Titulación de la relatoría 29.203 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO JUDICIAL / SENTENCIA CONDENATORIA / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO
Problema jurídico:
¿El término de caducidad de la acción de repetición debe contarse a partir del pago de la condena judicial, o en su defecto, desde el vencimiento del término dado en el CCA como plazo máximo para realizar el mencionado pago?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 dispone que la acción de repetición debe presentarse en los dos años contados desde día siguiente a la fecha del pago total efectuado por la entidad pública, norma que se aplica en armonía con lo definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-832 de 2001 que declaró la exequibilidad condicionada del numeral 9 del artículo 136 del CCA, en el entendimiento de que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir del día en que se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso cuarto del CCA, sin que para ello deba tenerse en cuenta el término previsto en el artículo 90 del CPC por no ser una norma aplicable al trámite contencioso administrativo. En este proceso la sentencia condenatoria fue proferida (…) y quedó ejecutoriada (…), de manera que los 18 meses para el pago vencían (…), sin que en este proceso se advierta que se realizó el correspondiente pago en dicho término, de modo que el plazo máximo para presentar la demanda (…), lo fue de manera oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad de la acción de repetición ver sentencia del 26 de enero de 2022, Exp. 64673, C.P. Freddy Ibarra Martínez, sentencia del 6 de julio de 2020, Exp. 46808), C.P. Martín Bermúdez Muñoz, sentencia del 9 de julio de 2018, Exp. 55029, C.P. Guillermo Sánchez Luque y sentencia del 7 de diciembre de 2016, Exp. 41948, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 9, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / SENTENCIA CONDENATORIA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / FALTA DE PRUEBA / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Ante la falta de prueba del pago efectivo de la condena, el término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el vencimiento de los 18 meses dados en el CCA como plazo máximo para realizar el mencionado pago?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el asunto con dicha radicación, la sentencia condenatoria de única instancia fue proferida (…) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B (…), decisión que cobró ejecutoria (…), razón por la cual el término máximo de 18 meses para el correspondiente pago vencía (…), sin embargo, no obra prueba en el plenario del desembolso efectivo de la condena en favor del beneficiario, situación que obliga a realizar la contabilización del término de caducidad desde la última fecha referida, y acorde con ello el plazo para presentar la demanda vencía el 16 de mayo de 2007 y, en vista de que esta tiene fecha de radicación (…), es obligatorio concluir que la acción fue ejercida en tiempo.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / DOLO / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 superior prevé que en los casos en los que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, de igual manera la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto-ley 01 de 1984 y en la Ley 678 de 2001. En tal virtud, la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular, (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984, LEY 678 DE 2001
PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / SENTENCIA CONDENATORIA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / FALLO DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL / SUPRESIÓN DEL CARGO DE EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / REINTEGRO DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / INDEMNIZACIÓN AL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / PAGO DEL SALARIO DEJADO DE PERCIBIR / PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEJADAS DE PERCIBIR / PRESTACIONES SOCIALES
Problema jurídico:
¿En cinco de los seis procesos acumulados se acreditó la condena judicial, impuesta contra el Estado dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se ordenó el reintegro e indemnización de los empleados de carrera administrativa que fueron desvinculados en virtud de la reestructuración de la planta de personal?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la mayoría de los expedientes acumulados está probado el requisito de existencia de una condena judicial, (…) por las razones que a continuación se exponen: (…) [F]ue allegada la providencia soporte de la condena, esto es, la copia de la sentencia de única instancia (…) que también declaró la nulidad parcial de la Resolución no. 00680 del 30 de marzo de 2000 proferida por el ministro de salud y, que como consecuencia de lo anterior ordenó el reintegro (…) al cargo (…) y al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por dicho servidor público, decisión que quedó en firme.
PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA JUDICIAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO / ACUMULACIÓN DE PROCESOS / FALLO DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / REINTEGRO DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / SALARIO DEJADO DE PERCIBIR / INDEMNIZACIÓN POR LO DEJADO DE PERCIBIR / PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEJADAS DE PERCIBIR / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / APORTE DE LA PRUEBA / OPORTUNIDAD PARA EL APORTE DE LA PRUEBA / MINISTERIO DE SALUD / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿El presupuesto de la existencia de la condena judicial contra el Estado fue acreditado en todos los procesos acumulados?
Respuesta al problema jurídico: No
En la mayoría de los expedientes acumulados está probado el requisito de existencia de una condena judicial, salvo en el proceso no. 2004 - 00038 (28305), por las razones que a continuación se exponen: (…), tal como se anticipó en el acápite de caducidad, pese a que en la correspondiente demanda se adujo que la sentencia condenatoria fue proferida (...) la cual anuló parcialmente la Resolución no. 00680 de 30 de marzo de 2000 del Ministerio de Salud y ordenó el reintegro (…) y el pago de las prestaciones y salarios dejados de percibir, lo cierto es que esa providencia no fue aportada con el escrito inicial, al punto que fue solicitada como prueba, la cual no fue decretada en el auto del 31 de enero de 2008 que abrió a pruebas del proceso debido a que “alude a documentos que reposan en los archivos de la parte demandante, sobre las cuales tenía la facilidad de aportación, por su preexistencia y disponibilidad inmediata.” (…), decisión contra la cual la parte demandante no interpuso recurso y por lo tanto adquirió firmeza con fuerza jurídica vinculante para las partes. Esto significa que el Ministerio de Salud (hoy Ministerio de Salud y Protección Social) no cumplió con la carga de acreditar el referido elemento objetivo de la acción de repetición en la forma como lo exige el artículo 177 del CPC y, en esa medida, en lo que respecta al proceso no. 2004-00038 (28.305) serán negadas las pretensiones por dicho motivo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177
PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FALTA DE PRUEBA / CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA JUDICIAL / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / MINISTERIO DE SALUD / ACTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA CONDENATORIA / PAGO DEL SALARIO DEJADO DE PERCIBIR / ORDEN DE PAGO DEL SALARIO DEJADO DE PERCIBIR / INDEMNIZACIÓN POR LO DEJADO DE PERCIBIR / PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEJADAS DE PERCIBIR / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA / ACUMULACIÓN DE PROCESOS
Problema jurídico:
¿Se acreditó en todos los procesos acumulados, el pago efectivo de la condena impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ordenó el reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de percibir durante la desvinculación laboral de los demandantes?
Respuesta al problema jurídico: No
Para la Sala, la expedición de las Resoluciones (…) suscrita por el entonces ministro del trabajo y seguridad social encargado de las funciones del ministro de salud que ordenó dar cumplimiento a la sentencia (…) y reintegrar (…),y la firmada por el secretario general del Ministerio de la Protección Social que ordenó reconocer y pagar (…) por salarios dejados de percibir, (…) a la caja de compensación familiar donde dicha persona estuvo afiliada, (…) al ICBF por concepto de aportes parafiscales, (…) al SENA igualmente por aportes parafiscales, (…) a los institutos técnicos por el mismo concepto y, (…) a la Escuela de Administración Pública (ESAP) (…). Las Resoluciones (…) antes referidas, por sí solas no acreditan que el pago allí ordenado se hubiera hecho efectivo, esto es, que las sumas allí dispuestas en realidad hubieran sido desembolsadas al beneficiario de la condena, tan solo dan cuenta de la orden de pago mas no de que este se hubiere materializado. De otra parte, el mencionado oficio (…) emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del Ministerio de la Protección Social tampoco evidencia que se hubiera materializado el pago de la condena; refiere unas órdenes de pago dadas a través de unos actos administrativos diferentes a los antes relacionados y no precisa cuál fue el objeto de los mismos, es decir, si estas efectivamente tuvieron como propósito el cumplimiento a la condena ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia del 25 de septiembre de 2002. (…) Es importante destacar que en la demanda no se aportaron pruebas sobre el pago diferentes a las antes relacionadas, tampoco se solicitó que en el proceso fueran decretados otro tipo de elementos de convicción para demostrar que las obligaciones surgidas de la sentencia condenatoria fueron satisfechas, esto significa que en lo que respecta a este requisito la parte demandante no cumplió su carga probatoria de la forma en como lo exige el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177
PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO / FALLO DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA CONDENATORIA / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / COMPROBANTE DE EGRESO DE CONTABILIDAD / MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / IDONEIDAD DE LA PRUEBA / DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Los comprobantes de egreso y las certificaciones emanadas de la Tesorería del Ministerio de la Protección Social, fueron prueba suficiente del pago efectivo de la condena, por tratarse de documentos públicos con presunción de autenticidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como prueba del pago, en dicho proceso se aportaron los siguientes documentos: Resolución (…) firmada por el ministro de la protección social, en la cual se dispuso dar cumplimiento a la sentencia (…) del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y reintegrar (…) además de ordenar el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por dicho empleado (…). Resolución (…) emitida por el secretario general del Ministerio de la Protección Social que, en cumplimiento de los dispuesto en el fallo (…) ordenó los (…) pagos (…). Como constancia de dichos pagos se aportaron sendos comprobantes de egreso emitidos por el Grupo de Pagaduría del Ministerio de la Protección Social que reflejan el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del Tribunal Administrativo. (…) A partir de los elementos antes reseñados la Sala considera que estos en su conjunto constituyen elementos suficientes para demostrar el pago total de la condena, postura que es acorde con lo señalado por esta Subsección que en oportunidades anteriores ha afirmado que no existe disposición legal que exija como prueba que la constancia del pago deba provenir del acreedor y que otros medios de prueba, tales como documentos públicos con presunción de autenticidad son suficientes para demostrar el mencionado presupuesto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la acreditación del pago efectivo de la condena, ver sentencia del 5 de mayo de 2020, Exp. 45522, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMA VIGENTE / VIGENCIA DE LA NORMA / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO DE SUPRESIÓN DEL CARGO DE EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO
Problema jurídico:
¿El régimen legal aplicable a la acción de repetición está determinado por la normatividad vigente al momento de los hechos que dieron lugar al daño y como consecuencia, a la condena contra el Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para la determinación del régimen legal aplicable al caso debe tenerse en consideración que los hechos se refieren a las actuaciones de los señores (…), las cuales son comunes en los procesos 2005-00068 (32.088), 2005-00080 (32.336) y 2007-00041 (34.164), estas se desprenden de la expedición de la Resolución no. 00680 del 30 de marzo del 2000 mediante la cual no se incorporó a la planta global del entonces denominado Ministerio de Salud a los señores (…), respectivamente. Como para la fecha de la ocurrencia de esos hechos aún no estaba vigente la Ley 678 de 2001 no es posible aplicar las presunciones allí establecidas conforme al principio de legalidad previsto en el artículo 29 constitucional, pues, por regla general, las conductas solo pueden juzgarse con base en la ley vigente para el momento en que fueron cometidas, salvo que se trate de la aplicación del principio de favorabilidad que se activa con una norma jurídica posterior con ese carácter. De manera que en obedecimiento de los postulados de los artículos 77 y 78 del Decreto ley 01 de 1984 las conductas se analizarán al tenor del artículo 63 del Código Civil, pero, con atención de las particularidades del caso en armonía con lo dispuesto en los artículos 6 y 90 de la Constitución Política de 1991 relativos a la responsabilidad de los servidores públicos.