Titulación de la relatoría 20.680 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / DAÑO CIERTO / SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Si el incumplimiento es imputable al deudor y es la causa de un daño cierto, personal y directo, el acreedor tiene derecho a pedir la indemnización integral de los perjuicios?
Respuesta al problema jurídico: Si
El incumplimiento de las obligaciones contractuales —inejecución, ejecución parcial, defectuosa o tardía— constituye uno de los elementos que estructuran la responsabilidad contractual. Si el incumplimiento es imputable al deudor y es la causa de un daño cierto, personal y directo, el acreedor tiene, entre otros remedios , el derecho a pedir la indemnización integral de los perjuicios.
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / IUS VARIANDI / TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El equilibrio económico del contrato estatal se concreta en el derecho del contratista a que se mantenga la equivalencia entre derechos y obligaciones surgida al momento de proponer o contratar?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l equilibrio económico del contrato estatal es un principio reconocido legalmente que se concreta en el derecho —no exclusivo— del contratista a que se mantenga la equivalencia entre derechos y obligaciones surgida al momento de proponer o contratar, lo que puede ocurrir, de acuerdo a la jurisprudencia, en tres escenarios: por ejercicio del ius variandi, por el hecho del príncipe o por la ocurrencia de eventos imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes . La justificación de este principio se encuentra, principalmente, en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público —en sentido lato— y los intereses generales que están en juego en la contratación estatal, de suerte que si el cumplimiento de las obligaciones del contratista se torna más oneroso no se paralice su prestación . El contenido del derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato varía de acuerdo con la causa de su alteración. Cuando se produce por actos unilaterales de la entidad contratante mediante los cuales se introducen modificaciones en ejercicio de la denominada potestas variandi, o actos de carácter general expedidos por la entidad, ya no en su calidad de contratante sino en ejercicio de la función administrativa –supuesto al que se le denomina hecho del príncipe–, la reparación es integral . Finalmente, si la alteración obedece a la ocurrencia de situaciones imprevistas que no son imputables al contratista, únicamente procede el restablecimiento “a un punto de no pérdida” .
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la ruptura del equilibrio económico del contrato, consultar sentencia de 13 de agosto de 2020, Exp. 46057, C.P María Adriana Marín y sentencia de 5 de marzo de 2021, Exp. 39249, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El incumplimiento de obligaciones contractuales y el desequilibrio financiero del contrato estatal son diferentes?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]ntre la responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones contractuales y el deber de restablecer el equilibrio financiero del contrato estatal hay diferencias. La primera institución es, fundamentalmente, un instrumento de tutela del derecho de crédito, mientras que la segunda busca asegurar la continuidad de los servicios públicos y garantizar el interés general ínsito en el contrato estatal. La responsabilidad contractual se funda en el incumplimiento de obligaciones; en sentido contrario, la alteración del equilibrio financiero del contrato no tiene lugar por los comportamientos antijurídicos de las partes del contrato.
ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN
Problema jurídico:
¿La variación de la causa petendi impide pronunciamiento de fondo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Revisados los argumentos de la apelación de los demandantes, se encuentra que introdujeron aspectos que no fueron discutidos en las oportunidades que la ley define para ello, lo que, en garantía de los principios de congruencia e imparcialidad que, a la vez, fungen como pilares de protección del derecho de defensa y contradicción, impide a la Sala pronunciarse al respecto. (...) no le es dable al juez ni a las partes modificar la causa petendi, ni, correlativamente, las razones de la defensa mediante señalamientos alegados por fuera de las etapas procesales previstas legalmente para ello, esto es, la demanda, su corrección o adición y la contestación, respectivamente, momentos que la ley dispuso para que se precise la extensión, contenido y alcance de la controversia que se propone y que se determina en la fijación del litigio en razón de la confrontación de los argumentos expuestos por las partes que están en contienda. Surge de lo anterior, que los elementos referidos a los hechos y a las pretensiones de la demanda versus las razones de defensa que se erijan en su contra permiten delimitar el objeto alrededor del cual debe girar el debate del proceso y, por tanto, los aspectos sobre los cuales ha de recaer el pronunciamiento judicial final –salvo que existan asuntos que deban ser definidos de oficio por el juez–, es decir, constituyen pilares fundamentales que garantizan el ejercicio, entre otros, del derecho de acción y, correlativamente, de contradicción y, a su vez, imponen al juez el deber de fallar de manera congruente con lo pretendido en la demanda y su fundamento y, asimismo, con las razones de defensa invocadas por la parte demandada, por eso, unos y otros, no pueden ser modificados o adicionados por fuera de las oportunidades legalmente previstas para ese propósito.