Radicado: 15001-23-31-000-2004-00017-01 (60346)
Demandante: Municipio de Tunja
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de repetición
Radicación: 15001-23-31-000-2004-00017-01 (60346)
Demandante: Municipio de Tunja
Demandados: Teódulo Benítez Castelblanco y Darío Alfredo Morales Jaime
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos antes de la vigencia de
la Ley 678 de 2001. Se revoca la decisión de negar las pretensiones
y, en su lugar, se declara la caducidad de la acció n porque la
demanda fue presentada por fuera del plazo legal.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 1, en la que se negaron las
pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con el artículo
7º de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo
(CCA).
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 22 de noviembre de 2017
y se corrió traslado para alegar el 20 de septiembre de 2018. El demandado
alegó de conclusión en segunda instancia y la entidad demandante guardó
silencio. El Ministerio Público rindió concepto.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 29 de diciembre de
2003 por el Municipio de Tunja, Boyacá. Se dirigió contra Teódulo Benítez
Castelblanco y Darío Alfredo Morales Jaime para obtener el reintegro de lo
pagado por la entidad el 16 de abril de 2002 y el 18 de octubre de 2002, como
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consecuencia de la condena impuesta en la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá el 2 de diciembre de 1998.
2.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas procesales allegadas
por la parte actora, se extrae que:
2.1.- El demandado Teódulo Benítez Castelblanco era el alcalde de Tunja y el
demandado Darío Alfredo Morales Jaime era el personero municipal.
2.2.- El 1º de diciembre de 1992 el personero sancionó disciplin ariamente a la
funcionaria María Rubby Rangel Echeverry con << solicitud de destitución >>, y
pidió al alcalde ejecutarla por ser el nominador. La funcionaria recurrió la sanción
disciplinaria, que fue confirmada por el personero el 4 de marzo de 1993.
2.3.- El 2 de abril de 1993 la señora Rangel Echeverry demandó las decisiones
del personero municipal, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho. La exfuncionaria pidió que la sanción no fuera ejecutada por el
alcalde municipal y, en caso de que lo fuera, se ordenara su reintegro.
2.4.- El auto admisorio de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
fue notificado al demandado Benítez Castelblanco como alcalde municipal. Sin
embargo, el municipio no contestó la demanda ni intervino en la etapa probatoria;
solo se pronunció en los alegatos de conclusión.
2.5.- La señora Rangel Echeverry renunció a su cargo en el Municipio de Tunja
el 25 de febrero de 1994.
2.6.- El 2 de diciembre de 1998 el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la
nulidad de las resoluciones que sancionaron disciplinariamente a la señora
Rangel Echeverry porque fueron proferidas por el personero , sin tener
competencia para ello. El tribunal ordenó el reintegro de la exfuncionaria y el pago
de los emolumentos dejados de percibir.
2.7.- El Ministerio Público apeló la sentencia condenatoria pero no sustentó el
recurso, por lo que el 6 de diciembre de 1999 la Sección Segunda del Consejo
de Estado lo declaró desierto. El municipio no apeló la condena.
2.8.- La señora Rangel Echeverry inició un proceso ejecutivo laboral contra el
Municipio de Tunja para obtener el pago de la condena, y el 11 de marzo de
2002 el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja libró mandamiento de
pago contra la entidad.
2.9.- El 27 de mayo de 2002 el juez ejecutivo laboral aprobó una transacción
celebrada entre el municipio y la señora Rangel Echeverry, en virtud de la cual la
entidad acordó pagarle la suma de doscientos millones de pesos ($200.000.000).
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2.10.- La entidad pagó la condena así: (i) el 16 de abril de 2002 depositó ciento
cincuenta millones de pesos ($150.000.000) a órdenes del juzgado laboral por
un embargo en el proceso ejecutivo; y (ii) el 18 de octubre de 2002 pagó los
cincuenta millones de pesos ($50.000.000) restantes.
