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Consejo de Estado
Providencia
El recurso de apelación es procedente contra el auto que rechazó la demanda
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 15001233300020230036401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación es procedente contra el auto que rechazó la demanda? Sí
El recurso de apelación es procedente contra el auto que rechazó la demanda, conforme al artículo 243-1 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, y su interposición dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto, conforme al artículo 244-3 del CPACA, también modificado por la Ley 2080 de 2021, garantiza su oportunidad. Además, la conciliación extrajudicial es un requisito previo obligatorio para demandar a entidades públicas cuando la parte demandante es una entidad pública, según la Ley 2220 de 2022, lo que implica el rechazo parcial de la demanda si no se agota frente a las entidades públicas demandadas, pero no frente a las privadas. Esta regla reitera la importancia de cumplir con los requisitos procesales y normativos para el ejercicio del medio de control de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿El recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda fue interpuesto dentro de los tres días siguientes a su notificación?
¿Procede el rechazo parcial de la demanda por no agotar el requisito previo de la conciliación extrajudicial cuando quien demande sea una entidad pública y el extremo pasivo de la litis esté…
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado
Providencia
No debe resolverse el caso desde la perspectiva del desequilibrio económico y financiero del contrato
Sentencia — Sentencia
2025-07-11
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 52001233300020170045103
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe resolverse el caso desde la perspectiva del desequilibrio económico y financiero del contrato, en lugar de la óptica del incumplimiento contractual, según la causa petendi, los argumentos esbozados por el recurrente y el respectivo régimen contractual? No
El contratista no puede basar su reclamación en la figura del desequilibrio económico y financiero del contrato cuando el negocio jurídico se rige por el derecho privado, ya que esta figura está prevista en el estatuto general de contratación de la administración pública y no en el derecho civil o comercial. La Sala destaca que el contrato en cuestión fue suscrito por una entidad sin ánimo de lucro, sujeta a las normas del derecho privado, por lo que no aplica la revisión del contrato por desequilibrio económico. En su lugar, el caso debe resolverse desde la perspectiva del incumplimiento contractual, conforme a la normativa del derecho privado y el artículo 868 del Código de Comercio, lo que implica analizar si la entidad demandada incumplió sus obligaciones contractuales y si la extensión del plazo del contrato fue imputable a dicha entidad. Esta decisión reitera y matiza precedentes anteriores, enfatizando la importancia de distinguir entre los regímenes de contratación pública y privada en la interpretación y aplicación de las normas contractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede considerarse que la Fundación del Alto Magdalena incurrió en incumplimiento contractual por supuestas falencias en la etapa de planeación del contrato de obra No. 058 de 2013…
¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No tienen asidero las aseveraciones de la llamada en garantía
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2024-10-31
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 05001233300020190223801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplió la carga en cabeza de la llamada en garantía para que la prueba fuera decretada, pues determinó en la solicitud probatoria los hechos sobre los cuales versaría el informe? No
En la solicitud de una prueba de informe, la parte debe exponer de manera concisa y clara los hechos que pretende probar, porque esos hechos son el objeto de la prueba y permiten juzgar su conducencia, pertinencia y utilidad. El artículo 275 del Código General del Proceso no exige expresamente esa precisión, pero el artículo 168 del mismo código, aplicable por remisión del artículo 211 del CPACA, exige que la prueba recaiga sobre hechos jurídicamente relevantes. Por ello no se trata de aportar el cuestionario del informe, sino de identificar los hechos. Cuando la solicitud omite esa indicación, lo procedente es negar la prueba. En el caso concreto la llamada en garantía apeló el auto que negó el informe solicitado a una empresa pública, y la decisión fue confirmada porque la solicitud no cumplió esa carga. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que quien pide un informe debe enunciar desde la solicitud los hechos a probar.síntesis automática
También resuelve:
¿Es posible solicitar que el representante administrativo de la entidad rinda informe bajo gravedad de juramento sobre los hechos debatidos que le conciernan y que se determinen en la solicitud de la…
¿Procede la condena en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del fiscal al imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva
Sentencia — Sentencia
2023-04-24
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 18001233100020130000801
ACCION DE REPETICION
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del fiscal al imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva contra un concejal cuyo proceso penal terminó con sentencia absolutoria por conducta atípica? No
La imposición de una medida de aseguramiento fundada en un indicio grave de responsabilidad no configura por sí sola culpa grave del funcionario que la impone, porque el indicio es una inferencia lógica que parte de un hecho debidamente acreditado y de la experiencia. La regla se apoya en la definición de indicio que contenían los artículos 300 y siguientes del Código de Procedimiento Penal entonces vigente, y en que la valoración de la conducta del funcionario debe hacerse con las pruebas de la actuación que se le reprocha. Por ello, la posterior absolución del procesado por una conducta atípica no basta para demostrar que el fiscal actuó con culpa grave. En el asunto, el fiscal definió la situación jurídica con detención preventiva al considerar que la aprobación de un acuerdo municipal era un indicio grave de responsabilidad, y la Sala confirmó la decisión que negó la repetición por no acreditarse la culpa grave. En la práctica, la entidad que repite por una medida de aseguramiento debe demostrar que la inferencia del funcionario carecía de sustento razonable.síntesis automática
También resuelve:
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia debe recaer sobre la conducta del agente del Estado demandado…
¿Las decisiones de los jueces contencioso administrativo y penal sobre la responsabilidad estatal, y la responsabilidad penal del procesado…
¿Tratándose de una acción de repetición fundada en un error de una providencia judicial que posteriormente fue revocada, la entidad estatal tiene la carga de acreditar la conducta dolosa o gravemente…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
¿Operó la caducidad de la acción contractual en el presente caso, teniendo en cuenta que el proceso se rige por el artículo 136 del CCA, que la terminación anticipada del convenio ocurrió el 31 de diciembre de 2011, que la demanda fue presentada el 28 de febrero de 2012 y su adición el 21 de junio de 2013, y que el término de caducidad estuvo suspendido entre el 13 de enero y el 27 de febrero de 2012 por haberse agotado el requisito de procedibilidad?
