previas a desatar el recurso de reposición contra la Resolución 579. (...) La consagración en el ordenamiento positivo colombiano del debido proceso contempla su aplicación y exigencia en todas las actuaciones de las entidades públicas. En el contexto de las decisiones administrativas contractuales, y particularmente aquellas que declaran unilateralmente la ocurrencia de un siniestro la jurisprudencia ha señalado que las entidades contratantes no pueden sustraerse del deber de motivar adecuadamente la decisión, mediante la indicación precisa de los supuestos fácticos, jurídicos y probatorios que sustentan la decisión; ni de garantizar los derechos de contradicción y de defensa de los destinatarios del acto, que hacen parte del contenido del debido proceso administrativo. (...) En ese sentido, al introducir elementos sorpresivos en la motivación del acto que resuelve los recursos, y que terminan por soportar enteramente la decisión declarativa del siniestro de mala calidad de los productos entregados, se produce una ostensible violación del debido proceso del Consorcio. En concreto, este fue privado de toda posibilidad de contradicción, porque únicamente se enteró de que el reproche giraba en torno a la omisión de recomendaciones que debieron ser detectadas "a la luz de las buenas prácticas de ingeniería" al momento de ser notificado del acto que resolvió el recurso de apelación. Además, el concepto del ingeniero (...) coordinador del grupo de redes, no fue descubierto como elemento clave para adoptar la decisión sino hasta la Resolución 3431. No pudo así el Consorcio rebatir la imputación de faltar a las "buenas prácticas de ingeniería", lo que es, por demás, un concepto genérico e indeterminado que, como tal, carece de la solidez necesaria para fundar la decisión. En todo caso, para esta Colegiatura, es evidente que nadie puede ejercer eficazmente su defensa frente a lo desconocido o a lo oculto, por lo que resulta palmaria la violación del derecho de contradicción, alegada por los demandantes, en vista de que el solitario soporte de la decisión fue exhibido nada más al concluir el procedimiento administrativo. También resulta evidente que esta irregularidad incide en el sentido de la decisión, a tal punto que es el único argumento que la sostiene. (....) Por estas razones, al igual que el Tribunal, esta Sala también encuentra configurado el cargo de violación del debido proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el debido proceso en la declaratoria de existencia del siniestro, consultar providencia de 22 de abril de 2009, Exp.14667, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PERJUICIOS / REPARACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INCONFORMIDAD EN LA TASACIÓN DE PERJUICIOS / GOOD WILL / CONCEPTO DE GOOD WILL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE INCONGRUENCIA / PERJUICIOS POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / FALTA DE PRUEBA / REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES / CONTENIDO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Cómo consecuencia de la nulidad de las Resoluciones de declaración del siniestro de mala calidad de los estudios y diseños entregados por el Consultor, y su confirmación, deben resarcirse los perjuicios reclamados por el demandante a su capacidad de participación y adjudicación, y a su buen nombre o good will?
Respuesta al problema jurídico: No
La parte demandante apeló la liquidación de perjuicios, porque estima que ella probó otras pérdidas patrimoniales distintas al pago de la suma del siniestro, que fue decidida favorablemente en primera instancia. Así, (i) sostuvo que con la nulidad de la "sanción" está probado el daño que identificó como una merma en la "capacidad" para participar en procedimientos de selección, porque el acto que declaró el siniestro, al constar en el Registro Único de Proponentes (RUP), lesionó sus opciones de contratar con el Estado; y (ii) señaló que hubo un daño a su buen nombre o "good will" comercial, debido a la decisión administrativa ilegal publicada en el RUP. (...) Sobre el primero de los reproches (...) los actores indican que el cálculo contable presentado por contadoras públicas (...) da cuenta de la afectación patrimonial aducida. La Sala no comparte este criterio, en vista de que ofrece información confusa e impertinente (...). De otra parte, la actora allegó múltiples extractos de documentos precontractuales (...) del IDU, y uno de la ANI (...), que muestran la existencia en algunos procesos de selección de contratistas de una regla que disminuía el puntaje de la propuesta en caso de tener actos declarativos de siniestros en su contra. También consta un fragmento de otro pliego de condiciones, en que el puntaje no era disminuido sino adicionado en función de la ausencia completa de actos que hicieran eficaz la