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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de corrección de providencias2023-09-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 15001233100020060295202ACCION CONTRACTUAL
¿Las providencias pueden ser corregidas cuando en ellas se haya incurrido en errores por omisión, cambio de palabras o alteración de estas? Sí
Las providencias pueden ser corregidas cuando en ellas se haya incurrido en errores por omisión, cambio de palabras o alteración de estas, siempre que los mismos se encuentren contenidos en la parte resolutiva o influyan en ella. En la sentencia se definió claramente que no procedía la condena en costas en esta instancia por cuanto no quedó acreditada en la actuación una conducta temeraria, en los términos en que lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. En ese sentido, la Sala accede a la solicitud de corrección de la parte resolutiva de la sentencia.
También resuelve:¿Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-10-07Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020200031102Controversias contractuales
¿Procede el recurso de apelación contra el auto que aprueba la liquidación de costas para controvertir el monto de las agencias en derecho? Sí
Cualquier sujeto procesal inconforme con la decisión sobre costas puede interponer los recursos de reposición y apelación contra el auto aprobatorio de la liquidación para controvertir exclusivamente el monto de las agencias en derecho. En este auto, la corporación confirmó la providencia apelada que aprobó la liquidación de costas de un proceso de controversias contractuales, aplicando el artículo 188 del CPACA y el artículo 366 numeral 5 del Código General del Proceso, al constatar que las agencias en derecho se fijaron dentro de los rangos previstos en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura y resultaban razonables frente a la labor desplegada.síntesis automática
También resuelve:¿La fijación de las agencias en derecho debe supeditarse al monto de los perjuicios que se liquiden en el incidente derivado de una condena en abstracto?¿Procede condenar en costas de primera instancia a la parte demandada cuando la sentencia de segunda instancia revoca la decisión del a quo y la parte demandante, por conducto de apoderado judicial…¿Se ajusta a derecho la liquidación de costas cuando las agencias en derecho fijadas se encuentran dentro de los rangos previstos en las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura…
¿El convenio interadministrativo debió ser liquidado según lo acordado por las partes, y la liquidación no se logró? Sí
El contratista no puede liquidar unilateralmente un convenio interadministrativo si no está expresamente acordado de manera clara y precisa en el acuerdo de voluntades, lo que implica que la entidad contratante no está facultada para realizar la liquidación unilateral del negocio jurídico ni legal ni negocialmente, salvo que las partes hayan establecido explícitamente dicha facultad. En este caso, la entidad estatal no tenía la facultad de liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo, ya que del convenio no se extraía que las partes hubieran estipulado tal facultad en cabeza del Ministerio del Interior. Entre el 16 de febrero y el 16 de junio de 2015 corrió el plazo convenido para liquidar bilateralmente el convenio, y a partir del 17 de junio de 2015 empezó a correr el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que transcurrió hasta el 20 de junio de 2017, lo que llevó a la Sala a revocar la sentencia de primera instancia y declarar, de oficio, la caducidad del medio de control de controversias contractuales. Esto implica que en casos similares, es crucial que las partes acuerden explícitamente la facultad de liquidación unilateral en el convenio interadministrativo para evitar problemas de caducidad en el ejercicio del medio de control.síntesis automática
También resuelve:¿En los convenios interadministrativos resulta válido que una de las partes realice la liquidación unilateral siempre, que esté expresamente acordado de manera clara y precisa en el acuerdo de…¿De las cláusulas del convenio interadministrativo no se extrae que las partes hayan estipulado en cabeza del Ministerio del Interior, la facultad de liquidar unilateralmente el convenio?¿El Ministerio del Interior no estaba facultado ni legal ni negocialmente para liquidar unilateralmente el negocio jurídico?
¿En el medio de control de repetición, es necesario aportar como anexo a la demanda la providencia en la que se condena al Estado? Sí
En el medio de control de repetición, la condena judicial que sirve de fundamento a la acción debe aportarse con la demanda, junto con la providencia que contiene los fundamentos fácticos y jurídicos que llevaron a la condena del Estado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la existencia de la condena es un requisito objetivo de la acción, que debe quedar probado con la decisión misma y no con afirmaciones de la demandante sobre sus anexos. Segunda, la prueba de oficio prevista en el artículo 213 del CPACA sirve para esclarecer la verdad y no para suplir la carga de aportar la condena que corresponde al actor. En el caso, la demandante afirmó que la providencia estaba anexa, pero no lo estaba, y la Sala negó el decreto de oficio. La providencia confirma esa negativa. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe anexar la providencia condenatoria completa, con sus fundamentos, desde la presentación de la demanda, porque el juez no la suplirá por vía de prueba de oficio.síntesis automática
También resuelve:¿Se encontró acreditado uno de los elementos objetivos de la repetición, cual es la existencia de una condena?¿La demanda de repetición debe ser presentada con la acreditación de los requisitos necesarios para que el juez determine su procedencia?¿Las costas procesales se componen de expensas y gastos sufragados en el proceso y las agencias en derecho?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición si presenta la demanda fuera del plazo legal, configurándose la caducidad del derecho de acción. Según la jurisprudencia, el término para instaurar la demanda de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo que la administración tiene para pagar las condenas, lo que garantiza la seguridad jurídica y evita situaciones indefinidas en el tiempo. La Sala revoca la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y declara probada, de oficio, la excepción de caducidad, reiterando la importancia de cumplir con los plazos establecidos para el ejercicio de los medios de control, lo que implica la pérdida de la facultad de accionar y la imposibilidad de decidir sobre el fondo del asunto.síntesis automática
También resuelve:¿Las demandas de repetición debían instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o, a más tardar…¿La ley estableció unos plazos razonables con el propósito de que las personas acudan ante la jurisdicción, término que, en caso de vencerse…¿El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público?
¿Es procede la revocatoria de la sentencia de primera instancia por haber fallado hechos distintos a los planteados en el fundamento fáctico y jurídico de la demanda, vulnerándose el principio de congruencia de la sentencia y los derechos de defensa y debido proceso del demandado? Sí
El juez de segunda instancia, cuando conoce de la apelación de un único apelante, está limitado a los reparos concretos que este formula contra la decisión que le resultó desfavorable, salvo que se trate de circunstancias que pueda declarar de oficio, y que la sentencia que condena por un hecho distinto del planteado en la demanda vulnera la congruencia y el derecho de defensa del demandado. Una razón es que en la demanda se imputó al demandado la expedición de unos decretos de reorganización administrativa, mientras que la sentencia lo condenó por no evitar una irregularidad en el trámite de un acuerdo municipal que nunca fue mencionada en el libelo. Otra razón es que el tribunal analizó escenarios que la parte no había planteado, con lo que desconoció la defensa del demandado. En el caso, la Sala revocó los ordinales de la sentencia que declararon la responsabilidad y el plazo para su cumplimiento, y no se pronunció sobre los demás demandados ni sobre los honorarios del curador ad litem. Su consecuencia práctica es que el fallo de repetición debe limitarse al hecho invocado en la demanda y a los reparos del apelante.síntesis automática
También resuelve:¿El pronunciamiento del juez de segunda instancia está limitado por las razones de apelación expuestas por el apelante único?¿Conforme al principio de congruencia, el pronunciamiento del juez debe guardar consonancia con las pretensiones de la demanda?¿La procedencia de la sentencia complementaria, está condicionada a que la parte perjudicada con la decisión, sea quien interponga el recurso de apelación?
¿La acción de repetición se presentó por fuera del término establecido en el artículo 177 del C.C.A.? Sí
Cuando el pago total de la condena ocurre después del vencimiento del plazo de 18 meses para su cumplimiento, el término de caducidad de la acción de repetición de dos años se cuenta desde el día siguiente a ese vencimiento, que es el hecho que ocurre primero en el tiempo. La regla se apoya en tres razones. Primera, el numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo fija el término de dos años contados a partir del día siguiente al pago total efectuado por la entidad. Segunda, el plazo de 18 meses del inciso cuarto del artículo 177 del mismo código empieza a correr después de la ejecutoria de la providencia que ordena el pago, de modo que su vencimiento puede anteceder al pago. Tercera, en el caso el vencimiento de los 18 meses ocurrió primero, por lo que la acción caducó el 10 de diciembre de 2001, y la demanda presentada el 12 de agosto de 2002 resultó extemporánea. En consecuencia, la providencia revoca la sentencia de primera instancia y declara probada de oficio la caducidad de la acción. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago total o, a más tardar…¿Al momento de dictar sentencia le corresponde al juez analizar los presupuestos procesales de la acción, entre ellos, la caducidad?¿El Consejo de Estado confirmó la sentencia condenatoria que impuso un pago a favor del demandado y en contra de la entidad demandante?
¿El medio de control de repetición está ideado para los eventos en que el Estado sea condenado a responder patrimonialmente por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes? Sí
La acción de repetición no puede emplearse para repetir el pago contra un sujeto solidariamente obligado ni para determinar de nuevo la responsabilidad de quien ya fue condenado solidariamente con efectos de cosa juzgada, porque ese medio de control está concebido para el caso en que el Estado sea condenado a responder por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes. La regla se apoya en que, bajo el Decreto 01 de 1984, no resulta procedente adecuar la acción de repetición al cauce procesal correspondiente cuando se ha elegido otra vía. Por ello, la escogencia indebida de la acción conduce a la ineptitud sustantiva de la demanda. En el asunto, la Sala revocó la sentencia desestimatoria de primera instancia y declaró probada, de oficio, la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción. En la práctica, la entidad que pretende repetir contra un condenado solidario debe escoger la vía procesal que corresponda a su pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición puede ser empleada por las autoridades para replantear o reabrir el debate sobre la responsabilidad definida de manera solidaria en fallo judicial anterior?¿La acción de repetición deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa?¿La empresa Corelca S.A. ESP pretende que su contratista le pague una suma de dinero correspondiente al valor que la demandante tuvo que cancelar como producto de una condena solidaria?
¿El Distrito cumplió la obligación de restituir los inmuebles arrendados al vencimiento del plazo? No
El contratista no puede exigir la restitución de los inmuebles arrendados al vencimiento del plazo si la entidad estatal incumple con el pago de los cánones de arrendamiento y la devolución de los bienes, ya que dicha situación constituye un incumplimiento contractual y no una ocupación temporal sin contrato. En este caso, el Distrito no restituyó los inmuebles y dejó de pagar los cánones al vencimiento del contrato, lo que fue declarado como incumplimiento contractual. La entidad debe pagar los cánones adeudados, pero no se ordenará el pago de las sumas canceladas a la propiedad horizontal ni de las cuotas de administración de parqueaderos, ya que estos no estaban incluidos en los contratos como obligaciones del arrendatario. Esta decisión reitera la obligación de cumplir con las condiciones pactadas en el contrato de arrendamiento y matiza la interpretación de la ocupación temporal sin contrato, enfatizando la naturaleza contractual del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Se declara el incumplimiento de la entidad y se ordena pagar los cánones adeudados?¿No se puede ordenar el pago de la administración de los parqueaderos porque su uso no estaba incluido en los contratos?¿El propietario del inmueble arrendado se encuentra legitimado por activa aun cuando el contrato que fundamenta las pretensiones fue suscrito por un mandatario?
¿El fallo de responsabilidad patrimonial o en sede de legalidad ata al juez de la repetición? No
El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado o de nulidad del acto no ata al juez de la repetición, de modo que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente debe acreditarse en el proceso de repetición con prueba propia. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la sentencia condenatoria contra el Estado no es prueba suficiente de la conducta del agente, porque en repetición se realizan valoraciones distintas sobre el comportamiento del servidor y no sobre la responsabilidad del Estado. Segunda, la declaración judicial de afectación de un derecho o de antijuridicidad del daño no acredita la conducta dolosa o culposa del agente que lo propició. Tercera, la entidad que pretende repetir debe expresar la causal de la presunción de dolo o culpa grave y acreditar sus supuestos en el proceso, con oportunidad de defensa para el demandado. En el caso no se acreditó el aspecto volitivo del demandado, por lo que la providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba del dolo o de la culpa grave en la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La desviación de poder manifestada está respaldada en el acervo probatorio?¿Las atribuciones otorgadas a un funcionario público para gestionar y concretar un acto deben dirigirse principalmente al cumplimiento de los fines del Estado?¿El acto administrativo fue proferido por el demandado ostentando la calidad de servidor público?
