Titulación de la relatoría 36.663 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿En los contratos que requieran liquidación, el término para formular pretensiones es de dos años siguientes al cumplimiento de la obligación de liquidar, en este caso, el contrato se liquidó de forma unilateral y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes, por ello se interpuso en tiempo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Demanda en tiempo (...) Según el artículo 136.10.d CCA, en los contratos que requieran liquidación y no fuere efectuada, el término para formular pretensiones es de dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar. El contrato previó que la liquidación se haría de acuerdo con los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, vigente para la época de la celebración del contrato, previó que los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución se prolongara en el tiempo y los demás que lo requirieran, serían objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, durante el término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordenara la terminación. A su vez los artículos 61 de la Ley 80 de 1993 y 136.10 CCA –vigentes al momento en que empezó a correr el término de caducidad–, dispusieron que si el contratista no se presentaba a la liquidación o las partes no llegaban a un acuerdo sobre el contenido de esta, sería practicada directa y unilateralmente por la entidad mediante acto administrativo, dentro del término de dos meses. El plazo del contrato era de tres años contados desde el acta de iniciación –3 de febrero de 1997–, es decir, terminó el 3 de febrero de 2000 (...). A partir del día siguiente inició el conteo de cuatro meses para la liquidación bilateral del contrato, que finalizó el 4 de junio de 2000. Al día siguiente inició el plazo de dos meses para la liquidación unilateral. El 29 de enero de 2001, el INAT liquidó unilateralmente el contrato (...), mediante la resolución (...). Esa resolución fue notificada el 24 de febrero de 2001 (...). Como la demanda se presentó el 4 de diciembre de 2002, esto es, dentro del plazo de dos años contados a partir de la liquidación unilateral del contrato, se interpuso en tiempo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
Problema jurídico:
¿Las copias simples de documento cuentan con valor probatorio?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, exp. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.
CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / TESTIMONIO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / OPORTUNIDAD PARA EL APORTE DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALIDEZ DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LA PRUEBA / VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / PARTE DEMANDANTE
Problema jurídico:
¿Los experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados aportados por la parte demandante cumplen con los requisitos establecidos por la ley para su incorporación al proceso, es decir, además de aportarse en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, se surtió el trámite de contradicción?
Respuesta al problema jurídico: No
Según el artículo 10 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 183 CPC, modificado por el artículo 18 de la Ley 794 de 2003, cualquiera de las partes en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. La Sala reitera que estos dictámenes, para que sean valorados como prueba pericial, deben cumplir los requisitos establecidos por la ley para su incorporación al proceso, es decir, además de aportarse en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, debe surtirse el trámite de contradicción dispuesto en el artículo 238 CPC. Los experticios aportados por la parte demandante en la demanda –«dictamen sobre la información financiera complementaria y evolución financiera de la sociedad (...) S.A.» y «análisis técnico y económico para el tribunal elaborado por el demandante»– (...) no serán valorados por la Sala, porque, aunque se aportaron durante la oportunidad procesal para solicitar pruebas, no surtieron el trámite de contradicción del artículo 238 CPC (...). (...) y (...), autores de los dictámenes periciales rindieron «testimonio» (...). La Sala reitera que únicamente aquellas declaraciones que recaen sobre puntos científicos, en las que el testigo tiene conocimiento directo o indirecto sobre los hechos, tienen mérito probatorio. Cuando el declarante no tiene conocimiento de los hechos, sus exposiciones son propias de un dictamen pericial, prueba sobre la que la ley exige el cumplimiento de requisitos diferentes .
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la contradicción de la prueba, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 3 de marzo de 2010, exp. 37269 [fundamento jurídico 2] c.p. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de abril de 2006, exp.15655, [fundamento jurídico 4.2].
