Titulación de la relatoría 31.232 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / DOBLE INSTANCIA
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. Por otra parte, el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, estableció que la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzgaría las controversias y los litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas, naturaleza que ostenta la parte demandada en el sub-lite. También le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso de apelación interpuesto por Boskalis, por tratarse de un proceso iniciado en ejercicio de la acción de controversias contractuales con vocación de doble instancia en razón de la cuantía, dado que la pretensión mayor excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 30, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 37
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONCEPTO DE LA SUCURSAL DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA / SUCURSAL EN EL EXTERIOR DE SOCIEDAD / OBLIGACIONES DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA / CASA MATRIZ / EMPRESA MULTINACIONAL / PARTES DEL CONTRATO / PRUEBA DE LA PERSONERÍA JURÍDICA
Problema jurídico:
¿Tiene legitimación en la causa por activa la sociedad extranjera que suscribe un contrato estatal mediante su sucursal en Colombia, siendo esta última carente de personería jurídica?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]e acuerdo con el artículo 87 del CCA, las partes de un contrato estatal cuentan con legitimación en la causa para acudir ante esta jurisdicción a través de la acción de controversias contractuales. En este caso, se encuentra demostrado que la sociedad Boskalis Westminster BV, con domicilio en Holanda, suscribió el contrato SI-C-017-2000 con el departamento de Bolívar, a través de su sucursal en Colombia. De igual manera, se acreditó que su representante legal en Holanda confirió poder para promover la presente acción, documento que se encuentra debidamente apostillado y con su traducción oficial. El artículo 471 del Código de Comercio dispone que las sociedades extranjeras que deseen desarrollar negocios permanentes en Colombia, dentro de los cuales se encuentra intervenir como contratistas en la ejecución de obras, conforme al artículo 474 del mismo estatuto, deben establecer una sucursal con domicilio en el territorio nacional. Por su parte, el artículo 263 del Código de Comercio define a las sucursales como establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo total o parcial de los negocios sociales, y administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad. Como tal, las sucursales constituyen un conjunto de bienes organizados por el empresario para la realización de los fines de la empresa, conforme a lo dispuesto en el artículo 515 ibidem, por lo que no tienen personería jurídica propia ni se configuran como sujetos de derecho distintos de la sociedad que las constituye. En ese sentido, quien se encuentra habilitada para comparecer al proceso, y respecto de quien se predica la legitimación en la causa, es la sociedad matriz Boskalis Westminster BV, y no la sucursal que se constituyó para efectos de desarrollar actividades mercantiles en Colombia. (…) [L]a sociedad Boskalis Westminster BV ostenta legitimación en la causa por activa, al haber sido parte en el contrato SI-C-017-2000, sin que la sucursal pueda asumir tal calidad, dado que no constituye una persona jurídica distinta de la matriz.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la personalidad jurídica de las sucursales de empresas multinacionales, cita: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 19 de junio de 2019, rad. 43080, C. P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 471, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 474, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 515, LEY 410 DE 1970 - ARTÍCULO 263
CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Debe contarse el término de caducidad de la acción de controversias contractuales desde el día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación del contrato cuando esta no se ha realizado?
