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Consejo de Estado
Providencia
¿Las comunicaciones del Departamento Nacional de Planeación dirigidas al PNUD, que dieron origen a que este organismo internacional anulara el proceso de selección que adelantaba, constituyen actos administrativos demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo?
Sentencia — Sentencia
2023-03-31
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020080055902
ACCION CONTRACTUAL
¿Las comunicaciones del Departamento Nacional de Planeación dirigidas al PNUD, que dieron origen a que este organismo internacional anulara el proceso de selección que adelantaba, constituyen actos administrativos demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo? No
Cuando una comunicación de la administración no pone fin al procedimiento de selección ni impide que la actuación continúe, no constituye un acto administrativo demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad nacional no declaró desierto el proceso, porque no lo había iniciado ni tramitado, sino que solicitó al organismo internacional que adoptara esa decisión, y fue este quien anuló el proceso con fundamento en sus términos de referencia. Segunda, el oficio no contiene una manifestación de voluntad con aptitud de producir efectos jurídicos definitivos sobre el asunto, ni es un acto de trámite que imposibilite seguir la actuación. Tercera, la parte actora no agotó los recursos de la vía administrativa frente a lo que consideraba un acto particular y concreto. En el caso, la demanda adolecía de ineptitud sustantiva, por lo que la sentencia de primera instancia se modificó para declararse inhibida para un pronunciamiento de fondo. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
MODIFICA
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Providencia
Operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales
Sentencia — Sentencia
2026-03-18
SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)
JOSE ELVER MUÑOZ BARRERA
Rad. 25000233600020220053600
ACCION CONTRACTUAL
¿Operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales respecto de alguna de las pretensiones de la demanda, y, en particular, de la declaratoria de nulidad absoluta y la ineficacia de pleno de derecho de las renuncias contenidas en las modificaciones y suspensiones del contrato de consultoría IDU-1394 de 2017 en las que se señalaba que el contratista renunciaba a cualquier reclamación económica o que no generaría costos para el IDU? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales para declarar la nulidad absoluta o la ineficacia de pleno derecho de las renuncias económicas contenidas en las modificaciones y suspensiones del contrato de consultoría IDU-1394 de 2017, ya que dichas pretensiones fueron presentadas después de los dos años siguientes al perfeccionamiento de los actos contractuales y fuera de la vigencia del contrato, lo que opera la caducidad del medio de control. Además, la administración no incurrió en un acto administrativo contractual al negar la reclamación económica del contratista, pues esta comunicación no tiene la naturaleza de un acto administrativo unilateral que cree, modifique o extinga derechos u obligaciones. Asimismo, el incumplimiento contractual del IDU no fue acreditado, ya que los riesgos durante la ejecución fueron previstos y mitigados por las partes, y el principio de non adimpleti contractus impide declarar el incumplimiento del IDU cuando el contratista incumple en aspectos como el desembolso del anticipo o la facturación oportuna. Por último, no se acredita un desequilibrio económico grave del contrato, ya que los hechos y alegaciones de la demanda se basan en el incumplimiento del contratista y los riesgos imprevistos tuvieron soporte presupuestal en el contrato. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la caducidad del medio de control y la naturaleza de las comunicaciones durante la ejecución contractual, y limitan las posibilidades de declarar incumplimientos y desequilibrios económicos en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe declararse la nulidad del oficio con radicado DTP 20202250740641 del 5 de octubre de 2020 por medio del cual el IDU negó la reclamación económica presentada por el contratista?
¿Debe declararse el incumplimiento contractual del Instituto de Desarrollo Urbano por la exigencia de una nueva alternativa de factibilidad, las observaciones al componente de tránsito y transporte…
¿Se encuentran acreditados los presupuestos para declarar el desequilibrio económico del contrato de consultoría IDU-1394 de 2017 y reconocer los sobrecostos reclamados por el contratista?
