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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020020244001-39845-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el contrato previó que la liquidación se haría de acuerdo con los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-07-19"
radicado: "25000232600020020244001"
numero: "39845"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: el contrato previó que la liquidación se haría de acuerdo con los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-07-19
- **Radicado:** 25000232600020020244001
- **Número interno:** 39845
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** CONSULTPLAN S.A
- **Demandado:** MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020020244001-39845-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020020244001/011A6C90EE107A60D71920FB070D09692D7780212796C335EC44E0CA9DECCA85/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200202440011100103

## Problema jurídico

¿En los contratos que requieran liquidación, el término para formular pretensiones es de dos años siguientes al cumplimiento de la obligación de liquidar, en este caso, el contrato se liquidó de forma unilateral y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes, por ello se interpuso en tiempo?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Las copias simples de documento cuentan con valor probatorio?
- ¿Los experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados aportados por la parte demandante cumplen con los requisitos establecidos por la ley para su incorporación al proceso…
- ¿Tiene mérito probatorio el dictamen pericial practicado en el proceso que, se basó de forma exclusiva en la interpretación de los documentos contractuales…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto Ley 01 de 1984, art. 136 núm. 10
- Ley 80 de 1993, arts. 60 y 61

## Extracto

Demanda en tiempo… Según el artículo 136.10.d CCA, en los contratos que requieran liquidación y no fuere efectuada, el término para formular pretensiones es de dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar. El contrato previó que la liquidación se haría de acuerdo con los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, vigente para la época de la celebración del contrato, previó que los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución se prolongara en el tiempo y los demás que lo requirieran, serían objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, durante el término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordenara la terminación.

