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clave: "consejo_estado:providencia:05001233300020140100702-66170-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: ha de aclararse que la competencia de los jueces contencioso administrativos y la de los árbitros son excluyentes"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-09-17"
radicado: "05001233300020140100702"
numero: "66170"
ponente: "ADRIANA POLIDURA CASTILLO"
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# Consejo de Estado: ha de aclararse que la competencia de los jueces contencioso administrativos y la de los árbitros son excluyentes

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-09-17
- **Radicado:** 05001233300020140100702
- **Número interno:** 66170
- **Ponente:** ADRIANA POLIDURA CASTILLO
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** NACION - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
- **Demandado:** DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020140100702-66170-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233300020140100702/7099698FCE83C790F56737F1D56D5C40E24B96D36AB9A3FBFA1B09A8C512B78F/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201401007021100103

## Problema jurídico

¿Al verificar una cláusula que se dice compromisoria, de cuya estipulación no se desprende de forma clara e inequívoca la voluntad de las partes de someter sus controversias al arbitraje, se desprende la jurisdicción y competencia del Consejo de Estado para conocer el presente asunto?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Ante la ausencia de un pacto expreso e inequívoco, en el sentido de pactar la facultad de liquidar de manera unilateral el Convenio Interadministrativo…
- ¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos del convenio interadministrativo que no fueron objeto de la demanda inicial, ni sustentados adecuadamente en la apelación…
- ¿Los convenios interadministrativos se rigen por sus propias estipulaciones y son exceptuados de la Ley 80 de 1993?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1285 de 2009, art. 3
- Ley 1437 de 2011, arts. 104, 141 y 150
- Ley 1563 de 2012, art. 3

## Extracto

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer el presente asunto, dado que el convenio interadministrativo No. 109 de 2008, cuya liquidación judicial se pretende, fue suscrito por dos entidades públicas, a saber: la Nación Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) y el departamento de Antioquia.

## Síntesis temática

El contratista no puede someter a arbitraje las controversias derivadas de un convenio interadministrativo cuando la cláusula compromisoria no expresa claramente la voluntad de las partes de someter sus diferencias a este mecanismo, ya que la competencia de los árbitros surge del acuerdo de voluntades de las partes y la estipulación debe manifestar explícitamente la intención de someter las disputas al arbitraje. En este caso, la cláusula en cuestión no contiene una clara disposición sobre el arbitraje, sino que contempla diversos mecanismos alternativos de solución de controversias, incluyendo la conciliación y la amigable composición, y reafirma la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver las controversias derivadas del convenio. Por lo tanto, el Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto en relación con la liquidación judicial del convenio interadministrativo, lo que implica que las partes deben acudir a la justicia ordinaria en lugar de al arbitraje para resolver sus diferencias.

## Descriptores temáticos

ACUERDO DE VOLUNTADES, PRINCIPIO DE HABILITACIÓN, ÁRBITRO, COMPETENCIA DEL ÁRBITRO, ARBITRAJE, FALLO EN EQUIDAD, DECISIÓN EN EQUIDAD EN LAUDO ARBITRAL, ARBITRAJE EN EQUIDAD, CONCILIADOR, NEGOCIO JURÍDICO, CLÁUSULA COMPROMISORIA, PACTO ARBITRAL, LAUDO, VICIOS DEL CONSENTIMIENTO, CONTRATO, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CONSENTIMIENTO, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, COMPETENCIA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, INEXISTENCIA DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, RECURSO DE APELACIÓN, DOBLE INSTANCIA, PRETENSIÓN PRINCIPAL, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL, PLAZO, MUTUO CONSENTIMIENTO, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA DEL JUEZ ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, IMPUESTO DE REGISTRO, INTERÉS MORATORIO, RECURSO DE APELACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA, INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, SALDOS A FAVOR, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, TRANSFERENCIA DEL DOMINIO, PREDIO, CONVENIO DE COOPERACIÓN, CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CLASES DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO, TITULACIÓN DE PREDIO, IMPUESTO DEPARTAMENTAL, OBLIGACIONES DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN, OBJETO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN, FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN, REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, APELANTE ÚNICO, CONDUCENCIA DE LA PRUEBA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, REFORMATIO IN PEJUS, SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, PRUEBA DOCUMENTAL, PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS, CARGA DE LA PRUEBA, EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, BIEN FISCAL, TRANSFERENCIA DEL BIEN FISCAL, TRÁMITE INCIDENTAL DE LA ADICIÓN DEL AUTO QUE ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES, LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES, SEGUNDA INSTANCIA