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, 29, 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, 78, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 29, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / MINISTERIO DE SALUD / EMPLEOS DEL MINISTERIO DE SALUD / MINISTRO DE SALUD / COMPETENCIA DEL MINISTRO DE SALUD / NOMINADOR / FACULTADES DEL NOMINADOR / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL / SUPRESIÓN DEL CARGO DE EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / ACTO DE SUPRESIÓN DEL CARGO DE EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / MODERNIZACIÓN DEL ESTADO / CONVENIO DE COOPERACIÓN / REQUISITOS DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL / REINCORPORACIÓN AL CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE REINCORPORACIÓN AL CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿Dentro del proceso de reestructuración del Ministerio de Salud en el que se adoptó una nueva planta de personal que significó la eliminación de varios cargos, debía el ente nominador reincorporar a los funcionarios de carrera administrativa a empleos equivalentes?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los cargos de las respectivas demandas se le imputó a dicho demandado responsabilidad a título de culpa grave porque, en su condición de ministro de salud, como autoridad nominadora, suscribió la Resolución (…) la cual fue posteriormente anulada parcialmente por no reincorporar a través de esta decisión a los señores (…) quienes tenían mejor derecho que otros funcionarios que sí fueron vinculados mediante aquel acto administrativo (…) Vistos los hechos de la demanda, es cierto que dicha persona se desempeñaba como ministro de salud, que efectivamente fue quien suscribió la Resolución (…) pues, según los artículos 60 y 61 de la Ley 489 de 1998, le correspondía la dirección del correspondiente ministerio y era la autoridad que contaba con la función nominadora. La expedición de ese acto administrativo estuvo precedida de un proceso de modernización administrativa y la reestructuración del entonces Ministerio de Salud dispuesta por el Presidente de la República a través del Decreto no. 1152 del 29 de junio de 1999, esta disposición modificó la estructura del ente ministerial y contempló que debía adoptarse la nueva planta de personal a más tardar el 30 de noviembre de 1999, para ello el ministro podía crear y organizar grupos internos de trabajo. En el proceso se sabe que para el cumplimiento de lo anterior el Ministerio de Salud celebró un convenio de cooperación con la OEI y este, a su vez, (…) suscribió un contrato de prestación de servicios con cargo a dicho convenio con la firma (…) quien fue la encargada de realizar el correspondiente estudio para la elaboración de la nueva planta de personal (…), lo cual significó la eliminación de varios cargos de la planta global (…), el paso siguiente era decidir cuáles funcionarios debían ser reincorporados y quiénes tendrían que ser desvinculados. En el caso particular de los señores (…) está claro que eran empleados que se encontraban inscritos en el escalafón de carrera administrativa (…). En este proceso se logró establecer que algunos de esos cargos fueron suprimidos en la nueva planta global fijada en el Decreto no. 411 del 8 de marzo de 2000, de manera que por disposición del artículo 39 de la Ley 443 de 1998, en su texto vigente para la época de los hechos, los empleados en carrera tenían la posibilidad de ser incorporados a empleos equivalentes o a recibir indemnización.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1152 DE 1999, DECRETO 411 DE 2000, LEY 443 DE 1998 - ARTÍCULO 39, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 60, 61
CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / SUPRESIÓN DEL CARGO DE EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / ACTO DE SUPRESIÓN DEL CARGO DE EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / DERECHO PREFERENCIAL DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / REINCORPORACIÓN AL CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE REINCORPORACIÓN AL CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / MINISTRO DE SALUD
Problema jurídico:
¿Se acreditó una conducta arbitraria, negligente o desproporcionada, por parte del Ministro de Salud al proferir la resolución administrativa que incorporó a los servidores públicos a la nueva planta de personal del Ministerio sin incluir en esta a los demandantes que se encontraban en carrera administrativa?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l Decreto Reglamentario no. 1572 disponía en los artículos 44 y 45 que una vez suprimido el empleo de carrera, esta situación debía comunicarse al empleado quien debía manifestar dentro de los 5 días siguientes su decisión de ser reincorporado o de recibir indemnización. Acorde con las pruebas recaudadas, (…) [los señores] (…) por encontrarse en carrera administrativa, recibieron sendos oficios (…) firmados por el ministro (…) en los cuales se les comunicó que el empleo de carrera que desempeñaban había sido suprimido y que podían optar por la incorporación o la indemnización, aquellos optaron por esta última posibilidad. No obstante lo anterior, luego de que tales funcionarios demandaran ante la jurisdicción contenciosa administrativa la nulidad parcial de la Resolución (…) en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esta fue decretada en sendos fallos emitidos por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, las motivaciones de esas decisiones fueron coincidentes en expresar que, en cada caso, el acto administrativo de reincorporación estaba falsamente motivado porque si bien era cierto que algunos cargos de código y grado igual a los que desempeñaban (…) habían sido suprimidos, aún en la planta global habían quedado varios de esos empleos disponibles, solo que en estos fueron nombradas personas que se encontraban en provisionalidad y que no tenían mejor derecho por cuanto no estaban en carrera administrativa. Luego, no se trató de que a tales servidores públicos se les hubiera dado la opción o no de reincorporarse u optar por la indemnización, sino que, debieron ser integrados desde un inicio a la planta de personal en la Resolución (…) ya que no era cierto que no hubieran empleos disponibles para dichas personas, siendo que estos tenían preferencia legal sobre otros empleados por estar inscritos en el escalafón de carrera administrativa. (…). Debe anotarse entonces que las pruebas recaudadas no son suficientes para probar y de modo fehaciente que el señor (…), a pesar de haber suscrito la Resolución (…), conocía las situaciones particulares (…), no se conoce si fue advertido de tal circunstancia y aun así desconoció sus derechos laborales, de modo por no tenerse certeza de si actuó de manera arbitraria, abiertamente negligente o desproporcionada, no es posible endilgarle responsabilidad a título de culpa grave en cuanto a su participación en los hechos que dieron lugar a las condenas proferidas contra la entidad demandante.
FUENTE FORMAL:
DECRETO REGLAMENTARIO 1572 DE 1998 - ARTÍCULO 44, 45
CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / AUSENCIA DEL DOLO / MINISTERIO DE SALUD / EMPLEOS DEL MINISTERIO DE SALUD / SECRETARIO DE MINISTRO / RECURSO HUMANO / PLANTA DE PERSONAL / INCORPORACIÓN A LA PLANTA DE PERSONAL / REINCORPORACIÓN A LA PLANTA DE PERSONAL / REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del Secretario General del Ministerio de Salud quien, conforme al manual de funciones le correspondía dirigir y coordinar las acciones relacionadas con la gestión del recurso humano?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]s cierto que para el año 2000 el señor (…) se desempeñaba en el cargo de secretario general del Ministerio de Salud, también es verdad que por mandado del manual de funciones (…) le correspondía dirigir y coordinar las acciones relacionadas con la gestión del recurso humano, además de elaborar o revisar la preparación de los proyectos de decreto, resolución y demás actos de carácter administrativo (…). Los testimonios rendidos en los procesos acumulados (…) señalan que la Secretaría General era una de las dependencias que se encargaba de estudiar lo relacionado con la supresión y reincorporación de la planta de personal, no obstante, nada precisan acerca de las circunstancias específicas acerca del comportamiento (…) respecto de la decisión de no reincorporar a la planta de personal (…). No se conoce si el entonces secretario general asumió la revisión detallada de la Resolución (…), si el ministro de la época le asignó el deber de elaborar el proyecto para la expedición de dicho acto administrativo y si influyó para que en la nueva planta global de personal fueran reincorporadas personas que no tenían mejor derecho que los empleados de carrera que finalmente fueron desvinculados. (…) De esta forma, no existen elementos probatorios capaces de evidenciar, ya fuere de manera directa o indirecta, que el comportamiento (…) fuera determinante para la no reincorporación (…) en la Resolución (…), menos que hubiere actuado de manera gravemente culposa.
CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / EMPLEOS DEL MINISTERIO DE SALUD / REESTRUCTURACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD / PLANTA DE PERSONAL DEL MINISTERIO / ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL MINISTERIO / REINCORPORACIÓN AL CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE
Problema jurídico:
¿Se acreditó una culpa grave imputable al jefe de la División de Desarrollo de Personal del Ministerio de Salud, cuyas funciones eran dirigir, distribuir, clasificar y adelantar los procesos de administración de personal?
Respuesta al problema jurídico: No
Conforme con los hechos probados en la demanda no hay duda de que ese demandado sí ocupó el cargo de jefe de la División de Desarrollo de Personal para la fecha en la cual se emitió la mencionada resolución, igualmente que, por mandato de la Resolución (…) que adoptó el manual de funciones del Ministerio de Salud, le asistía la obligación de dirigir y adelantar los procesos de administración de personal, responder por el trámite de las novedades de los empleados, realizar estudios sobre la distribución y clasificación de empleos y solicitar ante el Sistema Único de Información de Personal del Departamento Administrativo de la Función pública las hojas de vida de las personas que deben ingresar a dicho ministerio (…). Lo anterior daría pie para considerar que (…), en principio, debió conocer la situación administrativa de los empleados, (…) sin embargo, precisó que aquella División de Desarrollo de Personal era una dependencia de la Secretaría General y que eran las instancias superiores las que decidían sobre el curso a seguir en cada caso. (…) [F]rente a la responsabilidad (…) tampoco existe evidencia suficiente de cuál fue el papel específico que cumplió en la decisión de no reincorporar a la nueva planta de personal del Ministerio de Salud (…), si fue él quien postuló a otras personas en lugar de ellos para que permanecieran en la planta global de personal, si conocía la situación administrativa específica de estos servidores públicos, si en su momento le advirtió al ministro de salud o fue advertido que no podían ser desvinculados por contar con derechos de carrera, es decir, no es posible saber si actuó con culpa grave y si su comportamiento fue determinante para las condenas proferidas en su momento contra en el entonces Ministerio de Salud.
CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE / ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Cuál es el criterio de procedencia de la condena en costas en asuntos regidos por el CCA?
Respuesta al problema jurídico: Si
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55
Texto extraído del PDF oficial 114.288 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expedientes: 11001-03-26-000-2004-00024-01 (27.836), ACUMULADOS:
11001-03-26-000-2004-00038-00 (28.305)
11001-03-26-000-2005-00068-00 (32.088)
11001-03-26-000-2005-00080-00 (32-336)
11001-03-26-000-2006-00001-00 (32.383)
11001-03-26-000-2007-00041-00 (34.164)
Demandante: NACIÓN – MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Demandados: VIRGILIO GALVIS RAMÍREZ Y OTROS
Medio de control: REPETICIÓN
Asunto: FALLO DE ÚNICA INSTANCIA – AUSENCIA DE CONDENA –
FALTA DE PAGO – INEXISTENCIA DE CULPA GRAVE
Síntesis del caso: se dirigen las demandas contra tres exfuncionarios del entonces denominado
Ministerio de Salud quienes habrían incurrido en culpa grave en el trámite de la expedición de la
Resolución no. 00680 del 30 de marzo de 2000 en la cual no fueron incorporados a la planta
global de dicha entidad varios empleados públicos inscritos carrera administrativa luego de
llevarse a cabo un proceso de reestructuración, razón por la cual ese acto administrativo fue
anulado parcialmente mediante sendas sentencias proferidas por la jurisdicción contenciosa
administrativa que ordenaron el reintegro de los servidores públicos desvinculado s y el pago de
salarios y prestaciones dejados de percibir , cuyo monto la entidad demandante pretende
recuperar a través de la presente acción.
Decide la Sala en única instancia seis demandas de repetición presentadas por la Nación
– Ministerio de la Protección Social contra Virgilio Galvis Ramírez, Alfredo Valencia
Castillo y Carlos Augusto Mesa.