Respuesta al problema jurídico: Si
El numeral 10 del artículo 136 del CCA, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, establece que la acción de controversias contractuales caducará en el término de dos años, contado a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento. A su vez, los literales c) y d) del precitado numeral estipulan unas reglas específicas para los contratos que requieren de liquidación. Así, cuando esta se efectúe de común acuerdo por las partes, los dos años se contarán a partir de la firma del acta. Por su parte, cuando la liquidación se realice unilateralmente por la Administración, este término correrá a partir de la ejecutoria del acto que la apruebe. (…) [E]l contrato se terminó a través de la resolución que declaró su caducidad, el 11 de abril de 2001. Esta decisión se confirmó mediante la Resolución 1680 del 9 de julio de 2001, notificada el 12 de julio siguiente. En este caso, se evidencia que las partes pactaron un término de 4 meses para proceder con su liquidación de mutuo acuerdo. En consecuencia, el plazo para surtirla corrió desde el 13 de julio hasta el 13 de noviembre de 2001. Si este trámite no se lograba, la administración podría hacerlo unilateralmente hasta el 14 de enero de 2002. En vista de que no se observa la liquidación del negocio, a partir del día siguiente a esa fecha -15 de enero de 2002- comenzó a computarse el plazo de dos años para presentar la demanda, el cual feneció el 15 de enero de 2004. Como la demanda se presentó el 5 de marzo de 2003, fue oportuna.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL C, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿El Departamento de Bolívar vulneró el debido proceso del contratista en el procedimiento que derivó en la sanción impuesta?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as garantías del debido proceso resultaban aplicables a la actividad contractual, en especial, respecto de la declaratoria de caducidad, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política. Ello, en atención a que la severidad de las sanciones contractuales “impiden que se puedan aplicar de plano e imponen la necesidad que la Administración previamente a su adopción, observe un procedimiento que preserve la plenitud de las reglas del debido proceso”. Sin embargo, por tratarse la caducidad de una potestad encaminada a la realización de los fines públicos de la contratación, es preciso armonizar la garantía del debido proceso con la prevalencia del interés general. En esa línea, la jurisprudencia ha señalado que, en materia de sanciones contractuales, lo esencial es que la medida no resulte sorpresiva ni intempestiva y que, antes de adoptarse, se brinde al contratista la oportunidad de expresar su opinión y controvertir los fundamentos que se le atribuyen. Si bien no se exige un procedimiento previo formalmente estructurado, la Administración debe garantizar un espacio mínimo de contradicción que permita al interesado ejercer su defensa. Este procedimiento, propio de la formación de la voluntad administrativa, no se suple con los recursos en sede gubernativa, dado que en dicha etapa, aunque también rige el debido proceso, se discute una decisión ya adoptada. (…) [A]unque el departamento remitió una comunicación el 14 de marzo de 2001 en la que informó su intención de declarar la caducidad del contrato, dicha actuación no ofreció ni garantizó al contratista un espacio real y efectivo para controvertir los fundamentos del presunto incumplimiento ni para solicitar o aportar pruebas en su defensa, pues se limitó a indicarle de forma general que era “necesario realizar los trámites pertinentes que conlleven a la declaratoria de caducidad”. Además, en el acto administrativo que materializó dicha decisión no se dejó constancia de que el contratista hubiese ejercido su derecho de contradicción frente a los cargos formulados. De igual forma, el oficio del 2 de abril de 2001, remitido al Ministerio de Transporte, si bien relató las circunstancias que rodearon la ejecución del contrato, no puede considerarse como una oportunidad para que Boskalis ejerciera su defensa, por cuanto no estaba dirigido a él ni tenía por objeto garantizar el principio de contradicción, sino rendir un informe a dicha cartera sobre lo ocurrido y las determinaciones adoptadas por la entidad territorial. En ese sentido, se concluye que el departamento de Bolívar vulneró el derecho al debido proceso del actor, porque, aun en ausencia de un procedimiento legal previamente establecido para imponer la sanción, la Constitución le imponía la obligación de asegurar, como mínimo, que el contratista pudiera pronunciarse sobre los cargos que se le atribuían, oportunidad que la entidad no le brindó. Por tal motivo, la Sala declarará la nulidad de las resoluciones demandadas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el debido proceso en la actividad contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 17 de marzo de 2010, rad.18394, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE / PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES
Problema jurídico:
¿Puede atribuirse al contratista la responsabilidad derivada de la imposibilidad técnica de ejecutar el contrato cuando conocía, o debía conocer, las deficiencias de planeación antes de presentar su oferta?
