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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el contrato se ejecutaría en 7 meses contados a partir del acta de inicio

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Fecha
2024-02-05
Radicado
25000233600020140093202
Número interno
63828
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
UNION TEMPORAL MANOLO ARTEAGA PATRICIA ZAMBRANO
Demandado
DISTRITO CAPITAL, FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el contrato se ejecutaría en 7 meses contados a partir del acta de inicio

Lo que dijo la Sala

En la cláusula vigésima quinta del contrato de obra civil No. 2081430, las partes acordaron que la liquidación se llevaría a cabo dentro de los 4 meses siguientes al vencimiento del plazo contractual. El contrato se ejecutaría en 7 meses contados a partir del acta de inicio, la cual fue suscrita el 1 de julio de 2008, por lo que su vencimiento ocurriría el 1 de febrero de 2009; sin embargo, luego de sendas prórrogas, la última de ellas suscrita el 30 de septiembre de 2009, se acordó extender el plazo contractual hasta el 15 de octubre de 2009. De esta forma, los cuatro meses para liquidar el contrato bilateralmente corrieron hasta el 16 de febrero de 2010, y los dos meses para efectuar la liquidación unilateral transcurrieron entre el 17 de febrero y el 17 de abril de 2010.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El juez contencioso administrativo cuenta con facultad oficiosa, incluso en segunda instancia, para declarar la caducidad del medio de control de controversias contractuales en contratos de obra civil. Cuando el acta de liquidación bilateral del contrato estatal se suscribe después del término autorizado para ello, como los cuatro meses pactados tras el vencimiento del plazo contractual y sus prórrogas, el cómputo de la caducidad inicia desde el día siguiente a aquel en que finiquitó el tiempo de dos meses para realizar la liquidación unilateral. Adicionalmente, conforme al artículo 104 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo aplica un régimen mixto que conjuga el criterio material —controversias originadas en actividad contractual o extracontractual sujeta al derecho administrativo— y el criterio orgánico —entidades públicas o particulares en función administrativa—, salvo las excepciones del artículo 105, careciendo de atribuciones como juez natural si la disputa no está sometida al derecho de la administración pública.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿En eventos en que el acta de liquidación bilateral del contrato fue suscrita después del término autorizado para ello, el cómputo de la caducidad del medio de control de controversias contractuales se empieza a contabilizar desde el día siguiente que finiquitó el tiempo para realizar la liquidación unilateral?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1150 de 2007, art. 11
  • Ley 1437 de 2011, art. 164 núm. 2
  • Ley 80 de 1993, arts. 27 y 60

También resuelve

  • ¿El objeto de esta jurisdicción gravita en torno a las controversias con origen en cualquier actividad –contractual o extracontractual– sujeta al derecho administrativo…
  • ¿Los contratos sujetos al derecho administrativo, celebrados por FONADE en vigencia del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y hasta la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011…
  • ¿Procede la condena en costas en ambas instancias contra la parte vencida en el proceso cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APELACIÓN DE LA SENTENCIA CONTRATO DE OBRA CIVIL CONTRATO DE DISEÑO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ DEBERES DEL JUEZ PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA APELACIÓN DEL AUTO DECLARACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES AUTO QUE DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD PRONUNCIAMIENTOS DEL CONSEJO DE ESTADO ACTUACIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FINALIDAD DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DERECHO ADMINISTRATIVO ENTIDAD PÚBLICA PARTICULAR EN EJERCICIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA CRITERIO MATERIAL CRITERIO ORGÁNICO FONADE NATURALEZA JURÍDICA DE FONADE REGÍMENES DE FONADE ENTIDAD FINANCIERA GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS FALTA DE COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ENTIDAD SUJETA A RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL SUPERINTENDENCIA BANCARIA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO VIGENCIA DE LA LEY CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CELEBRACIÓN DE CONTRATO DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REVOCATORIA DE LA SENTENCIA AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Condena en costas y agencias en derecho

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Contratación estatal: Sentencia
