Titulación de la relatoría 48.602 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / EPM / EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Problema jurídico:
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia el recurso extraordinario de anulación formulado por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A y otro en contra del laudo arbitral proferido el 8 de noviembre de 2018?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 149.7 del CPACA prevé que el Consejo de Estado, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas Especiales, conocerá en única instancia de los recursos de anulación interpuestos en contra de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública, siempre y cuando se cumplan los presupuestos de las normas que rigen la materia. A su vez, el tercer inciso del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 dispone que le corresponde a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conocer, en única instancia, de los recursos de anulación de laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas. En el presente asunto se está en presencia de un laudo arbitral proferido en el marco de un proceso en el que intervino (...) [una empresa de telecomunicaciones privada) y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., con ocasión del contrato que se produjo a partir de la “Oferta Comercial para la Licencia de los Derechos para la Transmisión y comercialización del Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano” del 7 de octubre de 2006, la cual fue sometida por la DIMAYOR a consideración de las convocantes y aceptada tácitamente por las mismas. A su turno, en punto a la naturaleza jurídica de las partes del segundo juicio arbitral objeto de análisis y particularmente en lo que corresponde a UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se advierte que está constituida como una sociedad anónima de carácter comercial y de economía mixta, con capital mayoritariamente público. De acuerdo con lo anterior, la Sala destaca que UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. es una entidad pública, en los términos del parágrafo del artículo 104 del CPACA, razón suficiente para concluir que la Sección Tercera de esta Corporación es competente en única instancia para conocer del recurso extraordinario de anulación formulado por la parte convocante en contra del laudo arbitral dictado el 8 de noviembre de 2018.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 7, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 46 INCISO 3
PROCESO ARBITRAL / CONCEPTO DE ARBITRAJE / CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE / ASPECTOS JURÍDICOS DEL ARBITRAJE / EFECTOS DEL LAUDO ARBITRAL / REQUISITOS PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / FACULTADES DEL ÁRBITRO / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL / FUNCIÓN JURISDICCIONAL POR PARTICULARES / PARTICULAR QUE EJERCE FUNCIÓN JUDICIAL TRANSITORIA / MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Problema jurídico:
¿Los árbitros, con sujeción al principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política de 1991, los árbitros, con sujeción al principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, en concordancia con el artículo 8° de la Ley 270 de 1996 (modificado por el artículo 3° de la Ley 2430 de 2024). (…) [del] artículo 1° de la Ley 1563 de 2012 (…) Se desprende de lo anterior que la jurisdicción o facultad de impartir justicia por parte de los árbitros emana de la Constitución Política de 1991 y la ley, las cuales establecen que los árbitros administran justicia con los mismos deberes y facultades de los jueces y reconocen que la voluntad de las partes puede atribuir competencia a los árbitros para resolver las controversias sometidas a su conocimiento. En otras palabras, como consecuencia del reconocimiento constitucional de la voluntad y decisión de las partes de sustraerse de la justicia estatal y someter la resolución de sus disputas al conocimiento de los árbitros, estos ejercen función jurisdiccional y, en ese sentido, administran justicia de manera transitoria exclusivamente para efectos de solucionar la disputa sometida a su conocimiento, en virtud de la habilitación que mediante el pacto arbitral han realizado las partes, quienes les confieren competencia para el conocimiento y decisión de determinados asuntos. Bajo el anterior contexto, la justicia arbitral se caracteriza por: (i) ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos, en virtud del cual las partes confieren a los particulares la función de administrar justicia; (ii) regirse por el principio de voluntariedad o libre habilitación, en tanto que la competencia de los árbitros para impartir justicia surge en virtud de un acuerdo de voluntades previo y libre entre las partes, en el sentido de sustraer la resolución de su controversia del sistema ordinario de administración de justicia; (iii) ser de carácter temporal, porque su existencia es transitoria, limitada en el tiempo y sujeta a la resolución del conflicto específico sometido a consideración de los árbitros y (iv) ser excepcional, dado que se encuentra sujeta a claras limitaciones materiales, de suerte que solo se pueden someter a arbitraje asuntos de libre disposición y aquellos que la ley autorice.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la función jurisdiccional de los árbitros y la naturaleza del pacto arbitral, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 7 de marzo de 2012, exp. 18.013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre el principio de voluntariedad o libre habilitación para acudir a la justicia arbitral, consultar la sentencia de la Corte Constitucional, C-330 del 9 de mayo de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 116, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 1, LEY 2430 DE 2024 - ARTÍCULO 3, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 8
