REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 05001-23-33-000-2003-004489-01 (56.839)
Demandante: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL
Demandados: ABEL SALAZAR PALACIOS Y OTROS
Medio de control: REPETICIÓN
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – CADUCIDAD
Síntesis del caso: se dirige la acción de repetición contra dos integrantes de la Policía Nacional
quienes, en hechos ocurridos el 29 de julio de 1996 , habrían provocado la muerte y lesiones
personales a unos ciudadanos en una persecución, por estos hechos la entidad demandante
fue obligada a reparar perjuicios mediante sentencia dictada en acción de reparación directa
cuyo pago pretende recuperar.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional (fls. 157 a 160 cdno. apelación) contra la sentencia
proferida el 19 de noviembre 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Primera de Descongestión mediante la cual se dispuso:
“Primero: NEGAR las súplicas de la demanda impetrada por la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional contra los señores Abel Salazar
Palacios y Jaime Ubal Moreno Rodríguez, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo: NO CONDENAR en costas por lo aquí considerado (…).” (fls. 154
Vlto y 155 cdno. apelación - negrillas y mayúsculas sostenidas del texto
original)
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
A través de escrito del 4 de diciembre de 2003 (fl. 47 cdno. ppal.) la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional presentó demanda de repetición contra los señores
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Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
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Abel Salazar Palacios y Jaime Ubal Moreno Rodríguez (fls. 37 a 47 cdno. ppal.) con
las siguientes súplicas:
“1. Respetuosamente con fundamento en los anteriores hechos, solicito al
Honorable Tribunal de Antioquia para que sean condenados mediante la
Acción de Reembolso (acción de repetición) los señores ABEL SALAZAR
PALACIOS C.C. No. 11.796.438 de Quibdó y JAIME UBAL MORENO
RODRÍGUEZ C.C. No. 13.354.377 de Pamplona.
2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a los
señores ABEL SALAZAR PALACIOS C.C. Nro. 11.796.438 de Quibdó y
JAIME UBAL MORENO RODRÍGUEZ C.C. No. 13.354.377 de Pamplona, al
pago total de la suma q ue la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional pagó en su momento a las víctimas por los Daños Morales y
Materiales que ascendieron a la suma de CIENTO SEIS MILLONES
SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($106.064.055)
discriminados así:
Por concepto de capital……………………………………… $106.064.055,00
Sobre los intereses, en ningún momento se deben tener en cuenta por el
Honorable Tribunal.
3. Que la sentencia que ponga fin al presente proceso sea de aquella que
reúne los requisitos exigidos por los artículos 68 del C.C.A. y 488 del C.P.C.
que en ella conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible a fin
de que preste mérito ejecutivo.
4. Que el monto de la condena que sea proferida por el Honorable Tribunal
Administrativo de Antioquia, contra los señores ABEL SALAZAR PALACIOS
C.C. Nro. 11.796.438 de Quibdó y JAIME UBAL MORENO RODRÍGUEZ
C.C. No. 13.354.377 de Pamplona, sea indexada hasta el monto de pago
ejecutivo de la demanda.
5. Que se condene en costas a los demandados.
6. Que en el event o de localizarse bienes de fortuna del accionando de
tomen medidas cautelares de acuerdo a lo preceptuado en la Ley 678 de
2001 (…).” (fls. 4 a 6 cdno. ppal., subrayado y mayúsculas sostenidas del
texto original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico la parte actora invocó, en síntesis, lo siguiente:
1) En la noche del 29 de junio de 1996, los señores Gerley Antonio M oncada Cano,
Arbolein Arias Cano y Francisco García Chaverra se hallaban el sector de las calles
Palace y Maracaibo de la ciudad de Medellín, pasadas las 11:00 pm decidieron
abandonar el lugar en una motocicleta, agentes de policía motorizados les ordenaron
detenerse, al parecer, el señor Arbolein Arias no escuchó la orden y continuó la
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marcha, los agentes de policía iniciaron a disparar contra los perseguidos e hirieron
en el pie izquierdo a Francisco García Chaverra.