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## Texto del documento

ACUERDO DE VOLUNTADES / PRINCIPIO DE HABILITACIÓN / ÁRBITRO / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / ARBITRAJE / FALLO EN EQUIDAD / DECISIÓN EN EQUIDAD EN LAUDO ARBITRAL / ARBITRAJE EN EQUIDAD / CONCILIADOR / NEGOCIO JURÍDICO / CLÁUSULA COMPROMISORIA / PACTO ARBITRAL / LAUDO / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / CONTRATO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONSENTIMIENTO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA
Problema jurídico:
¿Al verificar una cláusula que se dice compromisoria, de cuya estipulación no se desprende de forma clara e inequívoca la voluntad de las partes de someter sus controversias al arbitraje, se desprende la jurisdicción y competencia del Consejo de Estado para conocer el presente asunto?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer el presente asunto, dado que el convenio interadministrativo No. 109 de 2008, cuya liquidación judicial se pretende, fue suscrito por dos entidades públicas, a saber: la Nación Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) y el departamento de Antioquia. Es pertinente señalar que, durante el trámite del proceso, tuvo lugar una discusión en torno al presupuesto procesal de la jurisdicción. (…) Sobre el particular, debe comenzar por resaltarse que, en virtud del reconocimiento constitucional de la voluntad de las partes de sustraerse a la justicia ordinaria y someter la resolución de sus disputas al conocimiento de los árbitros, estos ejercen función jurisdiccional, administrando justicia de manera transitoria para efectos de solucionar la disputa sometida a su conocimiento. Es así como, de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Política, los árbitros, con sujeción al principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, en concordancia con el artículo 3 de la Ley 1285 de 2009, por medio de la cual se reformó la Ley 270 de 1996. (…) La justicia arbitral se rige, entonces, por el principio de voluntariedad o libre habilitación, toda vez que la competencia de los árbitros para impartir justicia surge del acuerdo de voluntades de las partes en el sentido de sustraer la resolución de sus controversias del conocimiento de los jueces institucionales o permanentes y habilitar a los árbitros para decidir sus diferencias. Así las cosas, la fuente primordial del arbitraje es el negocio jurídico, denominado pacto arbitral (compromiso o cláusula compromisoria), por medio del cual las partes de manera consciente y voluntaria acuerdan habilitar la competencia de los árbitros para resolver las diferencias existentes o eventuales entre ellas, y se obligan a someter sus disputas a la decisión de árbitros investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, para proferir un laudo que tiene la misma categoría jurídica y los mismos efectos de la sentencia judicial. Ahora bien, como negocio jurídico que es, el pacto arbitral se rige por las normas que gobiernan la formación, efectos e interpretación de los acuerdos de voluntades, entre las que se destaca, para los efectos que aquí interesan, el artículo 1502, numeral 2, del Código Civil. (…) En virtud de lo anterior, es elemento esencial de la cláusula arbitral la manifestación de voluntad de someter sus diferencias al arbitraje, intención que no emerge con nitidez de la estipulación convenida en el contrato. Así se aprecia, sin lugar a duda, del tenor de la cláusula decimoquinta del convenio interadministrativo que dio origen al presente proceso, invocada por el demandado para alegar la falta de jurisdicción que propuso como excepción. (…) Como se observa, las partes se limitaron a contemplar diversos mecanismos alternativos de solución de controversias a los que podrían acudir en caso de que no lograran resolver