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FUNCIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN PROCEDENDO / PRINCIPIO DISPOSITIVO
Problema jurídico:
¿El recurso extraordinario de anulación procede frente a errores in procedendo y por las causales taxativas que consagra la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sección Tercera del Consejo de Estado, al referirse a la naturaleza y a las notas distintivas del recurso extraordinario de anulación, ha establecido de forma pacífica y uniforme lo siguiente: (i) El recurso de anulación es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario y, por lo tanto, no puede ser utilizado como una segunda instancia a través de la cual se pretenda reabrir el debate sobre el fondo del litigio. (ii) La finalidad del recurso extraordinario de anulación consiste en la protección del derecho fundamental al debido proceso en cabeza de las partes, razón por la cual debe orientarse a cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo y no por errores in iudicando. En ese orden de ideas, el juez de la anulación se encarga de analizar vicios de carácter procesal, no sustancial. Dicho en otros términos, la decisión del recurso extraordinario de anulación no entraña el estudio de los razonamientos efectuados por los árbitros en cuanto a la aplicación de la ley sustancial, como tampoco la apertura de la discusión por errores de hecho o de derecho en materia de valoración probatoria, tal y como está previsto en el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012(…) (iii) Las facultades del juez del recurso extraordinario de anulación están limitadas por el llamado “principio dispositivo”, según el cual el recurrente, al formular y sustentar su recurso, dentro de las precisas y taxativas causales que la ley consagra, delimita el objeto que persigue con su interposición. Como consecuencia de lo anterior, al juez de la anulación no le está permitido suponer lo manifestado por el recurrente para tratar de establecer la causal que invoca y, mucho menos, pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la formulación y sustentación del recurso, por lo que deberá rechazar de plano la impugnación cuando las causales que se aduzcan no correspondan a las señaladas en la ley. (…) (iv) De la carga de sustentación del recurso extraordinario de anulación se desprende que el recurrente debe indicar las razones con apoyo en las cuales acusa al laudo arbitral de incurrir en la causal o las causales que invoca, las cuales deben configurar el supuesto que se aduce, de tal modo que el cargo alegado será el que estructure la cadena argumentativa de la impugnación y no el nombre o denominación que se le dé.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre a la naturaleza y el carácter restrictivo del recurso extraordinario de anulación, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 18 de enero de 2019, exp. 62.476, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; el 23 de abril de 2018, exp. 59.731, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; el 19 de julio de 2017, exp. 59.067; C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; el 31 de agosto de 2015, exp. 53.585, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz; el 28 de junio de 2019, exp. 63494, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y, el 31 de octubre de 2016, exp. 57.422, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre la competencia del juez de la anulación para analizar vicios de carácter procesal y no sustancial, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 9 de abril de 2018, exp. 59.270, C.P. Guillermo Sánchez Luque. Sobre la carga de argumentación en el recurso, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 18 de diciembre de 2020, exp. 62573, C.P. Nicolás Yepes Corrales; y, el 31 de octubre de 2016, exp. 57.422, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL / PROCEDENCIA DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL / TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA / TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / COMUNIDAD ANDINA / NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA / ORDENAMIENTO JURÍDICO ANDINO / INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA / PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA / DERECHO COMUNITARIO / CONSULTA OBLIGATORIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / FALLO DE ÚNICA INSTANCIA / SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / FINALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / APLICACIÓN DE LA NORMA / DERECHO COMUNITARIO ANDINO
Problema jurídico:
