Radicado: 52001-23-31-000-2013-00008-01 (59107)
Actor: Municipio de Cuaspud (Carlosama)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación número:
Actor:
Demandado:
Referencia:
52001-23-31-000-2013-00008-01 (59107)
Municipio de Cuaspud Carlosama
Sara Mercedes Bolaños Ortega
Medio de control de repetición
Tema 1: Acción de Repetición. Subtema 1.1: Régimen legal aplicable Ley 678 de 2001.Subtema
1.2: Presupuestos de la acción de repetición. Elemento subjetivo. Presunciones de culpa y dolo.
Tema 2: Cargas procesales. Suotema 2.1. Incumplimiento de las cargas procesales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión del 5 de mayo de
20051, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 8 de febrero
de 2017, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El municipio demandante fue condenado al pago de los salarios y prestaciones
dejados de percibir por una servidora pública, en el cargo de médico en servicio
obligatorio social, como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución
con la que, la actual demandada había declarado la insubsistencia de dicha
funcionaria de forma discrecional. Pretende que la suma pagada en cumplimiento
de dicha condena sea reembolsada por Sara Mercedes Bolaños Ortega, la ex
funcionaria suya, a la que, de forma general, le atribuye un actuar doloso o
gravemente culposo.
II. ANTECEDENTES
2.1. El trece (13) de diciembre de dos mil seis (2006)2, el municipio de Cuaspud
Carlosama presentó demanda3, en ejercicio del medio de control de repetición,
contra Sara Mercedes Bolaños Ortega, en la que pretende: (I) que se declare su
responsabilidad por culpa grave o dolo, al declarar la insubsistencia de Marina del
Carmen Soto Soto en el cargo de médico de servicio social obligatorio, mediante la
resolución núm. 022 del 12 de febrero de 2002 (en adelante, "Resolución 022 de
2002"), y (ii) que, como consecuencia, se la condene al pago indexado de la
obligación pagada por el municipio ($21854.451).
2.1.1. Como asidero fáctico de las anteriores pretensiones, el municipio
demandante afirmó, en síntasis, que:
Según consta en el acta núm. 15 di) esa fecha.
2 Folio 1, c. 1.
3 Folios 2 a 11, c. 1.
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Actor: Municipio de Cuaspud (Carlosama)
2.1.1.1. Con la Resolución 022 de 2002, Sara Mercedes Bolaños Ortega
declaró la insubsistencia de Marina del Carmen Soto Soto en el cargo de
"medico servicio obligatorio social".
2.1.1.2. Mediante sentencia del 2 de septiembre de 2005, el Tribunal
Administrativo de Nariño declaró la nulidad de la Resolución 022 de 2002 y
ordenó cancelar las sumas equivalentes a los salarios y prestaciones que la
señora Soto Soto dejó de devengar entre el 15 de febrero y el 1° de octubre
de 2002.
2.1.1.3. En cumplimiento de la anterior condena, el municipio de Cuaspud
realizó dos pagos, por $19.944.300 y $3.095.065, respectivamente.
2.1.1.4. El municipio demandante tiene el deber jurídico de repetir contra la
señora Soto Soto.
2.1.2. A modo de sustento jurídico de lo pretendido, el ente accionante describió
los rasgos generales de la acción de repetición, así corno el procedimiento previsto
en el Código Contencioso Administrativo ("CCA").
2.2. Por medio de auto del 15 de diciembre de 2006,4 el Tribunal Administrativo de
Nariño se declaró sin competencia, en razón a la cuantía de la demanda,
conforme al artículo 132 del CCA. La demanda fue posteriormente admitida por el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pasto5, el cual, tras emplazar en
repetidas ocasiones a la demandada6 y designarle curador ad Mea?, declaró la
nulidad de todo lo actuado 8 a partir del auto admisorio proferido por el mismo
juzgado, al considerar que, de acuerdo con el artículo 7. de la Ley 678 de 2001, la
competencia le correspondía al juzgador que hubiera tramitado el proceso de
responsabilidad patrimonial del Estado, sin tomar en consideración la cuantía de la
demanda, como lo había considerado la Sección Tercera del Consejo de Estado6.
A continuación, el Tribunal Administrativo de Nariño evocó y procedió a ordenar
la notificación de la admisión de la demanda, a laves de auto del 13 de marzo
de 2013".
2.3. La demandada presentó escrito de contestación"11, en el que se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, al aducir que no había obrado con dolo ni culpa
grave y que al municipio actor no le "asistía ánimo para entablar la presente acción".
2.4. Por medio de auto del 28 de mayo de 2014, el Tribunal decretó las pruebas
solicitadas por las partes12. Luego, con auto del 15 de Marzo de 201613, culminó el
periodo para su práctica y corrió traslado a las partes, así como al Ministerio
Público, para que aquellas alegaran y este conceptuara; oportunidad procesal que
fue aprovechada por la demandante" y por el Ministerio Público".