sus diferencias de manera directa, tanto autocompositivos como heterocompositivos, incluyendo la conciliación, la amigable composición y la transacción, sin contemplar expresamente el arbitraje. A lo anterior se agrega que en el convenio interadministrativo las partes previeron, como uno de los mecanismos de solución de conflictos a los que podrían acudir, el de “controversias contractuales”, que corresponde a una de las acciones o medios de control previstos tanto en el Código Contencioso Administrativo (CCA) como en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De este modo, ha de señalarse que las partes, con su pacto en ese sentido, reafirmaron que a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le correspondía conocer de las controversias derivadas de la ejecución convencional. Ha de aclararse, además, que la competencia de los jueces contencioso administrativos y la de los árbitros son excluyentes, pues la habilitación de estos últimos implica necesariamente sustraer el conflicto del conocimiento de los jueces permanentes. Así las cosas, vista la estipulación citada, para la Sala no se desprende de lo allí pactado la voluntad clara e inequívoca de las partes de acudir al arbitraje para la resolución de las diferencias emanadas del convenio celebrado, elemento esencial del pacto arbitral, de conformidad del artículo 3 de la Ley 1563 de 2012. Por lo anterior, esta Sala de Subsección reitera que a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento de la controversia sub examine. A su turno, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a las funciones jurisdiccionales de los árbitros, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 7 de marzo de 2012, exp. 18013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 116, LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 3, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, 141, 150, 152, 164, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 3, LEY 270 DE 1996 INCISO 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1502 NUMERAL 2
COMPETENCIA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN / DOBLE INSTANCIA / PRETENSIÓN PRINCIPAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO / MUTUO CONSENTIMIENTO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Ante la ausencia de un pacto expreso e inequívoco, en el sentido de pactar la facultad de liquidar de manera unilateral el Convenio Interadministrativo, el cómputo de la caducidad de medio de control es de 4 meses, por lo que en este caso la demanda se presentó de forma oportuna?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demanda se presentó en tiempo, de conformidad con lo previsto en el apartado v del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. Para el efecto, ha de señalarse que, si bien el plazo de ejecución del convenio fue previsto inicialmente en su cláusula segunda hasta el 31 de diciembre de 2008, este fue prorrogado por medio de las modificaciones No. 1, 2, 3, y 4, así como del otrosí No. 6, luego de los cuales el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre de 2011. (…) A partir de lo estipulado, se observa que las partes pactaron un plazo para la liquidación bilateral o de mutuo acuerdo, equivalente a los 4 meses siguientes a su terminación, a la vez que, en lo que respecta a la liquidación unilateral, tan solo hicieron alusión al Estatuto de Contratación de la Administración Pública y, concretamente, a la Ley 1150 de 2007. Sobre el particular, esta Subsección destaca que, si bien resulta válido que en los convenios interadministrativos las partes acuerden que, ante la falta de liquidación bilateral, una de ellas puede proceder a liquidarlo unilateralmente, lo cierto es que dicha posibilidad debe pactarse expresamente y con claridad, de tal manera que pueda emanar, sin