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Consejo de Estado Providencia

Ejercicio de la acción de repetición: Sentencia

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Fecha
2022-08-22
Radicado
52001233100020130000801
Número interno
59107
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
MUNICIPIO DE CUASPUD CARLOSOMA
Demandado
SARA MERCEDES BOLAÑOS ORTEGA

Síntesis de la providencia

Ejercicio de la acción de repetición: Sentencia

Lo que dijo la Sala

En este caso concreto, en el supuesto fáctico que incorpora el artículo 6.1 de la Ley 6[78] de 2001 se infiere la referencia a un actuar propio de una persona negligente o de poca prudencia -que implica un juicio de reproche de conducta- a partir de una violación manifiesta e inexcusable de normas jurídicas. Corresponde así al juzgador, conforme al artículo 6.3 de la Ley 6[78] de 2001, determinar si, con pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, se acreditó una violación manifiesta e inexcusable de normas jurídicas, cuya carga le correspondía a la demandante, según los artículos 164, 166 y 167 del CGP, aplicables a este asunto, por ser esa la normativa vigente en el momento en el que las pruebas fueron decretadas.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El juez de primera instancia tiene competencia para determinar si el error de derecho cometido por la exfuncionaria demandada es excusable, conforme a la Ley 678 de 2001, ya que la presunción de culpa grave se infiere a partir de una violación manifiesta e inexcusable de normas jurídicas, cuya carga probatoria incumplida por la demandante impide la aplicación de dicha presunción. La Sala confirma que no se puede derivar directamente la existencia de culpa grave o dolo de la anulación judicial de un acto administrativo, especialmente si la funcionaria no estaba en carrera administrativa, lo que permite razonablemente considerar la validez de la declaración de insubsistencia discrecional según las normas vigentes en el momento del acto. Además, la nulidad del acto de declaración de insubsistencia se basa en la omisión de demostrar una causal de despedida, no en un juicio subjetivo, y el municipio demandante no proporcionó un fundamento jurídico preciso a sus pretensiones, incumpliendo la carga procesal de especificar la presunción de culpa grave o dolo, lo que implica la inaplicación de estas presunciones y un análisis general del elemento subjetivo de la responsabilidad por repetición.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El juicio que sobre el carácter excusable del error de Derecho cometido por la ex funcionaria demandada hizo el juez de primera instancia de la repetición, era improcedente dado que el hecho del cual se desprendía la presunción de dolo o culpa grave?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1564 de 2012, arts. 164, 166 y 167
  • Ley 678 de 2001, art. 6 núm. 1

También resuelve

  • ¿La culpa o dolo de la funcionaria demandada se configuró, debido a que el acto administrativo con el que declaró la insubsistencia de una servidora pública fue anulado judicialmente…
  • ¿La nulidad del acto de declaración de insubsistencia se dictó en consideración a la omisión de la demostración de una causal de despedida?
  • ¿El municipio demandante proporcionó un verdadero fundamento jurídico a sus pretensiones?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA EXALCALDE PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN RESPONSABILIDAD POR MALICIA O NEGLIGENCIA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO VIOLACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA ERROR INEXCUSABLE ATRIBUCIONES DEL JUEZ CARGAS PROCESALES INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES PRESUNCIÓN DE CULPA PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD PRESUNCIÓN LEGAL ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE AUSENCIA DEL DOLO CONDENA CONTRA EL ESTADO RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO EMPLEO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO DECLARACIÓN DE INSUBSISTENCIA EN EL NOMBRAMIENTO DE EMPLEO PÚBLICO DECLARACIÓN DISCRECIONAL DE INSUBSISTENCIA CONFIRMACIÓN DEL FALLO CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA CAUSALES DE DESPIDO DEL TRABAJADOR ESTABILIDAD DEL EMPLEADO DE PERIODO FIJO CONTENIDO DE LA NORMA INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS EN CARRERA ADMINISTRATIVA ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN FUNDAMENTACIÓN DE LA DEMANDA CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEMANDA PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE PRESUNCIÓN DE DOLO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DERECHO DE DEFENSA DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN RETROACTIVIDAD DE LA LEY NORMAS APLICABLES A LA ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO NORMA ANTERIOR APLICACIÓN DE LA NORMA ELEMENTOS DEL DOLO VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES ACCIÓN DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN

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EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA EXALCALDE / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD POR MALICIA O NEGLIGENCIA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VIOLACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA / ERROR INEXCUSABLE / ATRIBUCIONES DEL JUEZ / CARGAS PROCESALES / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / PRESUNCIÓN DE CULPA / PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD / PRESUNCIÓN LEGAL Problema jurídico: ¿El juicio que sobre el carácter excusable del error de Derecho cometido por la ex funcionaria demandada hizo el juez de primera instancia de la repetición, era improcedente dado que el hecho del cual se desprendía la presunción de dolo o culpa grave? Respuesta al problema jurídico: No En este caso concreto, en el supuesto fáctico que incorpora el artículo 6.1 de la Ley 6[78] de 2001 se infiere la referencia a un actuar propio de una persona negligente o de poca prudencia -que implica un juicio de reproche de conducta- a partir de una violación manifiesta e inexcusable de normas jurídicas. Corresponde así al juzgador, conforme al artículo 6.3 de la Ley 6[78] de 2001, determinar si, con pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, se acreditó una violación manifiesta e inexcusable de normas jurídicas, cuya carga le correspondía a la demandante, según los artículos 164, 166 y 167 del CGP, aplicables a este asunto, por ser esa la normativa vigente en el momento en el que las pruebas fueron decretadas. Por lo tanto, se impone una respuesta negativa al primer problema jurídico, ya que el juicio sobre la inexcusabilidad del error de derecho del demandado, realizado por el a quo, no solo era procedente, sino necesario, para aplicar la presunción de culpa grave contenida en el artículo 6.1 de la Ley 6[78] de 2001. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la presunción de dolo o culpa grave en agentes del estado, cita: Corte Constitucional, sentencia C-374 del 14 de mayo de 2002, M. P. Clara Inés Vargas Hernández. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 164, 166 Y 167, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERALES 1 Y 3 ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / AUSENCIA DEL DOLO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / EMPLEO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO / DECLARACIÓN DE INSUBSISTENCIA EN EL NOMBRAMIENTO DE EMPLEO PÚBLICO / DECLARACIÓN DISCRECIONAL DE INSUBSISTENCIA / CONFIRMACIÓN DEL FALLO Problema jurídico: ¿La culpa o dolo de la funcionaria demandada se configuró, debido a que el acto administrativo con el que declaró la insubsistencia de una servidora pública fue anulado judicialmente, tomando en consideración aspectos subjetivos? Respuesta al problema jurídico: No No cabe pues, en este asunto, derivar de forma directa la existencia de culpa grave o dolo de la [demandada], a partir de la sentencia con la que fue condenado el municipio de Cuaspud Carlosama, máxime si -como se consideró en la sentencia que condenó al municipio ahora demandante- la [afectada] no era funcionaria de carrera, sino que estaba vinculada por un término de un año, por lo que, ante la inexistencia de una respuesta única en el Derecho, cabría argüir razonablemente que, de acuerdo con las normas entonces vigentes y conforme a la jurisprudencia de la época, la declaración de insubsistencia discrecional podría ser válida. Por lo expuesto, la respuesta al segundo problema jurídico planteado es negativa. Por tanto, la Sala confirmará la sentencia recurrida. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la estabilidad laboral del funcionario provisional, cita: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de abril de 2003, rad. 76001-23-31-000-1998-1834-01, C. P. Tarsicio Cáceres Toro. CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / CAUSALES DE DESPIDO DEL TRABAJADOR / ESTABILIDAD DEL EMPLEADO DE PERIODO FIJO / CONTENIDO DE LA NORMA / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS EN CARRERA ADMINISTRATIVA / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿La nulidad del acto de declaración de insubsistencia se dictó en consideración a la omisión de la demostración de una causal de despedida? Respuesta al problema jurídico: Si La nulidad del acto de declaración de insubsistencia se dictó en consideración a la omisión de la demostración de una causal de despedida, que se requería en razón a la estabilidad relativa que, por un periodo de un año, consideró que