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DAÑO MORAL

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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Caducidad de la acción

2017_76001-23-31-000-2010-00615-01_52920 2017-08-03 Sección Tercera
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN,CAPACIDAD PARA CONTRATAR,DAÑO MORAL,DAÑO – Daño indemnizable,Imposibilidad,Daño moral,Prueba,Deterioro,Salud mental,Caducidad del contrato – Mes: agosto – Año: 2017…
También resuelve: Caducidad de la acción: daño indemnizable Daño: declaratoria de caducidad, caducidad del contrato Capacidad para contratar: imposibilidad, daño moral, prueba
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Daño a la salud

2016_25000-23-26-000-2002-02367-01_33553_33553 2016-02-18 Sección Tercera
REPARACIÓN DIRECTA,FALTA DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN,HECHO DEL TERCERO,DAÑO MORAL,DAÑO A LA SALUD,LEY 678 DE 2001,RESPONSABILIDAD – Caducidad,Caja eléctrica,Causa del daño,Improcedencia,Aplicabilidad,Llamado en garantía,Dolo o culpa grave – Mes: febrero – Año: 2016…
También resuelve: Reparación directa: caducidad Falta de señalización y protección: caja eléctrica, causa del daño Hecho del tercero: improcedencia
Consejo de Estado Providencia

A la par de lo anterior es de señalar que la tipificación del contrato de consultoría determina

Sentencia — Sentencia 2023-03-31 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020150235001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró el vicio de falsa motivación respecto de las resoluciones enjuiciadas –la 5488 del 15 de mayo de 2013 y la 10604 del 12 de agosto de ese mismo año, proferidas por el Ministerio de Educación Nacional-, por cuanto las razones aducidas en sus fundamentos se alejaron de la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico? Sí
Cuando los requerimientos de la entidad contratante son sucesivos y no delimitados y hacen inejecutable un contrato de consultoría, los actos que los sustentan adolecen de falsa motivación. La regla parte de distinguir el contrato de consultoría del de prestación de servicios, pues la Ley 80 de 1993 define el primero para estudios, diseños y asesoría técnica, interventoría y dirección de obras, actividades de marcada índole técnica que se seleccionan por concurso de méritos, mientras que el segundo se orienta a la administración o funcionamiento de la entidad. Segunda razón: la motivación de un acto debe corresponder a la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico. Tercera, en el caso, la entidad, con requerimientos de ajuste metodológico no delimitados y sucesivos, provocó que el contrato fuera inejecutable. Por ello se revocó la sentencia apelada y se declaró la nulidad de los actos. La providencia reitera la distinción entre ambas tipologías, que la Corporación ha adoptado de forma mayoritaria.síntesis automática
También resuelve: ¿El monto de la liquidación de la condena en abstracto podrá superar la estimación razonada de la cuantía, los límites establecidos en las pretensiones y en el precio ofertado por el actor en la… ¿La Sala discrepa en reconocer el monto solicitado, porque (i) se refiere al valor total del contrato y en el expediente obra prueba que la entidad canceló la suma correspondiente a $143.388.72270… ¿Se probó la existencia de una afectación moral en cabeza de los integrantes del consorcio actor, obran medios probatorios que así lo demuestren?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020100009201 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia, por razón de su cuantía? Sí
Cuando se demanda en controversia contractual a una entidad pública y la suma de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del mismo código atribuye a la corporación la apelación de las sentencias de primera instancia de los tribunales; y el valor de la pretensión mayor se determina conforme al artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil, con el umbral del artículo 132, numeral 5, del Código Contencioso Administrativo. En el caso, la pretensión mayor superó ese umbral y la corporación asumió la competencia para resolver la apelación, modificando la sentencia en lo relativo a las pretensiones que prosperaron parcialmente. El documento reitera la forma de determinar la competencia por cuantía; la consecuencia práctica es que la prosperidad parcial de las pretensiones no altera la competencia fijada por el valor de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales procede para reclamar los daños originados en una relación contractual? ¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de controversias contractuales? ¿En la acción de controversias contractuales se encuentran legitimados en la causa quienes hayan sido parte en el negocio jurídico del cual se originó el daño alegado?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: Aclaración voto

Aclaración voto — Aclaración de voto 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000232600020120098201 ACCION CONTRACTUAL
[C]oncepción contable de los perjuicios. Sí
Aun con una concepción amplia de patrimonio, resulta imposible observar cómo los perjuicios extra-patrimoniales, tales como el daño moral, puedan tener una apreciación contable del tipo “activo-pasivo”. De cualquier manera, en este caso era suficiente con entender que el daño es la medida de la reparación y que no existía prueba de ese daño. El perjuicio solicitado con el nombre de “pérdida de oportunidad” debió negarse por la inexistencia de certeza del daño y su falta de prueba y no, como se hizo, con base en la visión contable del daño.