Respuesta al problema jurídico: Si
El principio de planeación impone a las entidades estatales el deber de elaborar, con anterioridad a la apertura del proceso de selección, los estudios, análisis y documentos necesarios para soportar adecuadamente la futura contratación. Busca que las decisiones que sean adoptadas por la Administración no sean el resultado del azar o de la improvisación, sino que, por el contrario, estén debidamente soportadas en análisis técnicos, financieros y de conveniencia. Aun cuando este deber es exigible, en primer término, a la entidad contratante, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que al contratista también le asisten deberes en la etapa previa a la celebración del contrato (es un principio bifronte), de cuyo incumplimiento se derivan responsabilidades que no puede eludir, en tanto su participación en el proceso parte de la base de los conocimientos especializados y la experiencia que ostenta el proponente, y que contribuyen a la consideración, valoración y calificación de su oferta. (…) Ahora bien, el criterio para establecer si el contratista incumplió con las cargas propias del deber de planeación consiste en verificar si conocía, o debía conocer, las deficiencias en dicho aspecto. En este caso, la Sala observa que la propia sociedad Boskalis advirtió desde la presentación de su oferta la imposibilidad de ejecutar el dragado con una draga de succión en marcha, lo cual consta en la carta de presentación de su propuesta. (…) Por su parte, el numeral 6.4 del pliego de condiciones autorizaba la presentación de una oferta técnica alternativa con el fin de asegurar la adecuada ejecución del contrato. (…) De lo expuesto se concluye con claridad que el contratista incumplió las cargas propias del deber de planeación, pues sabía de la existencia de formaciones rocosas, advertía la diferencia entre el estudio elaborado por la entidad y la realidad del suelo, y tenía claro, desde el inicio, que el contrato no podría ejecutarse con la draga ofrecida. Cabe precisar que la cláusula primera del contrato SI-C-017-2000 disponía que el objeto debía ejecutarse “de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, cantidades de obras y demás condiciones que son parte integrante del presente contrato, de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista y el pliego de condiciones”. En ese contexto, no resulta admisible que el demandante pretenda trasladar a la entidad estatal la imposibilidad de adelantar las obras, ya que, como experto, tenía la carga de advertirlo e, incluso, de abstenerse de participar en el proceso de selección al saber que la ejecución del contrato no era viable en las condiciones técnicas ofrecidas. Cabe resaltar que no obra en el expediente elemento probatorio que acredite que Boskalis hubiera formulado observaciones al pliego de condiciones en la etapa previa, pese a conocer que la ejecución con la draga ofertada era inviable. A pesar de que el actor sostuvo que se trataba de un hecho nuevo e imprevisible que solo podía corroborarse al momento de iniciar las obras, lo cierto es que los propios documentos de su oferta demuestran que no era así.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al principio de planeación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de agosto de 2020, rad. 46057, C. P. María Adriana Marín y sentencia del 3 de abril de 2020, rad. 48676, C. P. Alberto Montaña Plata.
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / CONSENTIMIENTO EXPRESO / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Es procedente la modificación de aspectos sustanciales del contrato estatal que sirvieron de fundamento para la selección objetiva?