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar sentencia de 17 de junio de 2022, Exp. 68226, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INTERÉS PÚBLICO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / MECANISMOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Procede el restablecimiento de las condiciones económicas del contrato cuando éstas se vieran alteradas por un hecho imprevisible?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n el marco de un contrato estatal regido por la Ley 80 de 1993 – como el que ahora ocupa la atención de la Sala– ello no conduciría, per se, a exonerar a la entidad contratante de cualquier tipo de obligación respecto de los efectos que se pudieran derivar del advenimiento de tales circunstancias, en la medida en que en tal normativa, con el propósito de lograr el cumplimiento del contrato y, por esta vía, la satisfacción del interés público, se previó el deber de restablecer las condiciones económicas del contrato cuando éstas se vieran alteradas, entre otros eventos, por los que se enmarcan en la teoría de la imprevisión.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / FUERZA MAYOR / IMPREVISIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / IRRESISTIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA FUERZA MAYOR / AUSENCIA DE FUERZA MAYOR / INSUFICIENCIA PROBATORIA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿ La mayor permanencia en obra producto de las suspensiones Nos. 2 a 4 del plazo obedecieron a hechos constitutivos de fuerza mayor?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]s pertinente poner de presente que, ni siquiera acudiendo a la contestación de la demanda es posible llenar de contenido la afirmación de que la causas que motivaron las suspensiones Nos. 2 a 4 pudieran enmarcarse en un evento de fuerza mayor, en la medida en que en esa oportunidad únicamente el Municipio hizo mención a esa figura, de manera absolutamente tangencial, para referirse a la suspensión No. 1 –por la cual no fue condenado–, a la oposición de las comunidades frente al trazado inicial del contrato –aspecto que, se advierte no se registró como causa de las suspensiones Nos. 2 a 4–, y a las prórrogas Nos. 1 y 2, respecto de las cuales, se reitera, no se declaró su responsabilidad –. Anota la Sala que, a la parte que alega el advenimiento de un hecho de fuerza mayor en su favor le incumbe señalar y acreditar no sólo cuáles hechos serían los que se enmarcan en esa causal, esto es, eventos que reúnan las características de ser irresistibles, imprevisibles y externos a sí mismo, sino también —en materia de responsabilidad contractual— su influencia para impedir el cumplimiento de las obligaciones que estaban a su cargo. (...) no se observa que el Municipio hubiere cumplido con esas cargas, pues tan solo afirmó que las causas de las suspensiones obedecieron a una fuerza mayor. (...) Así las cosas, los argumentos del demandado no tienen la entidad suficiente para debatir y desacreditar las conclusiones del Tribunal en cuanto a que las causas que originaron las suspensiones Nos. 2 a 4 se dieron por incumplimientos atribuibles al Municipio, por lo cual la Sala se ve compelida a confirmar en este punto la decisión recurrida.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DE LA TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA / ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿La ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios, adicionales o suspensiones
del contrato son suficientes para abstenerse la Sala del estudio de fondo de la reclamación fundada en la ruptura del equilibrio económico del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
Esta Subsección ya ha tenido oportunidad de precisar que el alcance con el que se deben analizar los acuerdos modificatorios, adicionales o suspensiones del contrato de cara a la posterior reclamación de perjuicios debe hacerse diferenciando si tales convenciones tienen origen en el rompimiento del equilibrio económico o en el incumplimiento . En ese sentido, cuando se está en un escenario de rompimiento del equilibrio económico del contrato, dada la naturaleza y finalidad con la que fue concebida esta figura en el marco de los contratos regidos por la Ley 80 de 1993 , y en aplicación del principio de buena fe objetiva que rige toda relación negocial, es razonable colegir que la oportunidad para presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades a que haya lugar de cara a la recuperación del sinalagma contractual es, justamente, en el momento de tales negociaciones. Sin perjuicio de lo anterior y en el entendido de que no existe norma expresa que establezca un término preclusivo