Titulación de la relatoría 17.942 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA CIVIL / CONTRATO DE DISEÑO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / APELACIÓN DEL AUTO / DECLARACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / AUTO QUE DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD / PRONUNCIAMIENTOS DEL CONSEJO DE ESTADO Problema jurídico: ¿En eventos en que el acta de liquidación bilateral del contrato fue suscrita después del término autorizado para ello, el cómputo de la caducidad del medio de control de controversias contractuales se empieza a contabilizar desde el día siguiente que finiquitó el tiempo para realizar la liquidación unilateral? Respuesta al problema jurídico: Si En la cláusula vigésima quinta del contrato de obra civil No. 2081430, las partes acordaron que la liquidación se llevaría a cabo dentro de los 4 meses siguientes al vencimiento del plazo contractual. El contrato se ejecutaría en 7 meses contados a partir del acta de inicio, la cual fue suscrita el 1 de julio de 2008, por lo que su vencimiento ocurriría el 1 de febrero de 2009; sin embargo, luego de sendas prórrogas, la última de ellas suscrita el 30 de septiembre de 2009, se acordó extender el plazo contractual hasta el 15 de octubre de 2009. De esta forma, los cuatro meses para liquidar el contrato bilateralmente corrieron hasta el 16 de febrero de 2010, y los dos meses para efectuar la liquidación unilateral transcurrieron entre el 17 de febrero y el 17 de abril de 2010. A partir del día siguiente empezó a correr el término de caducidad de 2 años, dentro del cual las partes aún podían liquidar de común acuerdo el contrato y el contratista ejercer su derecho a dejar salvedades. Los dos años corrieron entre el 18 de abril de 2010 y el 18 de abril de 2012 (…), como el acta de liquidación bilateral fue suscrita el 24 de abril de 2012, las partes excedieron el plazo autorizado para su realización, lo que evidencia que las salvedades no se efectuaron en oportunidad; razón por la cual se declarará la caducidad del medio de control respecto de éstas, dado que corresponden fielmente al objeto del litigio formulado en la demanda. (…) Así, y comoquiera que la demanda se presentó el 3 de julio de 2014, es evidente que en el sub lite operó el fenómeno de la caducidad. Finalmente, hay que señalar que la decisión adoptada por esta Corporación mediante auto del 23 de junio de 2017 que revocó la decisión del a quo de haber hallado configurada la excepción de caducidad, no impide a esta Sala efectuar el análisis de este presupuesto, no sólo por corresponder a un requisito que debe ser verificado por el juez en orden a la habilitación que requiere para decidir de fondo la controversia, sin importar la instancia por la que transite el debate (…). Así que, como la caducidad es una institución de orden público, por tanto indisponible e irrenunciable, el hecho de que en las etapas iniciales del proceso (admisión o audiencia inicial) se considere cumplido ese presupuesto, no significa que posteriormente, si se advierte una realidad diferente, el juez quede inhibido de cumplir con su obligación de declarar la ocurrencia de ese fenómeno procesal, incluso, de oficio, como ocurre en este caso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo de la caducidad en contratos que requieren liquidación y ésta se liquida por fuera del término convenido o legal, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de unificación de 1 de agosto de 2019, rad. (62009), C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Con relación al deber del juez de analizar los presupuestos procesales de la acción entre ellos la caducidad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2022, rad. 56855, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 ACTUACIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FINALIDAD DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DERECHO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / PARTICULAR EN EJERCICIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CRITERIO MATERIAL / CRITERIO ORGÁNICO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿El objeto de esta jurisdicción gravita en torno a las controversias con origen en cualquier actividad –contractual o extracontractual– sujeta al derecho administrativo; de modo que en los casos en que la cuestión litigiosa no se encuentre sometida al derecho de la administración pública, esta jurisdicción carece de atribuciones para fungir como juez natural de la disputa? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 104 del CPACA establece (…) los asuntos que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo (…). De esta norma se destacan varios contenidos relevantes; el primero asigna una connotación preponderante al criterio material o de especialidad del asunto, en tanto señala que el objeto de esta jurisdicción gravita en torno a las controversias con origen en cualquier actividad –contractual o extracontractual– sujeta al derecho administrativo; de modo que en los casos en que la cuestión litigiosa no se encuentre sometida al derecho de la administración pública, esta jurisdicción carece de atribuciones para fungir como juez natural de la disputa. Al lado de lo anterior, despunta una subregla de asignación soportada en un elemento orgánico, pues no basta que se trate de un asunto subordinado al derecho administrativo sino que en tales conflictos deben estar involucradas entidades públicas o particulares cuando ejerzan función administrativa; de manera que, ya sea de manera conjunta o complementaria, o por aplicación autónoma de este criterio en algunas materias, se ha afirmado que el estatuto procesal de lo contencioso administrativo proclama un régimen mixto en materia de jurisdicción, a partir de la conjugación de los criterios material y orgánico que trae la norma. Seguidamente, el artículo 105 fijó las excepciones a la regla general antes referida, completando los criterios a seguir en materia de jurisdicción (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen mixto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 17 de junio de 2015, rad. 27001233300020130021001(50526), C. P. Ramito Pazos Guerrero. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104 FONADE / NATURALEZA JURÍDICA DE FONADE / REGÍMENES DE FONADE / ENTIDAD FINANCIERA / ENTIDAD PÚBLICA / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FALTA DE COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ENTIDAD SUJETA A RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL / SUPERINTENDENCIA BANCARIA / SUPERINTENDENCIA FINANCIERA / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO OBITER DICTUM En el caso concreto, Fonade, entidad contratante bajo la presente controversia (hoy denominada ENterritorio), es una entidad pública que tiene el carácter de institución financiera, lo que implica que por mandato legal los contratos que celebre en desarrollo del giro ordinario de sus negocios están excluidos del conocimiento de esta jurisdicción. La calidad de institución financiera se advierte desde sus orígenes y se evidencia en el Decreto 2168 de 1992 por cuya virtud esta entidad se convirtió en una “Empresa industrial y comercial del Estado, de carácter financiero denominada Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo”; bajo tal connotación, el Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – EOSF) en el Capítulo XII, de la Parte X, titulado “[e]ntidades con regímenes especiales” incluyó expresamente a dicho fondo. (…) Por su parte, el artículo 90 de la Ley 45 de 1990 al referirse al concepto de instituciones financieras señala que se trata de aquellas sometidas a control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera), lo que explica que, en armonía con el artículo 11 del Decreto 2168 de 1992, Fonade haya quedado sometida al control y vigilancia de dicha Superintendencia, como una institución financiera de carácter estatal. (…) [E]n los términos del citado artículo 105 del CPACA, no basta pertenecer a la categoría de entidad o institución financiera (criterio orgánico), sino que la exclusión de jurisdicción opera frente a las controversias que tengan origen en el giro ordinario de sus negocios. Este concepto está referido a aquellas actividades para las cuales la entidad o empresa ha sido habilitada conforme a sus respectivos actos de creación, con el fin de gestionar y promover el desarrollo habitual de su objeto social. (…) [E]s razonable que el concepto de “giro ordinario de los negocios” sea compatible con el objeto y funciones de las empresas industriales y comerciales del estado –EICE– de carácter financiero, como lo es Fonade, dado que para el desarrollo de su ejercicio comercial ha sido autorizada para actuar en el mismo escenario de los particulares, de manera que al incursionar en el mercado como un partícipe más, el desarrollo de su gestión está atado al giro ordinario de tales negocios en iguales términos en los que desarrolla su objeto social una empresa privada. Frente a las actividades conexas o complementarias al objeto social, existe plena compatibilidad respecto de los actos y contratos que puede desarrollar una EICE bajo el giro común de sus actividades, pues al tenor de lo normado en el artículo 86 de la Ley 489 de 1998, dispuso el legislador que además de las actividades y actos que pueden ejecutar según la ley, las normas de creación y sus estatutos internos, las empresas industriales y comerciales del estado están facultadas para “desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado”, previsión que ratifica la aplicación equivalente del giro ordinario de los negocios a las EICE, en sus dos categorías de actuación – objeto principal y actividades conexas–. (…) Entonces, cuando el numeral 1º del artículo 105 del CPACA dispuso que no serán del conocimiento de esta jurisdicción las “controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras (…) cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades”, no limitó esta exclusión a las actividades financieras que hagan parte del objeto de la entidad, sino que basta que se trate de (i) una institución financiera, y (ii) que la actuación cuestionada corresponda al giro ordinario de sus negocios, en la que, como ya se anotó, se incluyen todas las actividades propias de su objeto y de sus funciones, así como aquellas conexas al mismo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las entidades públicas de carácter especial como Fonade, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2135 de 9 de abril de 2013, C. P. Augusto Hernández Becerra (e). En relación con el giro ordinario de las actividades de las empresas industriales y comerciales del Estado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de octubre de 2011, rad. 25000232600019950155501(20070), C. P. Danilo Rojas Betancourt. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Auto del 3 de marzo de 2021, Exp. n.º 25000233600020120066001 (51373) C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la competencia de la jurisdicción de lo contencioso para conocer las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 3 de marzo de 2021, rad. 25000233600020120066001(51373), C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO 2168 DE 1992 - ARTÍCULO 11, DECRETO 663 DE 1993, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105 NUMERAL 1, LEY 45 DE 1990 - ARTÍCULO 90, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 86 VIGENCIA DE LA LEY / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / NATURALEZA JURÍDICA DE FONADE / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACTUACIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL Problema jurídico: ¿Los contratos sujetos al derecho administrativo, celebrados por FONADE en vigencia del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y hasta la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011, corresponde conocer del conflicto a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n aplicación de la regla general establecida en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 que dispone que en “todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”, para el momento en que se celebró el contrato de obra (…), 22 de mayo de 2008, estaba vigente el artículo 26 de la Ley 1150 de 2007, por lo que Fonade ejercía función y potestades administrativas en la gestión contractual que desarrollaba. Al armonizar las anteriores pautas legales con las reglas de jurisdicción previstas en el art. 104 y 105 del CPACA (estatuto vigente para el momento de presentación de la demanda, que ocurrió el 3 de julio de 2014) la Sala puntualiza que, aquellas controversias originadas en contratos celebrados por Fonade en vigencia del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 -esto es, a partir del 16 de enero de 2008-, y hasta la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011 -el 16 de junio de 2011 - corresponden al conocimiento de esta jurisdicción, conforme a la premisa inaugural del citado art. 104 que impone a ésta conocer sobre los contratos sujetos al derecho administrativo, como el que es objeto de este debate. Pasados varios años, la sujeción de la actividad contractual de Fonade al régimen de la Ley 80 de 1993 cambió con la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011, que en su artículo 276 dispuso la derogatoria del artículo 26 de la Ley 1150 de 2007; fue entonces, a partir de ese momento, Fonade quedó excluida de la aplicación del régimen público de contratación, quedando sujeta a la regla del artículo 15 de la Ley 1150 que se mantuvo vigente. (…). En estos casos, en consecuencia, al no configurarse los elementos que autorizan la exclusión de jurisdicción del art. 105 citado, se impone aplicar las pautas establecidas como regla general en el art. 104 ibidem, al tratarse de litigios originados en contratos sujetos al derecho administrativo, en los que están involucradas entidades públicas y conforme a la hipótesis del numeral 2 ib. que asigna al conocimiento de esta jurisdicción los conflictos “relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado”. Si bien el a quo halló cumplido el presupuesto de jurisdicción en el sub lite, posición que se comparte, la Sala añade las anteriores pautas de interpretación en orden a distinguir la aplicación, en unos casos y en otros no, de las reglas de excepción que trae el art. 105 citado. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 15, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 26, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105, LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 276, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 26 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en ambas instancias contra la parte vencida en el proceso cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior? Respuesta al problema jurídico: Si En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, numeral 4, que se condenará en costas por ambas instancias a la parte vencida “cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior”. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En este orden de ideas, se fijan las agencias en derecho a cargo de la Unión Temporal Manolo Arteaga – Patricia Zambrano y a favor de las demandadas, de conformidad con las previsiones del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, por segunda instancia, en el valor correspondiente a un salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de ejecutoria de esta sentencia, a favor de cada una de las demandadas, quienes actuaron a través de apoderado en el presente trámite. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201400932021100103