## Síntesis temática

En los contratos que requieren liquidación, el término para formular pretensiones es de dos años contados desde el incumplimiento de la obligación de liquidar, cuando la liquidación no se realizó. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 136, numeral 10, literal d, del Código Contencioso Administrativo fija ese término, de modo que el plazo corre desde que la liquidación debió efectuarse y no se efectuó. Segunda, cuando el contrato prevé que la liquidación se haga conforme a los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, esas reglas determinan el momento en que la obligación de liquidar se incumple. En el caso, el contrato se liquidó de forma unilateral y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes, por lo que la providencia confirma que fue presentada en tiempo. En la práctica, el demandante debe identificar la fecha en que se incumplió la obligación de liquidar y no la fecha del acto de liquidación unilateral para calcular el término.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL, DICTAMEN PERICIAL, FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL, VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL, CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL, INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL, PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, TESTIMONIO, DECLARACIÓN DEL TESTIGO, VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO, INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL, INEFICACIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, OPORTUNIDAD PARA EL APORTE DE LA PRUEBA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, VALIDEZ DE LA PRUEBA, NEGACIÓN DE LA PRUEBA, VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA, VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, PARTE DEMANDANTE, APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA, INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS, RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, CONTRATO ESTATAL, REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, CONTRATACIÓN ESTATAL, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL, EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, ASESORÍA, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL, EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, FALTA DE PRUEBA, BUENA FE CONTRACTUAL, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, BUENA FE, PARTES DEL CONTRATO, ACTO PROPIO, PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO, TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO, PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS, PRINCIPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON VALET, DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO, TESTIGO SOSPECHOSO, TESTIMONIO SOSPECHOSO, VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO, INTERVENTOR, INTERVENTORÍA, CONTRATO DE CONSULTORÍA, OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA, MAYOR VALOR DE LOS COSTOS, FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, COSTOS, SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES, EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA, INFORMES DEL CONTRATISTA, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL, PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL, INTERÉS MORATORIO, MORA EN EL PAGO, MORA EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA, OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL, CARGA DE LA PRUEBA, EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES, INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿En los contratos que requieran liquidación, el término para formular pretensiones es de dos años siguientes al cumplimiento de la obligación de liquidar, en este caso, el contrato se liquidó de forma unilateral y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes, por ello se interpuso en tiempo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Demanda en tiempo (...) Según el artículo 136.10.d CCA, en los contratos que requieran liquidación y no fuere efectuada, el término para formular pretensiones es de dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar. El contrato previó que la liquidación se haría de acuerdo con los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, vigente para la época de la celebración del contrato, previó que los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución se prolongara en el tiempo y los demás que lo requirieran, serían objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, durante el término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordenara la terminación. A su vez los artículos 61 de la Ley 80 de 1993 y 136.10 CCA –vigentes al momento en que empezó a correr el término de caducidad–, dispusieron que si el contratista no se presentaba a la liquidación o las partes no llegaban a un acuerdo sobre el contenido de esta, sería practicada directa y unilateralmente por la entidad mediante acto administrativo, dentro del término de dos meses. El plazo del contrato era de tres años contados desde el acta de iniciación –3 de febrero de 1997–, es decir, terminó el 3 de febrero de 2000 (...). A partir del día siguiente inició el conteo de cuatro meses para la liquidación bilateral del contrato, que finalizó el 4 de junio de 2000. Al día siguiente inició el plazo de dos meses para la liquidación unilateral. El 29 de enero de 2001, el INAT liquidó unilateralmente el contrato (...), mediante la resolución (...). Esa resolución fue notificada el 24 de febrero de 2001 (...). Como la demanda se presentó el 4 de diciembre de 2002, esto es, dentro del plazo de dos años contados a partir de la liquidación unilateral del contrato, se interpuso en tiempo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
Problema jurídico:
¿Las copias simples de documento cuentan con valor probatorio?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, exp. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.
CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / TESTIMONIO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / OPORTUNIDAD PARA EL APORTE DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALIDEZ DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LA PRUEBA / VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / PARTE DEMANDANTE
Problema jurídico:
¿Los experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados aportados por la parte demandante cumplen con los requisitos establecidos por la ley para su incorporación al proceso, es decir, además de aportarse en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, se surtió el trámite de contradicción?
Respuesta al problema jurídico: No