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 183, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 238, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 10, LEY 794 DE 2003 - ARTÍCULO 18
DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / NEGACIÓN DE LA PRUEBA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Tiene mérito probatorio el dictamen pericial practicado en el proceso que, se basó de forma exclusiva en la interpretación de los documentos contractuales, cuando debía conceptuar sobre la existencia de mayores trabajos y otras situaciones que perturbaran la ejecución del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 233 CPC dispone que la peritación constituye un medio de prueba a través del cual se constatan hechos relevantes para el litigio, que exigen de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. En el proceso se practicó un dictamen pericial para que el perito conceptuara sobre la existencia de mayores trabajos realizados y las distintas situaciones de presión que llegaron a perturbar la ejecución del contrato. En el expediente obra el dictamen rendido por (...), ingeniero (...). El perito conceptuó, después de analizar –según afirmó– los términos de referencia, el acta de acuerdo económico y el acta de entrega final, que los mayores trabajos realizados correspondían a los «manuales de metodología» –(...)–, los documentos bajo el título de investigación –(...) y el documento «aspectos legales». En el dictamen pericial el perito no conceptuó, desde el punto de vista técnico, sobre el contenido de los documentos entregados por el consultor. El perito se limitó a hacer unas afirmaciones basado en lo que «interpretó» de los documentos contractuales. Conforme al artículo 233 CPC, la peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y que requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. En consonancia, el artículo 236 establece que no es admisible sobre puntos de derecho. Como el perito resolvió aspectos que corresponden al juez del contrato, pues se basó exclusivamente en la interpretación de los documentos contractuales, el dictamen pericial no tiene mérito probatorio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 233, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 236
INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS / RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / CONTRATO ESTATAL / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL
Problema jurídico:
¿El régimen jurídico del contrato del establecimiento público INAT, además del derecho privado, era la regulación excepcional contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 1 de la Ley 80 de 1993 establece que esa ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. En consonancia, el literal a) del numeral 1 del artículo 2, definió, para los solos efectos de esta ley, que los establecimientos públicos serían entidades estatales. El estatuto de contratación regula particularmente cinco materias propias del régimen de la contratación: (i) capacidad: dentro de la cual están las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, los consorcios y uniones temporales –que pueden celebrar contratos sin ser personas jurídicas– y el registro único de proponentes; (ii) la selección objetiva, que abarca los procedimientos de selección de contratistas; (iii) el perfeccionamiento y la forma del contrato, la urgencia manifiesta y algunos tipos de contratos; (iv) algunos aspectos relativos a su ejecución como el manejo de riesgo, la ecuación contractual y las denominadas «potestades excepcionales» y (v) la liquidación del contrato y la de solución de controversias. En lo demás, la Ley 80 de 1993 prescribe que, por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes (arts. 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 y art. 2 CC), salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. De modo que el contrato estatal se rige por las disposiciones comerciales y civiles, salvo lo previsto por las normas de orden público previstas en la Ley 80 y sus modificaciones (arts. 5.1 Ley 57 de 1887 y 3° de la Ley 153 de 1887) . El 23 de diciembre de 1996, el INAT y (...) S.A. celebraron el contrato (...), para ejecutar la asesoría del subprograma de servicios complementarios (...). Como el INAT era una entidad estatal, pues era un establecimiento público –Decreto 1278 de 1994–, a sus contratos se les aplicaba, además del derecho privado, la regulación excepcional contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1278 DE 1994, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 3, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1 LITERAL A, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45
DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS
Problema jurídico:
¿La alteración a la ecuación contractual y el incumplimiento del contrato son distintos, pues tienen origen en causas disímiles?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala reitera que la alteración a la ecuación contractual y el incumplimiento del contrato son distintos, pues tienen origen en causas disímiles. El primero supone una alteración de la ecuación económica por hechos ajenos a la voluntad de las partes, irresistibles e imprevisibles o imputables a la Administración como consecuencia del ejercicio legítimo de su condición de autoridad y, el segundo, tiene por fundamento la inejecución absoluta, la ejecución defectuosa o el retardo en el cumplimiento de la prestación debida. Aunque en la demanda se sostuvo que se produjo el desequilibrio económico del contrato, en esencia la reclamación gira en torno al incumplimiento del contrato. Las causas que generaron el «desequilibrio» son –en realidad– reproches al comportamiento del INAT frente a la ejecución del contenido obligacional y no hechos externos a las partes o imputables a la Administración como consecuencia del ejercicio legítimo de su condición de autoridad.
MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / ASESORÍA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FALTA DE PRUEBA / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / BUENA FE / PARTES DEL CONTRATO / ACTO PROPIO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / PRINCIPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON VALET
Problema jurídico:
¿La parte demandante acreditó la realización de mayores trabajos a los pactados con el INAT en el contrato de asesoría del subprograma de servicios complementarios?
