Titulación de la relatoría 25.488 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / HECHOS DE LA DEMANDA / EXCEPCIONES PROCESALES
Problema jurídico:
¿El juez de segunda instancia debe ceñirse a los aspectos planteados en el recurso de apelación, sin que sea posible modificar la causa petendi en dicha etapa procesal?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior. En adición a lo anterior, son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho fundamental al debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda, y con las excepciones planteadas en la contestación, (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Ver, igualmente, Corte Constitucional, sentencia SU- 061 de 2018. Es necesario precisar, en todo caso, que dicha regla general no es absoluta, pues debe ser entendida sin perjuicio de las excepciones que se derivan, por ejemplo (i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; (ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o (iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título ilustrativo, aquellos presupuestos procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, pese a que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada. Sobre la inadmisibilidad de la causa petendi en el recurso de apelación, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencias del 24 de septiembre de 2020, exp. 44707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; y del 12 de julio de 2024, exp. 70692, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
EPM / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PÚBLICOS / CLÁUSULA EXCEPCIONAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL / COMISIÓN DE REGULACIÓN / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN
Problema jurídico:
¿Está sometida EPM, en la celebración del contrato objeto del litigio, al régimen de derecho privado previsto en la Ley 142 de 1994 y no al Estatuto General de Contratación Estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [P]or mandato de los artículos 31 y 32 ejusdem, EPM no está sometida en su actividad contractual a las normas del Estatuto de Contratación Estatal, ni lo estaba en el momento de celebración del contrato objeto de la litis. Como excepciones a esta regla, se encuentra (i) lo dispuesto en el inciso segundo del citado artículo 31, según el cual las Comisiones de Regulación pueden hacer obligatoria la inclusión de cláusulas excepcionales en ciertos tipos de contratos, así como (ii) los casos especiales previstos en el artículo 39 de la misma normativa. sí, considerando que el objeto del Contrato CT-2014-000808, consistente en la “Modernización y actualización tecnológica del sistema de enfriamiento y distribución de aire y ventilación del Edificio EPM” no guarda identidad con los contratos especiales para la gestión de los servicios públicos señalados en el citado artículo 39, ni era de aquellos en los que las Comisiones de Regulación exigen la inclusión de cláusulas excepcionales, se concluye que su régimen se informó por la regla general establecida en la Ley 142 de 1994, con la reforma adoptada a través de la Ley 689 de 2001, esto es, por las normas del derecho privado.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 32, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 39, LEY 689 DE 2001
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EPM / ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PLIEGO DE CONDICIONES / GARANTÍAS DEL CONTRATISTA / GARANTÍAS CONTRACTUALES / SEGURIDAD SOCIAL / APORTE PARAFISCAL
Problema jurídico:
¿Se probó que EPM incurrió en incumplimiento contractual atribuible a la entidad contratante en relación con el inicio de la ejecución del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
Ahora bien, para efectos de otorgar una respuesta integral al primer problema jurídico planteado, es del caso abordar en este acápite el cargo de la apelación referente al incumplimiento que, a su vez, Servipáramo reprochó a EPM. En este punto de la providencia, a la luz de los elementos probatorios descritos, la Sala encuentra que se ha desvirtuado la tesis sostenida por la parte apelante, según la cual el daño reclamado es atribuible a un incumplimiento de la entidad contratante. Efectivamente, ese postulado se soportó en las siguientes premisas: (i) la ejecución contractual, y en particular la importación de los insumos sujetos a la variación de la TRM, estaba supeditada a la autorización de EPM, materializada en una orden de inicio; y (ii) aquello se produjo de forma tardía, por causas imputables a la entidad demandada, específicamente, por la variación en las condiciones de ejecución con posterioridad a la presentación de la oferta. o puede pasarse por alto que, contrario a lo que exigía el pliego de condiciones (numeral 5.1), el comienzo del plazo para el desarrollo de las obligaciones contractuales no se produjo por una orden emanada de EPM a través de “un servidor competente”, sino por virtud de un acta suscrita por ambos extremos de la relación jurídico-sustancial. En dicho instrumento, además de la intención de “dejar constancia para el inicio del presente contrato”, solo se plasmó del compromiso del contratista en torno a la modificación de las garantías y la entrega de “la información faltante de los contratos de trabajo y las respectivas afiliaciones a las seguridades sociales y parafiscales”, pero no se estableció que la contratante hubiese impartido una directriz unilateral en ese sentido a su contratista, ni éste cuestionó el momento del inicio del contrato.