¿Obra prueba en el expediente que le permita concluir a la Sala que el Departamento estaba obligado a pagar una actividad de obra según una especificación técnica distinta a la que estableció en la etapa precontractual? No
El contratista no puede modificar la especificación técnica del contrato de obra pública establecida en la etapa precontractual sin prueba documental que lo permita, ya que la entidad estatal dejó claro durante el proceso de selección que la especificación aplicable era la del Departamento, no la del INVIAS. La Sala establece que el Interventor puede corregir o modificar las actas parciales en actas posteriores según lo pactado en el contrato, y que no existe incumplimiento del contrato por parte del Departamento al no pagar según una especificación técnica distinta a la pactada. Esta decisión revoca la sentencia de primera instancia y reitera que la obligación del contratante frente al pliego de condiciones debe respetarse, matizando la interpretación de la buena fe contractual en este contexto.síntesis automática
También resuelve:¿De conformidad con las cláusulas del contrato de obra, el Interventor podía hacer correcciones o modificaciones de las actas parciales en actas posteriores?¿La especificación del INVIAS no era aplicable al ítem de “Terraplenes” pues la entidad durante el proceso de selección dejó claro que la especificación aplicable era la del Departamento?¿La Sala revocará el fallo de primera instancia y negará las pretensiones porque el Tribunal desconoció la forma de pago establecida en el contrato de obra?
¿La competencia del ad quem se contrae a revisar la decisión impugnada de cara a los motivos de censura expuestos por el apelante? Sí
La competencia del juez de segunda instancia se contrae a revisar la decisión impugnada frente a los motivos de censura que formula el apelante, y no puede pronunciarse de fondo sobre una sentencia que no fue cuestionada. La regla se apoya en tres razones. Primera, la apelación exige una debida sustentación que refute los fundamentos de la providencia, y si el recurrente plantea hechos distintos a los de la demanda, se desconecta de la razón de la decisión. Segunda, el juez de segunda instancia no puede analizar oficiosamente los argumentos del tribunal ni los del recurso, porque la instancia no es una nueva oportunidad para estudiar el asunto como si nunca hubiera sido analizado. Tercera, la sentencia de primera instancia quedó libre de censura, por lo que no procede reformarla. En consecuencia, se confirma el fallo que negó las pretensiones. El documento reitera la exigencia de debida sustentación del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿El apelante no cumplió adecuadamente la carga de sustentar el recurso, pues los argumentos que planteó no refutan los fundamentos de la sentencia?¿El apelante nada dijo respecto de la conducta de los demandados ni argumentó que hubiese existido una destinación diferente de recursos?¿El impugnante con la sustentación del recurso de apelación pretende variar los hechos en los que fundó su demanda inicial?
