Titulación de la relatoría 22.029 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FUERO DE ATRACCIÓN / CONTRATO DE SEGURO / CONTRATO ESTATAL / PÓLIZA DE SEGURO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SOLICITUD DE NULIDAD / NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO DE SEGURO / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer pretensión de nulidad relativa del contrato de seguro cuando el negocio amparado es un contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n su demanda, Mapfre imputó responsabilidad al municipio de Armenia, como entidad asegurada dentro de dicho negocio, por no haber informado de presuntas circunstancias de agravación del estado del riesgo (con fundamento en el artículo 1060 del Código de Comercio), lo cual asigna al contencioso administrativo la potestad de conocer de dicha solicitud, en virtud del instituto del fuero de atracción. Pese a lo anterior, lo cierto es que esa pretensión fue formulada de manera extemporánea.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la competencia de lo jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de las controversias que se deriven de los contratos de seguro que se celebran para garantizar el cumplimiento de los contratos de las entidades estatales, consultar auto de 30 de enero de 2008, Exp. 32867, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1060
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO DE SEGURO / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PÓLIZA DE SEGURO / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad frente a las pretensiones dirigidas a declarar la nulidad relativa del contrato de seguro?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l Tribunal a quo, mediante autos del 17 de noviembre y 10 de diciembre de 2021, encontró que el fenómeno de la caducidad no operó con relación a dicha pretensión subsidiaria, a su juicio, dado que el contrato principal de obra continuaba vigente ante la persistencia de la obligación de las partes de liquidarlo. La Sala se aparta de esta premisa, dado que (i) el contrato de seguro es principal, autónomo e independiente del contrato de obra, a pesar de estar coligado a él; y (ii) Mapfre alegó la nulidad relativa del negocio contenido en la póliza otorgada, por lo que no es viable extender el término de caducidad durante toda su vigencia, teniendo en cuenta que esta hipótesis solo es aplicable ante la nulidad absoluta del negocio. Así las cosas, corresponde seguir la regla primigenia indicada en la norma citada, según la cual el cómputo debe hacerse “desde el día siguiente al de su perfeccionamiento” hasta por dos años. Dado que la póliza fue otorgada el 30 de diciembre de 2015 (emisión original) , el término de dos (2) años transcurrió hasta el 31 de diciembre de 2017, lo cual evidencia la extemporaneidad de la pretensión incoada mediante demanda del 31 de mayo de 2021. La misma situación se advierte, inclusive, respecto de la última prórroga a la póliza del 12 de marzo de 2018, pues respecto de ésta el plazo bienal transcurrió hasta el 13 de marzo del 2020, sin que para esa fecha, siquiera, se hubiese presentado la solicitud de conciliación prejudicial, que fue radicada el 23 de abril de 2021. Por este motivo, la Sala declarará la caducidad parcial de la acción respecto de los pedimentos subsidiarios elevados por la demandante, dirigidos a la declaratoria de nulidad relativa del contrato de seguro.
CONTRATO DE COASEGURO / ENTIDAD ASEGURADORA / VINCULACIÓN DEL LITISCONSORCIO / LITISCONSORCIO / LITISCONSORCIO CUASINECESARIO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE EFECTIVA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Las compañías que profieren el cuaseguro conforman un litisconsorcio cuasinecesario de cara a la pretensión de nulidad de los actos que declaren el siniestro y ordenen hacer efectiva la póliza?
Respuesta al problema jurídico: Si
En cuanto a la intervención de Seguros del Estado S.A., la Sala considera que ésta no podía ser vinculada como litisconsorte necesario, comoquiera que la relación con Mapfre, derivada del contrato de coaseguro, no implicaba que su comparecencia dentro de este proceso fuese imprescindible para fallar de fondo. (...) En otras oportunidades, esta Sección ha emitido pronunciamiento de fondo frente a controversias en las que media un contrato de coaseguro, sin que haya intervenido la totalidad de las aseguradoras otorgantes de la póliza, lo cual reafirma que el litisconsorcio conformado por estas compañías no tiene la calidad de necesario. Así, esta Sección ha destacado que, en estos eventos, tal relación constituye un litisconsorcio cuasinecesario.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la conformación del litisconsorcio cuasinecesario, consultar sentencia de 26 de enero de 2022, Exp. 50698, C.P. Fredy Ibarra Martínez y del 12 de abril de 2024, Exp. 69664, C.P. Fredy Ibarra Martínez.
