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Consejo de Estado Providencia

Acción de repetición: Sentencia

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Fecha
2023-10-04
Radicado
05001233100020110197701
Número interno
64052
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL - ANTIOQUIA
Demandado
FERNANDO LEON MEDINA MONSALVE, SANTIAGO HERNAN TAMAYO TAMAYO

Síntesis de la providencia

Acción de repetición: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

En la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad, mientras que los hechos anteriores siguen rigiéndose por la normativa previa. Cuando el hecho dañoso es posterior a la vigencia de la ley, esta rige la valoración del dolo o de la culpa grave del agente, y no las nociones generales del régimen anterior. La primera razón es la irretroactividad como regla general del ordenamiento. La segunda es la excepción de efectos retroactivos, que opera de manera limitada y no desplaza la regla. La tercera es que la aplicación temporal depende de la fecha de los hechos que originaron la condena y no de la fecha de la sentencia. La providencia confirma la decisión y reitera esta jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe fijar primero la fecha de la conducta del agente para determinar el régimen probatorio aplicable, y verificar si la norma de 2001 resulta aplicable antes de formular la presunción de dolo o culpa grave.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 678 de 2001, art. 2
  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿La culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran…
  • ¿Cuenta con valor probatorio la prueba testimonial trasladada, cuando se observa que contó con la participación de la parte contra quien se aduce?
  • ¿Cuentan con valor probatorio los dictámenes periciales trasladados, cuando se observa que no contaron con la audiencia del hoy demandado al no ser parte en ese trámite procesal y que tampoco fueron…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD CULPA CULPA GRAVE CONCEPTO DE CULPA GRAVE VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA TRASLADO DE LA PRUEBA PRUEBA TRASLADADA CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA NORMATIVA DE LA PRUEBA TRASLADADA PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA TESTIMONIO VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO PRUEBA TESTIMONIAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA DICTAMEN PERICIAL PRUEBA PERICIAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL FORMA DE RENDIR EL DICTAMEN PERICIAL PROCEDENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL PROCEDENCIA DEL DICTAMEN PERICIAL MÉDICO ESPECIALISTA MÉDICO CONCEPTO MÉDICO APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO EFICACIA DEL TESTIMONIO VALORACIÓN DEL TESTIMONIO EFICACIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL CONCEPTO DEL MÉDICO TRATANTE PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO PACIENTE MUERTE DEL PACIENTE ATENCIÓN AL PACIENTE TRATAMIENTO DEL PACIENTE INDEBIDA ATENCIÓN AL PACIENTE OMISIÓN DE TRATAMIENTO DEL PACIENTE IMPROCEDENCIA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE FALLA MÉDICA FALLA DEL SERVICIO MÉDICO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ESTATAL INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE FALTA DE PRUEBA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN A LAS COSTAS PROCESALES EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES ACTUACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO ACTUACIÓN EN EL PROCESO PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL

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Titulación de la relatoría 24.609 caracteres

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ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD Problema jurídico: ¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001? Respuesta al problema jurídico: No Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, “sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2° de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”. Por ende, como en este caso los hechos que dieron lugar a la condena en contra de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Yarumal se produjeron el 9 de marzo de 1994, con la muerte (...), es claro que la Ley 678 de 2001 no resulta aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la normativa aplicable en los procesos de repetición, consultar providencias de 8 de mano de 2007, Exp. 30330, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 18 de junio de 2018, Exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 124, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 CULPA / CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿La culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran; y la culpa grave, a su vez, implica un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño? Respuesta al problema jurídico: Si En los términos del (...) artículo 63 del Código Civil, la culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran. Con el juicio sobre la culpa se imputa así la obligación de reparar un daño previsto o que, siendo previsible, confió imprudentemente en su capacidad de evitarlo, teniendo en cuenta que el ejercicio de una función o servicio público implica unos deberes expresamente establecidos en la ley o el reglamento —derivados de las funciones detalladamente definidos en estos— que el funcionario o servidor se ha comprometido a cumplir. En consecuencia, este no podrá excusar su responsabilidad arguyendo la ignorancia de los conocimientos necesarios para su ejercicio, ya que ello lo colocaría en una culpa inicial. La culpa grave, a su vez, al tenor del referido artículo 63 del Código Civil, implica un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la noción de culpa, consultar providencias de 26 de febrero de 2015, Exp. 32207, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz (E); de 30 de agosto de 2017, Exp. 45295, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E); de 01 de octubre de 2018, Exp. 46328, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 29 de noviembre de 2019, Exp. 43056, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y de 7 de septiembre de 2020, Exp. 49069, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63 TRASLADO DE LA PRUEBA / PRUEBA TRASLADADA / CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA / ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / NORMATIVA DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / TESTIMONIO / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO / PRUEBA TESTIMONIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL Problema jurídico: ¿Cuenta con valor probatorio la prueba testimonial trasladada, cuando se observa que contó con la participación de la parte contra quien se aduce? Respuesta al problema jurídico: Si [V]iene oportuno precisar que de acuerdo con la jurisprudencia unificada de la Sección, la prueba trasladada de un proceso primigenio resulta apreciable siempre que cumplan las formalidades previstas en la norma procesal general aplicable al proceso contencioso por remisión expresa de las normas de procedimiento administrativo, en este caso, lo previsto en el artículo 185 del CPC, esto es, que “se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”. En este caso, la prueba testimonial (...) contó con la participación de la parte contra quien se aduce, pues está acreditado que el hoy demandado compareció al proceso de reparación directa a rendir testimonio sobre los actos médicos que realizó en la atención post parto que causó el hecho dañoso objeto de la sentencia condenatoria, motivo por el que resulta apreciable en este contencioso. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 185 TRASLADO DE LA PRUEBA / PRUEBA TRASLADADA / NORMATIVA DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Cuentan con valor probatorio los dictámenes periciales trasladados, cuando se observa que no contaron con la audiencia del hoy demandado al no ser parte en ese trámite procesal y que tampoco fueron solicitados por ambas partes? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala considera que los dictámenes periciales aportados con el proceso de reparación directa no son apreciables en este contencioso porque su práctica no contó con la “audiencia” del hoy demandado al no ser parte en ese trámite procesal. Tampoco es apreciable en el escenario expuesto en la jurisprudencia unificada de la Sala, (...) porque el medio procesal practicado en el proceso primigenio no fue solicitado por las partes que intervienen en este trámite procesal. Dicha consideración se sustenta en el hecho de que la apreciación es posible sin más formalidad, aun cuando en el proceso original se hubiere practicado sin citación de la parte contra la que se pretende hacer valer, cuando la solicitud es presentada por ambas, pues ello denota que la conocen y están de acuerdo con que sea valorada por el juez. Además, sería contrario al principio de lealtad procesal que la parte solicitante invoque las formalidades legales para restar validez a su admisión en el evento de que la apreciación resulte desfavorable a sus intereses. NOTA DE RELATORÍA: En referencia al valor probatorio de la prueba trasladada, consultar providencias de 30 de noviembre de 2000, Exp. 13329, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 4 de abril de 2011, Exp. 17371, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 8 de febrero de 2012, Exp. 21521, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 11 de septiembre de 2013, Exp. 