Sentencia — Sentencia
2025-12-01
Sección Tercera (Subsección B)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Rad. 76001233100020120023501
ACCION CONTRACTUAL
¿Operó la caducidad de la acción contractual en el presente caso, teniendo en cuenta que el proceso se rige por el artículo 136 del CCA, que la terminación anticipada del convenio ocurrió el 31 de diciembre de 2011, que la demanda fue presentada el 28 de febrero de 2012 y su adición el 21 de junio de 2013, y que el término de caducidad estuvo suspendido entre el 13 de enero y el 27 de febrero de 2012 por haberse agotado el requisito de procedibilidad? No
El contratista no opera la caducidad de la acción contractual cuando la demanda se presenta dentro del plazo establecido por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, incluso si el término de caducidad estuvo suspendido por un periodo. En este caso, la terminación anticipada del convenio ocurrió el 31 de diciembre de 2011, y la demanda fue presentada el 28 de febrero de 2012, dentro del plazo de dos años. Además, el término de caducidad estuvo suspendido entre el 13 de enero y el 27 de febrero de 2012, por lo que la interrupción no afectó la oportunidad de la demanda. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la interpretación del artículo 136 del CCA, garantizando que las partes puedan ejercer sus acciones dentro del plazo legal, incluso en presencia de suspensiones temporales.síntesis automática
También resuelve:
¿A la luz de los criterios exigidos por el artículo 355 de la Constitución Política, el Decreto 777 de 1992 y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre convenios de apoyo y fomento…
¿Con fundamento en la interpretación literal y sistemática del convenio, así como en la naturaleza de las obligaciones de medio y la inaplicabilidad del equilibrio económico a los convenios de…
¿Debe el juez abstenerse de imponer condena en costas cuando, de acuerdo con el artículo 171 del CCA y el artículo 55 de la Ley 446 de 1998…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Contratación estatal: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-10-04
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020170139703
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La actuación desplegada por la Alianza contra el fraude de Telecomunicaciones de Larga Distancia Nacional e Internacional y, en particular, por las empresas que la componen, dentro del proceso penal por el supuesto delito de acceso o prestación ilegal del servicio de telecomunicaciones, en contra del actor, le ocasionó un daño a la parte actora que pueda catalogarse como antijurídico? No
El contratista no puede obtener reparación directa por daños antijurídicos derivados de la actuación de la Alianza contra el fraude de Telecomunicaciones de Larga Distancia Nacional e Internacional en un proceso penal, ya que no acredita el daño cierto, presente o futuro, ni su relación causal con la acción de la entidad, además de no probar adecuadamente la afectación de garantías procesales o la pérdida de oportunidades comerciales. La Sala confirma la sentencia que rechaza la demanda por falta de pruebas, lo que implica que el contratista debe demostrar con claridad y certeza el daño y su origen para obtener indemnización.síntesis automática
También resuelve:
¿La competencia para conocer las controversias suscitadas por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad le corresponden en…
¿El término para formular pretensiones en sede de reparación directa es de 2 años?