Consejo de Estado
Providencia
El sustento de la competencia del Consejo de Estado para asumir en única instancia este proceso es el artículo 165 del CPACA
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente
2025-06-25
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 11001032600020170001400
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El sustento de la competencia del Consejo de Estado para asumir en única instancia este proceso es el artículo 165 del CPACA que permite la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento, no ha operado la caducidad y el mismo juez sea competente para conocer de todas? Sí
El Consejo de Estado asume competencia en única instancia para procesos que involucran la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento y no haya operado la caducidad, conforme al artículo 165 del CPACA. Esta regla especial de competencia por conexidad no viola el principio de la doble instancia y se aplica a casos específicos, como la nulidad de actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional. En un caso particular, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol para determinar si el medio de control de nulidad simple es aplicable, dado que la entidad se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, incluyendo sus reglamentos internos, lo que implica que no son actos administrativos sujetos a control jurisdiccional.síntesis automática
También resuelve:
¿Por razón de la solicitud de saneamiento del proceso, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol que se cuestionan en este proceso?
¿Ecopetrol se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, lo cual incluye el alcance y validez de sus reglamentos internos?
¿El cuestionamiento en contra del manual de contratación no conlleva un estricto juicio de legalidad que deba abordarse a través del medio de control de nulidad simple por no ser un acto…
REMITE POR COMPETENCIA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-06-03
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 54001233100020100010601
ACCION CONTRACTUAL
¿La decisión del liquidador en el proceso de liquidación de la ESE Francisco de Paula Santander relativa a la terminación unilateral del contrato de asociación no. 0678 de 2006, constituye un acto administrativo contractual, por lo que debe declararse la excepción de falta de jurisdicción al existir pacto de una cláusula compromisoria en el negocio jurídico? No
El liquidador en el proceso de liquidación de la ESE Francisco de Paula Santander emite actos administrativos que no son contractuales, por lo que no caen bajo la competencia de un tribunal arbitral ni pueden ser objeto de una acción de controversias contractuales. Esto se debe a que la terminación del contrato de asociación no. 0678 de 2006 fue una decisión derivada de la orden de supresión y liquidación de la ESE, no de una decisión unilateral de las partes o de un conflicto contractual. Por tanto, la decisión del liquidador no constituye un acto administrativo contractual, y la excepción de falta de jurisdicción por pacto de cláusula compromisoria no prospera. Esto implica que las acciones basadas en la terminación del contrato por parte del liquidador deben ser abordadas a través de otros mecanismos legales distintos a la controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales es la idónea para demandar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales el liquidador de la ESE Francisco de Paula Santander comunicó la…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El mandamiento de pago dentro de un proceso de cobro coactivo no es susceptible de control judicial
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-12-01
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 70001233300020240011901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El mandamiento de pago dentro de un proceso de cobro coactivo no es susceptible de control judicial, por tratarse de un acto de trámite que no está incluido entre los actos demandables según los artículos 101 del CPACA y 835 del Estatuto Tributario, ni en las excepciones reconocidas por la jurisprudencia? Sí
El mandamiento de pago dentro de un proceso de cobro coactivo no es susceptible de control judicial, ya que es un acto de trámite no incluido en los artículos 101 del Código Procesal Administrativo y 835 del Estatuto Tributario, ni en las excepciones reconocidas por la jurisprudencia. Los actos administrativos proferidos en el proceso de cobro coactivo que crean, modifican o extinguen una situación jurídica particular, como la liquidación del crédito, la liquidación de costas y el acto que aprueba el remate, sí son demandables mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta decisión reitera la posición de la corporación sobre la naturaleza del mandamiento de pago como acto de trámite no susceptible de control judicial, mientras que mantiene el control sobre actos que resuelven situaciones de fondo en el proceso de cobro coactivo.síntesis automática
También resuelve:
¿Los actos administrativos proferidos en un proceso de cobro coactivo que sean susceptibles de control judicial deben demandarse mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del…
¿Aunque la jurisprudencia ha ampliado el control judicial a ciertos actos del cobro coactivo que resuelven situaciones de fondo…
¿Frente a la Resolución 0226 del 9 de marzo de 2023 operó la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho —al haber sido notificada el 9 de marzo de 2023 y presentarse la…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Concretamente tienen la potestad de exigir la aprobación de exámenes preparatorios
Sentencia — Sentencia
2024-10-03
Sección Primera
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Rad. 11001032400020200024800
LEY 1437 NULIDAD CON SUSPENSION PROVISIONAL