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth; y de 11 de junio de 2015, Exp. 28319, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA PERICIAL / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / FORMA DE RENDIR EL DICTAMEN PERICIAL / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / PROCEDENCIA DEL DICTAMEN PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / MÉDICO ESPECIALISTA / MÉDICO / CONCEPTO MÉDICO Problema jurídico: ¿Cuenta con valor probatorio el dictamen pericial aportado en este contencioso por el demandado, rendido por la médica cirujana especialista en Ginecología y Obstetricia? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l dictamen pericial aportado en este contencioso por el demandado (...), es susceptible de valoración porque el a quo dispuso su incorporación en el auto de pruebas conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 1395 de 2010 y surtió el trámite de contradicción con el traslado de tres días concedido en dicha providencia; término que corrió sin que la parte contra la que se aduce solicitara audiencia para interrogar al perito. (...) [E]l dictamen rendido por la doctora (...) es claro, exhaustivo y sus fundamentos son claros y precisos. Esto es así porque, primero, fundamenta sus conclusiones en fuentes empíricas indirectas sólidas, por cuanto se basó en la historia clínica de la señora (...), la cual contiene el registro y evolución de las condiciones de salud de la paciente, consignadas de forma diáfana y clara, según lo previsto en los artículos 34 y 36 de la Ley 23 de 1981. En segundo lugar, este dictamen muestra un margen de error propio de los juicios científicos, que se exhibe de forma transparente con las conclusiones a las que llega, por cuanto indica que no es posible determinar el manejo que “requería la señora […] pues esto depende del grado de injuria y el compromiso uterino”, respecto del cual “[…] no se cuenta con información sobre la necropsia si la hubo o no, y no depende de [dicha] servidora definir si solo por la paridad, era el procedimiento a realizar”. En tercer lugar, se encuentra acreditada la idoneidad de la profesional que rindió la experticia, quien es médico cirujana de la Universidad de Antioquia, especialista en Ginecología y Obstetricia de la universidad CES de Medellín; patrón institucional a partir del cual se infiere el rigor científico de su juicio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la eficacia probatoria del dictamen pericial, consultar providencias de 14 de diciembre de 2022, Exp. 68201, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y de la Corte Suprema de justicia, de 7 de septiembre de 2020, Exp. 11001-31-10-019-2011-00622-02, SC3249-2020. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 23 DE 1981 - ARTÍCULO 36, LEY 1395 DE 2010 - ARTÍCULO 116, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 176, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 232, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 241, LEY 23 DE 1981 - ARTÍCULO 34 TESTIMONIO / APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO / EFICACIA DEL TESTIMONIO / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO / VALORACIÓN DEL TESTIMONIO / PRUEBA TESTIMONIAL / EFICACIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / MÉDICO / CONCEPTO DEL MÉDICO TRATANTE / CONCEPTO MÉDICO Problema jurídico: ¿Cuenta con valor probatorio el testimonio de uno de los médicos que trató a la paciente, cuando se observa que cuenta con conocimientos técnicos en medicina y que tuvo conocimiento directo de los hechos al haber atendido a la paciente? Respuesta al problema jurídico: Si Frente a la eficacia probatoria del testimonio rendido por el médico (...), es del caso precisar: (i) que en la solicitud del medio de prueba presentada por la parte demandada se indicó que lo pretendido era que el testigo informara sobre la atención médica que él y (...) le brindaron a la paciente “y demás aspectos técnicos relacionados”; (ii) que su trabajo como médico en el hospital San Juan de Dios de Yarumal le permitía conocer el hecho de manera directa, más aún si se tiene en cuenta que en su relato afirmó haber atendido a la paciente; (iii) que si bien el artículo 220 del CGP, aplicado en la práctica de la prueba, prevé que se “rechazarán las preguntas que tiendan a provocar conceptos del declarante que no sean necesarios para precisar o aclarar sus percepciones, en este caso aplica la regla de excepción establecida en dicha norma, porque se trata “de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia”. En ese escenario, el médico (...) se encontraban habilitado para emitir opiniones especializadas en las respuestas al interrogatorio por sus conocimientos técnicos en medicina y porque tuvo conocimiento directo de los hechos al haber atendido a la paciente. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 220 ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PACIENTE / MUERTE DEL PACIENTE / ATENCIÓN AL PACIENTE / TRATAMIENTO DEL PACIENTE / INDEBIDA ATENCIÓN AL PACIENTE / OMISIÓN DE TRATAMIENTO DEL PACIENTE / IMPROCEDENCIA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE / FALLA MÉDICA / FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ESTATAL / MÉDICO / CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Se configuró la culpa grave del médico y representante legal demandados en repetición, por la muerte de una paciente ocasionada, según la demanda, por no contar con los especialistas requeridos para el nivel en el que se encontraba la ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal, al prestar atención tardía y negligente a la paciente y, por retrasar su remisión a un centro hospitalario con mayores capacidades? Respuesta al problema jurídico: No Mediante sentencia del 23 de octubre de 2007, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la responsabilidad del Hospital San Juan de Dios de Yarumal E.S.E. por la muerte de la señora (...), ocurrida el 9 de marzo de 1994, por fallas en la prestación del servicio médico. Condenó a la entidad a pagar los perjuicios morales y materiales causados al núcleo familiar del occiso ($1.068’495.195), monto que pretende le sea reintegrado por parte [del] (...) médico tratante y representante legal de la entidad demandante, respectivamente, para el momento de los hechos. (...) [L]a sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no equivale automáticamente al dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial del Estado no ata al juez de la repetición, el cual debe centrarse en un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, bajo las pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron las pruebas allegadas al proceso de reparación. En este sentido se pronunció la Corte Constitucional en reciente sentencia de unificación, en la que puso de presente la existencia de unos presupuestos constitucionales de la responsabilidad del funcionario, que, en lo atinente al elemento subjetivo, implica que su actuación, conforme a la normatividad vigente para la época en que se presentó el daño antijurídico. En este juicio, agregó, resulta oportuno establecer: (i) si la actuación está directamente relacionada con el daño que motivó la condena judicial objeto de la pretensión de reembolso, (ii) si el comportamiento fue determinante en la ocurrencia de esa afectación, teniendo en cuenta las funciones contempladas en la ley y el grado de diligencia atribuible al servidor público en razón de los requisitos del cargo, la jerarquía o la retribución económica recibida y, (iii) cuál fue el grado de participación del agente. (…) [L]a Sala observa que la atribución de responsabilidad patrimonial a los demandados se cimentó en la conducta gravemente (...) [culposa] en la que presuntamente incurrieron el médico (…) durante la atención post parto requerida por la señora (…) en la ESE Hospital San Juan de Dios del municipio de Yarumal, horas después del parto en casa atendido por la madre de la paciente y el doctor (…), porque “como representante legal de la institución omitió la obligación de contar con el personal médico adecuado y especializado para prestar una efectiva atención”. (...) [C]on fundamento en el material probatorio (...), para la Sala es claro que en el presente asunto no existen elementos de juicio que permitan establecer la responsabilidad de los demandados en los hechos por los cuales resultó condenado el hospital demandante y por el cual se reclama en el presente asunto. En efecto, no obra prueba en el expediente con la cual se pueda configurar la culpa grave que se le endilga a los demandados, pues, por el contrario, con las pruebas susceptibles de valoración resulta claro que el médico (...), al evaluar por primera vez a la paciente a las 22:45 del 8 de marzo de 1994, se enteró por ella de la maniobra —Kristeller— empleada durante el parto en casa atendido por la madre de la gestante y realizó las actuaciones que se esperaban de un médico en una situación análoga al observarla estable. Ahora, se encuentra demostrado que el médico demandado ordena la remisión de la paciente a un hospital de mayor nivel de atención por la desmejora de la paciente presentada a las 00:15 del día siguiente, “ante la sospecha de ruptura de útero”. La sucesión de hechos referida denota la actuación oportuna del médico, pues su comportamiento en ese lapso se adecuó a lo esperado según la lex artis y no revela descuido o negligencia. Para la Sala es claro que la remisión de la paciente se hizo de forma inmediata, una vez el médico (...) tuvo conocimiento del riesgo que afrontaba la paciente, pues esta omitió informar desde el momento de su ingreso la maniobra de Kristeller que le fue practicada, la cual, por demás, es riesgosa y peligrosa, lo cual disminuyó “[…] las posibilidades de dar un diagnóstico certero y oportuno”, como se indicó en el dictamen pericial rendido en este proceso. (...) Cabe agregar que tampoco se configuró una conducta gravemente culposa