Respuesta al problema jurídico: No
La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido a los límites en las modificaciones contractuales con respecto a la prohibición de variar el objeto mismo del negocio. Uno de los fundamentos de esta limitante es evitar conductas dirigidas a ignorar el deber de selección objetiva y los principios de libre concurrencia e igualdad. A su vez, esta Corporación ha señalado que existen distintos tipos de limitaciones para modificar los contratos estatales, las cuales están orientadas a “preservar los principios de origen legal, de libertad de concurrencia, de transparencia y de igualdad”. Así, ha identificado límites de orden temporal, formal y material. En este último grupo, se encuentran las restricciones relacionadas con la variación del contenido sustancial del contrato y del pliego de condiciones. Al respecto, se sostiene que resulta improcedente modificar aspectos del contrato que sirvieron de fundamento para la selección objetiva, pues de lo contrario se desconocerían “los derechos de los interesados en el proceso precontractual, y se vulnerarían los principios de libertad de concurrencia, de transparencia y de igualdad de oportunidades”. (…) [L]a negativa de la entidad a modificar el contrato fue jurídicamente fundada y no configuró incumplimiento alguno, por cuanto atendió la necesidad de preservar las condiciones de igualdad y de libre competencia del proceso de selección. Finalmente, no es de recibo la tesis del demandante según la cual la entidad habría aceptado tácitamente la modificación de las especificaciones técnicas del contrato al gestionar los permisos para la operación de la draga Mayi L#2. Si bien el departamento adelantó tales gestiones mientras evaluaba la posibilidad de modificar el contrato, dichas actuaciones no implican aceptación alguna de un cambio en sus condiciones. En todo caso, conviene recordar que, conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el contrato estatal, así como sus modificaciones, tiene carácter solemne, de manera que el acuerdo de voluntades debe constar por escrito. En consecuencia, las actuaciones administrativas previas no pueden entenderse como manifestaciones de consentimiento válidas para alterar las condiciones contractuales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las modificaciones del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 31 de agosto del 2011, rad. 18080, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; de Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 6 de junio de 2018, rad. 2369, C. P. Óscar Darío Amaya Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41
PERMISO AMBIENTAL / PRESUPUESTOS DEL PERMISO ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La entidad contratante incumplió el deber de gestionar los permisos ante la Dirección General Marítima para la ejecución de la obra?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l artículo 1603 del Código Civil, aplicable al contrato sub lite por la remisión contenida en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, dispone lo que se ha denominado como “excepción de contrato no cumplido”, según la cual, en los contratos bilaterales, “ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”. Ahora bien, en el material probatorio que obra en el plenario se observa que la Dirección General Marítima autorizó la ejecución del proyecto de dragado del canal de acceso al puerto de Cartagena en el sector de Bocachica mediante la Resolución 499 del 30 de noviembre de 2000. Para esa fecha, el contratista no había cumplido con su obligación de poner a disposición la draga con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato, de acuerdo con la oferta presentada por la sociedad. Si bien para ese momento se encontraba a disposición la draga de corte Mayi L#2, lo cierto es que, como se reseñó, la entidad no había autorizado el cambio de draga, por lo que persistía el incumplimiento de Boskalis a las especificaciones técnicas pactadas. (…) [N]o le asiste razón al demandante, pues la autorización de la DIMAR se obtuvo cuando las condiciones técnicas del contratista aún no se ajustaban a lo pactado, toda vez que no contaba con la draga ofrecida en su propuesta ni con la autorización para sustituirla. En consecuencia, no es posible endilgar incumplimiento alguno a la entidad, dado que el contratista no cumplió cabalmente con sus obligaciones conforme a las especificaciones técnicas y condiciones contractuales asumidas en la licitación y en el contrato. Adicionalmente, no se evidencia en las cláusulas del contrato un plazo concreto para la obtención de los permisos, por lo que no es posible verificar si aquella no se realizó en los tiempos acordados. Así las cosas, la Sala concluye que no se acreditó el incumplimiento imputado al departamento de Bolívar, por cuanto el acervo probatorio da cuenta de que las obligaciones contractuales no pudieron ejecutarse en los términos previstos debido a que el contratista no cumplió con las condiciones técnicas ofrecidas en su propuesta ni con los requisitos necesarios para la autorización de la draga.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / AMONESTACIÓN AL CONTRATISTA / RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA / COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Se acreditó el daño antijurídico por los gastos reclamados al contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