¿La interpretación prejudicial procede en sede de anulación cuando, atendiéndose a las causales de anulación invocadas para la decisión del recurso, debe aplicarse alguna de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Tratado de Creación del TJCA consagra la intervención del Tribunal Andino en la solución de una controversia nacional que deba ser analizada y decidida a la luz de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, mediante la figura de la interpretación prejudicial de las normas comunitarias “con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”. Se trata, pues, de un mecanismo de colaboración entre el juez nacional y el comunitario que procura garantizar soluciones uniformes en las controversias en las que deban aplicarse disposiciones de derecho comunitario. (…) En cuanto a la naturaleza de la interpretación prejudicial, en reiteradas oportunidades el TJCA ha precisado que su naturaleza es la de ser un incidente procesal de carácter no contencioso, señalando, además, que no se trata de una prueba, ni puede asimilarse a un informe de expertos o a una opinión jurídica de índole doctrinal (…) De conformidad con lo dispuesto (…) [en los artículos 33 del Tratado de creación del TJCA, 122 y 123 del Estatuto del TJCA], el juez de un país miembro de la Comunidad Andina que conozca de un proceso en donde se profiera una sentencia de única o última instancia contra la cual no proceda recurso alguno y en la que se aplique o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de oficio o a petición de parte tiene la obligación de solicitar al TJCA la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso, con el propósito de garantizar la eficacia y la aplicación uniforme del Derecho Comunitario Andino. En este caso se debe proceder a la suspensión del proceso, comoquiera que el juez nacional debe adoptar en la sentencia la interpretación prejudicial del TJCA. Por el contrario, en aquellos procesos en los que el Juez nacional no actúe como única o última instancia, la consulta prejudicial al TJCA es facultativa. (…) Cuando la consulta es facultativa el proceso no se suspenderá; se agotarán las etapas previas al fallo y si llegado el momento de proferir sentencia no se ha recibido la interpretación del Tribunal de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Tratado de Creación “el juez deberá decidir el proceso”. El artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA dispone que hay lugar a solicitar la Interpretación Prejudicial -ora facultativa, ora obligatoria según si el proceso es o no de única o última instancia y la sentencia sea o no susceptible de recursos en el derecho interno- cuandoquiera que en el conflicto sometido a decisión del juez nacional “(…) deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”. Igualmente, debe añadirse que el TJCA ha señalado que para la procedencia de la interpretación prejudicial no basta con que una de las partes cite normas comunitarias para que el juez nacional decida automáticamente elevar la consulta de interpretación. Lo relevante consiste en que en el caso concreto se presente una controversia sobre la norma andina o se advierta por parte del juez nacional que en la sentencia deba aplicar dicha norma, aspectos que corresponde analizar y determinar en cada caso al juez nacional. (…) En este orden de ideas, es claro que la sola petición de una parte solicitando dar trámite a la interpretación prejudicial de normas comunitarias no obliga al juez nacional a formular la consulta o aplicar la teoría del acto aclarado, toda vez que es su deber analizar la controversia planteada y establecer la relevancia de las normas comunitarias para resolver la causa y determinar si es previsible que alguna de esas normas pueda resultar aplicable al adoptar la respectiva sentencia. Ahora bien, en tratándose de la interpretación prejudicial en sede del recurso extraordinario de anulación, en diversas ocasiones el TJCA ha reconocido su procedencia, si atendiendo a las causales de anulación invocadas para la decisión del recurso hayan de aplicarse normas comunitarias, teniendo en cuenta, en todo caso, que el recurso de anulación tiene por objeto el estudio de posibles defectos “in procedendo” y no constituye una segunda instancia. Ahora bien, la interpretación prejudicial que procede en sede de anulación no versará, desde luego, en relación con las normas comunitarias que fueron objeto de controversia en el proceso arbitral o que fueron o debieron haber sido aplicadas por parte del Tribunal de Arbitramento para resolver la controversia sometida a su decisión. Versará, por el contrario, respecto de aquellas normas del ordenamiento jurídico andino que el juez de anulación pueda prever como aplicables para resolver los problemas jurídicos que deberá abordar para la resolución del recurso, de cara a los cargos formulados por el recurrente y las posiciones expuestas al descorrerse el traslado del mismo. (…) Finalmente, es importante señalar que el rol del juez nacional en tratándose de la interpretación prejudicial de normas comunitarias, no solamente consiste en tramitar la solicitud de interpretación prejudicial, sino que también supone el deber (cuando hay lugar), de aplicar “integralmente el resultado hermenéutico desarrollado por el Tribunal de Justicia en el litigio pertinente. (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la interpretación prejudicial, consultar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proferidas el 11 de julio 2012, exp. 57-IP-2012; el 18 de febrero de 2004, exp. 142-IP-2003; el 5 de febrero de 2003, exp. 02-IP-91; el 26 de agosto de 2011, exp. 03-AI-2010; y, el 7 de julio de 2017, exp. 01-AI-2015, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Sobre la suspensión del proceso para la adopción de la sentencia de interpretación prejudicial, consultar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proferida el 21 de abril de 2009, exp. 106-IP-2009. Asimismo, ver la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 10 de noviembre de 2016, exp. 56845, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, consultar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proferidas el 13 de marzo de 2023, exp. 145-IP-2022, M.P. Gustavo García Brito; el 13 de marzo de 2023, exp. 261-IP-2022, M.P. Ínigo Salvador Crespo; el 13 de marzo de 2023, exp. 350-IP-2022, M.P. Sandra Catalina Charris Rebellón; y, el 13 de marzo de 2023, exp. 391-IP-2022, M.P. Hugo Gómez Apac.