para presentar tales salvedades o reclamaciones y tampoco una que establezca un requisito de procedibilidad en ese sentido, la Sala ha sido enfática en advertir que su ausencia, si bien emerge como una regla para la interpretación del alcance del respectivo acuerdo, no es una tarifa legal y, por tanto, no impide el estudio de fondo de las pretensiones de la demanda y no constituye argumento suficiente para desecharlas, sino que es fundamental analizar cuál fue el motivo que indujo a la suscripción del acuerdo, el contenido de los arreglos que las partes alcanzaron, contrastándolo con los hechos que sirven de causa a las pretensiones y con el objeto de estas, para, a partir de ahí, definir si las pretensiones resultan improcedentes, por ejemplo, porque desconocen el contenido de un negocio jurídico obligatorio en el que se regularon los asuntos objeto de la reclamación, o porque la parte que formula la reclamación tenía el deber de revelarlas al momento de la negociación.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar sentencia de 4 febrero de 2022, Exp. 45762 C.P. María Adriana Marín; sentencia de 4 de marzo de 2022, Exp. 66466, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia de 18 de marzo de 2022, Exp. 55864, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD
Problema jurídico:
¿Las salvedades no son exigibles cuando las causas que originan los acuerdos modificatorios o de suspensión provienen del incumplimiento, salvo que las negociaciones tengan fines indemnizatorios?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el escenario del incumplimiento la situación es diferente, pues no puede suponerse que los acuerdos que surjan como consecuencia de una desatención a un deber contractual tengan por objeto, per se, purgar el desconocimiento del contenido obligacional que se atribuye a la parte incumplida y exonerarla de responsabilidad y que, por ello, la falta de salvedades conduzca a inferir ese efecto, por lo cual para arribar a esa conclusión es menester que, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, así se manifieste de manera expresa, a través de renuncias a las futuras reclamaciones. (...) Lo anterior, sin embargo, no significa que en el escenario de los incumplimientos el juez esté relevado de evaluar el contenido y alcance de tales acuerdos, pues es posible que sus estipulaciones estén dirigidas a compensar o indemnizar los perjuicios que se hubieren podido derivar en razón o con ocasión de tales desatenciones, caso en el cual, en virtud de los principios de buena fe objetiva y de normatividad de los contratos, las reclamaciones que sobre esos mismos acuerdos recaigan estarán llamadas al fracaso.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar sentencia de 4 febrero de 2022, Exp. 45762, C.P. María Adriana Marín.
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRE COSTOS POR SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿El hecho de que en los contratos adicionales Nos. 1 y 2 el Consorcio no hubiere dejado salvedades, impide acceder a las pretensiones indemnizatorias de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
En el proceso el Tribunal encontró acreditado que las causas que motivaron las suspensiones Nos. 2 a 4 tuvieron origen en el incumplimiento del Municipio respecto de su obligación de entregar de manera oportuna los sitios de trabajo “y por no cumplir con las demás previsiones necesarias para la iniciación de los trabajos y para que su ejecución prosiguiera sin interrupciones”–; estas consideraciones y las conclusiones que de ellas se derivaron no están llamadas a revocarse por el solo hecho de que los demandantes no dejaran consignadas salvedades en los contratos adicionales Nos. 1 y 2 , que por demás, en su objeto no tuvieron un carácter indemnizatorio. Se agrega a lo anterior que, ni en los contratos adicionales Nos. 1 y 2, ni en las actas de suspensión Nos. 2 a 4, ni en ningún otro documento que obre en el plenario, el Consorcio renunció expresamente a posibles futuras reclamaciones por las causas que las generaron. Es pertinente también señalar en este punto que no resulta atendible el argumento del Municipio según el cual, como al suscribir el adicional No. 2 el Consorcio conocía las causas que motivaron las suspensiones, los demandantes no estaban legitimados para recibir una indemnización por los sobrecostos asociados a la mayor permanencia, en la medida que en el derecho colombiano no existe norma alguna que permita afirmar que el conocimiento de la víctima respecto del hecho constitutivo del incumplimiento lo inhabilita para reclamar los perjuicios derivados de dicha conducta —salvo los casos relacionados con la prescripción extintiva o la caducidad de la acción, que no resultan aplicables en este caso concreto—, por lo cual ese aspecto resulta abiertamente intrascendente de cara al juicio de responsabilidad contractual y la obligación de indemnización de perjuicios que acá se analiza. (...) a falta de prueba que acredite que la voluntad del Consorcio fue renunciar a sus reclamaciones por mayores costos, el argumento del Municipio consistente en que no dejó salvedades en los contratos adicionales Nos. 1 y 2, no está llamado a prosperar.
SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
55. En el caso de los daños que se reclaman por mayor permanencia en obra, debe tenerse en cuenta que se refieren a aquellos mayores costos que ha debido asumir el contratista en razón de la extensión del tiempo del que ha debido disponer en obra, respecto del inicialmente presupuestado. Se trata de erogaciones mayores a las previstas inicialmente y que han debido ser asumidas de manera indispensable por el contratista para conservar las condiciones necesarias para mantenerse en el lugar de la obra –en el entendido que se refiere a aquellas imprescindibles que se impongan, así como las necesarias para reiniciarla, tales como costos administrativos, de personal, equipos, entre otros. Igualmente, es posible que la mayor permanencia en obra genere sobrecostos asociados a la variación que puedan sufrir los precios del contrato por el transcurso del tiempo. En otras palabras, los sobrecostos por mayor permanencia en obra corresponden a esos gastos en los que el contratista no hubiere incurrido de no haber sido por la necesidad de extender el tiempo dispuesto para la obra –sea que se prorrogue el plazo o sea que se suspenda–, los cuales, por lo mismo, no pueden entenderse cubiertos por el precio inicialmente pactado, pues no han sido calculados al momento de contratar.
SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA / ALIMENTACIÓN / MAQUINARIA / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
Problema jurídico:
¿Algunos de los sobrecostos que reclaman los demandantes por mayor permanencia en obra están acreditados?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo expuesto previamente, se reconocerá al Consorcio el valor de los siguientes mayores costos : (i) los correspondientes a servicio de vigilancia de la obra durante las suspensiones Nos. 2 a 4, (ii) los correspondientes a servicio de alimentación del personal de vigilancia, (iii) los correspondientes a arrendamiento de equipos y maquinaria por los primeros 11 días de la suspensión No. 2 –causados entre el 3 y el 13 de marzo de 2009– y (iv) los correspondientes a la ampliación de las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual originados en la suspensión No 3.
PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Puede abstenerse de condenar en costas cuando, como en este caso, la demanda prospera parcialmente?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]ado que ni se confirma ni se revoca en su totalidad la sentencia de primera instancia (numerales 3 y 4 del artículo 365 del C.G.P), y de conformidad con lo dispuesto el numeral 5 de artículo 365 del C.G.P que señala que el juez, de manera justificada, puede abstenerse de condenar en costas cuando, como en este caso, la demanda prospera parcialmente, la Sala no emitirá esa condena en esta instancia, por la misma razón se revocarán las que fueron impuestas en la primera instancia en contra del demandado.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5
Texto extraído del PDF oficial 197.929 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Expediente: 200012333003201400069 01 (57.185)
Demandante: Freddy Meza Daza, Edison Rafael Cabas Díaz y
Cabincol Ltda.
Demandado: Municipio de Chiriguaná
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Temas: — DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO ESTATAL e
INCUMPLIMIENTO – Diferencias. El incumplimiento del contrato estatal no es una causa
de rompimiento del equilibrio económico / FUERZA MAYOR – debe ser acreditada por quien
la alega en su favor / ACUERDOS SURGIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO - SALVEDADES – no son exigibles cuando las causas que originan tales
acuerdos provienen del incumplimiento, salvo que las negociaciones tengan fines
indemnizatorios / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – libertad probatoria / DEBER DE
MITIGAR EL DAÑO – deriva del principio de buena fe objetiva y del deber de colaboración
de los contratistas del Estado.