[P]ara que haya lugar a declarar la responsabilidad del Estado, independientemente del régimen de que se trate, resulta necesario acreditar (i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. (…) En el presente caso, la Sala advierte que no se configura un daño antijurídico indemnizable. (…) [D]esde el inicio del proceso licitatorio el contratista conocía las condiciones del suelo que hacían inviable la ejecución del contrato en los términos que él mismo ofertó y, pese a ello, decidió participar en la licitación. Si bien la entidad actuó de forma irregular al proferir la declaratoria de caducidad, pues vulneró el debido proceso del demandante, lo cierto es que dicha actuación no constituye la causa eficiente de la no ejecución del contrato. El acervo probatorio muestra que, para el momento en que se expidió ese acto, el contratista ya se encontraba en incumplimiento de obligaciones esenciales, por lo que la imposibilidad de continuar con el contrato no obedeció a una conducta caprichosa o arbitraria de la administración, sino a circunstancias imputables al propio contratista. (…) [N]o puede afirmarse que los gastos reclamados deriven de una lesión injustificada a un interés jurídicamente protegido. Por el contrario, se trata de consecuencias que provienen de la propia conducta del actor y de la falta de diligencia que le era exigible en la etapa precontractual. A ello se suma que dichos costos no se corresponden con el equipo y las prestaciones efectivamente pactadas. Por lo tanto, al no verificarse un daño antijurídico imputable al Estado, no hay lugar al reconocimiento de los costos de ejecución solicitados.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a los requisitos del daño antijuridico para que sea indemnizable, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de agosto de 2025, rad. 61491; C. P.: Nicolás Yepes Corrales.
IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DEL LUCRO CESANTE / NEGACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE / UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / INEXISTENCIA DE ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA UTILIDAD PROYECTADA / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Procede el reconocimiento del lucro cesante derivado de la utilidad esperada por el contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
Como se desprende del artículo 1615 del Código Civil, el lucro cesante es “la ganancia o provecho que deja de reportarse” a causa del daño -que en este caso consistiría en la nulidad de los actos que declararon la caducidad del contrato. Así, en principio, dado que todo contrato se celebra con el propósito de que sea ejecutado en su totalidad, el acto de una de las partes que llegue a impedirlo puede dar lugar a que se indemnice a la otra por lo que no pudo percibir por culpa de la primera. Sin embargo, en este caso no se demostró el carácter cierto que debe tener el perjuicio del lucro cesante, pues al margen del acto administrativo que dispuso la caducidad del contrato y, en consecuencia, su terminación, la Sala evidencia que, para ese momento, la ejecución ya se encontraba comprometida por circunstancias imputables al propio contratista. Como se indicó, éste conocía desde la licitación las condiciones materiales que impedían ejecutar el objeto en los términos ofertados y, aun así, optó por presentarse al proceso y asumir los riesgos derivados de una planeación insuficiente. De esta manera, el supuesto beneficio económico que afirma haber dejado de percibir no puede considerarse un ingreso cierto, sino una expectativa eventual cuya realización dependía de que el contrato pudiera ejecutarse de manera regular. Las pruebas dan cuenta, por el contrario, de que las partes incluso adelantaron conversaciones orientadas a su terminación anticipada, lo cual revela que la culminación exitosa del negocio era altamente improbable con independencia del acto que declaró la caducidad. (…) En esta línea, no hay lugar a reconocer los perjuicios solicitados por concepto de daño emergente derivado de los costos de cumplimiento del contrato ni de lucro cesante por las utilidades esperadas en la ejecución del negocio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el lucro cesante en materia contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 27 de octubre de 2023, rad. 55657, C. P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1615
DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / INEXISTENCIA DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / REQUISITOS DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / TIPOS DE PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / FALTA DE PRUEBA
Problema jurídico:
¿Se acreditó la pérdida de oportunidad derivada de la declaratoria de caducidad contra el contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a declaratoria de caducidad viciada de nulidad puede conllevar a una pérdida de oportunidad como daño jurídicamente relevante autónomo, independiente y de contornos propios que parte de dos elementos nucleares: (i) la existencia cierta y real de una posibilidad de obtener una ganancia o de impedir una pérdida, y (ii) la incertidumbre causal que se deriva del desconocimiento sobre qué habría ocurrido con esa posibilidad en caso de que la conducta u omisión antijurídica de un tercero no hubiera frustrado definitivamente la trayectoria normal de los eventos. Para que proceda el reconocimiento de perjuicios por pérdida de oportunidad, se ha establecido la necesidad de que el demandante demuestre que estaba en una posición jurídicamente relevante que, en el curso normal de los hechos, le habría permitido celebrar contratos con el Estado. Lo anterior, dado que, en materia contractual, la imposición de la inhabilidad no es una fuente automática de reconocimiento de daños a título de pérdida de oportunidad. (…) En el presente caso, la sociedad Boskalis no aportó prueba alguna de que hubiera celebrado de manera habitual y regular contratos con entidades públicas en Colombia, ni de su participación en procedimientos de selección con tal fin, o de que, para la época en que se expidieron las resoluciones demandadas, se encontrara participando en alguno de ellos. En particular, no allegó certificaciones de contratos celebrados con el Estado distintos al negocio objeto de este litigio. En consecuencia, no existen elementos suficientes que permitan acreditar la existencia de un perjuicio real y cierto susceptible de indemnización.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la pérdida de oportunidad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de agosto de 2024, rad. 67858; C. P: José Roberto Sáchica Méndez y sentencia del 7 de noviembre de 2025, rad. 70890, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
CONCEPTO DE GOOD WILL / GOOD WILL COMERCIAL / GOOD WILL / ALCANCE DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
Problema jurídico:
¿Es procedente el reconocimiento de perjuicios por afectación al good will cuando no se acredita un daño cierto, personal y directo, ni se prueba su cuantía con soporte contable y financiero?
Respuesta al problema jurídico: No
En cuanto al daño al buen nombre, esta Subsección ha reconocido el concepto de good will como “un bien, un activo intangible, susceptible de apropiación patrimonial que puede asimismo sufrir menoscabo como consecuencia de un hecho dañoso imputable a un tercero” . En la medida en que no existen parámetros específicos para reconocer su afectación y cuantificación, se hace necesario acudir a las reglas generales sobre los requisitos del daño para que proceda su indemnización, esto es, “que el daño sea cierto, que sea personal y que haya sido consecuencia directa de la conducta antijurídica imputable al tercero”. (…) [N]o obra en el expediente prueba alguna que acredite la existencia de un daño cierto. Los recortes de prensa aportados no constituyen un medio idóneo para demostrar una afectación al good will, ni las declaraciones del representante legal permiten tener por acreditada su cuantía, toda vez que el denominado informe contable se limita a una estimación sin respaldo financiero ni documental. Además, se echa de menos la valoración de este activo específico en los reportes anuales contables allegados, lo que refuerza la improcedencia de su reconocimiento. (…) [El] dictamen pericial no buscaba pronunciarse sobre el good will y, en todo caso, la cuantificación realizada por el perito no se sustentó en una valoración contable del activo intangible en los libros de la sociedad, sino en la proyección de las utilidades que el experto estimó dejadas de percibir. En este contexto, se observa que el experto efectuó una equiparación improcedente entre la pérdida de oportunidad y el good will, entendiendo este último como “el buen nombre o fama comercial en un conglomerado económico - social determinado, bien intangible que conlleva beneficios tales como el reconocimiento de los consumidores al producto o servicio y a la empresa que lo suministra, la confianza y credibilidad de la empresa, la calificación positiva del consumidor a las características del producto y el derecho a la clientela”. Tal confusión conceptual desvirtúa la solidez técnica del dictamen y afecta su idoneidad para reconocer el daño alegado. En consecuencia, al no haberse acreditado la existencia ni la cuantía de los perjuicios invocados, la Sala negará el reconocimiento solicitado por afectación al good will.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el buen nombre y Good Will, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de octubre de 2021, rad. 53479; C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 27 de septiembre de 2024, rad. 67304, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez y sentencia del 10 de marzo de 2025, rad. 66290, C. P. William Barrera Muñoz.