FUENTE FORMAL:
DECISIÓN 472 DE 1996 - ARTÍCULO 32, DECISIÓN 472 DE 1996 - ARTÍCULO 33, DECISIÓN 500 DE 2001 - ARTÍCULO 121, DECISIÓN 500 DE 2001 - ARTÍCULO 123, DECISIÓN 500 DE 2001 - ARTÍCULO 124, DECISIÓN 500 DE 2001 - ARTÍCULO 133
RECURSO DE ANULACIÓN / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL / TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / CONSULTA OBLIGATORIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INAPLICACIÓN DE LA NORMA / DERECHO COMUNITARIO ANDINO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PROCESO ARBITRAL / MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS / NORMATIVA DE MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS / CONTRATO ESTATAL / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL
Problema jurídico:
¿Le era exigible al Tribunal de Arbitramento aplicar al laudo del 8 de noviembre de 2018, la interpretación prejudicial contenida en la sentencia 371-IP-2017, a pesar de que dicho laudo finalizó con declaratoria de caducidad?
Respuesta al problema jurídico: No
Sobre este particular, de conformidad con lo considerado por el TJCA en la sentencia 167-IP-2020 del 29 de agosto de 2023 (acápite No. 4), advierte la Sala que el primer cargo de anulación invocado está destinado a fracasar, como pasa a exponerse: En la sentencia de interpretación prejudicial obligatoria 167-IP-2020 del 29 de agosto de 2023 (que se originó con ocasión de la solicitud elevada por esta Corporación en el marco del presente trámite de anulación), el TJCA fue enfático en señalar que los jueces nacionales (en este caso el Tribunal de Arbitramento), en virtud de lo previsto en los artículos 35 del Tratado de Creación del TJCA y 127 de su Estatuto, solo deben solicitar la interpretación prejudicial obligatoria y adoptarla en sus pronunciamientos cuando necesiten “(...) establecer, crear o aplicar un criterio jurídico interpretativo de la norma andina (...). Precisamente, el TJCA analizó aquellos casos en los que el juicio arbitral finaliza sin que se dicte un pronunciamiento de fondo, como en efecto ocurre cuando se declara la caducidad de la “acción”, concluyendo que en estos escenarios, aun cuando el árbitro solicite la interpretación prejudicial, no debe adoptarla en el laudo “(...) si es que se va a concluir el proceso arbitral sin emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia (...)” Obsérvese en tal sentido, que el propio TJCA reconoce que la adopción de sus sentencias de interpretación prejudicial obligatoria solicitadas y emitidas, en realidad, no resulta exigible si el proceso arbitral concluye sin que se dicte una decisión de fondo, como cuando se configura la caducidad y el juez nacional la declara, pues en estos casos, en últimas, no se aplica el derecho comunitario andino. En cuanto a la caducidad de la acción, hoy denominado medio de control, debe recordarse que, apuntando a la protección del interés general, el legislador colombiano ha establecido unos plazos para el oportuno ejercicio de cada uno de los medios de control judicial que pueden instaurarse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el propósito de otorgar seguridad jurídica y de evitar la parálisis del tráfico jurídico y la existencia de situaciones indefinidas en el tiempo. Estos plazos son perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables, de orden público y de obligatorio cumplimiento, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiere elevado la correspondiente solicitud judicial, produce la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. (…) Por otra parte, la caducidad también fue consagrada por el legislador colombiano como una excepción, entendida como aquella herramienta que el ordenamiento jurídico le entrega al demandado al momento de ejercer su derecho de contradicción y defensa, la cual conforme a la jurisprudencia se cataloga como mixta, porque: (i) ataca la relación jurídico sustancial y (ii) debe ser resuelta en la audiencia inicial si se trata de procesos que se surten en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa o en el primera audiencia de trámite si se trata de procesos arbitrales, o en la sentencia o laudo, A partir de lo anterior, resulta claro que, si bien el arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos se rige por las normas especiales de la materia, tratándose de litigios en los cuales se encuentre de por medio un contrato del Estado, necesariamente deben aplicarse las disposiciones procesales especiales que establecen la caducidad del medio de control de controversias contractuales, toda vez que, como se anotó, las normas que consagran los términos de caducidad son de orden público y de obligatorio cumplimiento a petición de parte o inclusive de oficio. En tal sentido, como la caducidad de la acción (hoy medio de control) es un presupuesto procesal que está regulado en el derecho interno (CPACA, si se trata de un juicio contencioso administrativo o uno arbitral en el que intervenga una entidad pública), en el presente caso no resultaba necesario que los Árbitros, al momento de laudar, acudieran a la interpretación prejudicial contenida en la sentencia 371-IP-2017 del 8 de febrero de 2018. Así las cosas, y contrario a lo afirmado por la parte convocante, se colige que el Tribunal de Arbitramento no debía proferir su decisión con fundamento en la sentencia 