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO / TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO / DEVALUACIÓN DE LA MONEDA / DICTAMEN PERICIAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El silencio y la firma del acta por parte de Servipáramo convalidaron cualquier retardo previo en el inicio del contrato, impidiendo atribuir incumplimiento a EPM?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si Servipáramo, en el momento en que suscribió el acta, consideraba -como lo hace en el escenario judicial- que la demora en el comienzo de la ejecución negocial obedeció a un incumplimiento reprochable a la contratante y que ello alteraba de forma grave las condiciones económicas para la satisfacción del objeto pactado, debió abstenerse de participar en la confección de un instrumento por medio del cual se subsanaba esa tardanza y lo obligaba, en concreto, a proceder con la adquisición de los ítems que, a la postre -según afirmó- fueron impactados por el alza del tipo cambiario. Lo anterior se ve ratificado por la prueba técnica allegada por la libelista, de la cual se observa que, para el 15 de septiembre de 2014, ya era perceptible la tendencia al alza que experimentaba la TRM, en contraposición al comportamiento que, según el mismo dictamen pericial, se esperaba según los indicadores del primer semestre de dicho año (a la baja). Esta situación daba cuenta de la existencia de tasas superiores a las que se encontraban vigentes al momento de la formulación de la oferta y del perfeccionamiento del contrato -20 de enero y 14 de mayo de 2014, respectivamente-. En ese sentido, la misma pericia allegada por la demandante pone de presente que, a la fecha de la firma del acta, ya era de su conocimiento la devaluación del peso frente al dólar, lo cual ameritaba un pronunciamiento de la demandante frente a EPM a ese respecto, o un comportamiento distinto a aceptar, sin objeciones, la suscripción de dicho documento, si pretendía un reconocimiento económico adicional por aquella variación. Así, el silencio del contratista ante ese escenario y su aquiescencia en la producción de un instrumento contractual que lo obligaba a iniciar con la ejecución (…), supuso una convalidación de lo actuado previamente por el otro contrayente, junto con la manifestación de intención de adelantar la ejecución aun en las condiciones presentes en septiembre de 2014, de manera que cualquier retardo que hasta ese momento se hubiese podido presentar por parte de EPM debe entenderse subsanado. No se pierde de vista, a tales efectos, que el incumplimiento reprochado a la contratante se enmarcó en el periodo comprendido entre la formalización del acuerdo y la expedición del citado instrumento, de manera que, al enervarse lo ocurrido en dicho lapso, queda sin sustento -como se dijo previamente- el reclamo que motivó la litis desde la óptica propuesta en las pretensiones principales, es decir, con fundamento en el incumplimiento enrostrado.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / RENOVACIÓN URBANA
Problema jurídico:
¿El comportamiento de Servipáramo, al firmar el contrato y el acta de inicio sin manifestar objeciones frente a la variación de la TRM y las advertencias contractuales, convalidó las condiciones de ejecución y hace improcedentes sus reclamaciones por incumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
Idéntico cuestionamiento merece el comportamiento de la demandante de cara a la alegada modificación de las condiciones de ejecución del contrato. (…) [L]a advertencia realizada en el señalado comité técnico fue anterior a la firma del contrato, que finalmente se perfeccionó el 14 de mayo de 2014, sin que obre prueba de que la entonces proponente hubiese manifestado su oposición a ello. En tal sentido, de no estar de acuerdo con lo expresado por la entidad en la citada acta de comité técnico, la sociedad debió efectuar la manifestación correspondiente previo a la firma del contrato o, de entrada, abstenerse de firmarlo. Ese mismo razonamiento es predicable de las dos modificaciones acaecidas en el negocio jurídico debatido, que tuvieron lugar el 7 de septiembre de 2015 y el 21 de enero de 2016, motivadas, según se consignó en ellas, en la necesidad de ejecutar obras adicionales en el proyecto. Considerando que ambos modificatorios fueron posteriores a la suscripción del acta de inicio, y que el extremo censor centró su reclamación en el incremento del tipo cambiario durante el periodo comprendido entre la formalización del contrato y dicho hito; aquellas circunstancias no inciden en el presunto incumplimiento alegado en el sub lite por la demandante. Además, en línea con lo expresado supra, si Servipáramo estaba en desacuerdo con las modificaciones contractuales o consideraba que con ellas se impactaba de forma excesivamente onerosa la ejecución de su débito, debió manifestarlo. Ese comportamiento evidencia una separación de la buena fe contractual, (…). Asimismo, contraviene la doctrina de los actos propios (“venire contra factum proprium non valet”) y se aprecia como una actitud desleal con el otro extremo negocial, que torna en improcedentes las reclamaciones fundadas en esta circunstancia. Así las cosas, independientemente de que se endilgase, o no, un incumplimiento a Servipáramo que hubiese conllevado a la tardanza en el inicio de la ejecución contractual (derivada, según consideró el a quo, de la actualización de las pólizas y de la información de los contratos de trabajo), la conducta esperable por parte de la sociedad al momento de perfeccionar el acta -o con anterioridad a ella- era advertir del alza que se venía presentando en el precio del dólar respecto de la TRM tenida en cuenta para la formulación de la oferta, lo cual no ocurrió según las pruebas obrantes en el plenario. Así las cosas, (…) la evaluación jurídica de la conducta de la contratista da cuenta de que la suscripción del acta de inicio, sin advertencia alguna, implicó un asentimiento de su parte a la adquisición de los equipos sin consideración a la variación de la TRM que ya se venía presentando. Lo mismo puede predicarse de la firma del contrato con posterioridad a conocer de la inmersión del negocio en el proyecto “RENOVACIÓN EDIFICIO”, advertida desde el comité técnico del 9 de abril de 2014, previo a la suscripción del clausulado.