Respuesta al problema jurídico: No
Mayores trabajos realizados (...) Las partes acordaron unas nuevas condiciones económicas –a partir de la eliminación de unas actividades de seguimiento y evaluación y la disminución de personal extranjero– y reiteraron que las actividades objeto del contrato eran: «asesoría y diagnóstico de los distritos, formulación de los planes de los subcomponentes de los servicios complementarios, coordinación con el subproyecto de fortalecimiento institucional, formulación de términos y asesoría para suscripción de contratos y convenios, asesoría a los funcionarios para la aplicación de la metodología para el seguimiento y evaluación». En esos términos se pactó el contrato de consultoría celebrado por las partes. De modo que, el consultor no debía únicamente elaborar la asesoría y diagnóstico de los distritos, como lo alega la demandante, sino formular o diseñar los planes de los subcomponentes de los servicios complementarios: investigación, capacitación, plan de capacitación en riego y centro de información. (...) Conforme a las pruebas, el alcance del objeto del contrato era la elaboración de una asesoría y diagnóstico de los distritos y un plan de acción –con base en el diagnóstico– de los componentes de investigación, capacitación, plan de capacitación en riego y centro de información. Así lo entendió (...) S.A. en su propuesta al dejar consignado que su alcance era «ejecutar» los componentes de asesoría y diagnóstico de los distritos y el «diseño y seguimiento de los demás subcomponentes del subprograma». Para el diseño de los demás subcomponentes, por supuesto, se debían tener en cuenta las secciones 4.3, 4.4 y 4.5, sin que eso significara que estaban «ejecutando» esos componentes. No quedó acreditado que en el acuerdo económico se alterara el alcance del proceso de selección. Las partes solo acordaron unas nuevas condiciones económicas –a partir de la eliminación de unas actividades de seguimiento y evaluación y la disminución de personal extranjero–. La formulación o el diseño de los demás subcomponentes dependía del diagnóstico que se hiciera en la primera etapa del contrato. Por ello, las partes –durante su ejecución– definieron «las áreas y productos esperados» para esa segunda fase. Incluso, se formaron unas comisiones especializadas para determinar el contenido de los «manuales y programas». Con fundamento en ese «taller», (...) S.A. presentó los productos que entregaría al finalizar la consultoría. La elaboración de esos productos fue incluida en los programas de trabajo y las cuentas de cobro incluyeron el tiempo y personal utilizado para hacerlo. Consultplan S.A. en ningún momento manifestó que la elaboración de esos documentos estuviera por fuera del alcance de su obligación de realizar la «formulación de los planes de los subcomponentes de los servicios complementarios». Los artículos 1603 CC y 871 C. Co. establecen que los contratos deben ejecutarse de buena fe. En materia contractual el postulado de la buena fe se traduce en los deberes de fidelidad, lealtad y corrección recíproca que deben observar las partes. Esos deberes, que dan contenido al postulado de la buena fe, deben respetarse en la ejecución y terminación del vínculo contractual. Las partes, con fundamento en el postulado de la buena fe, deben comportarse de forma coherente y no pueden contradecir injustificadamente sus conductas anteriores «venire contra factum proprium non valet» –teoría o doctrina de los actos propios–. (...) S.A. presentó una oferta y ejecutó el contrato bajo el entendido que debía realizar el diseño de los subcomponentes de los servicios complementarios. No es coherente –y por el contrario contradice su comportamiento durante la ejecución contractual– que ahora solicite que se le reconozcan como mayores trabajos esas actividades –venire contra factum proprium non valet–. De modo que, contrario a lo alegado por la parte demandante, no quedó probado que (...) S.A., al elaborar los «manuales de metodología» (...) – y los documentos bajo el título de investigación –numerales 30-37–, realizó trabajos no previstos en el contrato de consultoría.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el deber de las partes de actuar de buena fe y no ir contra los actos propios, ver: Corte Suprema de Justicia, sentencia de 23 de junio de 1958 [fundamento jurídico III a], en Gaceta Judicial n.° 2198 y sentencia de 7 de junio de 1966, [fundamento jurídico I], en Gaceta Judicial n.° 2281.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1603
DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / INTERVENTOR / INTERVENTORÍA
Problema jurídico:
¿Puede el juez apreciar los testimonios sospechosos de unas funcionarias del INAT, que fueron interventoras en el contrato, sin desecharlos de plano pero con mayor rigurosidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
[testigos] eran funcionarias del INAT, son testigos sospechosas, en los términos del artículo 217 CPC, pues eran dependientes de la entidad demandada y tienen relación directa con los hechos de la demanda. El artículo 218 CPC dispone que el juez apreciará los testimonios sospechosos de acuerdo con las circunstancias de cada caso y que no se pueden desechar de plano, sino que deben ser analizados con mayor rigurosidad. Aunque las testigos son sospechosas, su relato es preciso, serio y verosímil. (...) precisó por qué conoció el alcance del contrato y cómo se diseñó la ejecución de los recursos que el BID le iba a prestar al país. (...) y (...) –interventoras– describieron en detalle en qué consistía la «ejecución» de la formulación de los planes de los subcomponentes. Su declaración además es coherente con los temas tratados en las reuniones que tuvieron las partes durante la ejecución del contrato (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el testimonio sospechoso, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, exp 20262 [fundamento jurídico 2.3] C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 217, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 218
CONTRATO DE CONSULTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / COSTOS / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES
Problema jurídico:
¿Se acreditó que el INAT forzara al consultor a «repetir» injustificadamente el documento de asesoría y diagnóstico de los distritos y con ello mayores costos en la ejecución del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
Según la demanda, [la demandante] fue obligada a repetir la primera etapa contratada, esto es, la asesoría y diagnóstico de los distritos. Alega que las innumerables modificaciones o correcciones solicitadas por la entidad la forzaron a realizar este documento con un alcance mayor al previsto en los términos de referencia. (...) Conforme a la cláusula trigésima primera del contrato, el consultor era responsable por la organización, dirección y ejecución de los trabajos de asesoría, tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para lo cual debía vigilar que las actividades se realizaran de manera eficiente y controlar los criterios y técnicas empleadas, de forma tal que la asesoría tuviera la calidad y confiabilidad necesarias. Las actividades o trabajos realizados por el consultor que fuera necesario repetir por mala organización o negligencia del consultor, así como los materiales dañados o perdidos, debían ser repuestos por el consultor a satisfacción del INAT. A su vez, según la sección 5.7 de los términos de referencia, los manuales o trabajos específicos correspondientes a la asesoría debían entregarse al INAT cuando estuvieran terminados, debiendo la institución aprobarlos u ordenar su modificación. La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que aparece exteriorizada en la cláusula trigésima primera, junto con la interpretación armónica de los términos de referencia –sección 5.7–, permiten concluir que el consultor tenía la obligación de presentar los documentos con la «calidad y confiabilidad necesarias». Los documentos debían ser aprobados por la entidad o se podía ordenar su modificación y, en caso de que fuera necesario que se corrigieran o repitieran, el consultor debía asumir esa responsabilidad. (...) Se aportó al expediente el acta de reunión del 23 de abril de 1998 elaborada por las partes y la interventoría. Según el documento, para la interventoría el informe final de diagnóstico que presentó la firma consultora no era satisfactorio. El informe no había sido presentado a tiempo y tenía (...) deficiencias (...) Según se dejó consignado, el consultor aceptó y se comprometió a «complementar y ajustar los informes presentados, sin que esto le signifique más costos al INAT, de acuerdo con las observaciones que para tal fin expresara la interventoría» (...) El INAT recibió las correcciones a los documentos y expresó en numerosas ocasiones que algunos de los cambios que se habían discutido no se habían incorporado. Estos documentos no evidencian que se solicitaran cambios injustificados o arbitrarios a los documentos de diagnóstico. (...) De modo que, conforme a las pruebas, no se acreditó que el INAT forzara al consultor a «repetir» injustificadamente el documento de asesoría y diagnóstico de los distritos. El INAT le pidió al consultor que hiciera unas modificaciones para cumplir con el objeto del contrato de manera satisfactoria, como era su responsabilidad. Los costos de esas «modificaciones» debían ser asumidos por el consultor, según el contrato. Por ello, no hay lugar a reconocer mayores «costos» por el tiempo que tomó la entrega del documento según los estándares de calidad previstos por la entidad.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1618
EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / INFORMES DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS
Problema jurídico:
¿Se acreditó que la entidad INAT incumpliera el contrato al exigir en los informes mensuales requisitos no previstos en los documentos contractuales?