Según el artículo 10 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 183 CPC, modificado por el artículo 18 de la Ley 794 de 2003, cualquiera de las partes en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. La Sala reitera que estos dictámenes, para que sean valorados como prueba pericial, deben cumplir los requisitos establecidos por la ley para su incorporación al proceso, es decir, además de aportarse en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, debe surtirse el trámite de contradicción dispuesto en el artículo 238 CPC. Los experticios aportados por la parte demandante en la demanda –«dictamen sobre la información financiera complementaria y evolución financiera de la sociedad (...) S.A.» y «análisis técnico y económico para el tribunal elaborado por el demandante»– (...) no serán valorados por la Sala, porque, aunque se aportaron durante la oportunidad procesal para solicitar pruebas, no surtieron el trámite de contradicción del artículo 238 CPC (...). (...) y (...), autores de los dictámenes periciales rindieron «testimonio» (...). La Sala reitera que únicamente aquellas declaraciones que recaen sobre puntos científicos, en las que el testigo tiene conocimiento directo o indirecto sobre los hechos, tienen mérito probatorio. Cuando el declarante no tiene conocimiento de los hechos, sus exposiciones son propias de un dictamen pericial, prueba sobre la que la ley exige el cumplimiento de requisitos diferentes .
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la contradicción de la prueba, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 3 de marzo de 2010, exp. 37269 [fundamento jurídico 2] c.p. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de abril de 2006, exp.15655, [fundamento jurídico 4.2].
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 183, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 238, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 10, LEY 794 DE 2003 - ARTÍCULO 18
DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / NEGACIÓN DE LA PRUEBA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Tiene mérito probatorio el dictamen pericial practicado en el proceso que, se basó de forma exclusiva en la interpretación de los documentos contractuales, cuando debía conceptuar sobre la existencia de mayores trabajos y otras situaciones que perturbaran la ejecución del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 233 CPC dispone que la peritación constituye un medio de prueba a través del cual se constatan hechos relevantes para el litigio, que exigen de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. En el proceso se practicó un dictamen pericial para que el perito conceptuara sobre la existencia de mayores trabajos realizados y las distintas situaciones de presión que llegaron a perturbar la ejecución del contrato. En el expediente obra el dictamen rendido por (...), ingeniero (...). El perito conceptuó, después de analizar –según afirmó– los términos de referencia, el acta de acuerdo económico y el acta de entrega final, que los mayores trabajos realizados correspondían a los «manuales de metodología» –(...)–, los documentos bajo el título de investigación –(...) y el documento «aspectos legales». En el dictamen pericial el perito no conceptuó, desde el punto de vista técnico, sobre el contenido de los documentos entregados por el consultor. El perito se limitó a hacer unas afirmaciones basado en lo que «interpretó» de los documentos contractuales. Conforme al artículo 233 CPC, la peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y que requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. En consonancia, el artículo 236 establece que no es admisible sobre puntos de derecho. Como el perito resolvió aspectos que corresponden al juez del contrato, pues se basó exclusivamente en la interpretación de los documentos contractuales, el dictamen pericial no tiene mérito probatorio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 233, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 236
INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS / RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / CONTRATO ESTATAL / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL
Problema jurídico:
¿El régimen jurídico del contrato del establecimiento público INAT, además del derecho privado, era la regulación excepcional contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 1 de la Ley 80 de 1993 establece que esa ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. En consonancia, el literal a) del numeral 1 del artículo 2, definió, para los solos efectos de esta ley, que los establecimientos públicos serían entidades estatales. El estatuto de contratación regula particularmente cinco materias propias del régimen de la contratación: (i) capacidad: dentro de la cual están las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, los consorcios y uniones temporales –que pueden celebrar contratos sin ser personas jurídicas– y el registro único de proponentes; (ii) la selección objetiva, que abarca los procedimientos de selección de contratistas; (iii) el perfeccionamiento y la forma del contrato, la urgencia manifiesta y algunos tipos de contratos; (iv) algunos aspectos relativos a su ejecución como el manejo de riesgo, la ecuación contractual y las denominadas «potestades excepcionales» y (v) la liquidación del contrato y la de solución de controversias. En lo demás, la Ley 80 de 1993 prescribe que, por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes (arts. 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 y art. 2 CC), salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. De modo que el contrato estatal se rige por las disposiciones comerciales y civiles, salvo lo previsto por las normas de orden público previstas en la Ley 80 y sus modificaciones (arts. 5.1 Ley 57 de 1887 y 3° de la Ley 153 de 1887) . El 23 de diciembre de 1996, el INAT y (...) S.A. celebraron el contrato (...), para ejecutar la asesoría del subprograma de servicios complementarios (...). Como el INAT era una entidad estatal, pues era un establecimiento público –Decreto 1278 de 1994–, a sus contratos se les aplicaba, además del derecho privado, la regulación excepcional contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1278 DE 1994, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 3, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1 LITERAL A, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45
DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS
Problema jurídico:
¿La alteración a la ecuación contractual y el incumplimiento del contrato son distintos, pues tienen origen en causas disímiles?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala reitera qu