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la buena fe contractual, la lealtad y la corrección de la conducta propia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, exp. 18836, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre la regla del venire contra factum proprium non valet como mecanismo de protección de los intereses legítimos de determinados sujetos jurídicos, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 17 de marzo de 2016, exp. 11001-03-15-000-2015-01573-00(AC), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 9 de agosto de 2007, Exp. 2000-00254-01. Sobre la buena fe objetiva en materia contractual, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2012, exp. 22043, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PLIEGO DE CONDICIONES / GARANTÍAS CONTRACTUALES / SEGURIDAD SOCIAL / APORTE PARAFISCAL / PRETENSIÓN PRINCIPAL
Problema jurídico:
¿Se probó un incumplimiento contractual reprochable a EPM en los términos planteados por Servipáramo en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]os elementos de juicio destacados no revelaron un incumplimiento contractual reprochable a la demandada -en los términos propuestos en el escrito introductorio-; por el contrario, como se relacionó previamente, demostraron que, aun a la expedición del acta de inicio, el contratista no satisfizo las obligaciones necesarias para que dicha ejecución empezara, exigidas en el pliego, relacionadas con la actualización de las garantías, la certificación del pago de aportes al sistema de seguridad social y el cumplimiento de las obligaciones parafiscales. Esa circunstancia, aunada a la conducta anuente desplegada por Servipáramo de cara al perfeccionamiento del acta de inicio (que no constituyó una directriz unilateral), impone confirmar la no prosperidad de las pretensiones principales, (…).
DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / EPM / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Es aplicable al contrato celebrado entre Servipáramo y EPM la figura del restablecimiento del equilibrio económico y financiero?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a figura del desequilibrio económico y financiero del contrato prevista en el EGCAP no es aplicable al presente asunto, y tampoco se encuentra contemplada en los estatutos civil y comercial, que comprenden el régimen de contratación de los particulares. Por el contrario, en el derecho privado, estas circunstancias se encuentran cobijadas por una figura diferente, que consiste en la teoría de la imprevisión. Lo anterior tiene su fuente en el artículo 868 del Código de Comercio, antes citado, que consagra la posibilidad de revisar el acuerdo de voluntades ante circunstancias “extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, [que] alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa”. (…) En el caso concreto, el contratista pretendió de forma subsidiaria -en su demanda y en el recurso de apelación- el reconocimiento de los mayores valores pagados por los insumos que fueron adquiridos en el extranjero, a través de la figura del restablecimiento del equilibrio económico, bajo la lógica establecida en la Ley 80 de 1993, pese a que la misma no resulta aplicable al contrato en cuestión por estar exceptuado de la aplicación del EGCAP.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen de contratación de los particulares y su diferencia con la contratación pública, ver: 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2021, exp. 47.068 C.P. Martín Bermúdez Muñoz. Criterio reiterado por esta Subsección en: (i) providencia del 30 de agosto de 2024, exp. 58.485. C.P. José Roberto Sáchica y (ii) 12 de diciembre de 2022, exp. 66.729. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Este criterio también es concordante con lo considerado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 12 de julio de 2024, exp. SC-1360-2024. C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. Respecto de la aplicación de la teoría de la imprevisión y la improcedencia del restablecimiento del equilibro de la ecuación financiera en los contratos regidos por el derecho privado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de junio de 2024 (exp. 69.484).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1
CONTRATO CONMUTATIVO / DERECHO PRIVADO / PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿Puede el juez aplicar la teoría de la imprevisión del Código de Comercio cuando la parte demandante no la invocó en sus pretensiones, y en su lugar se limita a alegar la ruptura del equilibrio económico contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