Respuesta al problema jurídico: No
Aprobación de informes mensuales (...) Según la demanda, el INAT incumplió la cláusula décimo quinta del contrato n°. 225 de 1996, pues incluyó requisitos adicionales a los informes mensuales que debía presentar el consultor para obtener el pago de las cuentas de cobro. Afirmó que a partir de agosto de 1998 se pidió, además de los informes mensuales, el trabajo adelantado durante el mes (...) Conforme a la cláusula décima del contrato, durante la ejecución de la asesoría, el consultor se obligaba a presentar a consideración del INAT un informe mensual, un informe final preliminar y un informe final definitivo. El informe mensual debía presentarse dentro de los 10 días calendario siguientes al mes finalizado y debía contener: el progreso de los trabajos, el avance en cada actividad en relación con el programa detallado de trabajo, la descripción de los problemas encontrados –origen, soluciones previstas y solicitudes de ajustes al programa de trabajo–. Además, se detallarían los recursos y los «hombres-mes» de personal profesional y técnico utilizados. El INAT debía expresar la aceptación u objeción al mencionado informe dentro de los diez días siguientes al recibo y estas serían tenidas en cuenta en el informe mensual siguiente. Los pagos que el INAT hacía al consultor se hacían previa «presentación y aprobación» de los informes previstos en la sección 5.7 de los términos de referencia, entre otros requisitos (cláusula novena). (...) Según la sección 5.7 de los términos de referencia, mensualmente el consultor presentaría al –subdirector de capacitación y desarrollo del INAT– informe de los trabajos realizados, que incluiría los logros conseguidos, trabajos finalizados, las desviaciones producidas en el programa de trabajo y sugerencias para la mejor continuación de la asesoría. El informe mensual debía ser aprobado por el INAT, que podía hacer indicaciones y observaciones. La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que aparece exteriorizada en las cláusulas novena y décima del contrato, junto con la interpretación armónica de los términos de referencia –sección 5.7–, permiten concluir que los informes mensuales debían contener: el progreso de los trabajos, logros conseguidos, la relación con el programa detallado de trabajo, descripción de los problemas encontrados y los recursos utilizados. El informe incluiría «el trabajo finalizado» del mes del informe. La entidad podía aprobarlos u objetarlos. Sin embargo, los informes debían ser «aprobados» para que, si se cumplían los demás requisitos, se procediera al pago. (...) Obran en el expediente los oficios (...) enviados por la entidad y la interventoría al consultor. Conforme a los documentos, los informes mensuales no podían ser aprobados, pues tenían inconsistencias, no cumplían los requisitos previstos en el contrato, tenían facturas de otros meses, no se había recibido los trabajos relacionados en los informes, los trabajos entregados no cumplían los estándares de la entidad o el consultor no había entregado los informes en el formato previsto (...) Estos documentos son auténticos de conformidad con el artículo 252 CPC [núm. 9] y acreditan que la entidad –junto con la interventoría– devolvió los informes mensuales porque, entre otras, no se había recibido los trabajos relacionados en los informes, los trabajos entregados no cumplían los estándares de la entidad o no habían entregado los informes en el formato previsto. 26. Según lo probado, los informes debían ser «aprobados» para que, si se cumplían los demás requisitos, se procediera al pago. Estos debían contener el progreso de los trabajos, los logros conseguidos, la relación con el programa detallado de trabajo, la descripción de los problemas encontrados y los «trabajos finalizados». De modo que, contrario a lo alegado por Consultplan S.A. durante la ejecución del contrato, la entidad sí debía exigir los trabajos finalizados en ese mes –aunque la totalidad del documento no estuviera terminado– y analizar su idoneidad para aprobar el informe y que se pudiera proceder al pago. Afirmar lo contrario, significaría que, para que se aprobara el pago, era suficiente con indicar que se habían realizado las actividades. Tampoco se evidencia mala fe por parte de la entidad para aprobar las cuentas de cobro, pues en cada uno de los oficios en los que se devolvieron las cuentas dejó consignado la razón que había ocasionado la objeción del informe y las modificaciones que se debían realizar. Por ello, la Sala considera que no se acreditó que la entidad incumpliera el contrato al exigir en los informes mensuales requisitos no previstos en los documentos contractuales.
ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / INTERÉS MORATORIO / INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS / MORA EN EL PAGO / MORA EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Deben reconocerse intereses moratorios a favor de la parte demandante por el retardo en el cumplimiento del pago del anticipo por parte del INAT?