371-IP-2017 del 8 de febrero de 2018, puesto que esta última solo tenía utilidad jurídica en la medida en que la controversia contractual objeto de análisis se resolviera de fondo, lo cual no sucedió por la declaratoria de la caducidad de la “acción”, determinación cuyo fundamento, se reitera, está regulada en el derecho interno y no en las normas comunitarias. En las condiciones analizadas, particularmente de cara a las previsiones contenidas en la sentencia de interpretación prejudicial 167-IP-2020 del 29 de agosto de 2023, se torna evidente que Tribunal Arbitral al dictar el laudo recurrido, no infringió el deber que le asiste al juez comunitario en torno a la solicitud y adopción de la sentencia de interpretación prejudicial del TJCA, pues en el caso objeto de controversia, ante la declaratoria de caducidad de la “acción” como presupuesto procesal, no era necesario aplicar la interpretación prejudicial. Así las cosas, se despachará desfavorablemente la causal de anulación alegada por las convocantes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los plazos establecidos por el legislador para ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial, consultar la sentencia de la Corte Constitucional C-394 del 22 de mayo de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Sobre el control del derecho de acción que ejercen los términos establecidos por el legislador, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, proferida el 23 de febrero de 2006, exp. 6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. obre la caducidad como sanción de las acciones judiciales ejercidas fuera del término legal, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 30 de enero de 2013, exp. 24879, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Asimismo, ver la sentencia de la Corte Constitucional, C-574 del 14 de octubre de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Sobre la caducidad como excepción, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 30 de agosto de 2018, exp. 58.225, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre la aplicación de las disposiciones procesales especiales que establecen la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuanto se encuentra inmerso un contrato estatal, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 31 de octubre de 2016, exp. 57.422A, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
DECISIÓN 472 DE 1996 - ARTÍCULO 35, DECISIÓN 500 DE 2001 - ARTÍCULO 127, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
JURISDICCIÓN / FUNCIÓN PÚBLICA / ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FUNCIÓN JURISDICCIONAL / ÁRBITRO / COMPETENCIA / DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CALIDAD DE LAS PARTES DEL PROCESO / DOMICILIO / PACTO ARBITRAL / PRINCIPIO DE HABILITACIÓN / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALTA DE COMPETENCIA / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL / INAPLICACIÓN DE LA NORMA / ORDENAMIENTO JURÍDICO ANDINO / INAPLICACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INFUNDADO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente declarar fundado el recurso extraordinario de anulación del laudo proferido el 8 de noviembre de 2018, por estar viciado con la causal contenida en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, dado que el Tribunal de arbitramento carecía de competencia para declarar la caducidad de la acción?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]onviene recordar que la jurisdicción es la función pública que tiene como finalidad la administración de justicia, ejercida por el Estado mediante los órganos que la ley dispone para ello, incluidos los árbitros mientras desempeñan sus funciones. Por su parte, la competencia hace referencia a la distribución que se realiza para el ejercicio de la función pública de administrar justicia, fundamentalmente debido a la complejidad y extensión de los asuntos, distribución a partir de la cual se determina, según distintos factores como la cuantía, la calidad de las partes, el domicilio, entre otros, cuál funcionario que tiene jurisdicción ha de conocer en particular un determinado asunto. (…) En este orden de ideas, tal como se anotó atrás, el arbitraje comporta el ejercicio de función jurisdiccional por los árbitros, quienes administran justicia de manera transitoria y para efectos de la disputa sometida a su conocimiento, en virtud de la habilitación que mediante el pacto arbitral han realizado las partes, pues en este caso no es la ley sino las partes las que confieren la competencia a los árbitros para el conocimiento y decisión de determinados asuntos. Así, al hablar de competencia en materia arbitral es necesario hacer referencia al principio de habilitación o voluntariedad, en virtud del cual son las partes quienes en ejercicio de la autonomía dispositiva otorgan la competencia a un juez arbitral para resolver las controversias existentes o que surjan entre ellos. Como lo ha señalado la Sala, es desde esta perspectiva, vale decir, con fundamento en la habilitación constitucional y legal y la contenida en el pacto arbitral, que debe abordarse la causal que se analiza, pues constituye el marco de acción que delimita la competencia de los árbitros. A partir de lo anterior, frente a la causal de anulación prevista en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 