gozaba la [funcionaria], según el entendimiento que dio a los artículos 1 y 2 de la Ley 50 de 1981, y el artículo 2 del Decreto 2396 de 1981; sin que, en todo caso, aquella "estuviera inscrita en carrera". Esta decisión no se basó, pues, en un juicio subjetivo, el que, de hecho, fue desestimado expresamente, sino en consideraciones objetivas, contrario a lo afirmado por la apelante. FUENTE FORMAL: DECRETO 2396 DE 1981 - ARTÍCULO 2, LEY 50 DE 1981 - ARTÍCULO 1 Y 2 EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FUNDAMENTACIÓN DE LA DEMANDA / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA EXALCALDE / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEMANDA / PRESUNCIÓN LEGAL / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO Problema jurídico: ¿El municipio demandante proporcionó un verdadero fundamento jurídico a sus pretensiones? Respuesta al problema jurídico: No [E]l municipio demandante, en cuanto limitó el fundamento de sus pretensiones con unas referencias generales a la acción de repetición y al procedimiento correspondiente, no proporcionó un verdadero fundamento jurídico a sus pretensiones, ni precisó siquiera la presunción en virtud de la cual le atribuía la responsabilidad a la demandada a título de culpa grave o dolo. [E]l ente actor incumplió la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor o ex servidor público. Como lo ha precisado la jurisprudencia administrativa, esta carga se impone como garantía del derecho de defensa y contradicción del demandado en repetición, el cual se encuentra en una posición procesal desventajosa, como consecuencia de la inversión probatoria que envuelven las presunciones de culpa grave y dolo previstas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001. Como efecto natural de la omisión de esta carga procesal, las presunciones de dolo y culpa grave referidas se han inaplicado, dando paso a un análisis general del elemento subjetivo de la responsabilidad por repetición. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el incumplimiento de las cargas procesales, cita: Corte Constitucional, sentencia C-662 del 8 de julio de 2004, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes; sentencia C-279 del 15 de mayo de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de octubre de 2021, rad. 56777, C. P. Fredy Ibarra Martínez. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 Y 6 PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / RETROACTIVIDAD DE LA LEY / NORMAS APLICABLES A LA ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / NORMA ANTERIOR / APLICACIÓN DE LA NORMA / ELEMENTOS DEL DOLO / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Problema jurídico: ¿La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. [S]i los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, "sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2° de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122 y 124 y 90 de la Constitución Política)”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la acción de repetición y la responsabilidad de los servidores públicos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de junio de 2018, rad. 54692, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y sentencia del 8 de marzo de 2007, rad. 30330, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, 90, 121, 122 Y 124, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 84 DE 1873 ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿La acción de repetición fue incoada oportunamente? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de los dieciocho (18) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, según el inciso 4° del artículo 177 del CCA […]. [E]l plazo para presentar la demanda de repetición caducaba el catorce (14) de junio de dos mil ocho (2008). Como la demanda que inició este proceso fue radicada el trece (13) de diciembre de dos mil seis (2006) la acción de repetición fue incoada oportunamente. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
Texto extraído del PDF oficial 36.753 caracteres