equívocos, el ejercicio de esa facultad unilateral. De ahí que con la sola mención abstracta a la Ley 1150 de 2007, como se hizo en la cláusula decimoprimera del convenio objeto de examen, no es posible entender que las partes hubiesen pactado la facultad de liquidar de manera unilateral el convenio en cuestión, reflejándose, por el contrario, una ausencia de pacto expreso e inequívoco en ese sentido. Lo anterior, además, encuentra sustento porque, como se desarrollará en el acápite 4.1 de las consideraciones de esta providencia, los convenios interadministrativos se rigen por sus propias estipulaciones y, por ende, las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no le son aplicables de forma automática, de ahí que, en este caso, resulte inane la mención genérica que a la Ley 1150 de 2007 se hizo en la referida cláusula. En casos como el que ahora examina la Subsección, se ha establecido que, ante la falta de acuerdo expreso y claro en los convenios interadministrativos sobre esta unilateralidad, no puede tenerse en cuenta el plazo legal de 2 meses para la liquidación unilateral para efectos del cómputo de la caducidad. (…) Hechas estas precisiones, en el sentido de que para el cómputo de caducidad en este caso no es posible tener en cuenta los 2 meses de la liquidación unilateral, se señala que los 4 meses pactados para la liquidación bilateral corrieron a partir del 1° de enero y hasta el 1° de mayo de 2012 teniendo en cuenta que el plazo del convenio se extendió hasta el 31 de diciembre de 2011. En ese sentido, los 2 años que establece el artículo 164 del CPACA para la presentación oportuna de la demanda vencían el 2 de mayo de 2014; no obstante, con la solicitud de conciliación extrajudicial, presentada el 25 de abril de 2014, se suspendió el término de caducidad faltando 7 días para que operara ese fenómeno procesal. Ahora, como la constancia de no conciliación, a partir de la cual se reanudó el término de caducidad, fue expedida el 10 de junio de 2014 fecha esta última en que la actora interpuso su demanda, se concluye que el medio de control de controversias contractuales se ejerció oportunamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación unilateral del Contrato Estatal ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2017, exp. 55836, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre el cómputo de la caducidad del medio de control de controversias contractuales y la liquidación del convenio, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2025, exp. 71018. C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 3571 DE 2011 - ARTÍCULO 31, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150 , LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 INCISO 2
JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / IMPUESTO DE REGISTRO / INTERÉS MORATORIO / RECURSO DE APELACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / SALDOS A FAVOR / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / NEGOCIO JURÍDICO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos del convenio interadministrativo que no fueron objeto de la demanda inicial, ni sustentados adecuadamente en la apelación, como el incumplimiento del Convenio por parte del departamento?
Respuesta al problema jurídico: No
Resulta oportuno advertir que en la apelación la actora mencionó un incumplimiento del convenio por parte del departamento. No obstante, esta Sala no encuentra procedente emitir pronunciamiento de fondo sobre dicho cargo que, por cierto, no fue sustentado, pues acorde con lo pretendido en la demanda, esta tiene por objeto la liquidación del negocio jurídico y el reconocimiento de un saldo a favor del Ministerio como resultado de aquella, de acuerdo con la cantidad de resoluciones y los valores que al efecto la parte actora estima aplicables, frente a lo c