¿La potestad de adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando la parte actora ha señalado una vía procesal inadecuada, resulta aplicable al caso concreto? No
El contratista no puede adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando ha señalado una vía procesal inadecuada, ya que la reforma del CPACA que otorga dicha potestad no es aplicable en este caso, dado que la acción de controversias contractuales es indebida y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es extemporánea. La entidad estatal revoca la sentencia de primera instancia para declarar la indebida escogencia de la acción de controversias contractuales, lo que implica que no se puede adecuar el medio de control sin cumplir los requisitos que permitan un análisis juicioso y completo de la legalidad del acto administrativo, evitando así una violación del debido proceso y del principio de congruencia.síntesis automática
También resuelve:¿En consonancia con la hipótesis general que fijó la Corte Constitucional, se pueden proferir de manera excepcional decisiones inhibitorias?¿No cabe duda sobre los reproches que hizo la demandante a la legalidad de la decisión que rechazó el pago por falsa motivación del acto?¿El medio de control dispuesto por el ordenamiento para procurar el restablecimiento o reparación del daño causado por un acto administrativo ilegal…
¿Como consecuencia de la declaración de ineptitud sustantiva de la demanda el juzgador no tenía competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, cuando la demanda es declarada sustancialmente inepta, el juez no tiene competencia para resolver el fondo de la controversia, de modo que no puede pronunciarse sobre las pretensiones. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ineptitud sustantiva de la demanda impide un pronunciamiento de fondo, de modo que no puede tenerse por resuelta la pretensión en sentido desfavorable. Segunda, la decisión de fondo que se adopte sin competencia para ello carece de efectos sobre el litigio. En el caso, la sentencia de primera instancia había dado por resueltas las pretensiones, pero la Sala revoca esa decisión porque el juzgador no tenía competencia para decidir el fondo, y en su lugar declara el incumplimiento de la obligación de excluir ciertas áreas del objeto del contrato de comodato. En la práctica, la ineptitud sustantiva debe examinarse antes de resolver las pretensiones, porque un pronunciamiento de fondo sin competencia será revocado en apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Por no existir certeza en el perjuicio que solicita la parte actora sea reparado, no hay lugar al reconocimiento de tales pedimentos?¿Es claro que existió un incumplimiento por parte del municipio de Valledupar en la obligación de exceptuar del convenio los locales del inmueble?¿El vínculo jurídico inicial se cimentó en el apoyo de la corporación demandante en la efectividad del cumplimiento del servicio público de educación…
¿Se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual y fue antijurídica la conducta de la entidad demandada? No
La alteración grave del equilibrio económico del contrato debe probarse por quien la alega, y el simple incremento de un tributo no basta para acoger las pretensiones económicas del contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el gravamen de la estampilla alcanzaba a los documentos de cobro de obligaciones a cargo de la empresa pública, por lo que no hubo aplicación retroactiva del acuerdo municipal que lo creó. La segunda es que el contratista no allegó la propuesta económica del contrato ni otra prueba que permitiera concluir que el cobro adicional alteró gravemente el equilibrio o lo dejó en pérdida. En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda por falta de prueba del desequilibrio y de la conducta antijurídica de la entidad. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contratista no obtiene la compensación reclamada por el tributo.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad contratista acreditó la alteración grave del equilibrio financiero del contrato?¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato?¿Fue antijurídica la conducta de Metro Cali SA de aplicar el acuerdo del Concejo Municipal?
¿El incumplimiento de presupuestos procesales no es un aspecto que pueda sanearse, por lo que el juez lo puede constatar permanentemente y, de encontrarse acreditado, llevará a un fallo inhibitorio? Sí
El contratista no puede omitir el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad antes de radicar la demanda, ya que el juez puede constatar permanentemente el incumplimiento de este presupuesto procesal y declarar la inhibición del proceso si no se ha cumplido adecuadamente, sin que pueda sanearse en etapas posteriores del trámite. Además, la medida cautelar solicitada no versaba sobre un aspecto patrimonial, por lo que debía cumplirse el requisito de procedibilidad estudiado, lo que releva al juez de poder resolver la controversia y obliga a inhibirse para analizar de fondo la litis. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia, en virtud de la competencia funcional del juez de segunda instancia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La medida cautelar solicitada no versaba sobre un aspecto patrimonial y, por lo tanto, se debía agotar el requisito de procedibilidad estudiado, sin que se haya procedido de esa manera?¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia?¿El medio de control procedente es el de controversias contractuales, ya que se pretende el retiro del ordenamiento jurídico de actos administrativos contractuales?