3.- Según la entidad demandante, el demandado Darío Alfredo Morales Jaime
obró con dolo porque profirió las resoluciones disciplinarias sin competencia, a
pesar de que debía conocer las normas aplicables a su cargo de personero, por
lo que actuó con <<desviación de poder>>. Por su parte, el demandado Teódulo
Benítez Castelblanco obró con culpa grave porque, al no contestar la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, el municipio no pudo probar que la
señora Rangel Echeverry nunca fue destituida sino que renunció al cargo.
B.- Posición de la parte demandada
4.- El demandado Darío Alfredo Morales Jaime se opuso a las pretensiones de
la demanda y formuló, entre otras, la excepción de caducidad de la acción.
Sostuvo que el auto admisorio de la demanda le fue notificado más de dos (2)
años después del último pago de la condena, por lo que, de acuerdo con el
artículo 90 del Código de Procedimiento Civil (CPC), no se interrumpió la
caducidad.
5.- El demandado Teódulo Benítez Castelblanco también se opuso a las
pretensiones. Señaló que no incurrió en culpa grave porque constituyó
apoderado para defender los intereses de l municipio cuando fue notificado del
auto admisorio de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
C.- Sentencia recurrida
6.- En la sentencia del 12 de septiembre de 201 7 el Tribunal Administrativo de
Boyacá adoptó las siguientes decisiones:
6.1.- Negó la excepción de caducidad de la acción porque el artículo 90 del
CPC no es aplicable a este proceso. Además, la sentencia C -832 de 2001,
mediante la cual la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad del artículo
136 del CCA en relación con la caducidad de la acción de repetición, solo es
aplicable sobre las condenas ejecutoriadas después de esa fecha.
6.2.- Negó las pretensiones de la demanda porque no se probó el dolo o la
culpa grave de los demandados, por las siguientes razones: (i) el demandado
Darío Alfredo Morales Jaime sí tenía competencia para solicitar al alcalde la
destitución de los funcionarios del municipio y, en todo caso, la vinculación de
la señora Rangel Echeverry terminó por su renuncia; y (ii) el demandado
Teódulo Ben ítez Castelblanco no era el encargado de contestar la demanda
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de nulidad y restablecimiento del derecho debido a que esa función
correspondía al secretario jurídico del municipio, a quien le confirió poder.
D.- Recurso de apelación
7.- La entidad demandante solicita que se revoque la sentencia de primera
instancia y, en su lugar , se condene a los demandados . Su inconformidad se
centra en los siguientes puntos:
7.1.- La sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho demuestra que el
demandado Darío Alfredo Morales Jaime obró sin diligencia y usurpó la
competencia de sancionar disciplinariamente a la señora Rangel Echeverry.
7.2.- El municipio, que era representado legalmente por el demandado Teódulo
Benítez Castelblanco, no se defendió en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho y esta omisión no tenía justificación alguna.
II. CONSIDERACIONES
E.- Decisión a adoptar
8.- La Sala revocará la decisión de negar las pretensiones de la demanda y, en
su lugar, declarará probada la caducidad de la acción porque la demanda fue
presentada por fuera del plazo previsto en la ley.
9.- El argumento del demandado Darío Alfredo Morales Jaime, acerca de que la
caducidad debía contarse hasta la fecha de notificación del auto admisorio de la
demanda a los accionados, carece de fundamento legal. Como lo ha señalado la
jurisprudencia de esta Corporación1, el artículo 90 del CPC no es aplicable a los
procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
en lo relativo a la caducidad de las acciones, porque esa materia fue regulada de
forma integral en el CCA.
10.- Sin embargo, para el momento en que se presentó la demanda de repetición,
la acción ya había caducado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 136,
1 <<La Sección Tercera del Consejo de Estado ya tuvo la oportunidad de resolver un recurso de apelación
dentro de una demanda de repetición, en la cual el demandado invocó el artículo 90 del Código de
Procedimiento Civil, con el objeto de que se declarara la caducidad de la acción. En aquella oportunidad, la
Sección Tercera precisó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo contaba con una regulación
íntegra acerca de la figura de la caduci dad, por lo que no era necesario acudir al procedimiento civil para
llenar los vacíos normativos del tema, pues no existían >>. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 23 de noviembre de 2017, E xp. 49937, M.P.
Marta Nubia Velásquez Rico. Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera.
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