Titulación de la relatoría 17.687 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / ACCIÓN DE REPETICIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / LEY 678 DE 2001 / VEHÍCULO AUTOMOTOR / ENTREGA DEL VEHÍCULO / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 en los aspectos sustanciales de este asunto, considerando que, los hechos que sustentaron la condena en contra del demandante ocurrieron el 8 de junio de 1998, cuando fue suscrito el oficio 056447 con el que se ordenó la entrega del vehículo automotor?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]sta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior. Pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior. (…) Por ende, como en este caso los hechos que sustentaron la condena en contra (…) [del demandante] ocurrieron el ocho (8) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998) cuando fue suscrito el oficio núm. 056447 de 8 de junio de 1998, con el que se ordenó la entrega del vehículo (…), la Ley 678 de 2001 no es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 30330, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de junio de 2018, exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, 121, 122, 124 Y 90, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 2, LEY 678 DE 2001
ACCIÓN DE REPETICIÓN / SENTENCIA CONDENATORIA / COPIA AUTÉNTICA DE LA SENTENCIA / DOCUMENTO / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL / PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL / DERECHO SUSTANCIAL / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / ALCANCE DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿La existencia de una condena judicial en firme, que impuso una sentencia condenatoria en contra del ente demandante, presta mérito como presupuesto de la responsabilidad del funcionario, por haberse allegado en copia simple?
Respuesta al problema jurídico: Si
Una respuesta negativa al primer problema jurídico se impone, al constatar que contrario a lo afirmado por el apelante la actora allegó copia auténtica de la sentencia del 31 de enero de 2007, con la que la (…) [demandante] fue condenada al pago de los perjuicios ocasionados con la pérdida del automotor (…), así como certificación de su ejecutoria, como puede apreciarse en el sello de la Secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío (…) así como en los sellos, con rúbrica del Secretario del Tribunal, (…) en los que se deja constancia expresa de la fecha de ejecutoria y de que las copias fueron tomadas del documento original. Además, esta Subsección observa que la sentencia referida por el recurrente, a modo de sustento del primer cargo de la alzada, es anterior a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, con la que la Sección Tercera determinó que, en aras de garantizar el principio constitucional de buena fe, el deber de lealtad procesal y la prevalencia del derecho sustancial, serían valoradas las copias simples que formen parte del acervo probatorio, en cuanto estas obraron a lo largo de todo el proceso, sin que fueran tachadas, ni su validez fuera controvertida, como ocurrió en el asunto de autos. Esta posición fue adicionalmente adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de unificación del 30 de septiembre de 2014. No cabe pues afirmar, como lo hace el apelante, que el Tribunal, al valorar copias simples, se hubiera basado en una posición contraria a la jurisprudencia administrativa, que se limitaba al ámbito de la reparación directa.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 20010, exp. 25000-23-26-000-2003-01175-01(36085), C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero; y sentencia de unificación del 30 de septiembre de 2014, exp. 11001-03-15-000-2007-01081-00(REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DOLO / CULPA GRAVE / CULPA / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / CONDENA / AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO / FUNCIONARIO PÚBLICO / ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ENTREGA DEL VEHÍCULO / FALTA DE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / EMBARGO DEL BIEN / EMBARGO DEL BIEN INMUEBLE / SECUESTRO DE BIEN INMUEBLE / SECUESTRO DE BIEN / ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / FUNCIONES DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DOCUMENTO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El actuar gravemente culposo del inspector de tránsito demandado no se configuró, debido a que la Ley 678 de 2001 no estaba en vigor cuando sucedieron los hechos que dieron lugar a la condena del demandante, y no se acreditó que aquel hubiera participado en la entrega errónea del vehículo que dio lugar a dicha condena?