¿La pretensión de liquidación judicial se fundamentó en una causa que evidencia un conflicto entre las partes? No
Cuando la pretensión de liquidación judicial de un convenio interadministrativo no se funda en un conflicto concreto entre las partes sobre el alcance o el cumplimiento de sus obligaciones, el juez no puede liquidar el negocio y la pretensión no está llamada a prosperar. La regla se sostiene en tres razones: si el conflicto que motiva el proceso no existe, cualquier pronunciamiento del juez para liquidar el negocio suplantaría a las partes en la ejecución de deberes que solo a ellas les corresponde cumplir; la pretensión de liquidación debe estar soportada en una causa clara y específica, cualquiera que sea el régimen jurídico aplicable al negocio; y la mera omisión de liquidar, sin un conflicto sobre el balance de cuentas, no basta para acudir al juez. En el caso, la demandante sostuvo que, como las partes no liquidaron el convenio de forma bilateral ni unilateral, correspondía al juez completar esa etapa, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la pretensión. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial exige demostrar un conflicto específico sobre las cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante se limitó a señalar que la liquidación debía realizarse para culminar el proceso de liquidación del convenio interadministrativo?¿Obran los elementos probatorios suficientes que permitan establecer con certeza el resultado final del convenio?¿El objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de naturaleza eminentemente contradictoria, encaminada a juzgar las controversias y litigios originados en el marco de los negocios…
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento? Sí
El término de caducidad de la acción de nulidad absoluta de un contrato estatal celebrado bajo el régimen anterior es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que la fundan, y que el juez debe declararla de oficio cuando la demanda se presenta por fuera de ese término. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, para la suscripción y la inscripción del contrato en el registro minero, la norma aplicable era el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989. Segunda, la nulidad absoluta se configura por la transgresión de disposiciones que regularon la formación del negocio o sus requisitos esenciales, de modo que el plazo corre desde esos motivos. Tercera, la demanda se radicó después de vencidos los dos años, lo que la hace extemporánea. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara de oficio la caducidad. La consecuencia práctica es que la pretensión de nulidad absoluta debe presentarse dentro de los dos años contados desde el vicio que la sustenta.síntesis automática
También resuelve:¿Es claro que en esta oportunidad la CAR ejerció el derecho de acción cuando ya se había vencido el plazo de la caducidad?¿Solo se vinculó a la litis a la sociedad minera a pesar de que los titulares del contrato minero eran varias personas?¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca puede demandar la nulidad de un contrato minero cuando este se superponga con áreas de especial protección ambiental de su jurisdicción?
¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados? Sí
La remuneración del contratista se liquida conforme a la norma vigente al momento de celebrarse el pacto, y que la entidad que la paga con esa norma y aplica bien sus porcentajes escalonados no incumple el contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable al momento de celebración era el artículo 4 del Decreto 3421 de 1986 y no el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979, invocado por la demandante. Segunda, el reconocimiento económico fue liquidado y efectivamente pagado con arreglo a esa norma, y las reglas sobre porcentajes escalonados se aplicaron correctamente. Tercera, al no constatarse incumplimiento de la entidad contratante, no procede la condena a perjuicios patrimoniales ni extrapatrimoniales ni la nulidad parcial del acto de liquidación. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y desestima las pretensiones. La consecuencia práctica es que la liquidación de la remuneración debe verificarse con la norma vigente al celebrarse el contrato, y no con una posterior o anterior invocada por el contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a condenar al pago de la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos?¿La retribución convenida se supeditó a un porcentaje determinable a partir de la ley aplicable para el momento de la celebración del contrato?¿La responsabilidad contractual es el deber del agente dañador del pago de los perjuicios que haya sufrido su cocontratante por efecto de la desatención obligacional?
¿El contratista acreditó la configuración de la lesión enorme? No
El contratista no acredita la configuración de la lesión enorme al no probar el justo precio del inmueble al momento de la celebración del contrato de promesa de compraventa, según lo establece la carga de la prueba que le corresponde al accionante para fundamentar sus pretensiones. En este caso, la entidad estatal vendió un inmueble para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social por un valor de $4.282.164.000, pero no se presentó prueba alguna que permita conocer el justo precio del bien en el momento del contrato, lo que implica que no se cumplió con la exigencia legal de acreditar que el valor del contrato era inferior a la mitad del justo precio. La Sala revocará la sentencia apelada por no haberse cumplido con la carga probatoria requerida, lo que implica que en casos similares, el contratista debe presentar pruebas periciales que demuestren el justo precio para configurar la lesión enorme.síntesis automática
También resuelve:¿Obra prueba que permita conocer el justo precio del bien al momento de la celebración del contrato de promesa?¿El comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella?¿La Ley 80 de 1993 prescribe que los contratos que celebren las entidades se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?