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

registro. En el caso sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley 223 de 2005, el sujeto pasivo sería, en sentido estricto, el particular beneficiario del acto administrativo de transferencia de dominio del bien fiscal; sin embargo, considerando que a través del convenio interadministrativo No. 109 de 2008 el Ministerio se comprometió, justamente, a asumir el valor del impuesto de registro que se causara por el hecho de registrar los actos administrativos ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, tal entidad se obligó, igualmente, a cancelar el valor correspondiente a la liquidación y sistematización del impuesto, establecido por medio de la Ordenanza No. 33 del 14 de diciembre de 2005. Lo anterior, en el sentido de que el Ministerio es el que debe asumir el costo de la liquidación y sistematización del impuesto de registro, encuentra razón de ser en una interpretación sistemática y coherente de las cláusulas del convenio interadministrativo, que atiende, además, a la finalidad para la cual fue suscrito dicho acuerdo convencional, propendiendo por garantizar el derecho a una vivienda digna a personas de escasos recursos, frente a las cuales debía financiársele los gastos de anotación anotación y registro, entre ellos, el pago que debía efectuarse a los departamentos por concepto de impuesto de registro, en el marco del programa de titulación masiva adelantado por el Gobierno Nacional. En efecto, ni las cláusulas primera y cuarta del convenio interadministrativo indicaron que los recursos desembolsados por el Ministerio estuvieran destinados a cubrir solamente el valor del propio impuesto de registro, pues de su lectura se extrae que con esos recursos se asumían los costos que resultaran “atribuibles” al impuesto de registro cláusula cuarta. De este modo, ha de entenderse que los costos atribuibles al impuesto de registro se refieren a aquellos que, por su naturaleza, son susceptibles de aplicarse o asignarse a dicho impuesto; en otras palabras, se trata aquellos costos asociados directamente al pago del impuesto de registro en el departamento de Antioquia, entre los cuales habría que considerar el valor de la liquidación y sistematización de este tributo, según fue establecido en la ordenanza No. 33 de 2005, vigente para el momento en que se suscribió el convenio interadministrativo No. 109 19 de diciembre de 2008. Por su parte, la cláusula octava del acuerdo convencional definió las obligaciones del Ministerio, entre las cuales incluyó la siguiente: “8.4. Pagar al DEPARTAMENTO, una vez verificadas las liquidaciones emitidas por la Secretaría Departamental de Hacienda, los valores correspondientes al impuesto de registro de los actos administrativos de transferencia”. Esta estipulación debe interpretarse sistemáticamente con la cláusula cuarta, de ahí que la obligación de pago del Ministerio al departamento de Antioquia, que para cumplirse debía seguir el trámite establecido en la cláusula cuarta, comprendía “los valores correspondientes al impuesto de registro de los actos administrativos de transferencia”, incluyendo, por consiguiente, los costos de liquidación y sistematización de ese tributo, en beneficio de los particulares de escasos recursos a los cuales se les transfirió predio. En este orden de ideas, atendiendo al clausulado del convenio y a que aquel se suscribió para garantizar el acceso de vivienda digna a personas de escasos recursos, en el marco de un programa de titulación masiva de predios, debe entenderse que, con lo pactado por las partes de la relación convencional, los recursos desembolsados por el Ministerio al departamento no solamente cubrían el impuesto de registro de los actos administrativos de transferencia sino también los demás costos atribuibles a ese impuesto, como lo son gastos de liquidación y sistematización, lo cuales, por supuesto, también debía asumir el Ministerio. Y es que no tendría sentido que los beneficiarios de los actos administrativos de transferencia de dominio de los bienes fiscales asumieran esos costos de liquidación y sistematización del impuesto de registro, pues, justamente, el convenio se suscribió con el propósito de financiar todos los costos atribuibles o que se desprendieran de ese tributo, dados los escasos recursos de las beneficiarias. Así las cosas, contrario a lo alegado en el recurso de apelación, la Sala concluye que al Ministerio le corresponde asumir los costos de liquidación y sistematización del impuesto de registro, y así fue fijado en los parámetros que dispuso el a quo para efectos de la liquidación que en abstracto se previó para el convenio. Por las razones anotadas, esta Sala de Subsección modificará la sentencia de primera instancia, que liquidó en abstracto el convenio interadministrativo No. 109 de 2008, precisando unos parámetros que debía seguir el interesado en el trámite vía incidental.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 223 DE 1995 - ARTÍCULO 226, 231, LEY 223 DE 2005 - ARTÍCULO 227
PACTO ARBITRAL / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Puede el Consejo de Estado en segunda instancia condenar en costas, cuando la demanda obtiene un resultado parcialmente favorable?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su turno, los artículos 365 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contencioso administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA, establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de alzada, siempre que se demuestre en el expediente su causación; y su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la Secretaría del a quo, correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, de acuerdo con las tarifas señaladas por el Consejo Superior de la Judicatura, y atendiendo a la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también la actuación desplegada por la parte vencedora. Ahora bien, según el numeral 5° del artículo 365 del CGP “en caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión” Bajo este entendido, la Sala no condenará en costas en segunda instancia a la parte demandante, considerando que la demanda prosperó parcialmente, en tanto se accedió a la pretensión liquidación del convenio en cuestión, aun cuando no se liquidó en la suma concreta solicitada por la parte actora.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, 366, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 INCISO 5

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-09-17. C.P. ADRIANA POLIDURA CASTILLO. Rad. 05001233300020140100702. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020140100702-66170-sentencia).