y, particularmente a los supuestos que configuran la falta de jurisdicción y competencia, se concluye que el Tribunal Arbitral carecerá de jurisdicción cuando el asunto o materia que se somete a la decisión de los árbitros no es de aquellos que autorizan la Constitución Política de 1991 y la ley para ser resueltos por esta vía, mientras que no tendrá competencia cuando se pronuncie sobre algún asunto que por voluntad de las partes no se encontraba sometido a su decisión. Por último, respecto de la procedencia de esta causal, así como también de los supuestos previstos en los numerales 1 y 3, cabe recalcar que el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 dispone que el recurrente deberá hacer valer los motivos constitutivos de la causal mediante el recurso de reposición en contra del auto en el que Tribunal Arbitral asumió competencia, pues de lo contrario no podrán alegarse en sede de anulación. Adentrándonos en el examen de la causal alegada, la Sala advierte que aunque el extremo recurrente plantea la supuesta “falta de competencia” del Tribunal de Arbitramento, en realidad, insiste en el reproche consistente en señalar que el laudo censurado debió limitarse a tramitar la interpretación prejudicial obligatoria ante el TJCA y, acto seguido, incorporar la sentencia 371-IP-2017 del 8 de febrero de 2018 en sus fundamentos jurídicos, sin que resultara plausible pronunciarse y declarar la caducidad de la “acción”. Al efecto, es necesario reiterar una vez más, que el Panel Arbitral no debía acudir al ordenamiento jurídico andino para extraer los argumentos jurídicos que le permitieran analizar y declarar la caducidad de la “acción” (hoy medio de control), de suerte que, en virtud de lo considerado por el TJCA en la sentencia de interpretación prejudicial obligatoria 167-IP-2020 del 29 de agosto de 2023 (eje temático No. 4), el laudo censurado, en definitiva, no requería adoptar la sentencia 371-IP-2017 del 8 de febrero de 2018 (expedida por el Tribunal Andino) en sus fundamentos jurídicos. Con todo, no resulta cierto que el segundo Tribunal de Arbitraje no pudiera decidir respecto de la caducidad de la “acción”, puesto que en él recaía el deber de analizar este presupuesto procesal y, de encontrarlo probado, declararlo, como en efecto ocurrió, sin importar si la DIMAYOR lo hubiera alegado en el primer juicio arbitral o en el de anulación; esa figura procesal es de orden público, irrenunciable y, por lo mismo, se puede declarar de oficio. Finalmente, la Sala estima conveniente precisar que, derivado de las circunstancias particulares del caso, el requisito de procedibilidad para solicitar la anulación con fundamento en la causal 2ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 no resulta predicable en el sub lite, pues en efecto la declaratoria de caducidad de la “acción”, argumento en el que la parte convocante finca el cargo para alegar la falta de competencia, sobrevino con la expedición del laudo arbitral del 8 de noviembre de 2018. En consecuencia, una adecuada interpretación de la norma permite concluir que la exigencia antes referida devino con posterioridad a la audiencia en la que el nuevo Tribunal de Arbitramento se declaró competente para conocer del asunto. En ese orden de ideas, se colige que el segundo cargo de anulación expuesto por la parte convocante no prospera.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre jurisdicción y competencia, consultar el auto del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferido el 3 de agosto de 2006, exp. 32.499, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Sobre el principio de habilitación, consultar, la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 31 de octubre de 2016, exp. 57.422A, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre el marco de acción que delimita la competencia de los árbitros, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 13 de abril de 2016, exp. 54.405, C.P. Guillermo Sánchez Luque. Sobre la procedencia de las causales 1, 2 y 3 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 18 de diciembre de 2020, exp. 62.573, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 2, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 1, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 3
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / LAUDO ARBITRAL / FALLO EN EQUIDAD / FALLO EN DERECHO / CARACTERÍSTICAS DEL FALLO EN DERECHO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALLO EN CONCIENCIA / ARBITRAJE EN CONCIENCIA / INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA / INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA / NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA / INEXISTENCIA DEL FALLO EN CONCIENCIA / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / REGULACIÓN NORMATIVA / DERECHO INTERNO / INAPLICACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INFUNDADO / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL
Problema jurídico:
¿Resulta procedente declarar fundado el recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral, proferido el 8 de noviembre de 2018, por estar viciado con la causal de laudo en conciencia, según artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, al no adoptar la sentencia 371-IP-2017 del 8 de febrero de 2018 del TJCA en sus fundamentos jurídicos?
