Titulación de la relatoría 26.218 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / IUS VARIANDI / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / DIFERENCIA ENTRE TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE Y TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / IMPUESTO / HECHO IMPREVISIBLE / CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La ruptura del equilibrio económico del contrato por la fijación de nuevos impuestos o gravamenes en el curso del contrato estatal se da de manera automática?
Respuesta al problema jurídico: No
En lo que atañe a la figura del equilibrio económico del contrato, su primaria regulación se encuentra en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, que lo establece como una condición que debe reunir todo contrato estatal sujeto a ese estatuto, para garantizar la igualdad o equivalencia entre los derechos y las obligaciones mutuas derivadas del negocio jurídico, de suerte que, alterada o fracturada tal equivalencia o equilibrio, las partes deben proceder a su restablecimiento Luego, el equilibrio económico se predica respecto de aquellas condiciones y contraprestaciones que las partes han pactado al celebrar el contrato, y en virtud de las cuales esperan recibir los beneficios y provechos mutuamente equivalentes que les otorgará la ejecución del objeto negocial –configurados precisamente bajo el principio de equivalencia de prestaciones. En cuanto a las causas de la ruptura del equilibrio financiero del contrato, la jurisprudencia y la doctrina las han clasificado en tres grupos esenciales, a saber: a) las que responden a los supuestos de la teoría de la imprevisión por ser, justamente, imprevisibles y ajenos a las partes, al Estado y al contrato; b) las causas configurativas del denominado “hecho del príncipe”, que resultan imputables a la entidad contratante que en ejercicio de sus funciones administrativas profiere una medida de carácter general que termina afectando a su propio contratista y siendo ajena al contrato, incide en él alterando gravemente la economía contractual; y c) los eventos del denominado “ius variandi”, referentes a las modificaciones unilaterales que la entidad estatal le realiza al contrato. Estas causales tienen como denominador común la imprevisibilidad y anormalidad del hecho que origina el desequilibrio, lo cual implica que, para que se reconozca el rompimiento de la ecuación económica, se requiere que tal fenómeno no se haya originado dentro del margen de riesgo propio del contrato ni bajo las circunstancias previstas por las partes al distribuir, precisamente, los riesgos del objeto contractual, en las cláusulas del negocio jurídico, o al efectuar los ajustes económicos del mismo durante su ejecución. En ese sentido, el rompimiento del equilibrio económico del contrato no se produce simplemente porque el contratista deje de obtener utilidades o porque surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, si estos no superan el álea normal del contrato o corresponden a las eventualidades o contingencias asumidas por las partes tanto al celebrar el acuerdo de voluntades como al establecer los mecanismos que la ley autoriza para mantener la ecuación económica durante la vigencia del contrato. Vale la pena agregar que, en materia de medidas tributarias, la jurisprudencia ha reconocido que la fijación de nuevos impuestos o gravámenes durante el curso de los contratos estatales bien puede dar lugar a la ruptura del equilibrio financiero, dada la incidencia que claramente tendrían tales cargas en los costos del negocio jurídico. Sin embargo, al lado de ello se ha recalcado que esa ruptura no se da de manera automática ni a priori, sino que debe probarse en cada caso no sólo el carácter imprevisible de la imposición tributaria, sino también que ésta haya generado una alteración grave de las condiciones del contrato preexistentes al gravamen, y que la carga que por cuenta de los impuestos debe asumir la parte afectada, para cumplir sus obligaciones contractuales, es de carácter anormal, superior a cualquier margen razonablemente previsible del riesgo que asumió al suscribir el contrato (...)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la ruptura del equilibrio del contrato, ver: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de 2020, exp. N° 05001-23-31-000-2006-03354-01(46057), C.P. María Adriana Marín; la sentencia proferida por esta Subsección el 16 de septiembre de 2013, exp. 30571, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Asimismo, la sentencia del 14 de marzo de 2013, exp. 20524, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sobre el principio de equivalencia de las prestaciones, ver: sentencia de fecha 31 de agosto de 2011, exp. 25000-23-26-000-1997-04390-01(18080), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, el 23 de noviembre de 2017, exp. N° 25000-23-26-000-1999-02431-01(36865), el 30 de mayo de 2019, exp. N° 53875, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y el 20 de noviembre de 2019, exp. N° 23001-23-31-000-2008-00132-01(41934). Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 28 de enero de 2016, exp. N° 25000-23-26-000-2003-01742-01(34454). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la ruptura del equilibrio por via tributaria, ver: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera. Sentencia de 7 de marzo de 2002, exp. 21588, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27
CONTRATISTA / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / ADICIÓN AL CONTRATO / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ESTATAL / NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO / OBSERVACIONES A LA MINUTA DE CONTRATO
Problema jurídico:
¿El silencio del contratista frente a los acuerdos modificatorios y la eventual insuficiencia de los mismos para solventar situaciones que puedan alterrar la economía del contrato, genera por si solo una decisión desfavorable a sus pretensiones ante el juez del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
Cierto es que, de tiempo atrás, la jurisprudencia ha fijado criterios orientados a recalcar que los acuerdos modificatorios del contrato son ley para las partes, y que el silencio del contratista en esos pactos, sobre la eventual insuficiencia de los mismos para solventar situaciones que puedan alterar la economía del contrato (y que sean justamente objeto de tales convenios), puede derivar en que no prosperen las pretensiones de restablecimiento elevadas al respecto en sede judicial; sin embargo, no es menos cierto que al lado de ese razonamiento se ha examinado, en todo caso, y con base en las pruebas, la alteración o no del equilibrio económico del contrato, y en esa medida, especialmente en providencias más recientes, también se ha dejado en claro que esa postura inicial anotada no puede entenderse como una suerte de “tarifa legal” probatoria que impida al juez verificar la ocurrencia del desequilibrio alegado, sin dejar de reconocer que pueden ser contrarios a la buena fe determinados casos en los que el contratista ha aceptado pacíficamente las modificaciones de tiempo y valor aplicadas al contrato, omitiendo señalar eventualidades lesivas para la equivalencia prestacional del contrato, ya conocidas en ese momento pero no puestas de presente ante la Administración. El asunto fue esclarecido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 27 de julio de 2023, en la cual se partió por recalcar que el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, norma reguladora del restablecimiento del equilibrio económico de los contratos estatales, no establece requisitos para la prosperidad de las pretensiones judiciales relativas al contrato, como tampoco hace derivar de ella que el silencio de una de las partes sobre un asunto materia de demanda judicial genera por sí solo una decisión desfavorable a sus pretensiones. (...) Por tanto, contrario a lo afirmado por el sentenciador de primer grado, el referido silencio de la sociedad A.I.A. S.A., en las adiciones del Contrato N° 18 de 2007, sobre su derecho a reclamar por la ruptura del equilibrio económico del contrato, no era óbice para abordar en sede de juicio la pretensión elevada en tal sentido, pues cualquier decisión sobre ese punto necesariamente debía estar precedida del examen probatorio del caso y del análisis de lo pactado por las partes en tales acuerdos, así como de la conducta adoptada por los firmantes durante el desarrollo del contrato y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon su ejecución. Cosa distinta es que, efectuado tal ejercicio hermenéutico y de valoración probatoria, se determine que en todo caso las pretensiones de restablecimiento de la ecuación contractual no son atendibles, pero ello sólo lo establecerá la Sala después de abordar el análisis de fondo de tal petitum, como ya se anotó.
NOTA DE RELATORÍA:
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 5001233300020130052601(55855), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B. Sentencia del 10 de junio de 2022, exp. N° 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168), C.P. Alberto Montaña Plata). En el mismo sentido, y dictadas por esta Subsección, véanse las sentencias del 8 de mayo de 2020 -exp. 66001-23-31-000-2011-00255-00 (64701), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico- y el 23 de octubre de 2020 -exp. 25000232600020060206202(45190), C.P. José Roberto Sáchica Méndez-. Exp. 05001-23-31-000-1999-02151-01 (39121), C.P. Guillermo Sánchez Luque
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27
CONTRATO DE OBRA / OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / HECHO IMPREVISIBLE / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL / IMPREVISIBILIDAD / TRIBUTO / IMPOSICIÓN DE NUEVO TRIBUTO / IMPOSICIÓN DEL TRIBUTO / LICITACIÓN / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Para octubre de 2006, cuando tuvo lugar la licitación que precedió al contrato de obra materia de controversia, era imprevisible la operabilidad de la contribución especial prevista en la Ley 1106 de 2006?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como se aprecia palmario, la controversia en torno al tributo que fue aplicado al contrato surgió, precisamente, con ocasión de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 (...) Esta norma fue reglamentada por el Decreto 3461 de 2007, en cuyo artículo 1 se precisó que la contribución se causaría “sólo en aquellos casos en que los contratos con entidades públicas (...) se suscriban como resultado de licitaciones o procesos de selección abiertos a la recepción de ofertas con posterioridad al 22 de diciembre de 2006”, en tanto que “[l]as adiciones en valor a todos los contratos” referidos en el mismo artículo 6 de la ley comentada, estarían gravadas con ese concepto tributario. Es claro entonces, y así lo reconocieron las partes, que en el contrato de obra N° 18 de 2007, la aludida contribución sólo operaría al suscribirse acuerdos para adicionar el valor del negocio primigenio. Por otro lado, aunque la EDU alegó que la contribución ya existía en el momento de celebración del contrato, dado que el legislador ya la había previsto desde 1997, lo cierto es que el artículo 120 de la Ley 418 de ese año estableció inicialmente el gravamen para los contratos de obra pública relativos a la construcción y mantenimiento de vías, siendo su texto modificado posteriormente por el artículo 37 de la Ley 782 de 2002, que en su momento amplió la imposición del tributo a los contratos estatales celebrados para el mantenimiento de vías de comunicación fluvial y para la construcción de puertos, por lo que continuó dejando por fuera los demás contratos de obra pública. En esa medida, era palmario que en octubre de 2006, cuando tuvo lugar la licitación que precedió al contrato materia de controversia, era imprevisible la operabilidad de la aludida contribución para obras públicas distintas a las ya gravadas, lo que sólo vino a ocurrir en diciembre de 2006 para contratos licitados a partir de esa época, como ya se anotó.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 3461 DE 2007, LEY 1106 DE 2006 - ARTÍCULO 6, LEY 418 DE 1997 - ARTÍCULO 120, LEY 782 DE 2002 - ARTÍCULO 37
AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ADICIONAL / CONTRATO ADICIONAL ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REVOCATORIA DE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Se le debía reconocer a la sociedad A.I.A. S.A. el restablecimiento del equilibrio económico del contrato N° 18 de 2007 por mayor permanencia en la obra, pese a no haber plasmado ninguna salvedad en las adiciones en tiempo y valor que sobre tal negocio se convinieron?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala evidencia que no puede prosperar la apelación formulada por la parte actora, ya que si bien, como se anotó, la no exposición de salvedades en las Adiciones 1 a 7 del contrato N° 18 de 2007 no impedía el examen judicial de su equilibrio económico y de las responsabilidades asociadas a su restablecimiento por eventual ruptura, en todo caso no concurren los presupuestos para reconocer el desequilibrio financiero por mayor permanencia en la obra, aducido en la alzada de la demandante. En contrapartida, prospera la censura formulada por la EDU, pues en el sub judice tampoco se dan los elementos para condenar a la entidad a compensar ni reembolsar a la contratista la debatida contribución del 5%, por lo cual se deberá modificar el fallo apelado, para denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda. (...) la actora solicita, (...), el pago de $572’868.653, para lo cual invoca la ocurrencia del desequilibrio económico del contrato. Sin embargo, la construcción de su pretensión -que hoy reivindica en sede de segunda instancia- se cimenta sobre premisas equivocadas, pues presupone que cualquier exceso en que se incurra en gastos de administración da lugar a restablecimiento de la ecuación contractual, cuando no es así: no cualquier desfase en el componente de administración -como tampoco en los imprevistos ni en las utilidades- es configurativo de desequilibrio, sino sólo aquel que altere en forma grave y excesiva la economía del contrato, al punto de llevar a la parte afectada a la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones sin incurrir en cargas desproporcionadas por la anormal variación de las condiciones en que el negocio fue celebrado, y a sufrir pérdidas graves que no tenía el deber de soportar, por ser ajenas a su margen de maniobra e imprevisibles en el momento de suscribir el respectivo acuerdo de voluntades. Ahora, el valor total del componente de “administración” inicialmente ofertado y contratado era de $535’680.000, equivalente al 12% de los costos directos de la obra. Por su parte, las adiciones en valor del contrato arrojaron un total de $2.789’999.999, lo que implicaba que, bajo el porcentaje inicialmente destinado al AIU -20%-, un monto del orden de los $557’999.999 engrosó la cuantía de la administración, los imprevistos y las utilidades del contrato y sus acuerdos modificatorios, correspondiendo el 80% restante (es decir, $2.231.999.999,2) a los costos directos de las obras objeto de adición. En tal virtud, si en los términos del contrato primigenio, el rubro de administración equivalía al 12% de los costos directos, las adiciones del valor representaron $267’839.999 para ese componente (12% de los costos directos de esas adiciones). Por consiguiente, el total de lo pactado en el contrato y sus acuerdos modificatorios, por concepto de “administración”, equivalía a $803’519.999. Se reitera que, según la demanda y la certificación del contador público de la firma demandante, los costos reales de administración en que se incurrió durante todo el negocio jurídico fueron del orden de $1.385’237.905, lo cual, por sí solo representó una diferencia de $581’717.906 frente a las sumas previstas en el contrato y sus adiciones. La actora recuperó $812’369.25222, sin retorno de los demás gastos equivalentes a $572’868.653, pero no se aprecia que esta última cantidad, como tampoco la diferencia anotada de $578’717.906, afectaran la equivalencia prestacional y el equilibrio económico del contrato, pues esa cuantía de sobrecostos no representó la imposibilidad de cumplir con el contrato bajo pérdidas financieras o con una anormal onerosidad para la contratista, ya que el objeto pactado llegó a término sin haberse siquiera demostrado la afectación de todo el componente AIU del contrato y sus adiciones en valor, esto es, la suma de $1.673’999.99923. Esto último implica que la suma solicitada por la demandante a título de sobrecosto por mayor permanencia en la obra tampoco representó disminución alguna en el componente de utilidades previsto inicialmente -lo que por sí mismo no se traduce de manera automática en un desequilibrio financiero del contrato24- y no alteró el componente los imprevistos, destinados precisamente a cubrir esa clase de contingencias, lo que permite reafirmar, en definitiva, que no es posible señalar la ruptura de la ecuación contractual que alega A.I.A. S.A. Ahora, la pretensión relativa a tales rubros extraordinarios también se encaminó al reconocimiento de la suma que “resultara probada en el proceso”, así fuera superior a la estimada en la demanda; pero no obra en el plenario, prueba alguna que demuestre sobrecostos superiores a los $572’868.653 tasados en el libelo, (...) de modo que no es posible establecer por concepto de costos de administración, cuantía alguna mayor a la estimada por la parte demandante y en el reporte de su contador y su revisor fiscal. Por ello mismo, y en suma, se concluye que si bien es verdad que la actora aportó la copia de las adiciones de valor y plazo, demostrativas de la mayor permanencia en la obra, junto con las comunicaciones en que se expusieron diversas contingencias en la zona intervenida, así como los comprobantes de nómina y facturas de distintos bienes y servicios subcontratados para la ejecución de la obra -tales como vigilancia, maquinaria, papelería y transporte, que constituyeron los soportes de la certificación del contador (cuad. 3, anexo)-, lo cierto es que no acreditó que el pago de tales conceptos ocasionara la excesiva onerosidad del contrato de obra pública N° 18 de 2007, al punto de alterar el equilibrio económico del mismo en los términos antes señalados, sobrepasando de manera anormal lo previsto en las indicadas adiciones suscritas por mutuo acuerdo.
RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / FALTA DE PRUEBA / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADICIONAL / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL / REVOCATORIA DE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / TRIBUTO / IMPOSICIÓN DE NUEVO TRIBUTO / IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DEL TRIBUTO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se demostró la ruptura de la ecuación contractual por la retención de la contribución establecida en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2007, y en tal virtud procedía condenar a la EDU a reembolsar o devolver a la sociedad contratista los valores retenidos por ese concepto?
Respuesta al problema jurídico: No
En lo que respecta a la contribución impuesta en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, le asiste razón a la EDU en cuanto señala, en su recurso de apelación, que la demandante no demostró la ruptura del equilibrio financiero derivada del cobro de tal prestación tributaria. En efecto, debía demostrarse en el proceso que la mayor onerosidad del contrato, derivada de la inclusión de ese gravamen en las adiciones económicas pactadas, no fue cubierta con los precios previstos en esos instrumentos, sino que superó las previsiones hechas en ellos, de manera extraordinaria, grave y anormal, exacerbando toda carga que el contratista estuviera llamado a asumir; sin embargo, no se acreditó tal presupuesto, lo que se concluye tras verificar las siguientes falencias en la construcción y prueba de la pretensión relativa al aludido tributo, así como en la forma como se resolvió dicho punto en el fallo impugnado: En primer lugar, debe reiterar la Sala que la entrada en vigencia de nuevos impuestos, tasas o contribuciones durante el término de ejecución del contrato no acarrea por sí misma, menos en forma automática, la ruptura del equilibrio negocial, pues si bien es palmario que la imposición de obligaciones tributarias, sobreviniente al contrato, puede potencialmente afectar precios o costos previstos en él, para que de ello surjan reconocimientos por desequilibrio económico deben concurrir todos los elementos de esa figura, esto es, no sólo la imprevisibilidad de la medida, sino que ésta haya ocasionado una excesiva onerosidad del contrato, con afectación patrimonial grave y extraordinaria tanto para el negocio mismo como para la parte que debió asumir la correspondiente carga. Por ello, habiendo estructurado A.I.A. S.A. la pretensión relativa a la contribución del 5% establecida en la Ley 1106 de 2006, sobre la base de un desequilibrio contractual, debía demostrar la ocurrencia de los mencionados presupuestos, no siendo suficiente para ello la denegación de su “compensación” por parte de la EDU, como lo razonó el juzgador de primer grado. (...) En segundo término, muy ligado a lo que se acaba de señalar, se recalca que la cuestión que concernía al presente juicio era la ocurrencia o no de desequilibrio contractual por causa de la contribución, más no la procedencia de devolver retenciones o de disponer el reintegro de lo que le hubiera correspondido pagar a la contratista como sujeto pasivo del tributo. No existe basamento legal del que pueda deducirse la obligación para una entidad del Estado, retenedora de contribuciones e impuestos, de devolver al contribuyente los abonos que haya hecho por ese concepto y asumirlos la Administración con su propio patrimonio, en el marco del contrato estatal, menos sobre la base de entender que por el solo pago del gravamen se rompió la ecuación financiera del negocio jurídico. En tercer lugar se evidencia que, al no haberse demostrado siquiera las retenciones efectivas hechas por la EDU para asegurar la contribución, no se cuenta con base alguna para establecer a partir de ello la ocurrencia o no del desequilibrio alegado. Así, la parte actora no allegó ningún instrumento en el que la EDU hubiera reportado, registrado ni constatado las retenciones efectivamente realizadas, sino únicamente las solicitudes de pago directamente presentadas y discriminadas por A.I.A. S.A., junto con los respectivos recibos de caja también suscritos por la contratista. A ello se agrega que no obra ningún elemento de convicción que justifique la inclusión de “contribuciones” en solicitudes de pago presentadas antes del 17 de agosto de 2007, cuando hasta esa fecha no se había convenido ninguna adición al valor del contrato ni se habían incluido descuentos por contribuciones en las respectivas actas de obra. Finalmente, como cuarto punto de análisis relativo a la contribución, se advierte que las pruebas aportadas por la demandante para reivindicar su causa -concretamente, la certificación del revisor fiscal y el contador público, junto con su soporte contable- indican que los alegados “costos reales de administración” sufragados por A.I.A. S.A. incluyeron “impuestos y contribuciones” (fls. 20-21, c.1), lo que significa que tales obligaciones tributarias ya estaban comprendidas en las sumas que la actora estimó al solicitar el restablecimiento del equilibrio contractual por mayor permanencia en la obra. De tal manera, no se cuenta con base alguna para tomar separadamente el pago de la contribución del 5% que la actora reclama y los gastos administrativos que en la demanda se adujeron como fuente de desequilibrio por $572’868.653, pues en éstos últimos quedaría incluido lo pagado por la actora por concepto de contribuciones, sin que haya prueba de que el cálculo hecho por la demandante y por el contador público en la certificación hubiera dejado de lado ese concepto tributario hoy objeto de controversia. (...) Conclusiones A la luz de lo hasta aquí expuesto, la Sala concluye que no hay lugar a reconocer el restablecimiento del equilibrio económico del contrato N° 18 de 2007, puesto que no se demostró que la mayor permanencia de la contratista en la obra le hubiera ocasionado sobrecostos que sobrepasaran el álea normal del negocio jurídico y de las adiciones de tiempo y plazo que sobre él se suscribieron, como tampoco se acreditó que, por una ruptura de la ecuación contractual, la EDU estuviera obligada a resarcir a favor de la contratista el valor de las retenciones que le hubiera hecho por concepto de la contribución prevista en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los requisitos para el reconocimiento del desequilibrio del contrato por un nuevo impuesto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 29 de mayo de 2003, exp. 73001-23-31-000-1996-4028-01(14577), sentencias del 18 de septiembre de 2003 -exp. 70001-23-31-000-1996-05631-01(15119)- y del 18 de diciembre de 2020 -exp. 05001-23-31-000-2010-01456-01(49840), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas-.
FUENTE FORMAL:
LEY 1106 DE 2007 - ARTÍCULO 6