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver lo s recursos de apelación presentados contra
la sentencia mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
La controversia gira alrededor de los mayores costos que se le habrían causado a
los integrantes del Consorcio C&M, como consecuencia de la mayor permanencia
por incumplimientos que le atribuyen al municipio de Chiriguaná, así como por la
ocurrencia de otros eventos cuyo reconocimiento se reclama a título de rompimiento
del equilibrio económico del contrato.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 11 de febrero de 2016,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar resolvió:
“PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad parcial del acta de liquidación bilateral del
contrato de obra pública No. 161 de 2007, suscrito entre el Consorcio C&M y el
Municipio de Chiriguaná – Cesar, de fecha 5 de diciembre de 2011.
SEGUNDO: DECLÁRESE el incumplimiento por parte del municipio de
Chiriguaná, del contrato de Obra Pública No. 161 de 2007, suscrito con el
Consorcio C&M.
TERCERO: DECLÁRESE que en virtud de la ejecución del contrato de Obra
Pública No. 161 de 2007 suscrito entre el Consorcio C&M y el Municipio de
Chiriguaná, se produjo un desequilibrio de la ecuación financiera del contrato
en perjuicio del contratista.
Expediente 200012333003201400069 01 (57.185)
Demandante: Freddy Meza Daza y otros
Demandado: Municipio de Chiriguaná
Acción: Controversias contractuales
2
CUARTO: En consecuencia, CONDÉNESE en abstracto al Municipio de
Chiriguaná – Cesar, a pagar a favor de la parte actora, el valor del desequilibrio
contractual ocurrido en virtud de la ejecución del contrato de Obra Pública No.
161 de 2007.
Para el efecto, el interesado deberá promover el respectivo incidente ante este
Tribunal, dentro de la oportunidad legal prevista en el artículo 193 del CPACA.
Para establecer la cuantía de la condena, se observarán estrictamente las
reglas fijadas en la parte considerativa de esta sentencia.
QUINTO: Condénese en costas a la parte demandada. Por secretaría
liquídense.
SEXTO: En firme esta providencia, archívese el expediente.”1
2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 28 de febrero de 20142
por Freddy Meza Daza, Edison Rafael Cabas Díaz y Cabincol Ltda., en calidad de
integrantes del Consorcio C&M 3 (en adelante, el Consorcio, el contratista o los
demandantes), cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se
enuncian a continuación.
Pretensiones
3. Los demandantes formularon las siguientes pretensiones:
“Primero: Que se declare la nulidad del acta de liquidación bilateral del contrato
de obra No. 161 de 2007.
Segundo: Que se declare que el Municipio de Chiriguaná incumplió el Contrato
de obra No. 161 de 2007.
Tercero: Que se declare que en virtud de la ejecución del Contrato de obra No.
161 de 2007 se produjo un Desequilibrio de la Ecuación Contractual en perjuicio
de mis representados a causa de la entidad contratante.
Cuarto: Como consecuencia de la anterior declara ción condenar al Municipio
de Chiriguaná pagar a mis mandantes la suma de 1.627.042.627 (MIL
SEISCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE) [sic] por los siguientes
conceptos:
a) Valor ajustes de precios por mayor pl azo de ejecución del contrato
$536.817.254.000 [sic].
b) Costo de la administración por la mayor extensión del plazo del contrato
$422.683.188.00 [sic].
c) Costo de equipos y vehículos por mayor permanencia $737.542.185.000
[sic].
Quinto: Condenar en costas a la entidad demandada.”4
1 Folio 1277, cuaderno del Consejo de Estado.
2 De conformidad con el sello de recibido de la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar, la demanda fue
presentada el 28 de febrero de 2014 (folio 1153, cuaderno 5).
3 El Consorcio C&M fue constituido mediante acuerdo consorcial del 13 de diciembre de 2007 que obra a folios
252 a 254, cuaderno 1. Según consta en el acuerdo consorcial, el representante legal sería el señor Edison
Rafael Cabas Díaz. La participación en el consorcio se distribuyó de la siguiente manera: Freddy Meza Daza
50%, Edison Rafael Cabas Díaz 40% y Cabincol Ltda 10% (cuyo gerente es el señor Cabas Díaz).