Respuesta al problema jurídico: No
[D]e conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 1563 de 2012, el laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje y puede ser en derecho, en equidad o técnico (…) si los árbitros resuelven la litis con base en el ordenamiento jurídico, fundado en el análisis y la valoración de las pruebas allegadas oportunamente al proceso, el pronunciamiento será en derecho. A su turno, el desacuerdo de las partes respecto a las consideraciones, interpretaciones y valoraciones efectuadas por el Tribunal de Arbitramento al proferir el laudo arbitral no configura un fallo en conciencia, ni configura la causal de anulación prevista en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, puesto que el recurso extraordinario de anulación no puede utilizarse como una instancia adicional para replantear el debate sobre el fondo del proceso. Así, le está vedado al juez de la anulación, por lo tanto, entrar a cuestionar, plantear o revivir el debate probatorio; tampoco le corresponde establecer si hubo o no un yerro en la interpretación o valoración de las pruebas que hizo el juez arbitral, ni pronunciarse sobre el alcance que les imprimió el panel arbitral a las obligaciones contenidas en el negocio jurídico o cualquier otro asunto que se refiera al fondo de la litis. Bajo el anterior contexto, se advierte que el tercer cargo de anulación debe ser desestimado, puesto que, tal y como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia 167-IP-2020 del 29 de agosto de 2023 (tema No. 4), los jueces nacionales (en este caso el Panel Arbitral) solo deben adoptar las sentencias de interpretación prejudicial obligatoria en sus decisiones cuando requieran “(...) establecer, crear o aplicar un criterio jurídico interpretativo de la norma andina (...)”. En la medida en que la declaratoria de la caducidad de la “acción” es un aspecto procesal que está regulado en normas de derecho interno y no en preceptos del ordenamiento jurídico andino, resulta claro que en el laudo arbitral censurado no era necesario incorporar la sentencia 371-IP-2017 del 8 de febrero de 2018, máxime si se tiene en cuenta que esa providencia del TJCA se diseñó y se dictó para resolver de fondo la disputa contractual entre las partes, aspecto frente al cual no existió pronunciamiento alguno en el laudo recurrido, como consecuencia, precisamente, del advenimiento del fenómeno preclusivo y su subsiguiente declaratoria. Aunado a lo anterior, es importante agregar que para declarar la caducidad de la “acción”, según se advierte, el Panel Arbitral acudió al examen de las previsiones contenidas en el literal j), numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en contraste con las pruebas allegadas al expediente, encontrándola configurada, de lo cual se desprende que la decisión se profirió en derecho. (…) la Sala observa que el Tribunal Arbitral realizó un examen ponderado de los motivos de hecho y de derecho por los cuales había lugar a declarar la caducidad de la “acción”, de ahí que el laudo censurado, en definitiva, sí se hubiese proferido en derecho y no en conciencia. En consecuencia, es dable concluir que el laudo arbitral impugnado no se profirió en conciencia, puesto que la falta de adopción de la sentencia 371-IP-2017 del 8 de febrero de 2018 en sus fundamentos jurídicos, está plenamente justificada, aspecto que, tal y como ha sido advertido a lo largo de esta providencia, encuentra respaldo en la sentencia 167-IP-2020 del 29 de agosto de 2023 del TJCA (tema No. 4), aunado al hecho de que la decisión de los árbitros fue proferida con fundamento en las normas internas vigentes, que regulan la caducidad de la “acción” (hoy medio de control). En tal virtud, este cargo de anulación invocado por el extremo convocante será desestimado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las diferencias entre el laudo en conciencia y el laudo en equidad, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 19 de julio de 2017, exp. 59.067, Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre la configuración de la causal de anulación prevista en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 5 de marzo de 2021, exp. 65.440, C.P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre la necesidad de invocar las normas para que el laudo pueda calificarse en derecho, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 7 de junio de 2007, exp. 32.896, Mauricio Fajardo Gómez; y, el 2 de mayo de 2016, exp. 55.307, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 7, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 1
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / INCONGRUENCIA EN EL LAUDO ARBITRAL / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FALLO ULTRA PETITA / FALLO CITRA PETITA / FACULTADES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRESUPUESTO PROCESAL / INAPLICACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INFUNDADO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente declarar fundado el recurso extraordinario de anulación del laudo proferido el 8 de noviembre de 2018, por estar viciado de la causal contenida en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, dado que el segundo Tribunal de Arbitramento, al declarar la caducidad de la acción, resolvió un aspecto no sujeto a su decisión?