Como complemento de lo anterior, es necesario considerar que: (i) que en los contratos conmutativos sujetos al derecho privado, prima el principio de normatividad (artículo 1602 del Código Civil) y la equivalencia es subjetiva (artículo 1498 ibidem), de modo que los eventuales sobrecostos solo dan lugar a compensación si existe norma legal expresa o estipulación contractual habilitante (v.gr., artículo 2060, numeral 2 ibidem o artículo 868 el Código de Comercio); y (ii) aunque EPM es una entidad pública, en este caso actúa como operador económico en un mercado liberalizado, sin ejercer función administrativa, de modo que no cabe aplicar, por analogía, ni el principio de igualdad frente a las cargas públicas ni los postulados del EGCAP -como quedó establecido-, cuyo fundamento es asegurar la continuidad de un servicio vinculado de forma inmediata a la satisfacción del interés general, circunstancia que no se verifica -al menos, con igual intensidad- en la actividad de una empresa de servicios públicos, sea oficial, mixta o privada. Ahora bien, la Sala encuentra que la demandante no invocó la aplicación de la teoría de la imprevisión del Código de Comercio para la revisión de las prestaciones cuyo cumplimiento consideró excesivamente oneroso. Por el contrario, en su pretensión subsidiaria solicitó que se declarase la ruptura del equilibrio económico del contrato, (…). Como se observa, la accionante no expuso ni desarrolló los elementos que, eventualmente, podrían dar lugar a la revisión del contrato con fundamento en las pautas indicadas por el estatuto comercial, de forma que el acatamiento del principio de congruencia interna, que atiende a la correspondencia entre lo pedido y lo decidido, impedía igualmente al a quo (y a esta Sala) dirimir las pretensiones subsidiarias del libelo genitor bajo este instituto. En efecto, ante la circunstancia advertida, no le es dable a esta judicatura referirse a la posible configuración de los elementos de la teoría de la imprevisión, conforme a lo previsto en el Código de Comercio. Este ejercicio implicaría una vulneración al debido proceso de la entidad demandada, quien estructuró su defensa a partir de los reproches enfilados con fundamento en el supuesto desequilibrio económico del contrato celebrado, (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto del principio de congruencia, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de mayo de 2025, exp. 71.709 C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez y sentencia del 24 de septiembre de 2020, exp. 44.707 C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1498, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2060 NUMERAL 2
ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO / DEVALUACIÓN DE LA MONEDA / DÓLAR / MARGEN DE UTILIDAD / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El incremento del precio del dólar constituyó un evento que hiciera excesivamente oneroso el cumplimiento del contrato celebrado entre Servipáramo y EPM?
Respuesta al problema jurídico: No
En cualquier caso, del acta de recibo se deriva que el objeto contractual fue entregado en las condiciones pactadas, circunstancia que evidencia que el alza del precio del dólar no constituyó un evento de tal magnitud que tornase en desproporcionado el cumplimiento de las obligaciones contraídas y que contrariase de manera evidente la finalidad económica del acuerdo. Como lo concluyó el a quo, el valor de la desproporción alegada no excedió el monto propuesto por la actora como porcentaje de su utilidad y de sus imprevistos (14% y 2%, respectivamente, conforme al formulario no. 8 allegado con la oferta), sin que la libelista alegase que dicho rubro hubiese sido destinado a otra finalidad. (…) [D]esde la etapa negocial, la intención de la contratista estuvo dirigida a que se le restableciera el margen de ganancia esperado con la formulación de su propuesta, mas no la revisión de las condiciones de ejecución del contrato por circunstancias que lo hubiesen tornado excesivamente oneroso (en los términos del artículo 868 del Código de Comercio). Si así hubiese sido, la adquisición de los equipos se habría tornado significativamente más onerosa, cosa que no ocurrió, al haberse acreditado la entrega del objeto contractual mediante sendas actas de liquidación y de recibo. Las anteriores definiciones permiten responder al segundo problema planteado, y despachar negativamente el cargo de la apelación que le corresponde, pues el a quo acertó al señalar que la figura del desequilibrio económico del contrato no resultaba aplicable al caso debatido, y que no se demostró que el contrato hubiese sufrido una afectación económica de tal magnitud que tornara inviable su ejecución en las nuevas condiciones, o aun sufrir pérdidas por ese motivo.
CONDENA EN COSTAS / SEGUNDA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO / PARTE DEMANDANTE / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede imponer condena en costas y agencias en derecho en segunda instancia a la parte demandante cuando no prospera el recurso de apelaciónformulado?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del CPACA, y según lo establecido en el artículo 365 del CGP, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se le imponen. Así, la Subsección condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, pues, según lo dispuesto en el artículo 365, numerales 3 y 8 del CGP, los argumentos de la alzada resultaron imprósperos. Las costas de segunda instancia serán liquidadas por el Tribunal de origen, según lo previsto en el artículo 366 del CGP. Respecto de las agencias en derecho, en la medida que la parte demandada ejerció su defensa a través de la designación de apoderada judicial, que debió vigilar el proceso en sede de apelación, y quien allegó pronunciamiento frente a la alzada, se considera que dicha situación es suficiente para entenderlas causadas. Así, por ese concepto, en los términos del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, se fijará la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta sentencia en favor de EPM.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366