[D]eterminar si los actos administrativos demandados transgreden los artículos 6.°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política, los artículos 3.°, 6.° y 137 de la Ley 1437 de 2011, y los artículos 5.° y 7.° del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…] esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los reglamentos internos de dicho ente universitario […]” Sí
El contratista no puede obtener el título de abogado si incumple los requisitos establecidos por la universidad en sus reglamentos internos, como la aprobación de exámenes preparatorios, ya que estos son vinculantes para toda la comunidad educativa y aseguran la calidad de la formación académica. La universidad debe demostrar que el estudiante no cumplió con todos los requisitos para optar por el título, y en este caso, la entidad no presentó suficiente evidencia de que el estudiante hubiera aprobado los exámenes preparatorios requeridos, lo que implica que el acto administrativo que otorgó el título es nulo. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la autonomía universitaria y la obligación de cumplir con los requisitos académicos establecidos por las universidades para la obtención de títulos profesionales.síntesis automática
ANULA
Consejo de Estado
Providencia
Concretamente tienen la potestad de exigir la aprobación de exámenes preparatorios
Sentencia — Sentencia
2024-10-03
Sección Primera
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Rad. 11001032400020200024500
LEY 1437 NULIDAD CON SUSPENSION PROVISIONAL
Determinar si los actos administrativos demandados transgreden los artículos 6°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política, los artículos 3°, 6° y 137 de la Ley 1437 de 2011, los artículos 5° y 7° del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…] esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los reglamentos internos de dicho ente universitario […]”. Sí
El contratista no puede obtener el título de abogado si incumple los requisitos de grado establecidos por la universidad, como la aprobación de exámenes preparatorios y pruebas de suficiencia en idioma extranjero, ya que estos son componentes obligatorios del currículo académico y la universidad tiene la facultad de exigirlos para garantizar la calidad de la formación de sus egresados. La entidad universitaria debe acreditar que el estudiante no cumplió con todos los requisitos, y el sistema de registro de notas SIMCA no es el único mecanismo para verificar la información académica, ya que existen archivos físicos y contables que sirven como soporte. La Sala anuló el acto administrativo que otorgó el título profesional, reiterando la jurisprudencia sobre la autonomía universitaria y la obligación de cumplir con los requisitos académicos establecidos.síntesis automática
ANULA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala estudiará este presupuesto procesal de forma separada
Sentencia — Sentencia
2025-05-14
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100019970183903
ACCION CONTRACTUAL
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar la nulidad del acto que impuso una multa, por una parte, y la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, por otra? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar la nulidad del acto que impuso una multa y la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo vigente al momento de iniciarse el proceso. La demanda se interpuso dentro del plazo de dos años desde la notificación de la resolución que impuso la multa y desde la notificación del acto que liquidó unilateralmente el contrato, por lo que no se declara la caducidad de la acción. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que las demandas presentadas en estos términos no serán declaradas extemporáneas.síntesis automática
También resuelve:
¿La ineptitud de la demanda en forma, constituye ina ecepcion que debe ser declara de oificio por el juez cuando la encuentre probada, tanto en primera como en segunda instancia?
¿Como el municipio de Medellín fue parte del contrato de obra público objeto de controversia y lo celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, el régimen jurídico que le resulta aplicable…
¿La liquidación unilateral del contrato de obra pública se realizó de forma oportuna, pese a que fue efectuada luego de haberse cumplido el término de dos meses dispuesto para tal efecto en la…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales
Sentencia — Sentencia
2022-07-06
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000232600020010006101
ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales en las que una entidad pública es parte? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales en las que una entidad pública es parte, siempre que la cuantía de la pretensión supera el equivalente a 500 S.M.L.M.V., lo que confiere al proceso la vocación de doble instancia. La caducidad de la acción de controversias contractuales opera frente a la declaratoria de nulidad relativa de una póliza de seguros si la entidad aseguradora no interpuso recurso de apelación contra la decisión del tribunal que la declaró caduca, y el término de caducidad para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que afectan la póliza debe contarse a partir del acto que aprueba la liquidación del contrato, según lo dispone el Código Contencioso Administrativo. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, lo que implica que las entidades aseguradoras deben ser conscientes de los plazos y requisitos para ejercer acciones contra actos administrativos que afectan sus pólizas de cumplimiento.síntesis automática
También resuelve:
¿Frente a la pretensión consistente en la declaratoria de nulidad relativa de la póliza de seguros, operó la caducidad de la acción?
¿El término de caducidad con que cuenta la aseguradora para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que hacen efectiva la póliza de seguros…
¿Pueden las partes modificar la causa petendi a través del recurso de apelación?