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío fue condenado al pago de los perjuicios ocasionados con la entrega errónea de un vehículo que, en cumplimiento de una medida cautelar de secuestro, se encontraba en sus parqueaderos. Demanda en este contencioso al director, a un inspector de tránsito y a una auxiliar de dicha inspección, que, como funcionarios de la entidad, intervinieron en la entrega del automotor. (...) [E]n este asunto no tiene lugar la aplicación de las presunciones de dolo y culpa grave establecidas en la Ley 678 de 2001, debido a que los hechos que dieron lugar a la condena en contra de la entidad demandante ocurrieron antes de que esta hubiera entrado en vigor. (…) Como lo ha precisado la jurisprudencia, la culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran. Con el juicio sobre la culpa se imputa así la obligación de reparar un daño previsto o que, siendo previsible, confió imprudentemente en su capacidad de evitarlo, teniendo en cuenta que el ejercicio de una función o servicio público implica unos deberes expresamente establecidos en la ley o reglamento, o derivados de las funciones detalladamente definidos en estos, que el funcionario o servidor se ha comprometido a cumplir. En consecuencia, este no podrá excusar su responsabilidad arguyendo la ignorancia de los conocimientos necesarios para su ejercicio, ya que ello lo colocaría en una culpa inicial. La culpa grave, a su vez, al tenor del referido artículo 63 del Código Civil, implica un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño. En esa perspectiva, la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no equivale automáticamente al dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial del Estado no ata al juez de la repetición, el cual debe centrarse en un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, bajo las pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron las pruebas allegadas al proceso de reparación. (…) Ahora bien, en este proceso, el Tribunal tomó en consideración que el señor (…) en razón a las funciones que le correspondían como inspector de tránsito, debió verificar si la misma autoridad que ordenó la entrega del vehículo (…) era la que había ordenado su aprehensión; y, como no lo hizo y estaba claro que se trataba de autoridades diferentes, concluyó que aquel actuó de forma errónea, negligente y abiertamente contraria a derecho, configurándose así la culpa grave. Si bien, de esta forma, en su juicio, el a quo tomó en consideración la existencia de una conducta del señor (…) abiertamente contraria a derecho, esta no fue la única razón por la que concluyó la existencia de una conducta gravemente culposa del señor (…). Tampoco se basó el Tribunal, al determinar ese elemento de la responsabilidad del funcionario, en los numerales 1 o 3 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, cuya aplicación excluyó expresamente. Además, (…) correspondía al a quo determinar si existió una inexcusable omisión del demandado, de acuerdo con la normativa vigente y las funciones que le estaban asignadas. No cabe afirmar así, que el juicio de primera instancia hubiera errado al aplicar implícita ni explícitamente una norma que no estaba vigente. (…) Pues bien, sobre la entrega del vehículo (…) el jefe de la oficina de control interno del (…) [demandante] certificó que esta fue ordenada mediante oficio núm. 056447 del 8 de junio de 1998, mas no especificó quién suscribió tal documento. Al expediente fue allegada copia de dicho oficio, pero en ella no se encuentra el nombre o cargo del funcionario que la firmó. No obstante, se advierte que la firma escrita en el referido oficio no guarda semejanza alguna con la que se encuentra en los documentos suscritos por el señor (…) que obran en el expediente. Además, la jefe de la sección de parque automotor del (…) [demandante] certificó que, en sus archivos, no aparece el acta de entrega del vehículo (…), el secretario general de la entidad, por su parte, hizo constar que tampoco se encontraba orden de retención; y una auxiliar administrativa de la oficina de archivo del (…) [demandante] certificó que no había sido posible conocer si el embargo del automotor había sido registrado. No existe, pues, certeza sobre el origen de la orden de entrega del vehículo, por lo que siendo este además un punto en el que (…) entró en contradicción con respecto a lo manifestado en la contestación de la demanda no tiene mérito probatorio su declaración sobre este hecho. (…) Aparte, encuentra la Sala que, sobre la entrega errónea del referido automotor, obra en el expediente documentación con la que se acredita que el Juzgado Vigesimotercero Civil del Circuito de Bogotá libró despacho comisorio, para que el Juzgado Primero Civil Municipal de Armenia practicara la diligencia de secuestro del vehículo con matrícula (…) diligencia esta que fue practicada el 2 de septiembre de 1996 en instalaciones del (…) [demandante]. Dicho vehículo se encontraba matriculado en Pereira, de acuerdo con la copia de la licencia de tránsito entregada en el IDTQ; y, en oficio del 11 de agosto de 1999, el secretario general del IDTQ manifestó que, al no encontrarse matriculado en esa entidad, no podía verificarse si sobre el vehículo (…) recaía una orden de embargo, por lo que una auxiliar administrativa sugirió que, para el efecto, se entablara comunicación con las oficinas de tránsito de Pereira. La Sala advierte que, en efecto, según el artículo 515 del CPC, el embargo y secuestro del vehículo debía registrarse en dicha oficina. No existía, así, en el IDTQ un archivo organizado de las actuaciones atinentes al embargo del vehículo, con el cual pudiera realizarse la contrastación del oficio núm. 123 del 5 de junio de 1998 con firma del secretario del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Armenia con base en el cual se ordenó la entrega del vehículo; oficio cuya falsedad se