2) Gerley Antonio Moncada portaba un arma de fuego, de manera que luego de ser
atacados por la policía respondió con un disparo , seis cuadras más adelante los
perseguidos perdieron el equilibrio en una curva y cayeron ; Francisco García logr ó
pararse, con el pie herido corrió y luego fue capturado por otra patrulla; Gerley Antonio
Moncada Cano y Arbolein Arias Cano quedaron vencidos en el suelo, allí los
uniformados accionaron sus armas contra ellos, los impactos causaron la muerte del
primero y lesiones al segundo.
3) Los policiales fueron investigado s por la justicia penal militar por los delitos de
homicidio y lesiones personales, pero contra estos no se emitió medida de
aseguramiento.
4) Por esos hechos los familiares de las víctimas presentaron acción de reparación
directa que culminó con sentencia condenatoria del 3 de marzo de 2000 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia en la cual la Nación – Ministerio de Defensa
Policía Nacional fue obligada a pagar indemnización en favor de los demandantes.
5) La entidad pública aquí demandante desembolsó el monto total de $164.754.9 46
por concepto de capital e intereses.
3. Fundamentos de la demanda
Considera la entidad estatal que los demandados con su conducta “dolosa o
gravemente culposa” comprometieron la responsabilidad del Estado ya que estuvieron
implicados en un operativo cuyo desenlace no fue producto de un enfrentamiento, la
única persona que presuntamente disparó fue Gerley Moncada quien portaba un
“changón” que fue encontrado en el lugar de los hechos con una cápsula no disparada
e inservible en la recámara , también se halló un revólver a 40 metros de la moto , de
modo que era improbable que fuera usada por quienes huían ; las trayectorias de los
proyectiles que impactaron a Gerley Mo ncada y a Arbolein Arias fue hacia arriba lo
cual permitía deducir que fueron realizados mientras estos se hallaban en el suelo, ello
comportó un uso excesivo de la fuerza y una indebida utilización de las armas legítimas
del Estado.
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4. Contestación de la demanda
Los demandados Abel Salazar Palacios y Jaime Ubal Moreno Rodríguez fueron
representados por curador ad-litem1 quien, contestó la demanda el 21 de febrero de
2015 en la cual expresó que se atenía a lo que se lograra demostrar dentro del proceso
(fls. 105 y 106 cdno. ppal.).
5. La sentencia de primera instancia
El 19 de noviembre de 2015 el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de
Descongestión negó las pretensiones de la demanda (fls. 150 a 155 cdno. apelación),
estimó que no se acreditó el presupuesto consistente en el pago de la condena por
cuanto, si bien se aportó la copia de la Resolución no. 000612 del 7 de diciembre de
2001 emitida por el Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional que
ordenó el pago de la condena y un comprobante de egreso, este último se allegó en
mal estado y solo probaba la constitución de un cheque en favor de una persona , sin
que pueda probarse que esta lo recibió y lo cobró.
6. El recurso de apelación
El 27 de enero de 2016, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó
recurso de apelación (fls. 157 a 160 cdno. apelación) con fundamento en lo siguiente:
1) Sí está probado el pago de la condena ordenada en la sentencia del 3 de marzo del
2000 emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de ello da cuenta la copia de
la Resolución no. 000612 del 7 de diciembre de 2001 de la Dirección Administrativa y
Financiera de la Policía Nacional y el comprobante de egreso no. 25045 del 11 de
diciembre de 200 1, documentos que por ser emitidos por una autoridad pública se
presumen auténticos y cuentan con plena validez, máxime cuando no fueron tachados
ni controvertidos por la contraparte, además, no existe limitación o tarifa probatoria
para la acreditación de dicho presupuesto de la acción de repetición.
1 El emplazamiento de los demandados fue ordenado por autos del 21 de enero de 2004, 3 de mayo de
2012 y 28 de noviembre de 2003 del Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Decisión
(fl. 48, 68 y 72 cdno. ppal.); el correspondiente edicto fue publicado en el diario El Colombiano el 9 de
febrero de 2014 (fl. 91 cdno. ppal.), razón por la cual dicho tribunal en providencia del 14 de enero de
2015 nombró como curador a ad-litem de dichas personas a Catherine Pareja Ortega (fl. 101 cdno.
ppal.).
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2) Las órdenes y certificaciones suscritas por el pagador u ordenado
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