Radicado: 52001-23-31-000-2013-00008-01 (59107) Actor: Municipio de Cuaspud (Carlosama) CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022) Radicación número: Actor: Demandado: Referencia: 52001-23-31-000-2013-00008-01 (59107) Municipio de Cuaspud Carlosama Sara Mercedes Bolaños Ortega Medio de control de repetición Tema 1: Acción de Repetición. Subtema 1.1: Régimen legal aplicable Ley 678 de 2001.Subtema 1.2: Presupuestos de la acción de repetición. Elemento subjetivo. Presunciones de culpa y dolo. Tema 2: Cargas procesales. Suotema 2.1. Incumplimiento de las cargas procesales. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión del 5 de mayo de 20051, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 8 de febrero de 2017, que accedió a las pretensiones de la demanda. I. SÍNTESIS DEL CASO El municipio demandante fue condenado al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por una servidora pública, en el cargo de médico en servicio obligatorio social, como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución con la que, la actual demandada había declarado la insubsistencia de dicha funcionaria de forma discrecional. Pretende que la suma pagada en cumplimiento de dicha condena sea reembolsada por Sara Mercedes Bolaños Ortega, la ex funcionaria suya, a la que, de forma general, le atribuye un actuar doloso o gravemente culposo. II. ANTECEDENTES 2.1. El trece (13) de diciembre de dos mil seis (2006)2, el municipio de Cuaspud Carlosama presentó demanda3, en ejercicio del medio de control de repetición, contra Sara Mercedes Bolaños Ortega, en la que pretende: (I) que se declare su responsabilidad por culpa grave o dolo, al declarar la insubsistencia de Marina del Carmen Soto Soto en el cargo de médico de servicio social obligatorio, mediante la resolución núm. 022 del 12 de febrero de 2002 (en adelante, "Resolución 022 de 2002"), y (ii) que, como consecuencia, se la condene al pago indexado de la obligación pagada por el municipio ($21854.451). 2.1.1. Como asidero fáctico de las anteriores pretensiones, el municipio demandante afirmó, en síntasis, que: Según consta en el acta núm. 15 di) esa fecha. 2 Folio 1, c. 1. 3 Folios 2 a 11, c. 1. 1 Radicado: 52001-23-31-000-2013-00008-01 (59107) Actor: Municipio de Cuaspud (Carlosama) 2.1.1.1. Con la Resolución 022 de 2002, Sara Mercedes Bolaños Ortega declaró la insubsistencia de Marina del Carmen Soto Soto en el cargo de "medico servicio obligatorio social". 2.1.1.2. Mediante sentencia del 2 de septiembre de 2005, el Tribunal Administrativo de Nariño declaró la nulidad de la Resolución 022 de 2002 y ordenó cancelar las sumas equivalentes a los salarios y prestaciones que la señora Soto Soto dejó de devengar entre el 15 de febrero y el 1° de octubre de 2002. 2.1.1.3. En cumplimiento de la anterior condena, el municipio de Cuaspud realizó dos pagos, por $19.944.300 y $3.095.065, respectivamente. 2.1.1.4. El municipio demandante tiene el deber jurídico de repetir contra la señora Soto Soto. 2.1.2. A modo de sustento jurídico de lo pretendido, el ente accionante describió los rasgos generales de la acción de repetición, así corno el procedimiento previsto en el Código Contencioso Administrativo ("CCA"). 2.2. Por medio de auto del 15 de diciembre de 2006,4 el Tribunal Administrativo de Nariño se declaró sin competencia, en razón a la cuantía de la demanda, conforme al artículo 132 del CCA. La demanda fue posteriormente admitida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pasto5, el cual, tras emplazar en repetidas ocasiones a la demandada6 y designarle curador ad Mea?, declaró la nulidad de todo lo actuado 8 a partir del auto admisorio proferido por el mismo juzgado, al considerar que, de acuerdo con el artículo 7. de la Ley 678 de 2001, la competencia le correspondía al juzgador que hubiera tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial del Estado, sin tomar en consideración la cuantía de la demanda, como lo había considerado la Sección Tercera del Consejo de Estado6. A continuación, el Tribunal Administrativo de Nariño evocó y procedió a ordenar la notificación de la admisión de la demanda, a laves de auto del 13 de marzo de 2013". 2.3. La demandada presentó escrito de contestación"11, en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al aducir que no había obrado con dolo ni culpa grave y que al municipio actor no le "asistía ánimo para entablar la presente acción". 2.4. Por medio de auto del 28 de mayo de 2014, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes12. Luego, con auto del 15 de Marzo de 201613, culminó el periodo para su práctica y corrió traslado a las partes, así como al Ministerio Público, para que aquellas alegaran y este conceptuara; oportunidad procesal que fue aprovechada por la demandante" y por el Ministerio Público". 4 Folios 39 y 40, c. 1. 5 Auto del 1 de febrero de 2007 (folio 44, c. 1). Folios 58 a 75, c. 1. 7 Auto "de veintitrés (23) de dos mil doce (2012)", folio 759, C. 1. a Auto del 18 de febrero de 2013 (folios 77 a 85, c. 1). 