Respuesta al problema jurídico: No
Pago de las cuentas de cobro y el anticipo (...) Según la demanda, como el pago del anticipo –30% del valor del contrato–y de las cuentas de cobro no se hizo a tiempo, el IGAT debía reconocer los perjuicios causados –intereses moratorios– sobre esas sumas. (...) El retardo en el cumplimiento de las obligaciones –mora– por ejecución tardía genera responsabilidad y habilita al deudor a exigir el objeto debido y el pago de la indemnización moratoria, únicamente exonerable por causas no imputables al contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero, culpa del cocontratante). La indemnización de perjuicios se debe desde que se ha constituido en mora al deudor (art. 1615 CC). El deudor está en mora de cumplir sus obligaciones: (i) cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora; (ii) cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla y (iii) en los demás casos, cuando ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor (art. 1608 CC). (...) Está acreditado que el 3 de febrero de 1997 las partes suscribieron el acta de iniciación del contrato n°. 225 de 1996 (...). El 7 de febrero siguiente el INAT aprobó el programa de trabajo presentado por el consultor y lo autorizó para que iniciara los trámites para el desembolso del anticipo (...). El 19 de enero de 2001, el INAT liquidó unilateralmente el contrato y, según ese documento, la entidad quedó a paz y salvo por todo concepto(...). Según la cláusula séptima del contrato, una vez perfeccionado el mismo con la aprobación del INAT de las garantías y presentado y aprobado el programa detallado de trabajo, el INAT entregaría al consultor un anticipo de COP$288.525.198 –equivalente al 30% del valor fiscal del contrato–. Por su parte, la cláusula novena previó que los pagos que el INAT debiera hacer al consultor se harían previa presentación y aprobación de los informes mensuales, así como de la presentación y trámite de facturas mensuales detalladas –acompañadas de los comprobantes de egresos, que debían estar aprobados por el interventor–. (...) La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que aparece exteriorizada en las cláusulas séptima y novena del contrato y en el acta de acuerdo y su aclaración, permiten concluir que las partes sometieron el pago del anticipo y de las cuentas mensuales al cumplimiento de varias condiciones. El único pago que quedó sujeto a plazo fue la suma de COP $115.808.679, que se pactó –y efectivamente ocurrió– que se pagaría el día en que se suscribió el acta. (...) Con la certificación se adjuntó el perfil financiero del contrato, según el cual el anticipo y las actas de cobro de febrero de 1997 a febrero de 1999 –30 cuentas– fueron pagadas antes de la liquidación unilateral del contrato (...). Estos documentos públicos son auténticos de conformidad con el artículo 252 CPC [núm. 9] y acreditan que la entidad pagó el anticipo y las cuentas de cobro presentadas por el consultor antes de la liquidación unilateral del contrato. (...) El desembolso del anticipo y el pago de las cuentas de cobro era una obligación dineraria a cargo de la entidad, que se obligó a entregar esas sumas de dinero cuando se cumplieran unas condiciones específicas. La mora en el cumplimiento de esas obligaciones habilitaba al contratista a exigir lo debido –el valor del anticipo y de las cuentas de cobro– y el pago de la indemnización moratoria –intereses–. Como las partes no estipularon término o plazo para el cumplimiento de estas obligaciones y no es de aquellas que solo pueden ser dadas dentro de cierto tiempo, el deudor solo se constituía en mora si era reconvenido por el acreedor (art. 1608 CC y art. 90 CPC). Como el pago de las obligaciones se realizó antes de que se reconviniera judicialmente al deudor –4 de diciembre de 2002–, pues al liquidar el contrato ya se habían pagado todas las sumas debidas, no hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios sobre esas sumas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 90, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1608, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1615
CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES / INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Demostró la parte demandante el surgimiento de las obligaciones de la entidad demandada que reclamó en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor –si excepciona– debe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones . En concordancia, el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Como la parte demandante no acreditó que la entidad le hizo cumplir obligaciones en unos términos distintos a los previstos en su oferta, que la modificación o corrección constante de los productos a entregar le causaron sobrecostos que debían ser asumidos por la entidad, que la interventoría no aprobó –de forma injustificada– los informes mensuales y que se causaron intereses moratorios sobre las sumas que la entidad pagó tardíamente, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la carga de probar los hechos que dan fundamento a las pretensiones, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de febrero de 1936 [fundamento jurídico párr. 10] en Gaceta Judicial, Tomo XLIII n°. 1907 - 1908, pp. 334 - 336 y sentencia del 13 de enero de 1971 [fundamento jurídico IV párr. 4] en Gaceta Judicial, Tomo CXXXVIII, nº. 2340 a 2345, p. 24.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 168, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1757