CONTRATO DE SEGURO / PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO / PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO / TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / INOPERANCIA DE LA PRESCRIPCIÓN
Problema jurídico:
¿Debió el a quo declarar la prescripción extintiva de la acción derivada del contrato de seguro?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]sta colegiatura estima acreditado que el municipio de Armenia tuvo conocimiento del hecho constitutivo del incumplimiento el 4 de mayo de 2018, con lo cual, en principio, la potestad para hacer efectiva la póliza habría transcurrido hasta el 4 de mayo de 2020. No obstante, como lo advirtió Mapfre en su demanda, los términos en sede administrativa fueron suspendidos por la entidad territorial a partir del 16 de abril de 2020, con ocasión de la expedición del Decreto Municipal 161 de esa fecha (...) Este acto fue proferido en virtud de la habilitación otorgada, entre otros, por los Decretos Legislativos 440, 491 y 537 de 2020. Para ese momento (16 de abril de 2020) restaban 18 días calendario para el vencimiento del término bienal de prescripción de la acción derivada del contrato de seguro. La mencionada suspensión de términos fue levantada a partir del 24 de agosto de 2020 mediante Decreto Municipal 276 de ese año, de manera que el plazo restante en mención se prolongó hasta el 10 de septiembre siguiente, de lo cual la Sala deduce que la emisión de la Resolución 223 del 27 de agosto de 2020 por parte del municipio se efectuó dentro del término de dos (2) años previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio (en concordancia con la jurisprudencia de esta corporación) para hacer efectiva la póliza otorgada por Mapfre y Seguros del Estado. (...) Por estos motivos, la Sala desestima este cargo de las apelaciones, y da respuesta negativa al primer problema jurídico planteado, para concluir que el Tribunal no debió declarar la prescripción extintiva de la acción derivada del contrato de seguro ni, en consecuencia, la nulidad de los actos acusados por este motivo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1081, DECRETO LEGISLATIVO 440 DE 2020, DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020, DECRETO LEGISLATIVO 537 DE 2020
SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Erró el Tribunal al haber dejado de valorar el dictamen pericial aportado por Seguros del Estado S.A., y fue ello determinante para el sentido del fallo?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Subsección concluye que no es dable otorgar valor probatorio al dictamen pericial para sustentar el cargo de falsa motivación que se formuló, por las razones que pasan a exponerse. En primera medida, al analizar la clasificación de los conceptos a los que se destinaron los recursos según el dictamen pericial, se infiere que ella no coincide con los rubros aprobados en el plan de inversión del anticipo. (...) el dictamen pericial aportado no otorga elementos de juicio que permitan demostrar la configuración del cargo de nulidad por falsa motivación que se formula contra las resoluciones acusadas. Así las cosas, a pesar de que el Tribunal omitió la valoración de esta prueba en el fallo apelado, la misma no resulta determinante para revocar la denegatoria de las pretensiones acogida en él.
CONTRATO DE SEGURO / PÓLIZA DE SEGURO / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / ESTADO DE RIESGO / AGRAVACIÓN DEL ESTADO DE RIESGO / DECLARACIÓN DEL ESTADO DE RIESGO / RETICENCIA / ENTIDAD ASEGURADORA / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ASEGURADORA
Problema jurídico:
¿Obvió el juzgador de primera instancia apreciar la existencia de una modificación del estado del riesgo contenido en la póliza?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l deber de información por parte del asegurado y el tomador no excluye el estudio diligente que la aseguradora debe efectuar, con anterioridad al otorgamiento de la póliza (o sus modificaciones), en torno a la situación real de su cliente y de las circunstancias que puedan agravar el riesgo que se busca amparar. Para el caso concreto, la Sala comparte el razonamiento del a quo en torno a que Mapfre y Seguros del Estado, en su calidad de garantes del contrato de obra en discusión, también contaban con la posibilidad de conocer las actuaciones surtidas en desarrollo del mismo y de abstenerse de otorgar nuevos amparos en el evento en que considerasen que hubo una agravación del estado del riesgo. (...) aunque la accionante elevó este pedimento de forma subsidiaria, ya se ha concluido que operó el fenómeno de la caducidad para su estudio dentro del presente proceso. Por estos motivos, la Sala desestima el cargo de la apelación fundado en la pretendida vulneración del artículo 1058 del Código de Comercio, y da respuesta al tercer interrogante formulado para señalar que el a quo no obvió la existencia de una modificación del estado del riesgo contenido en la póliza. Se resalta, igualmente, que la demandante solicitó solamente la declaratoria de nulidad “del Contrato de Seguro documentado en la Póliza de Cumplimiento No. 65-44-101125442”, sin mencionar las prórrogas que fueron posteriormente otorgadas y que - eventualmente- serían las únicas afectadas por el supuesto vicio advertido en el libelo introductorio, motivo por el cual no hay lugar a referirse a tales acuerdos ulteriores.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al deber de informar acerca del estado del riesgo, consultar sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 1 de septiembre de 2021, Rad. SC3791- 2021. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1058
CONTRATO DE SEGURO / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PÓLIZA DE SEGURO / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO ASEGURABLE / DOLO / CULPA GRAVE / CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿Fue indebidamente establecida la asegurabilidad del dolo y la culpa grave en el presente caso?