del demandado (...), pues su condición, como representante legal de la E.S.E. demandante para el momento de los hechos, no es suficiente para concluir que no contrató a los “especialistas requeridos” para el nivel de complejidad en el que se encontraba dicha entidad, máxime cuando no se tiene certeza —siquiera— de cuál era el personal idóneo requerido por dicho centro hospitalario. Tampoco obra ninguna evidencia que permita determinar si actuó o realizó alguna actividad —propia de sus funciones— que haya sido la causa determinante en la muerte (...). Bajo este panorama, la culpa grave no se encuentra configurada en este proceso, por lo que se impone para la Sala una respuesta negativa al problema jurídico planteado. En consecuencia, se confirmará la decisión desestimatoria de primera instancia, por las razones expuestas en esta sentencia. CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN A LAS COSTAS PROCESALES / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACTUACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / ACTUACIÓN EN EL PROCESO / PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Debe condenarse en costas a la parte vencida en el proceso de repetición, esto es, a la entidad pública demandante, cuando se observa que uno de los demandados no intervino en el trámite de la segunda instancia y que las alegaciones del otro no se ajustaron a la lealtad procesal que debe gobernar en las actuaciones de esta naturaleza? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 188 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. La Sala precisa que, en esta jurisdicción, el Código Contencioso Administrativo exceptuaba la imposición de costas en las “acciones públicas” (artículo 171), mientras el CPACA exceptúa “los procesos en que se ventile un interés público” (artículo 188). De esta forma, el legislador colombiano cambió la orientación de la exoneración a la imposición de costas en lo contencioso administrativo, debido a que las “acciones públicas”, además de perseguir un interés público —sin que se discutan derechos subjetivos— tienen otros atributos, como lo son la legitimación universal (o abierta a cualquier “ciudadano”), la posibilidad de la intervención de terceros, la coadyuvancia y la imprescriptibilidad. Lo anterior, sin embargo, no implica que en cualquier asunto, con pretensiones patrimoniales, en el que el demandante sea un ente estatal se ventile un interés público. Así, al no haberse decantado claramente el legislador, en el CPACA, por una exoneración absoluta de costas en contra del Estado, no cabe darle esta interpretación a su artículo 188, que prevé disponer sobre la condena en costas, “salvo en los procesos en que se ventile un interés público”, pues tal entendimiento supondría un criterio subjetivo en materia de costas, relacionado con el fuero de una de las partes, que el precepto legal no prevé. Ahora, el medio de control de repetición constituye “una acción civil de carácter patrimonial”, por medio del cual el organismo estatal pretende el reembolso de la condena causada por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes, para así garantizar, de forma mediata, “los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y inherentes a ella”. Si bien, de esta forma, la acción de repetición persigue indirectamente un interés público, este no es el asunto que se ventila de forma directa en el proceso. La repetición, como “acción civil de carácter patrimonial” con “fines retributivo y preventivo”, supone un ejercicio razonable del derecho de acción, circunscribiéndolo a los eventos en que el organismo estatal vislumbre un comportamiento doloso o gravemente culposo del servidor acusado por infringir sus deberes funcionales o por la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado, a partir de una comprobación certera de las circunstancias de hecho que sustentan la pretensión de reembolso. (...) Como el demandado (...) no intervino en la segunda instancia y las alegaciones (...) no se ajustaron a la lealtad procesal que debe gobernar en las actuaciones de esta naturaleza —ante la administración de justicia—, la Sala se abstendrá de condenar en costas a su favor. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la procedencia de la condena en costas y las acciones públicas, consultar providencias de 11 de noviembre de 1925, C.P. José A. Valverde R.; de 7 de diciembre de 1993, Exp. AC-1276, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz; de 13 de junio de 2000, Exp. AC-10252, C.P. Ana Margarita Olaya Forero; de 13 de agosto de 2002, Exp. 11001-03-15-000-2001-0127-01(REV-0127), C.P. Roberto Medina López; de 27 de abril de 2004, Exp. 11001-03-15-000-2003-00311-01(S-311). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 42 NUMERAL 3, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 3

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000201101977011100103