I. ANTECEDENTES
1. Las demandas
1) El expediente de la referencia contiene seis procesos acumulados , en todos ellos la
Nación – Ministerio de la Protección promovió acción de repetición en contra de Virgilio
Galvis Ramírez, Alfredo Valencia Castillo y Carlos Augusto Mesa , con el propósito de
que se ordene el reintegro del pago realizado por dicha entidad en favor de seis
Expediente 11001-23-26-000-2004-00024-01(27.836)
Actor: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social
Repetición
Sentencia de única instancia
2
servidores públicos que no fueron reincorporados a esa entidad mediante la Resolución
no. 00680 de 30 de marzo de 2000 expedida por el entonces denominado Ministerio de
Salud, acto administrativo que fue parcialmente anulado mediante sendas sentencias
emitidas por la jurisdicción contenciosa administrativa en las cuales se ordenó el reintegro
de los empleados que quedaron desvinculados y el pago de los correspondientes salarios
y prestaciones dejados de percibir.
2) Las pretensiones planteadas en cada proceso son similares, no obstante, se
transcriben como referencia las contenidas en la demanda del expediente con
radicación no. 2004-00024 (27.836) que se presentó el 11 de junio de 2004 (fl. 1 cdno.
1) las cuales son del siguiente tenor:
“Primera: Declarar a VIRGILIO GALVIS RAMÍREZ, ALFREDO VALENCIA
CASTILLO Y CARLOS AUGUSTO MESA, quienes en el mes de marzo de
2000, desempeñaban funciones de Ministro de Salud, Secretario General y
Jefe de la División de Desarrollo de Personal del Ministerio de Salud hoy de
Protección Social, respectivamente, responsables de los perjuicios
ocasionados a la Nación – Ministerio de Salud hoy Ministerio de Protección
Social, con motivo de la providencia de fecha 25 de septiembre de 2022 y
EJECUTORIADA EL 25 DE OCTUB RE DE 2002, emanada del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró la nulidad del
oficio del 31 de marzo, por el cual se le comunicó a la señora NANCY CRUZ
GARCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía número 20.475.525 de
Chipaque, que el cargo que ocupaba había sido suprimido, se declara la
nulidad de la Resolución No. 00680 de 30 de marzo de 2000 expedida por el
Ministerio de Salud, a través de la cual se hicieron unas incorporaciones a la
planta de personal del Ministerio de Salud, dentro de las cuales no se
encontraba la señora NANCY CRUZ GARCÍA y como consecuencia de lo
anterior se ordenó al Ministerio de Salud, reintegrar a la señora CRUZ GARCÍA
y a pagar todos los sueldos, los aumentos legales , las prestaciones sociales
dejados de percibir y los aportes para la Seguridad Social en pensiones,
declarando que no existió solución de continuidad en la relación laboral.
Segunda: Condenar a los señores VIRGILIO GALVIS RAMÍREZ, ALFREDO
VALENCIA CASTILLO Y CARLOS AUGUSTO MESA, quienes en el mes de
marzo de 2000, desempeñaban funciones del Ministerio de Salud, Secretario
General y Jefe de la División de desarrollo de Personal del Ministerio de Salud,
hoy de Protección Social, respectivamente, responsables de los perjuicios
ocasionados a la Nación – Ministerio de Salud hoy Ministerio de la Protección
Social a cancelar la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
DOCE MIL DOSCIENTOS S ETENTA Y CUATRO PESOS ($42.312.274.oo)
m/cte a favor de la Nación – Ministerio de la Protección Social antes Ministerio
de Salud, suma que canceló este ministerio a la beneficiaria, con el propósito
de hacer efectiva la sentencia de fecha 25 DE SEPTIEMBRE DE 2002 Y
EJECUTORIADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2002, del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
Tercera: Ordenar la actualización del valor de la condena en los términos
indicados por el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo(…)”. (fl. 40
y 41 cdno.1 - mayúsculas sostenidas del texto original).