Respuesta al problema jurídico: No
En primera medida, se considera acertada la apreciación del fallador de primera instancia en torno a las particularidades del contrato de seguro en materia de negocios estatales (...) El argumento de la apelante no tiene vocación de prosperidad, dado que la garantía de cumplimiento, prevista en forma especial en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.7. del Decreto 1082 de 2015, tiene por finalidad amparar a la entidad estatal frente al riesgo de inobservancia por parte del contratista de sus compromisos negociales. A renglón seguido, en los recursos de las aseguradoras se reconoce que, de manera concomitante al señalado criterio, la jurisprudencia ha sostenido que aquellas conductas constitutivas de mala fe o dolo, pero provenientes de la entidad estatal asegurada, no pueden ser objeto de aseguramiento, pero reprochan que el fallo haya considerado que esta circunstancia no fue alegada en el proceso, cuando ello sí ocurrió. Revisado lo anterior, efectivamente, Seguros del Estado advirtió esta situación en su escrito de intervención, al imputarle responsabilidad al municipio por no declarar el real estado del riesgo y omitir su deber de vigilancia en la verificación de los soportes contables de los desembolsos al momento de suscribir las actas de recibo parcial de obra. Pese a este hallazgo, se valora que estos reproches no permiten deducir la existencia de una conducta constitutiva de incumplimiento doloso por parte del municipio, que hubiese sido determinante para la concreción del riesgo, dado que (i) las declaraciones presuntamente reticentes, en torno a las circunstancias de orden penal que rodearon a contratistas y funcionarios, se refieren a un posible vicio del consentimiento en el momento de expedición de la póliza o sus prórrogas, punto frente al que la Sala ya se ha referido; y (ii) si bien la entidad territorial contaba con poderes de seguimiento y vigilancia del contrato, no podía asignársele -a los efectos del contrato de seguro- la totalidad de estas labores, que fueron asumidas por la interventoría adelantada por el Consorcio Interpuentes Quindío, lo cual excluye la “culpa exclusiva de la víctima”, que se achaca a la contratante. Por este último motivo, se considera desacertada la apreciación de Seguros del Estado al señalar que: “la Supervisión debió hacer el seguimiento financiero del contrato, para vigilar y controlar el adecuado manejo de los dineros desembolsados al contratista a título de anticipo”, comoquiera que ello era una labor debidamente asignada al interventor conforme a la cláusula décima tercera del contrato de obra. En tal sentido, no se observa la existencia de una conducta deliberada tomada por el municipio de Armenia que hubiese facilitado la materialización del riesgo, consistente en el indebido manejo del anticipo desembolsado, razón por la cual no hay lugar a acceder a este cargo de la apelación de Mapfre. Por todo lo revelado, el cuarto problema jurídico debe ser respondido de forma negativa, pues la asegurabilidad del dolo y la culpa grave en el presente caso no fue indebidamente establecida.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.7. , LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 7
PÓLIZA DE SEGURO / COBERTURA DE LA PÓLIZA DE SEGURO / ANTICIPO DEL CONTRATO / ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE EFECTIVA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Se desconoció el alcance de la cobertura del riesgo incluido en la póliza?