Consejo de Estado
Providencia
La solicitud presentada en curso de un contrato estatal se entiende favorable por silencio administrativo positivo si la entidad no se pronuncia en tres meses conforme al artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993.
Sentencia — Sentencia
2025-11-25
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020170045901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio protocolizó tres solicitudes que efectuó ante el IDU, y adujo la configuración de un acto ficto a su favor, ante la omisión de la entidad de responder dentro de los 3 meses siguientes? Sí
La entidad estatal que omite pronunciarse dentro del término legal frente a las solicitudes presentadas en el curso de un contrato genera la configuración del silencio administrativo positivo favorable a las pretensiones del solicitante. En aplicación del artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres meses siguientes, se entiende que la decisión es favorable al peticionario, debiendo acudirse a la complementariedad con el artículo 77 de la misma ley y al artículo 85 del CPACA para su respectiva protocolización. En el litigio sometido a estudio, el consorcio protocolizó tres solicitudes formuladas ante el IDU aduciendo la operancia del silencio administrativo positivo ante la ausencia de respuesta oportuna de la entidad.síntesis automática
También resuelve:
¿La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un derecho a favor del solicitante?
¿Constituirá acto administrativo sólo aquella comunicación cuyo contenido atañe al despliegue de una prerrogativa de poder público, que se origina por voluntad de la Administración, y que además…
¿El acta de terminación del contrato, al igual que el acta de recibo de la obra, son instrumentos que dan cuenta de los hitos en que aconteció la culminación del negocio…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial
Sentencia — Sentencia
2023-06-28
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 08001233300420140165201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos del Estado, dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso? Sí
Las controversias sobre contratos del Estado corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conforme al artículo 104 del CPACA, y la segunda instancia procede cuando la cuantía del proceso supera los 500 SMLMV. La regla se apoya en que el contrato fue celebrado por una entidad de naturaleza pública, un establecimiento público del orden departamental, lo que confirma el carácter público del asunto. Además, la vocación de doble instancia depende de la cuantía del proceso, que en este caso superaba el monto legal para el año de la controversia. En el asunto, el contrato de arrendamiento celebrado por el instituto fue objeto de controversia y la Sala asumió la competencia para resolver la apelación contra la sentencia de primera instancia. La Sala modificó la sentencia apelada. En la práctica, el contrato de arrendamiento de una entidad pública llega a la jurisdicción contenciosa cuando supera la cuantía de la doble instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para demandar el incumplimiento del contrato de arrendamiento…
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para solicitar la declaratoria del incumplimiento de un contrato de arrendamiento?
¿El departamento del Atlántico está legitimado en la causa por pasiva en el presente proceso de controversias contractuales…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: Salvamento voto
Salvamento voto — Salvamento de voto
2024-05-09
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233100020060332003
ACCION CONTRACTUAL
¿El precedente jurisprudencial se refiere, en general, a toda decisión judicial que sea relevante para tomar otra decisión, la cual puede ser de dos tipos: un precedente legislativo, que genera una regla general y abstracta; y un precedente de aplicación del caso, que resuelve un caso en la forma como ha sido decidido los casos anteriores? Sí
La noción de precedente puede aplicarse, en general, a toda decisión judicial que sea relevante para tomar otra decisión y se refiere también a dos tipos de precedente: (i) un precedente denominado legislativo, en el cual la Corte enuncia una regla general y abstracta con base en la cual se decide el caso concreto y deben decidirse los casos futuros que tengan supuestos fácticos similares mediante una aplicación deductiva; este modelo se acerca a la noción de jurisprudencia de los sistemas de derecho escrito; y (ii) un precedente de aplicación del caso, en el cual la Corte simplemente resuelve un caso en la forma como ha sido decidido los casos anteriores teniendo en cuenta similitudes y diferencias mediante la aplicación de un método principalmente inductivo, que se acerca más a la noción de precedente del derecho anglosajón… .
También resuelve:
¿El Consejo de Estado tiene la facultad para adoptar reglas generales en las que interpreten las disposiciones legales o llenen lagunas normativas…
¿La adopción de reglas de unificación jurisprudencial debe ser precisa y debe ser enunciada de manera expresa, indicando cómo deben interpretarse las disposiciones legales pertinentes…
¿La regla de unificación que debió adoptarse en la sentencia no debió referirse a la calificación de los actos expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios…