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JUSTICIA PENAL MILITAR

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Consejo de Estado Providencia

La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de 2 años

Sentencia — Sentencia 2024-03-04 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000232600020090088501 ACCION DE REPETICION
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de repetición? Sí
La acción de repetición caduca al vencimiento de dos años contados desde el día siguiente al pago total efectuado por la entidad, y que, cuando el pago se realiza antes del vencimiento del plazo para cumplir la condena, el término se cuenta desde ese pago. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo fija el término bienal desde el pago total. Segunda, el término empieza a correr desde la fecha efectiva del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo previsto en el artículo 177 del mismo código, lo que ocurra primero. Tercera, el término se suspende mientras transcurre la conciliación extrajudicial, y en el caso la demanda se presentó dentro del término así computado. La providencia revoca la decisión que había declarado la caducidad y, con ello, resuelve el examen de fondo sobre la culpa grave del agente. La consecuencia práctica es que la oportunidad de la demanda de repetición se verifica con la fecha exacta del pago y con las suspensiones que la ley reconoce, y no con la fecha de la condena.síntesis automática
También resuelve: ¿La actuación del agente que causó el daño por el cual se condenó al Estado fue cometida con culpa grave? ¿Procede la condena contra el agente demandado por el total del capital pagado por la entidad en el proceso de reparación directa?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados?

Sentencia — Sentencia 2023-04-24 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 05001233100020090045701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por privación injusta de la libertad cuando la medida de aseguramiento fue procedente y ajustada a derecho, ya que se contaba con más de un indicio en la investigación penal y la medida cumplía con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. A pesar de que el proceso penal cesó en favor de los sindicados por aplicación del principio in dubio pro reo, esto no desvirtúa la legalidad de la medida de aseguramiento, la cual fue impuesta por el delito de abandono del puesto y se basó en la declaración de un testigo y la prueba de alcoholimetría que demostró el incumplimiento del deber funcional de los agentes de policía. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la privación de la libertad no fue injusta.síntesis automática
También resuelve: ¿La medida de aseguramiento de detención preventiva que se impuso estuvo ajustada a derecho, fue legal, proporcional y razonable? ¿El fiscal cesó el procedimiento en contra de los sindicados, en aplicación del principio in dubio pro reo? ¿Los agentes de la policía se encontraban en un establecimiento de comercio en el horario en que debían estar prestando el servicio de vigilancia de los alumbrados navideños?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Condena: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 66001233100020150029401 LEY 1437 REPETICION
¿Teniendo en cuenta que el régimen jurídico se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso debe darse aplicación al Código Civil bajo un análisis subjetivo del concepto general de culpa grave, en cuanto el demandante alega una supuesta presunción de culpa grave por extralimitación de las funciones? Sí
El contratista no puede alegar una presunción de culpa grave por extralimitación de funciones, ya que tal presunción no está prevista en la ley, y el régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la condena, en este caso la Ley 678 de 2001. La Sala analiza el concepto general de culpa grave contenido en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, conforme al régimen del Código Civil, y rechaza las pretensiones de la demanda por falta de prueba de la culpa grave y la extralimitación de funciones. Además, la prueba trasladada del proceso penal militar es valorada, pero la sentencia de reparación directa no es oponible al demandado por su ausencia en el proceso. Finalmente, se fija la condena en costas y agencias en derecho en el 2.5% del valor de las pretensiones, según el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe otorgarse valor probatorio a la prueba trasladada en el caso concreto, es decir, al proceso penal del cual conoció la justicia militar? ¿Deben negarse las pretensiones de la demanda en cuanto la parte demandante no acreditó que la conducta del demandado fue gravemente culposa… ¿Puede otorgarse valor probatorio a la sentencia de reparación directa que fue aportada al proceso, toda vez que no es oponible al demandado, dado que este no participó en dicho asunto?
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-02-21 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 52001233300020190043001 LEY 1437 REPETICION
¿En procesos de repetición resulta procedente una imputación en la que se alegue que el demandado incurrió en dolo y en culpa grave de manera concomitante? No
El contratista no puede imputar dolo y culpa grave de manera concomitante en un proceso de repetición, ya que no es posible que un funcionario actúe de manera consciente y voluntaria para causar un daño y, al mismo tiempo, no pretenda desmejorarlo; además, las partes no pueden modificar ni agregar aspectos a la controversia después de las oportunidades previstas para ello, como la demanda y su reforma. La entidad debe plantear las distintas imputaciones de forma separada y sustentarlas para garantizar el derecho de defensa del demandado. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y limita la posibilidad de introducir nuevos argumentos en el recurso de apelación, lo que implica que las partes deben ser precisas en sus alegaciones iniciales y no pueden sorprender a su contraparte con cargos nuevos en etapas posteriores del proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿Para la procedencia de la responsabilidad en procesos de repetición, se debe probar la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; el pago de la obligación reparatoria… ¿La condena a una entidad estatal a través de un juicio previo y diferente al de la referencia, implica automáticamente la responsabilidad del agente o exagente estatal que eventualmente hubiere dado… ¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la entidad demandante vencida en el proceso de repetición, considerando que con éste se persigue un interés público?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233300020150003301 LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, conforme al artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso. Esta competencia se fundamenta en la cuantía de la pretensión y en la naturaleza del medio de control de repetición, que es el adecuado para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando un agente público ha originado una condena por culpa grave o dolo. Además, la demanda se interpuso en tiempo, ya que el término de caducidad corre desde la fecha del pago de la condena, según la exequibilidad condicionada dictada por la Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002. La entidad que pagó la condena, en este caso la Policía Nacional, está legitimada para ejercer la acción de repetición contra los servidores públicos responsables, conforme al artículo 8 de la Ley 678 de 2001.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda se interpuso en tiempo porque la sentencia condenatoria se notificó a las partes oportunamente y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al pago de la condena? ¿La entidad que pagó la condena por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público está legitimada para el ejercicio… ¿Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y los hechos procesales?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso iniciado en ejercicio de la acción de repetición

Sentencia — Sentencia 2023-03-10 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 05001233100019980076601 ACCION DE REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso iniciado en ejercicio de la acción de repetición? Sí
Cuando una entidad pública es condenada al pago de perjuicios por actuación dolosa o gravemente culposa de sus servidores, la acción de repetición que promueve para obtener el reintegro de lo pagado corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de la apelación contra la sentencia del tribunal. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 90 de la Constitución y el artículo 20 de la Ley 678 de 2001 definen la repetición como una acción patrimonial contra el servidor, ex servidor o particular investido de función pública que haya dado lugar al reconocimiento indemnizatorio. Segunda, esta clase de debates está adscrita a la jurisdicción por el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y por el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Tercera, la competencia se define porque se trata de una apelación contra una sentencia de tribunal dentro de un proceso de repetición. La providencia confirma la decisión y el documento no indica si cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente la acción de repetición para solicitar el reembolso de dineros pagados por una entidad pública producto de una condena judicial? ¿La demanda fue presentadas dentro del término de caducidad estipulado para la acción de repetición? ¿La norma aplicable en casos de la acción de repetición se determina por la vigente al momento de la ocurrencia de los hechos que llevaron a la condena de la entidad estatal?
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Consejo de Estado Providencia

Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio

Sentencia — Sentencia 2024-05-20 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 76001233300020140116001 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio de una actividad legítima y lícita, ocasionando la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación oficial ocurrida en una intervención militar, causando un daño a la víctima y rompiendo el equilibrio frente a las cargas públicas? Sí
El Estado, en su calidad de responsable patrimonial, asume la reparación del daño causado por el uso de armas de dotación oficial durante la ejecución de una actividad legítima y lícita, siempre que se demuestre la existencia de un riesgo excepcional que excede razonablemente el asumido por las víctimas y que este se materialice en un daño concreto. La Sala confirma que la entidad pública no puede eximirse de responsabilidad alegando diligencia en el actuar, sino que debe probar la existencia de una causa extraña como fuerza mayor o hecho exclusivo de la víctima o de un tercero. En este caso, la evidencia probatoria demuestra la intervención armada del Ejército Nacional y el uso de armas de fuego, lo que configura el riesgo excepcional y la responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente de la existencia de una falla del servicio. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la teoría del riesgo excepcional y su aplicación en casos de uso de armas de dotación oficial, implicando que el Estado debe reparar los daños causados en operativos militares que rompen el equilibrio frente a las cargas públicas.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe otorgarse valor probatorio a las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal militar y disciplinario allegadas al expediente contencioso administrativo? ¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado en el caso concreto, encuentra soporte en los principios de equidad y solidaridad? ¿Procede el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los demandantes con ocasión de la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación…
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