¿Los documentos aportados en copia auténtica serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana crítica?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se rige por el artículo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992
Sentencia — Sentencia
2022-11-21
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020130052601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad del medio de control en el caso sub lite, teniendo en cuenta que la controversia versa sobre un contrato de asociación celebrado con una entidad privada sin ánimo de lucro, cuya liquidación unilateral no era admitida conforme a la ley que gobierna el contrato y, considerando las pautas jurisprudenciales procedentes en caso de duda sobre las normas y reglas aplicables al cómputo del término respectivo? No
El contratista no configura la caducidad del medio de control en controversias contractuales cuando el contrato de asociación celebrado con una entidad privada sin ánimo de lucro no admite la liquidación unilateral, computándose el término de caducidad desde el vencimiento del plazo para la liquidación bilateral conforme al régimen jurídico aplicable, en este caso el Decreto 777 de 1992 y la Constitución. La regla establece que la liquidación unilateral no es una facultad admisible en contratos con entidades sin ánimo de lucro, por lo que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse desde la finalización del plazo para la liquidación bilateral. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y refuerza la aplicación del principio de seguridad jurídica, garantizando la certeza en la interpretación y aplicación de las normas contractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta procedente el estudio de los cargos de alzada concernientes a la causal de nulidad por falta de debida notificación de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato y…
¿Dado que la entidad demandada no estaba facultada para liquidar unilateralmente el convenio de asociación, las resoluciones impugnadas en este asunto no ostentan la condición de actos…
¿Cumplió CENASEL las obligaciones pactadas en el convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007 y, consecuentemente, no adeuda $1.084’035.265 a la UAESP?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-11-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 15001233300020180069302
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La constitución de la unión temporal adolecía de nulidad por objeto ilícito? Sí
No pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito, conforme al artículo 1525 del Código Civil, de modo que el contrato celebrado con fundamento en una asociación que no cumplió los requisitos constitucionales y legales es nulo de manera absoluta y puede declararse de oficio. Una razón es que la entidad territorial no dio cabal cumplimiento a lo dispuesto para ese tipo de asociaciones, por lo que la constitución de la unión temporal adolece de nulidad por objeto ilícito. Otra razón es que los contratos derivados de esa unión, el de obra y el de cesión celebrado después, no pueden subsistir como fuente de derechos, porque su origen es ilícito, con fundamento en los numerales 8 del artículo 2 y 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. En el caso, el tribunal había declarado probada la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, decisión que la Sala revocó para declarar de oficio la nulidad absoluta de la unión temporal y de los contratos derivados. Su consecuencia práctica es que la nulidad absoluta por objeto ilícito impide reconocer derechos contractuales aunque las partes carezcan de legitimación aparente.síntesis automática
También resuelve:
¿Pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito?
¿El objeto del contrato es ilícito por el hecho de haber sido el resultado de una contratación directa sin el cumplimiento de lo previsto en la ley?
¿Se cuenta con elementos de juicio ciertos y claros que permitan denotar un conocimiento contentivo de mala fe y conocimiento de la ilicitud?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala es competente, para decidir la controversia respecto de todas las demandadas
Sentencia — Sentencia
2022-12-16
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 17001233100020100000901
ACCION CONTRACTUAL
¿La Sala es competente, en aplicación del fuero de atracción, para decidir la controversia respecto de todas las demandadas, cuando se observa que se trata de entidades tanto públicas como privadas? Sí
Por el fuero de atracción, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce en un mismo proceso de la controversia contra particulares o entidades privadas demandadas de forma concurrente con una entidad pública, siempre que la imputación a esta última sea seria y razonada. La regla se apoya en tres razones. Primera, la competencia se funda en el factor de conexión y no es provisional ni condicionada, de modo que se conserva aun si la entidad pública resulta no responsable. Segunda, en el caso la demanda imputó de forma seria y razonada omisiones a la entidad pública, como no informar la existencia de un contrato de prenda y no pedir autorización para enajenar el bien, y al particular, lo que justifica el fuero. Tercera, la demanda fue dirigida de forma concurrente contra ambos, por lo que la Sala es competente para decidir la controversia respecto de los dos. En consecuencia, la sentencia se confirma. El documento reitera la línea sobre imputación seria y razonada que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de una omisión imputable a una…
¿Cuentan con valor probatorio los documentos privados emanados de terceros, cuando las partes no lo tachan de falso?
¿El Departamento de Caldas cuenta con legitimación en la causa por pasiva respecto de la omisión de información durante la formación del contrato de cesión de derechos económicos…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La muerte de la víctima es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero
Sentencia — Sentencia
2024-01-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 08001233100020110094001
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La muerte de la víctima es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero? Sí
La muerte de la víctima no es imputable a las entidades demandadas y es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero, ya que el accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta que no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha, y no se probó la falla del servicio por omisión en la colocación de reductores de velocidad que hubiera sido la causa eficiente del daño. La entidad demandada no pudo prever ni evitar la conducta negligente del conductor del tractocamión, lo que la exime de responsabilidad patrimonial. Esta decisión confirma la sentencia apelada y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la responsabilidad del Estado no se configura en ausencia de falla del servicio y cuando el daño es exclusivamente atribuible a un hecho del tercero.síntesis automática
También resuelve:
¿El accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta pues no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha?