evidenció cuando, el 22 de octubre de 2001, el secretario del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Armenia hizo constar que el oficio núm. 123 había sido librado en una fecha diferente y no correspondía a la referida orden de entrega. No pasa por alto la Sala que el 3 de marzo de 1996, cuando se produjo la diligencia de secuestro del vehículo (…) el señor (…) no se desempeñaba aún como inspector de tránsito ni era siquiera funcionario de la entidad, por lo que no hay razón para imputarle las consecuencias de la inexistencia de un archivo de tales actuaciones. En el expediente no obra, por demás, la providencia con la que el Juzgado Primero Civil Municipal de Armenia había sido comisionado para la práctica del secuestro del vehículo (…) en la cual, según el artículo 33 del Código de Procedimiento Civil, se indica su objeto con precisión y claridad. No podía determinarse, pues, con precisión, si la comisión tenía por objeto únicamente el secuestro o también la entrega del referido bien, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, de acuerdo con dicha disposición, el juzgado de conocimiento podía haber librado un despacho comisorio independiente para la entrega del vehículo, por lo que la diferencia en la autoridad judicial emisora del oficio de entrega no indicaba, necesariamente, la falsedad del documento. (…) Así pues, al no existir certeza sobre el funcionario que ordenó la entrega del automotor (…) ni contar la entidad con los medios para cotejar en el momento de los hechos, la documentación relativa al secuestro y entrega del automotor, ni resultar evidente la falsedad de la orden judicial de entrega por el hecho de provenir de un juzgado diferente al que había ordenado el secuestro, no cabe afirmar que (…) como inspector de tránsito del IDTQ, hubiera desplegado un actuación negligente, ni de la que pudiera desprenderse una previsible entrega errónea del vehículo. En consecuencia, la Sala concluye que en este contencioso de repetición no se encuentra demostrado que el menoscabo patrimonial sufrido por el ente demandante haya sido el resultado de un actuar gravemente culposo del señor (…) y procederá, en consecuencia, a revocar la sentencia impugnad[a].
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2015, exp. 32207, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz; sentencia del 30 de agosto de 2017, exp. 45295, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 1 de octubre de 2018, exp. 46328, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 29 de noviembre de 2019, exp. 43056, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 7 de septiembre de 2020, exp. 49069, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas y sentencia de 3 de diciembre de 2007, exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Así mismo, ver, Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122 INCISO 1, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122 INCISO 2, DECRETO 1400 Y 2019 DE 1970 - ARTÍCULO 33, 31, 217, 218 Y 515, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
TESTIMONIO SOSPECHOSO / TESTIGO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / TESTIMONIO / VALIDEZ DEL TESTIMONIO / VALORACIÓN DEL TESTIMONIO / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Aunque los testimonios provienen de exfuncionarios de la entidad demandada en el proceso de reparación directa y resultan sospechosos, no pueden desecharse de plano por el juez, sino que deben ser valorados con especial severidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada caso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los (…) testimonios provienen de exfuncionarios del ente demandado en el proceso de reparación directa, condición que puede afectar su imparcialidad y, con ello, su credibilidad, lo que los hace sospechosos de acuerdo con el artículo 217 del CPC. Estas circunstancias, que según el artículo 218 del CPC deben ser apreciadas por el juez en la sentencia, en cada caso, imponen una valoración más rigurosa de estos testimonios, en conjunto con las demás pruebas practicadas, como lo ha considerado la Sala, la cual procede en efecto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 27 de abril de 2020, exp. 29770, C.P. Guillermo Sánchez Luque; y sentencia del 11 de noviembre de 2020, exp. 50668, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 Y 2019 DE 1970 - ARTÍCULO 217 Y 218
Texto extraído del PDF oficial 59.032 caracteres
Radicado: 63001-23-31-000-2008-00032-01 (59274)
Demandante: Instituto Departamental de Tránsito del Quindío
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación número:
Demandante:
Demandado:
Referencia:
63001-23-31-000-2008-00032-01 (59274)
Instituto Departamental de Tránsito del Quindío
Diego Alonso Barco Jaramillo y otros.
Acción de repetición.
Tema 1. Acción de repetición.
Subtema 1.1. Condena judicial.
Subtema 1.2. Presupuestos de la acción de repetición.
Subtema 1.3. Elemento subjetivo.
Subtema 1.4. Culpa grave del servidor público.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión del 5 de mayo de
20051, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado, Diego
Barco Jaramillo, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío
el dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017), que accedió a las pretensiones
de la demanda.