garantía única de cumplimiento. Empero, más allá de lo que puede ser visto como una práctica administrativa de incluir reglas de participación basadas en la imposición de decisiones administrativas unilaterales declarativas de siniestros de cumplimiento, tales reglas no generaron afectación alguna en el Consorcio o en sus integrantes quienes no fueron partícipes, o no probaron haber sido partícipes en tales convocatorias. (...) En lo que refiere al concurso de méritos llevado a cabo por el INVIAS, en el que la sociedad demandante (...) hizo parte del allí proponente Consorcio (...) junto con otra empresa (...), esta Colegiatura observa que si bien la anotación por entonces vigente en el RUP dio paso al criterio de desempate que perjudicó la elegibilidad de dicho oferente, no hay certeza de que sin mediar tal circunstancia el resultado hubiera sido victorioso para la aquí actora, dado que desde antes existía un empate entre tres ofrecimientos, no solo el de la sociedad adjudicataria sino el de otra, y la paridad entre estas últimas fue zanjada a través de sorteo. Luego, en este contexto hay completa incertidumbre del perjuicio, incluso si lo que se tratara de resarcir fuera el daño autónomo de la pérdida de la oportunidad que, como ha sido reiterado por la jurisprudencia, supone entre otros requisitos, que el damnificado debió encontrarse en una condición que fáctica y jurídicamente fuera apta para obtener la ventaja esperada. (...) Con relación a la participación en la licitación adelantada por la Gobernación de Boyacá (...), la Subsección también considera que refleja la existencia de un perjuicio incierto, porque no hay prueba de que alguna de las demandantes, en particular la sociedad (...) formara parte de alguno de los participantes (...). Y aunque fuera posible deducir de esta demandante la calidad de consorciada, a partir del cuadro del orden de elegibilidad puede advertirse que, aun sumando los 20 puntos de la calificación por no tener multas o sanciones, no se obtiene certeza sobre si el orden de elegibilidad cambiaría en su favor. (...) En relación con el daño al buen nombre o "Good Will", la Sala se abstiene de estudiar el fondo de esta pretensión, porque estima inaceptable el argumento de que esta súplica debía entenderse incluida dentro de la reclamación por violación a derechos fundamentales (...), toda vez que la afectación a dicho activo es un perjuicio de carácter eminentemente material y, por ende, disponible, que no puede confundirse con la protección de derechos fundamentales caracterizados por ser indisponibles e inalienables. En ese sentido, emitir un pronunciamiento sobre esta pretensión implicaría desconocer el principio de congruencia entre lo pedido y lo fallado. (...) En suma, la Colegiatura no accederá a las peticiones formuladas en apelación por las demandantes, y en lo que concierne a la reparación de los actos nulos, se limitará a actualizar la suma que fuera objeto de la condena de primera instancia (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los requisitos para que se pueda entender configurado un daño por pérdida de oportunidad, consultar providencias 11 de agosto de 2010, Exp. 18593, :C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 9 de abril de 2018, Exp. 38147, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 9 de julio de 2018, Exp. 40896, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 9 de julio de 2018, Exp. 39902, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y de 28 de febrero de 2020, Exp. 48115, C.P. Jaime Enrique Rodríguez. Acerca de los daños al buen nombre o good will, consultar providencia de 29 de abril de 2015, Exp. 28019, C.P. Hernán Andrade Rincón.
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / LEY DE COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / RECURSO DE APELACIÓN / DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿Debe condenarse en costas a las partes del proceso, teniendo en cuenta que a ambas les fue despachado desfavorable el recurso de apelación a la sentencia?
Respuesta al problema jurídico: No
Como este pronunciamiento, pese a la actualización de la suma de la condena, confirma íntegramente la providencia apelada, el marco de competencia de esta Colegiatura únicamente compromete las costas causadas en segunda instancia. Ahora, en vista de que los dos extremos del proceso apelaron el fallo, y sus argumentos no fueron acogidos por esta Colegiatura, es evidente que a ambos les fue despachado desfavorable el recurso, por lo que no hay lugar a condenar en costas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aplicación de las normas procesales relativas a la condena en costas, consultar providencia de 25 de junio de 2014, Exp. 49299, C.P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 245, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365