Expediente 11001-23-26-000-2004-00024-01(27.836)
Actor: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social
Repetición
Sentencia de única instancia
3
3) En el expediente no. 2004-00038 (28.305) la demanda se presentó el 13 de agosto
de 2004 (fl. 31 cdno. 1), se solicita el reintegro por parte de los demandados de la suma
total de $58.150.759 debidamente actualizada, la cual corresponde a lo que el Ministerio
de la Protección Social tuvo que pagar por concepto de salarios y prestaciones dejados
de percibir por la servidora pública Cecilia Cuca Suárez, en virtud de lo ordenado en la
sentencia del 13 de junio de 2003 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda (fls. 12 y 13 cdno. 1).
4) En el expediente no. 2005-00068 (32.088) la demanda se radicó el 14 de octubre de
2005 (fl. 1 cdno. 1), las preten siones allí planteadas persiguen el reembolso de
$64.507.465 debidamente actualizados, valor que desembolsó la entidad pública en
favor de Julián Gómez Tacha con ocasión de los salarios y prestaciones dejados de
percibir, según lo ordenado en el fallo del 22 de abril de 2004 del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala de Descongestión (fls. 1 y 2 cdno. 1).
5) En el expediente no. 2005 -00080 (32.336) la demanda cuenta con fecha de
presentación del 30 de noviembre de 2005 (fl. 60 cdno. 1), las súplicas están dirigidas al
reintegro de $48.185.145 pagados al señor Horacio Sánchez Rodríguez por concepto de
salarios y prestaciones dejados de percibir en cumplimiento de lo ordenado en sentencia
del 4 de febrero de 2004 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda.
(fls. 1 y 2 cdno. 1).
6) En el expediente no. 2006 -00001 (32.383) la demanda fue presentada el 13 de
diciembre de 2005 (fl. 1 cdno. 1), las pretensiones exigen la devolución de
$53.227.349,01 por el pago realizado a la señora Myriam Perdomo Corredor en
obedecimiento a lo ordenado en la sentencia del 24 de enero de 2003 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B (fls. 1 y 2 cdno. 1).
7) En el expediente 2007-00041 (34.164) la demanda data del 4 de junio de 2007, en
ella se propende por el reintegro de la suma de $83.932.391,52 que fue cancelada a la
señora Marlen Yolanda Alicia Torres Castro por concepto de salarios y prestaciones
dejados de percib ir, según lo dispuesto en sentencia del 25 de febrero de 2004 del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala de Descongestión,
Subsección B (fl. 1 y 2 cdno. 1).
Expediente 11001-23-26-000-2004-00024-01(27.836)
Actor: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social
Repetición
Sentencia de única instancia
4
2. Hechos
Los hechos comunes en los cuales se sustentaron las seis demandas se resumen en lo
siguiente:
1) Mediante el Decreto no. 1152 del 29 de junio de 1999, la Presidencia de la República
reestructuró el entonces denominado Ministerio de Salud, de manera que posteriormente
expidió el Decreto no. 411 del 8 de marzo de 2000 que estableció una nueva planta de
personal en el ente ministerial.
2) Con sustento en dichas disposiciones, el ministro de salud de la época profirió la
Resolución no. 00680 del 30 de marzo del 2000 en la cual incorporó a los servidores
públicos a la n ueva planta de personal, pero sin incluir en esta a varios empelados que
se encontraban inscritos en carrera administrativa.
3) En los seis procesos se relatan eventos en los cuales a los funcionarios desvinculados
se les informó mediante sendos oficios del 31 de marzo de 2000 que el cargo que venían
desempeñando fue suprimido.
4) De este modo, en tod as las demandas se menciona que los funcionarios afectados
presentaron demandas en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, procesos que culminaron con sentencias emitidas por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda mediante las cuales se anuló parcialmente la
Resolución no. 00680 del 30 de marzo del 2000, se ordenó el reintegro de los servidores
desvinculados y el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir.
5) Los argumentos de las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa para
fundar la nulidad coinciden en que hubo una falsa motiva
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