4 Folios 39 y 40, c. 1.
5 Auto del 1 de febrero de 2007 (folio 44, c. 1).
Folios 58 a 75, c. 1.
7 Auto "de veintitrés (23) de dos mil doce (2012)", folio 759, C. 1.
a Auto del 18 de febrero de 2013 (folios 77 a 85, c. 1).
9 Al respecto, refirió el auto del 30 de marzo de 2006, exp. 32085.
19 Folios 84 y 85, c. 1.
11 Folios 94 a 100, c. 1.
12 Folios 107 y 108, c. 1.
13 Folio 246, C. 1.
14 Folios 249 a 256, c. 1.
15 Folios 259 a 280, C. 1.
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Radicado: 52001-23-31-000-2013-00008-01 (59107)
Actor: Municipio de Cuaspud (Carlosama)
2.5. El Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia de 8 de febrero de
201716, con la que negó las pretensiones17. Corno fundamento de su decisión,
consideró:
2.5.1. Que el municipio actor acreditó la obligación reparatoria a cuyo pago
fue condenado, mediante la sentencia ejecutoriada proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño el 2 de septiembre de 2005, con la que dicha
Colegiatura declaró la nulidad de la Resolución 022 de 2002 —en la que la
actual demandada había declarado la insubsistencia de Marina del Carmen
Soto Soto en el cargo de médico servicio social obligatorio— y ordenó el pago
de los salarios y prestaciones dejados de devengar entre el 15 de febrero y
el 1 de octubre de 2002.
2.5.2. Que el demandante probó, así mismo, el pago de la anterior obligación
a su beneficiaria, mediante el depósito de $21854.451, que le fueron
entregados aquella por el juzgado de conocimiento.
2.5.3. Que, con lo anterior, el ente accionante demostró asimismo el
detrimento patrimonial irrogado.
2.5.4. Que el actor probó igualmente la condición de funcionaria pública de la
demandada, lo que, por demás, esta había aceptado como un hecho cierto.
2.5.5. Que en razón a la fecha de expedición del acto administrativo anulado,
al presente asunto le es aplicable la Ley 678 de 2001, que prevé unas
presunciones de culpa grave y dolo, con base en las cuales se define el
actuar doloso o gravemente culposo de la ex funcionaria demandada, sin
que, no obstante, existiera en el expediente prueba alguna de su intención
de producir daño, que permitiera afirmar la existencia de una conducta
dolosa.
2.5.6. Que la nulidad del acto de insubsistencia fue declarada judicialmente,
en razón al desconocimiento de las normas sobre el servicio social obligatorio
para carreras médicas (Ley 50 de 1981 y Decreto 2369 de 1981) lo que, a
priori, representaría una violación grave e inexcusable de las normas de
Derecho, que encajaría así en la presunción contenida en el artículo 6.1 de
la Ley 678 de 2001. Sin embargo, "se sustrajo a los efectos de esa presunción
toda vez que, las normas jurídicas regulan situaciones abstractas al momento
de su aplicación concreta pueden surgir criterios de interpretación, de manera
que únicamente aquellos errores que no pueden excusarse o justificarse en
circunstancias ordinarias dan lugar a aquélla". En este caso, la referida
normativa sobre el servicio social obligatorio para carreras médicas
establecía un período anual, mas no que se tratara de empleados por un
periodo fijo, lo que tuvo que ser precisado por el Ministerio de Salud. Aparte,
preveía únicamente que el régimen prestacional correspondía al de la
institución a la que se vinculaba el profesional, sin especificar el tipo de
vínculo ni su terminación. En este orden de ideas, cabía afirmar que quienes
cumplían el servicio social obligatorio no eran empleados en carrera
administrativa, "[...] y la administración se pudo inclinar por el criterio
imperante en la época de los hechos, esto es, que los nombramientos
16 Folios 295 a 303, c. ppal.
17 "Deniéguense las pretensiones de la demanda interpuesta por el Municipio de Cuaspud Carlosama en contra
de la señora Sara Mercedes Solanos Ortega. II Sin condena en costas porque no se causaron. II A la ejecutoria de este fallo, se archivará el proceso fi A la ejecutoria de este fallo, se archivará el proceso. [...]".
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Actor: Municipio de Cuaspud (Carlosama)
realizados en provisionalidad o libre nombramiento y remoción podían ser
declarados insubsistentes sin necesidad de motivación, pues se consideraba
expedidos en aras del mejoramiento del servicio18". Así, ante la existencia de
una "duda razonable", el Tribunal concluyó que laiconducta de la demandada
no constituyó un error inexcusable, que diera cuenta de un actuar gravemente
culposo de la demandada.
2.6. El 20 de febrero de 2017, el municipio demandante interpuso recurso de
apelación 1°, en cuyo sustento adujo:
2.6.1. Que "no se prueba la presunción sino ,el hecho que le sirve de
sustento", siendo esta una carga que corresponde a quien le favorece la
presunción, mientras a la contraparte le incumbe demostrar inexistencia de
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