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

o, la Sala considera que no se acreditó que la entidad incumpliera el contrato al exigir en los informes mensuales requisitos no previstos en los documentos contractuales.
ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / INTERÉS MORATORIO / INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS / MORA EN EL PAGO / MORA EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Deben reconocerse intereses moratorios a favor de la parte demandante por el retardo en el cumplimiento del pago del anticipo por parte del INAT?
Respuesta al problema jurídico: No
Pago de las cuentas de cobro y el anticipo (...) Según la demanda, como el pago del anticipo –30% del valor del contrato–y de las cuentas de cobro no se hizo a tiempo, el IGAT debía reconocer los perjuicios causados –intereses moratorios– sobre esas sumas. (...) El retardo en el cumplimiento de las obligaciones –mora– por ejecución tardía genera responsabilidad y habilita al deudor a exigir el objeto debido y el pago de la indemnización moratoria, únicamente exonerable por causas no imputables al contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero, culpa del cocontratante). La indemnización de perjuicios se debe desde que se ha constituido en mora al deudor (art. 1615 CC). El deudor está en mora de cumplir sus obligaciones: (i) cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora; (ii) cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla y (iii) en los demás casos, cuando ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor (art. 1608 CC). (...) Está acreditado que el 3 de febrero de 1997 las partes suscribieron el acta de iniciación del contrato n°. 225 de 1996 (...). El 7 de febrero siguiente el INAT aprobó el programa de trabajo presentado por el consultor y lo autorizó para que iniciara los trámites para el desembolso del anticipo (...). El 19 de enero de 2001, el INAT liquidó unilateralmente el contrato y, según ese documento, la entidad quedó a paz y salvo por todo concepto(...). Según la cláusula séptima del contrato, una vez perfeccionado el mismo con la aprobación del INAT de las garantías y presentado y aprobado el programa detallado de trabajo, el INAT entregaría al consultor un anticipo de COP$288.525.198 –equivalente al 30% del valor fiscal del contrato–. Por su parte, la cláusula novena previó que los pagos que el INAT debiera hacer al consultor se harían previa presentación y aprobación de los informes mensuales, así como de la presentación y trámite de facturas mensuales detalladas –acompañadas de los comprobantes de egresos, que debían estar aprobados por el interventor–. (...) La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que aparece exteriorizada en las cláusulas séptima y novena del contrato y en el acta de acuerdo y su aclaración, permiten concluir que las partes sometieron el pago del anticipo y de las cuentas mensuales al cumplimiento de varias condiciones. El único pago que quedó sujeto a plazo fue la suma de COP $115.808.679, que se pactó –y efectivamente ocurrió– que se pagaría el día en que se suscribió el acta. (...) Con la certificación se adjuntó el perfil financiero del contrato, según el cual el anticipo y las actas de cobro de febrero de 1997 a febrero de 1999 –30 cuentas– fueron pagadas antes de la liquidación unilateral del contrato (...). Estos documentos públicos son auténticos de conformidad con el artículo 252 CPC [núm. 9] y acreditan que la entidad pagó el anticipo y las cuentas de cobro presentadas por el consultor antes de la liquidación unilateral del contrato. (...) El desembolso del anticipo y el pago de las cuentas de cobro era una obligación dineraria a cargo de la entidad, que se obligó a entregar esas sumas de dinero cuando se cumplieran unas condiciones específicas. La mora en el cumplimiento de esas obligaciones habilitaba al contratista a exigir lo debido –el valor del anticipo y de las cuentas de cobro– y el pago de la indemnización moratoria –intereses–. Como las partes no estipularon término o plazo para el cumplimiento de estas obligaciones y no es de aquellas que solo pueden ser dadas dentro de cierto tiempo, el deudor solo se constituía en mora si era reconvenido por el acreedor (art. 1608 CC y art. 90 CPC). Como el pago de las obligaciones se realizó antes de que se reconviniera judicialmente al deudor –4 de diciembre de 2002–, pues al liquidar el contrato ya se habían pagado todas las sumas debidas, no hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios sobre esas sumas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 90, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1608, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1615
CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES / INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Demostró la parte demandante el surgimiento de las obligaciones de la entidad demandada que reclamó en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor –si excepciona– debe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones . En concordancia, el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Como la parte demandante no acreditó que la entidad le hizo cumplir obligaciones en unos términos distintos a los previstos en su oferta, que la modificación o corrección constante de los productos a entregar le causaron sobrecostos que debían ser asumidos por la entidad, que la interventoría no aprobó –de forma injustificada– los informes mensuales y que se causaron intereses moratorios sobre las sumas que la entidad pagó tardíamente, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la carga de probar los hechos que dan fundamento a las pretensiones, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de febrero de 1936 [fundamento jurídico párr. 10] en Gaceta Judicial, Tomo XLIII n°. 1907 - 1908, pp. 334 - 336 y sentencia del 13 de enero de 1971 [fundamento jurídico IV párr. 4] en Gaceta Judicial, Tomo CXXXVIII, nº. 2340 a 2345, p. 24.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 168, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1757

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-07-19. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 25000232600020020244001. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020020244001-39845-sentencia).