I. SÍNTESIS
El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío fue condenado al pago de los
perjuicios ocasionados con la entrega errónea de un vehículo que, en cumplimiento de
una medida cautelar de secuestro, se encontraba en sus parqueaderos. Demanda en
este contencioso al director, a un inspector de tránsito y a una auxiliar de dicha
inspección, que, como funcionarios de la entidad, intervinieron en la entrega del
automotor.
II. ANTECEDENTES:
2.1. El tres (3) de marzo de dos mil ocho (2008)2, el Instituto Departamental de
Tránsito del Quindío ("ID1Q")3, en ejercicio de la acción de repetición, presentó
demanda contra Efraín Sáenz, Diego Alonso Barco Jaramillo y Sandra Patricia
Padilla Suárez, en la cual pretende: (i) que se declare que estos últimos son
solidariamente responsables por el pago de cincuenta y dos millones de pesos
($52.000.000) que el IDTQ canceló en cumplimiento de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío el 31 de enero de 2007, en el proceso con
radicación núm. 0518 de 2000; y (ii) que sean condenados al pago solidario de
$52.000.000, indexados.
2.1.1. Como fundamentos fácticos de las anteriores pretensiones, el ente
demandante enunció, en síntesis, lo siguiente:
2.1.1.1. Que Efraín Sáenz se desempeñó como director del IDTQ entre el 5 de
enero de 1998 y el 19 de febrero de 2000; Diego Alonso Barco Jaramillo ocupó
varios cargos en el IC TQ entre el 22 de abril de 1993 y el 16 de mayo de 2000
I Según consta en el acta núm. 15 de esa fecha.
2 Folio 10 (anverso), c. 1.
3 Representada por el director general de la entidad, nombrado mediante decreto del Gobernador del
departamento de Quimil° núm. 000001 del 1 de enero de 2008 (folios 9 a 15, C. 1).
Radicado: 63001-23-31-000-2008-00032-01 (59274)
Demandante: Instituto Departamental de Tránsito del Quindío
y, para la época de los hechos, se desempeñaba tomo director de tránsito; y
Sandra Patricia Padilla Suárez, como supernumeraria del IDTQ, ocupó el cargo
de auxiliar de la inspección de accidentes y contravenciones entre el 4 de mayo
y el 5 de agosto de 1998.
2.1.1.2. Que el 2 de septiembre de 1996, el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Armenia practicó diligencia de secuestro del vehículo con matrícula WHF728,
en cumplimiento de la comisión extendida por el Juzgado Vigesimotercero Civil
del Circuito de Bogotá en un proceso de restitución.
2.1.1.3. Que, el 12 de julio de 1996, el vehículo ,referido fue guardado en el
parqueadero del IDTQ, a disposición del secuestre Alfonso Guzmán Morales.
2.1.1.4. Que, "[p]osteriormente, el día 8 de junio ,de 1998, la señora Sandra
Patricia Padilla Suárez [...], mediante oficio No. 036447 autorizó al encargado
del parqueadero Jaime Giraldo Escobar la entrega del vehículo de placas
WHF728 al señor Luis Porras [...], atendiendo la orden del Juzgado Cuarto Civil
del Circuito según oficio No. 123 de 05 de junio de 1998".
2.1.1.5. Que, mediante sentencia del 31 de enero de 2007, el Tribunal
Administrativo del Quindío declaró al IDTQ patrimonialmente responsable por los
perjuicios ocasionados como consecuencia de la pérdida del vehículo con
matrícula WHF728, el cual fue entregado a un particular que no guardaba
relación con el asunto en el que había sido decretado su secuestro, con base en
una orden proferida por un juzgado diferente a aquel que había dictado la medida
cautelar; "circunstancia que se debió a la falta de cuidado y observancia de los
procedimientos en la entrega de los vehículos por parte de los funcionarios del
Instituto". En consecuencia, ordenó el pago de indemnización de perjuicios por
$30.000.000, que fueron cancelados en cumplimiento de órdenes de pago del 4
de septiembre de 2007, para un total de $52.000.000, que es el valor indexado
a la fecha del pago.
2.1.1.6. "Que para la fecha de la entrega y pérdida del vehículo, esto es el 5 de
junio de 1998, el Director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío,
era el señor EFRAN SÁENZ y las funciones de Inspector de Tránsito eran
ejercidas por el señor DIEGO ALONSO BARCO JARAMILLO, quien tenía a su
cargo cursar las órdenes de retención y salida de vehículos de los patios del
Instituto, pero fue su auxiliar la señora SANDRA PATRICIA PADILLA SUÁREZ,
quien firmó la orden de entrega del vehículo, por lo que se predica como lo
manifestó el Tribunal Administrativo que los funcionarios nombrados actuaron
inexcusablemente al entregar el vehículo ya mencionado a persona distinta del
secuestre o del Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá, cuando se tenía el
conocimiento que eran éstas las legalmente facultadas para hacerles la entrega
del vehículo y que sus actuaciones fueron gravemente culposas por violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho"4.