Respuesta al problema jurídico: No
La causal de anulación del laudo arbitral prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 (…) responde a un estudio objetivo de la acepción externa del principio de congruencia (artículo 281 del CGP), consistente en la consonancia o coherencia correlativa que debe existir entre la providencia judicial y las pretensiones y hechos que se aducen en la demanda, así como las excepciones propuestas, sin entrar a evaluar los motivos de la decisión. De este modo, si se resuelven aspectos no pretendidos en la demanda se estaría dictando un fallo extra petita; si se condena más allá de lo pedido se trataría de una providencia ultra petita y si no se resuelven todas las pretensiones o las excepciones, la decisión sería infra o citra petita. (…) en lo que atañe al cuarto cargo de anulación alegado por el extremo convocante, advierte la Sala que el mismo tampoco está llamado a prosperar, dado que el Panel Arbitral, como quedo visto en esta providencia, estaba facultado para declarar la caducidad de la “acción” (hoy medio de control), inclusive al momento de dictar el laudo. En el presente caso, tal y como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia 167-IP-2020 del 29 de agosto de 2023 (...), no era menester que el Tribunal de Arbitramento entrara a examinar el fondo de la controversia y mucho menos que incorporara en su decisión la sentencia 371-IP2017 del 8 de febrero de 2018, pues encontró configurada caducidad de la “acción” como presupuesto procesal al interior de la controversia arbitral y así lo declaró. En este orden, la Sala concluye que el laudo impugnado no recayó sobre “aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros”, así como tampoco dejó de decidir “sobre cuestiones sujetas al arbitramento”, de suerte que este cargo deba ser desestimado. En conclusión, como no prosperaron las causales invocadas por la parte convocante, es consecuencia obligada declarar infundado el recurso de anulación y condenar en costas a las recurrentes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la acepción externa del principio de congruencia respecto de la causal prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 18 de diciembre de 2020, exp. 62.573, C.P. Nicolás Yepes Corrales; el 18 de diciembre de 2020, exp. 64.129, C.P. Nicolás Yepes Corrales; el 18 de diciembre de 2020, exp. 64270, C.P. Nicolás Yepes Corrales; el 19 de noviembre de 2020, exp. 65.854, C.P. Nicolás Yepes Corrales; el 5 de marzo de 2021, exp. 65.440, C.P. Nicolás Yepes Corrales; el 31 de octubre de 2016, exp. 59.949, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; y, el 27 de noviembre de 2017, exp. 59.913, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre las providencias ultra petita e infra petita, consultar, la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 5 de marzo de 2020, exp. 64.627A, C.P. María Adriana Marín. Sobre el principio de congruencia de las sentencias como uno de los orientadores de las decisiones judiciales, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 1 de marzo de 2006, exp.15.898, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Sobre la relatividad del examen del principio de congruencia, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de junio de 2002, exp. 20.634, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 9, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / COSTAS PROCESALES / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / EPM / AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / GESTIÓN DEL PROCESO / INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente imponer agencias en derecho a la parte recurrente, por haberse declarado infundado el recurso extraordinario de anulación que formuló?
Respuesta al problema jurídico: Si
Comoquiera que se declarará infundado el recurso de anulación interpuesto por (…) UNE EPM [y otro], ha de señalarse que tiene aplicación lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 (…) Para ello, dado que no aparecen acreditadas expensas o gastos que se hubieren efectuado con ocasión del recurso extraordinario de anulación interpuesto, solo habrá lugar al pago de las agencias en derecho, las cuales se entienden causadas en razón de la naturaleza y calidad del proceso, así como también de la actuación desplegada por la parte favorecida, que para el caso concreto se fijan en quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente providencia a favor de la (…) [convocada], suma que (…) [las convocantes] deberán pagar por partes iguales. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, vigente para el momento en que se efectuó la convocatoria para el segundo tramite arbitral, el cual determina que tratándose del recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales la tarifa de agencias en derecho será de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. A su vez, ha de señalarse que el segundo inciso del artículo 42 ibidem consagra que en la sentencia deben liquidarse “las condenas y costas a que hubiere lugar”. Por consiguiente, como el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2025 es de $1’423.500, las agencias en derecho en este caso se liquidarán en la suma de veintiún millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos pesos ($21’352.500) a favor de la (…) [convocada].
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 43, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 42
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / REMISIÓN DE LA COPIA DEL FALLO / TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL / CONSULTA OBLIGATORIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / REGULACIÓN NORMATIVA / ORDENAMIENTO JURÍDICO ANDINO / DERECHO COMUNITARIO ANDINO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente enviar la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dado que en este juicio de anulación se solicitó la interpretación prejudicial obligatoria ante dicho estamento judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como en este juicio de anulación se solicitó la interpretación prejudicial obligatoria ante el TJCA, la cual fue plasmada en la sentencia 167-IP-2020 del 29 de agosto de 2023, esta Corporación, en cumplimiento del deber previsto en el último inciso del artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina, enviará esta providencia judicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para lo de su competencia.
FUENTE FORMAL:
DECISIÓN 500 DE 2001 - ARTÍCULO 128