¿La parte demandante acreditó la omisión por parte de la Administración en la colocación de reductores de velocidad y que ésta hubiera sido la causa eficiente y/o adecuada del daño?
¿El hecho de que posteriormente se hubiesen instalado resaltos en la vía prueba que su ausencia el día de los hechos fue la causa eficiente del daño?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se configura la causal de nulidad absoluta del contrato prevista en el artículo 1741 del Código Civil, aplicable conforme al inciso primero del artículo 44 del la Ley 80 de 1993.
Sentencia — Sentencia
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 85001233300020140023201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El negocio jurídico celebrado es absolutamente nulo porque fue suscrito sin licitación pública previa? Sí
El 27 de abril de 2012, la Gobernación del Departamento invitó a la Caja [de Compensación Familiar de Casanare] a formular una oferta… .… El 2 de mayo de 2012, a través de su representante legal, Comfacasanare, una Caja de Compensación Familiar con personería jurídica reconocida por la Supersubsidio presentó propuesta para celebrar el negocio jurídico referido en la invitación y los estudios previos… .… La Secretaría de Educación del Departamento certificó, mediante documento del 2 de mayo de 2012, que Comfacasanare cumplía con los requisitos jurídicos y la capacidad legal para celebrar el convenio.… Luego de suscribir previamente un acta de acuerdo, el 14 de mayo de 2012 el Departamento y la Caja celebraron el CONVENIO DE COOPERACIÓN núm. 001, con el objeto descrito en la invitación, según la cláusula primera.… El 31 de mayo de 2012, Comfacasanare celebró con la UTAC el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 685… .… El 18 de julio de 2013…
También resuelve:
¿Se declara fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales?
¿La apelación tiene por objeto la revisión de la providencia impugnada, únicamente en aquello que haya sido censurado por el recurrente?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo proferido en un proceso contencioso-administrativo de controversias…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El fuero de atracción constituye un fenómeno procesal a partir del factor de conexión de la competencia
Sentencia — Sentencia
2025-02-21
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020070050301
ACCION CONTRACTUAL
¿El fuero de atracción constituye un fenómeno procesal a partir del factor de conexión de la competencia, el criterio de especialidad y los principios de economía, eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y el acceso efectivo a la administración de justicia, en la medida que extiende la jurisdicción del juez administrativo a personas de derecho privado, en los casos en que estas son demandadas de forma concomitante con sujetos de derecho público? Sí
El fuero de atracción es un fenómeno procesal que extiende la jurisdicción del juez administrativo a personas de derecho privado cuando son demandadas junto con sujetos de derecho público, siempre y cuando exista una conexión de competencia basada en la misma fuente y naturaleza del daño, y una probabilidad fundada de condena. Este criterio se aplica excepcionalmente para garantizar la economía, eficiencia y seguridad jurídica, y no altera las reglas de responsabilidad aplicables a los particulares, que siguen siendo las del derecho privado. En el caso concreto, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se pronunció sobre la responsabilidad de una sociedad privada y una persona natural, junto a la Beneficencia de Cundinamarca, por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento que causó la pérdida de mejoras en el inmueble, debido a la conexión de hechos y daños involucrados. Esta jurisprudencia reitera y matiza la aplicación del fuero de atracción, permitiendo su uso en casos de concausalidad y litisconsorcio necesario, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.síntesis automática
También resuelve:
¿En virtud de la competencia por conexidad y el fuero de atracción, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está habilitada para pronunciarse sobre la responsabilidad de la sociedad privada…
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa interpuesta para demandar el incumplimiento de un contrato de arrendamiento…
¿Cuenta con legitimación en la causa por activa el gerente de la sociedad demandante, al suscribir el contrato de arrendamiento motivo de controversias en su doble condición de persona natural y…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La remisión al derecho privado en la educación no excluye la aplicación del Estatuto General de Contratación.
Salvamento voto — Salvamento de voto
2025-09-24
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 05001233300020180148501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La remisión al derecho privado prevista en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 excluye la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) para las fases de ejecución y liquidación unilateral de los contratos estatales celebrados por entidades territoriales con confesiones religiosas para la prestación del servicio de educación? No
El intérprete judicial aplica las normas de contratación pública y las disposiciones especiales sobre prestación de servicios educativos para determinar el régimen aplicable a las entidades estatales. En este salvamento de voto se sostiene que la interpretación literal del artículo 200 de la Ley 115 de 1994 no excluye la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) para las fases de ejecución y liquidación de los contratos celebrados con confesiones religiosas, contrastando con el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 y aclarando que providencias previas no respaldan la exclusión del estatuto contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿La sentencia del 1.º de junio de 2022 (Exp. 42.762) respalda la tesis de que la ejecución y liquidación de contratos estatales celebrados con iglesias o confesiones religiosas no están sometidas al…