2.1.2. Como asidero jurídico de sus pretensiones, el IDTQ refirió la violación de los
artículos 6, 58, 89, 90, 91, 123 y 124 de la Constitución; el artículo 77 del Código
Contencioso Administrativo ("CCA"), el artículo 6 numerales 1 y 3 de la Ley 678 de
2001; los artículos 13, 25 y 35.1 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002); el
acuerdo núm. 014 de 1998, "en lo que se refiere a las funciones del Director General
que tiene que velar por las normas orgánicas de la entidad y de las demás disposiciones
que regulan los procedimientos y los trámites administrativos internos"; y la resolución
DG-353A de 1993, "en cuanto a las funciones del Inspector de Tránsito que tiene [sic]
4 Esta es una transcripción literal, los posibles errores, erratas, énfasis y mayúsculas forman parte del texto
original.
2
Radicado: 63001-2341-000-2008-00032-01 (59274)
Demandante: Instituto Departamental de Tránsito del Quindio
que ver con cursar las órdenes de retención y salida de vehículos de los patios de la
institución".
2.2. El 16 de abril de 2008, el Tribunal Administrativo del Quindío resolvió5 remitir este
asunto a un juez administrativo del circuito de Armenia, en razón a su cuantía. Tras ello,
el Juez Primero Administrativo del Circuito de Armenia admitió8 la demanda, siendo ello
notificado al señor Efraín Sáenz7. Sin embargo, por medio de auto del 13 de noviembre
de 20098, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia se declaró
incompetente y ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo del
Quindio, con fundamento en el artículo 7 de la Ley 678 de 2001, de acuerdo con el cual
la competencia recae en el juez o tribunal que hubiera tramitado el proceso de
responsabilidad estatal que originó la repetición; colegiatura que, a su vez, declaró la
nulidad de todo lo actuado a partir de la remisión del proceso a los jueces
administrativos del circuito de Armen iag y admitiól° la demanda.
2.3.1. Diego Alonso Barco Jaramillo presentó escrito de contestación", en el que
manifestó: (i) que, para la época de los hechos era inspector de accidentes y
contravenciones; (ii) que era cierto que Sandra Patricia Padilla Suárez había autorizado
la entrega del vehículo con matrícula WHF728, mediante oficio núm. 036447, pero ella
no habría omitido ninguna formalidad legal, "exigiendo entre otros la tarjeta de
propiedad original, la cédula de ciudadanía del señor Luis Porras [...] [y] el inventario
del automotor". Agregó que no había intervenido en la entrega del referido automotor y
que, para la época de los hechos, no existía un manual que fijara el procedimiento para
la entrega de vehículos, como consta en el oficio SA-389 de 25 de septiembre de 2008.
Finalmente, propuso excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.3.2. La misma excepción fue propuesta por Efraín Sáenz en su contestación 12, quien
adujo que, "como ya es evidente, la entrega del vehículo fue realizada exclusivamente
por Sandra Patricia Padilla Suárez, en su calidad de funcionaria del Instituto
Departamental de Tránsito del Quindío".
2.3.3. Después de que Sandra Patricia Padilla Suárez fuera emplazada", sin que
compareciera al proceso, se nombró curador ad litem", el cual aceptó su designación
el 10 de abril de 201418 y, en la contestación que presentó", manifestó que no le
constaban los hechos de la demanda y que se atendría a lo que se probara en el
proceso.
2.4. A través de auto del 24 de julio de 201417, fueron decretadas las pruebas pedidas
por la parte demandante, así como las adjuntas a las contestaciones de la demanda.
Habiendo concluido el periodo para su práctica, se corrió traslado" a las partes para
alegar y al Ministerio público para conceptuar; oportunidad esta que fue aprovechada
5 Folios 48 y 49, c. 1.
6 Auto del 4 de junio de 2008, folios 53 y 54, c. 1.
7 Folio 69, c. 1.
Folios 75 a 74, c. 1.
9 Auto del 22 de enero de 2010, folios 82 a 86, c. 1.
10 Auto del 9 de febrero de 2010, folios 88 y 89, c. 1.
11 Folios 141 a 148, c. 1.
12 Folios 154 y 155, c.
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