Respuesta al problema jurídico: No
El juicio formulado por la litisconsorte se fundamenta en la diferencia que la jurisprudencia ha reconocido entre los riesgos por no amortización del anticipo y la indebida destinación del mismo. Sin embargo, en el análisis del caso concreto, la compañía no sustentó adecuadamente cuál es el motivo para considerar que el municipio de Armenia, en realidad, hizo efectiva la póliza por el primer hecho y no por el segundo (...) Se debe aclarar que, en anteriores ocasiones, esta Subsección ha declarado la nulidad de actos administrativos por medio de los cuales se hace efectiva la póliza por buen manejo y correcta inversión del anticipo, pero con sustento en la no amortización de éste, al encontrar que se trata de un riesgo no cubierto por la póliza en el caso concreto. En el presente, se deduce que esta no es la hipótesis fáctica acaecida, en tanto el debate surtido a lo largo del proceso se deriva, precisamente, de la incorrecta utilización de este rubro por parte de la Unión Temporal, conforme a lo encontrado por el municipio dentro de la actuación contractual, y en contra del cual no se aportó prueba en este proceso. Por estas razones, no se accederá al cargo de nulidad propuesto, y se dará respuesta negativa al quinto problema jurídico, en cuanto no se desconoció el alcance de la cobertura del riesgo incluido en la póliza.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la nulidad de los actos administrativos que hacen efectiva la póliza de cumplimiento, consultar sentencia de 12 de julio de 2024, Exp. 69817, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RIESGO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE / ESTADO DE RIESGO / DECLARACIÓN DEL ESTADO DE RIESGO / ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA / CARENCIA DE ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA / FALTA DE PRUEBA / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / PROCESO PENAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Incurrió el municipio en declaraciones reticentes sobre el estado del riesgo de cara a los diseños de la obra y la situación penal de algunos participantes de los integrantes de la unión temporal contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
En cuanto al primer tópico, esta colegiatura se aparta de la premisa de la que se vale la impugnante, en tanto el contrato de obra sí contaba con los estudios y diseños previos para su ejecución, pero con él se buscaba, igualmente, realizar los ajustes necesarios para llevarlos a Fase III y, de esa forma, permitir el cabal desarrollo de las actividades. Esta circunstancia, a juicio de la Sala, nunca fue encubierta por el municipio, dado que (i) el objeto del contrato, desde el inicio del procedimiento, advirtió que las labores por contratar incluyeron el “ajuste a diseños”; además de que (ii) en los estudios previos incorporados en la fase precontractual, se señaló -en múltiples acápites- que las obligaciones por ejecutar penderían, precisamente, de la entrega de los diseños definitivos. (...) unado a lo anterior, incluso si se reprochara el ocultamiento de información hacia la aseguradora en torno a este asunto, esta circunstancia sería atribuible únicamente a la unión temporal, y no al municipio, lo cual impide a la compañía oponerse a la reclamación efectuada por éste78. Frente a este punto, Seguros del Estado refutó que esta regla debe ser valorada a la luz del artículo 1039 del Código de Comercio, conforme al cual “al asegurado corresponden aquellas obligaciones que no puedan ser cumplidas más que por él mismo”, criterio que, para la Sala, no es de aplicabilidad en el presente caso, dado que el mismo contratista estuvo en plenas facultades para informar este estado de cosas al momento de contratar la póliza de marras. Además, Seguros del Estado no sustentó la consecuencia de lo anterior sobre la materialización del riesgo asegurado y, como se vio en precedencia, la existencia de una eventual reticencia implicaría la declaratoria de nulidad relativa del negocio, pretensión únicamente elevada por Mapfre y que, en todo caso, fue extemporánea ante la configuración de la caducidad de la acción de cara a ella. Por los mismos motivos que vienen de exponerse, el segundo punto de reproche de la aseguradora tampoco está llamado a ser acogido, en tanto (i) el contratista estuvo en capacidad de informar acerca de las diligencias penales a las que hace referencia Seguros del Estado, previo a la solicitud de prórroga o modificación de la póliza; y (ii) en todo caso, la eventual configuración de una reticencia sería motivo para la declaratoria de nulidad relativa del negocio, discusión frente a la cual -nuevamente- no es posible emitir pronunciamiento ante la caducidad de la acción. (...) la Sala no acoge el cargo de nulidad reiterado en el recurso de apelación, lo cual da lugar a responder negativamente el sexto problema jurídico planteado, es decir, a concluir que el municipio no incurrió en declaraciones reticentes sobre el estado del riesgo de cara a los diseños de la obra y la situación penal de algunos participantes de los integrantes de la unión temporal contratista.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1039
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra las partes vencidas en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
En este tópico, se tiene que, de conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del CPACA, y según lo establecido en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, según se ha entendido, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se le imponen. Por lo tanto, se condenará en costas a las sociedades Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. y Seguros del Estado S.A. por ser las vencidas en el proceso, y a quienes se les resolverá desfavorablemente el recurso de apelación. Conforme al artículo 366 del CGP, las costas serán liquidadas por el tribunal a quo.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366