4 Folio 1147, cuaderno 5.
Expediente 200012333003201400069 01 (57.185)
Demandante: Freddy Meza Daza y otros
Demandado: Municipio de Chiriguaná
Acción: Controversias contractuales
3
Hechos de la demanda
4. En apoyo de sus pretensiones, los demandantes enunciaron, en síntesis, los
siguientes hechos:
4.1. El 27 de diciembre de 2007, el municipio de Chiriguaná (en adelante, el
Municipio o el demandado) expidió la Resolución No. 866 a través de la cual
adjudicó el contrato de obra No. 161 al Consorcio C&M, negocio jurídico que se
suscribió ese mismo día y cuyo objeto consistió en construir los canales recolectores
de aguas de escorrentía en las afueras de la cabecera municipal en los sectores de
Rincón Hondo, La Aurora, Poponte y El Cruce, por valor de $4.272’984.589,90.
4.2. El plazo de ejecución del contrato se pactó originalmente en 6 meses
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, hecho que tuvo lugar el 10 de
marzo de 2008, por lo cual, en principio, debía finalizar el 10 de septiembre de ese
mismo año; no obstante, fue objeto de 2 prórrogas y 4 suspensiones que impusieron
que la permanencia en obra se extendiera por 1.375 días hasta el 5 de diciembre
de 2011, fecha en la que se suscribió el acta de liquidación bilateral.
4.3. Relató que el día que finalizaba el plazo inicial –10 de septiembre de 2008–,
las partes suscribieron el contrato adicional No. 1, por medio del cual se prorrogó el
término de ejecución en 4 meses, esto es, hasta el 10 de enero de 2009, debido a:
(i) el incumplimiento del Municipio respecto de su obligación de entregar el 60% de
los sitios de trabajo, al no contar con las servidumbres y los permisos necesarios
para intervenir los predios ajenos, (ii) la mala calidad de los diseños, en tanto
presentaban falencias técnicas porque las pendientes eran inferiores a la mínima
aceptada, falta de capacidad de la sección hidráulica, trazado y alineamientos e
incoherencias con la estructura física de las localidades; y (iii) falta de conciliación
y aprobación de las comunidades beneficiarias que se opusieron a que los canales
se construyeran de acuerdo a los diseños y lineamientos del trazado del estudio
topográfico, lo que impuso que se realizaran nuevos trazados. Dijo que se pactó
expresamente que las cláusulas del contrato No. 161 que no fueron modificadas
permanecían vigentes.
4.4. En curso del plazo adicional, el 10 de noviembre de 2008, las partes
suscribieron el acta de suspensión No. 1 con sustento en la ola invernal que se
presentó en esa época y que afectó las zonas de las obras. Indicó que el plazo de
ejecución se reinició a p artir del 13 de enero de 2009, por lo que el contrato debió
terminar el 13 de marzo de ese mismo año.
4.5. No obstante, 13 días después de que se reinició el plazo, el 26 de enero de
2009 el contratista le comunicó al interventor y al Municipio la recurrencia de los
inconvenientes técnicos originados en la mala calidad de los diseños y en la falta de
disponibilidad de los sitios de trabajo.
4.6. Expresó que el 3 de marzo de 2009, esto es, a 11 días de que finalizara el
contrato, las partes suscribieron el acta de suspensión No. 2 en consideración a
que: (i) en los canales interceptores 1 y 2 aún no se contaba con servidumbres y
permisos de los propietarios, (ii) en el canal La sierra la comunidad se opuso a que
Expediente 200012333003201400069 01 (57.185)
Demandante: Freddy Meza Daza y otros
Demandado: Municipio de Chiriguaná
Acción: Controversias contractuales
4
la construcción se hiciera según el trazado inicial, lo que implicó que se tuviera que
rectificar y generó que se afectaran algunos predios y, por ello, impuso la necesidad
de que se consiguieran nuevas servidumbres y permisos; (iii) en Campo Soto las
condiciones de pendiente de diseño no alcanzaban la mínim a técnicamente
permitida; (iv) se identificó la necesidad de realizar obras no previstas y mayores
cantidades de obra que debían aprobarse mediante la suscripción de un nuevo
contrato.
1.1. Dijo que el 21 de julio de 2009 el contratista reiteró ante el Municipio su
preocupación por la demora de la administración en solucionar los problemas que
se venían presentando y que el 4 de noviembre de 2009 el interventor le solicitó al
demandado que se pronunciara sobre el
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.