9 Al respecto, refirió el auto del 30 de marzo de 2006, exp. 32085. 19 Folios 84 y 85, c. 1. 11 Folios 94 a 100, c. 1. 12 Folios 107 y 108, c. 1. 13 Folio 246, C. 1. 14 Folios 249 a 256, c. 1. 15 Folios 259 a 280, C. 1. 2 Radicado: 52001-23-31-000-2013-00008-01 (59107) Actor: Municipio de Cuaspud (Carlosama) 2.5. El Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia de 8 de febrero de 201716, con la que negó las pretensiones17. Corno fundamento de su decisión, consideró: 2.5.1. Que el municipio actor acreditó la obligación reparatoria a cuyo pago fue condenado, mediante la sentencia ejecutoriada proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 2 de septiembre de 2005, con la que dicha Colegiatura declaró la nulidad de la Resolución 022 de 2002 —en la que la actual demandada había declarado la insubsistencia de Marina del Carmen Soto Soto en el cargo de médico servicio social obligatorio— y ordenó el pago de los salarios y prestaciones dejados de devengar entre el 15 de febrero y el 1 de octubre de 2002. 2.5.2. Que el demandante probó, así mismo, el pago de la anterior obligación a su beneficiaria, mediante el depósito de $21854.451, que le fueron entregados aquella por el juzgado de conocimiento. 2.5.3. Que, con lo anterior, el ente accionante demostró asimismo el detrimento patrimonial irrogado. 2.5.4. Que el actor probó igualmente la condición de funcionaria pública de la demandada, lo que, por demás, esta había aceptado como un hecho cierto. 2.5.5. Que en razón a la fecha de expedición del acto administrativo anulado, al presente asunto le es aplicable la Ley 678 de 2001, que prevé unas presunciones de culpa grave y dolo, con base en las cuales se define el actuar doloso o gravemente culposo de la ex funcionaria demandada, sin que, no obstante, existiera en el expediente prueba alguna de su intención de producir daño, que permitiera afirmar la existencia de una conducta dolosa. 2.5.6. Que la nulidad del acto de insubsistencia fue declarada judicialmente, en razón al desconocimiento de las normas sobre el servicio social obligatorio para carreras médicas (Ley 50 de 1981 y Decreto 2369 de 1981) lo que, a priori, representaría una violación grave e inexcusable de las normas de Derecho, que encajaría así en la presunción contenida en el artículo 6.1 de la Ley 678 de 2001. Sin embargo, "se sustrajo a los efectos de esa presunción toda vez que, las normas jurídicas regulan situaciones abstractas al momento de su aplicación concreta pueden surgir criterios de interpretación, de manera que únicamente aquellos errores que no pueden excusarse o justificarse en circunstancias ordinarias dan lugar a aquélla". En este caso, la referida normativa sobre el servicio social obligatorio para carreras médicas establecía un período anual, mas no que se tratara de empleados por un periodo fijo, lo que tuvo que ser precisado por el Ministerio de Salud. Aparte, preveía únicamente que el régimen prestacional correspondía al de la institución a la que se vinculaba el profesional, sin especificar el tipo de vínculo ni su terminación. En este orden de ideas, cabía afirmar que quienes cumplían el servicio social obligatorio no eran empleados en carrera administrativa, "[...] y la administración se pudo inclinar por el criterio imperante en la época de los hechos, esto es, que los nombramientos 16 Folios 295 a 303, c. ppal. 17 "Deniéguense las pretensiones de la demanda interpuesta por el Municipio de Cuaspud Carlosama en contra de la señora Sara Mercedes Solanos Ortega. II Sin condena en costas porque no se causaron. II A la ejecutoria de este fallo, se archivará el proceso fi A la ejecutoria de este fallo, se archivará el proceso. [...]". 3 Radicado: 52001-23-31-000-2013-00008-01 (59107) Actor: Municipio de Cuaspud (Carlosama) realizados en provisionalidad o libre nombramiento y remoción podían ser declarados insubsistentes sin necesidad de motivación, pues se consideraba expedidos en aras del mejoramiento del servicio18". Así, ante la existencia de una "duda razonable", el Tribunal concluyó que laiconducta de la demandada no constituyó un error inexcusable, que diera cuenta de un actuar gravemente culposo de la demandada. 2.6. El 20 de febrero de 2017, el municipio demandante interpuso recurso de apelación 1°, en cuyo sustento adujo: 2.6.1. Que "no se prueba la presunción sino ,el hecho que le sirve de sustento", siendo esta una carga que corresponde a quien le favorece la presunción, mientras a la contraparte le incumbe demostrar inexistencia de

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=520012331000201300008011100103