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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley

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Fecha
2024-11-08
Radicado
15001233100020120006801
Número interno
64057
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
UNION TEMPORAL BOYACA EN EL 2500
Demandado
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley

Lo que dijo la Sala

La Subsección recuerda que el artículo 136.10 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, disponía, como regla general, que el término de caducidad de las acciones relativas a contratos sería de dos (2) años… . Asimismo, dicha disposición normativa incluyo varias subreglas, cuya aplicación dependía de si el contrato debía —o no— ser liquidado, y en caso afirmativo… , el conteo del término bienal de caducidad de la acción de controversias contractuales iniciaría: (i) desde la suscripción del acta de liquidación bilateral… ; (ii) a partir de la ejecutoria del acto administrativo que apruebe la liquidación unilateral… ; y (iii) desde el vencimiento del plazo pactado por las partes o, en su defecto, establecido por Ley, para liquidar el contrato bilateral o unilateralmente, cuando ninguna de estas se hubiere efectuado (segunda parte del literal d).

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El término bienal de caducidad de la acción de controversias contractuales depende de si el contrato debe liquidarse y de cómo se liquida. Según el artículo 136, numeral 10, del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, el conteo inicia desde la firma del acta de liquidación bilateral, desde la ejecutoria del acto que aprueba la liquidación unilateral o, si ninguna se realizó, desde el vencimiento del plazo para liquidar. Los plazos supletorios de la Ley 80 de 1993 son de cuatro meses para la liquidación bilateral y de dos meses para la unilateral. Si la liquidación bilateral se firma dentro de los dos años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el conteo inicia desde el día siguiente a la firma del acta. En el caso concreto la acción se ejerció dentro del término bienal y la decisión de primera instancia fue revocada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el término se calcula sobre los plazos de liquidación y no sobre la fecha de terminación de la obra.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 136 núm. 10
  • Ley 446 de 1998, art. 44
  • Ley 80 de 1993

También resuelve

  • ¿El hecho de que la contratista deje de obtener las utilidades esperadas o surjan mayores costos en la ejecución del contrato, constituye un rompimiento del equilibrio económico del contrato?
  • ¿Los reparos formulados por el INVIAS al dictamen pericial, se ajustan a los que se consideran como de error grave conforme lo dispuesto en el artículo 238 del CPC y a la jurisprudencia…
  • ¿Probó la accionante que la interventoría empleó tiempo excesivo para aprobar definitivamente los estudios y diseños presentados oportunamente por la contratista; y que, por causa de esto…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APELACIÓN DE LA SENTENCIA CONTRATO DE OBRA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO IMPREVISIBILIDAD DICTAMEN PERICIAL ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL CONCEPTO DE INTERVENTORÍA CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PLIEGO DE CONDICIONES CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LICENCIA AMBIENTAL PRECIO UNITARIO SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HECHO SUPERADO OLA INVERNAL PROPUESTA DEL PROPONENTE COSTOS MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA MAQUINARIA EN STAND BY FALTA DE PRUEBA DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL AJUSTE DE PRECIO REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADICIÓN AL CONTRATO PAGO POR SERVICIO AMBIENTAL CLASES DE COSTOS COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LA AUTORRESPONSABILIDAD ESTAMPILLA CLASES DE ESTAMPILLA PRO DEDUCCIÓN POR PAGO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD ASAMBLEA DEPARTAMENTAL TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Equilibrio económico del contrato Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato

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Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Subsección recuerda que el artículo 136.10 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, disponía, como regla general, que el término de caducidad de las acciones relativas a contratos sería de dos (2) años (…). Asimismo, dicha disposición normativa incluyo varias subreglas, cuya aplicación dependía de si el contrato debía —o no— ser liquidado, y en caso afirmativo (…), el conteo del término bienal de caducidad de la acción de controversias contractuales iniciaría: (i) desde la suscripción del acta de liquidación bilateral (…); (ii) a partir de la ejecutoria del acto administrativo que apruebe la liquidación unilateral (…); y (iii) desde el vencimiento del plazo pactado por las partes o, en su defecto, establecido por Ley, para liquidar el contrato bilateral o unilateralmente, cuando ninguna de estas se hubiere efectuado (segunda parte del literal d). Ahora bien, en relación con el plazo que tienen las partes para concurrir a la liquidación de los contratos, se observa que el texto original de la Ley 80 de 1993 dispuso como fórmula para suplir la voluntad de las partes en la materia, el término de cuatro (4) meses para la liquidación bilateral y, posteriormente, la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136 del CCA, adoptó el periodo de dos (2) meses para la liquidación unilateral. (…) [L]a Sala Plena de la Sección Tercera, mediante auto de unificación, determinó que en el evento en que las partes hayan suscrito la liquidación bilateral luego de vencido el término pactado, o el supletorio para su adopción por mutuo acuerdo (4 meses) y del período para proferirla unilateralmente (2 meses), pero dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el conteo del término de caducidad de la acción contractual inicia a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato. (…) De acuerdo con lo expuesto, en el presente asunto la Sala encuentra probado que el INVIAS y la UT Boyacá celebraron el contrato de obra 1613 el nueve (9) de septiembre de dos mil cinco (2005) (…). El plazo de ejecución de dicho negocio jurídico, incluidas sus prórrogas, finalizó el quince (15) de abril de dos mil ocho (2008), pero solo fue hasta el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008) que las partes suscribieron el acta de entrega y recibo definitivo de la obra, fecha a partir de la cual, de acuerdo con la cláusula vigésimo cuarta del contrato que remitía expresamente a la Ley 80 de 1993, comenzaba a correr el plazo de cuatro (4) meses para que aquellas lo liquidaran bilateralmente y, en caso de no alcanzarse acuerdo, el subsecuente plazo de dos (2) meses para que la administración lo liquidara unilateralmente, plazo que en conjunto se extendió hasta el treinta (30) de noviembre de dos mil ocho (2008), sin que en su interregno se hubiera efectuado alguna de ellas. No obstante, las partes suscribieron el acta de liquidación bilateral el veintiocho (28) de julio de dos mil diez (2010), esto es, dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral. A partir de lo anterior (…), el término de caducidad en el presente asunto debe contabilizarse a partir de la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato, con fundamento en el literal c) del artículo 136 del CCA. Sobre esta base se colige que el término para incoar la acción de controversias contractuales iniciaba el veintinueve (29) de julio de dos mil diez (2010) y vencía el veintinueve de julio de dos mil doce (2012), y como la demanda fue presentada el quince (15) de febrero de dos mil doce (2012), forzoso es concluir que la acción se ejerció en el término bienal previsto por la ley. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales para aquellos contratos que requieren liquidación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de marzo 1996, rad. 11759, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 29 de enero de 1988, rad. 3615, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 22 de junio de 2000, rad. 12723, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 22 de febrero de 2001, rad. 13682, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 16 de agosto de 2001, rad. 14384, C. P. .Ricardo Hoyos Duque; auto de unificación de 1º de agosto de 2019, rad. 62009, C. P. Jaime enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / IMPREVISIBILIDAD Problema jurídico: ¿El hecho de que la contratista deje de obtener las utilidades esperadas o surjan mayores costos en la ejecución del contrato, constituye un rompimiento del equilibrio económico del contrato? Respuesta al problema jurídico: No [L]a institución del equilibrio económico del contrato, incluida en el artículo 27 de la ley 80 de 1993, tiene por efecto que en todo contrato estatal deba garantizarse la igualdad o equivalencia entre los derechos y las obligaciones mutuas surgidas al momento de haberse presentado la propuesta o de haberse contratado, de suerte que, alterada o fracturada tal equivalencia o equilibrio, las partes deben proceder a su restablecimiento. En relación con las causas que tienen la aptitud para alterar el equilibrio económico del contrato, la Sección Tercera de esta Corporación las ha clasificado en tres (3) grupos esenciales: (i) las situaciones originadas en factores externos a las partes del contrato que se enmarquen en la denominada “teoría de la imprevisión”; (ii) los actos unilaterales de los entes contratantes que modifiquen las condiciones del contrato “ius variandi”; y (iii) los actos generales proferidos por el ente contratante en ejercicio de sus funciones administrativas que terminan afectando el contrato “hecho del príncipe”. Las causales mencionadas tienen como denominador común la imprevisibilidad y anormalidad del hecho que origina el desequilibrio, lo cual implica que, para que se reconozca el rompimiento de la ecuación económica se requiere que tal fenómeno no se hubiere originado dentro del margen de riesgo propio del contrato ni bajo las circunstancias previstas por las partes al distribuir los riesgos del objeto contractual, en los actos antecedentes o en las cláusulas del negocio jurídico. Con todo debe concluirse que el simple hecho de que la contratista deje de obtener las utilidades esperadas o surjan mayores costos en la ejecución del contrato no constituye un rompimiento del equilibrio económico del contrato per se, comoquiera que existen riesgos que se derivan del alea normal de la actividad contractual. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el equilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de marzo de 2013, rad. 20524, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Subsección C, sentencia de 24 de abril de 2024, rad. 63438, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 26 de febrero de 2004, rad. 14043, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; sentencia de 22 de agosto de 2013, rad. 22947, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 16 de septiembre de 2013, rad. 30571, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; y sentencia de 7 de noviembre de 2013, rad. 31431, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27 DICTAMEN PERICIAL / ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL Problema jurídico: ¿Los reparos formulados por el INVIAS al dictamen pericial, se ajustan a los que se consideran como de error grave conforme lo dispuesto en el artículo 238 del CPC y a la jurisprudencia administrativa? Respuesta al problema jurídico: No En relación con la objeción por error grave, el artículo 238 del CPC —aplicable a la controversia en análisis—, dispone que tal objeción procede cuando es modificado el objeto del análisis pericial o sus atributos, lo que lleva necesariamente a conclusiones erróneas. No procede, entonces, la objeción por error grave cuando se cuestionan las apreciaciones, inferencia o juicios del perito dado que esto forma parte de la valoración de la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, tal como lo prevé el artículo 241 del CPC. En consonancia con lo anterior, la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado de manera reiterada que la objeción por error grave debe fundarse en discordancias o alteraciones del objeto del peritaje, de tal magnitud e identidad, que las conclusiones derivadas de tales desaciertos resulten igualmente equivocadas (…). Así, la Sala aprecia que, en el presente asunto, los reparos formulados por el INVIAS al dictamen pericial se dirigieron a atacar las conclusiones e inferencia a las que llegó la perito, considerándolas parcializadas al estar fundamentadas solo en algunas de las previsiones del pliego, que en ultimas solo beneficiaban a la contratista. Estos reproches, a juicio de este juzgador, no se ajustan a los que se consideran como de error grave conforme lo dispuesto en el artículo 238 del CPC y a la jurisprudencia administrativa, pues no atacaron el objeto del peritazgo. Se concluye, por tanto, que la auxiliar de justicia no excedió el objeto del análisis pericial encomendado o sus atributos, sino que se limitó a responder, bajo su juicio, lo que se le encomendó. En consecuencia, las objeciones contra el dictamen practicado en este proceso no están llamadas a prosperar. (…) NOTA DE RELATORÍA: Sobre el error grave en el dictamen pericial, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, rad. 2003-00002-01(AP), C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 4 de agosto de 2021, rad. 45004, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, sentencia de 28 de febrero de 2013, rad. 27959, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 21 de marzo de 2012, rad. 24250, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; y sentencia de 19 de noviembre de 2021, rad. 51205, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 16 de diciembre de 2022, rad. 45793, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Corte Suprema de Justicia, auto de 8 de septiembre de 1993, rad. 3446. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 238, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241 ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Probó la accionante que la interventoría empleó tiempo excesivo para aprobar definitivamente los estudios y diseños presentados oportunamente por la contratista; y que, por causa de esto, la UT contratista incurrió en sobrecargas y sobrecostos para lograr la adecuación de aquellos a los ajustes requeridos y el cumplimiento del cronograma de obra pactado, con afectación del equilibrio económico del contrato? Respuesta al problema jurídico: No [A]un cuando, en efecto, el pliego no incluyó un término específico para que la interventoría acometiera la verificación y aprobación de los estudios y diseños presentados por la contratista, lo cierto es que este debía responder por su contenido en cualquier momento de la ejecución contractual, incluso una vez finalizado el plazo otorgado para la etapa de estudios y diseños, por lo tanto, en caso de errores, aquel estaba en la obligación de ajustarlo, adecuarlo o modificarlo a su costo y riesgo, cuestión que se revela fue entendida y aceptada por la UT contratista, que, en principio, firmó a conformidad las actas de entrega, con las que aceptó la futura verificación de dicho estudios y diseños y; posteriormente, remitió un documento en el que solicitó se aprobaran definitivamente los estudios y diseños, recordando que el pliego permitía ajustar y complementar estos conforme fuera evolucionando la obra. Con todo lo anterior, la Sala considera que la parte accionante no cumplió con la carga probatoria exigida para demostrar que el alegado tiempo excesivo lo hubiera llevado a asumir cargas y sobrecostos que no estaba en la obligación de soportar (…). Para la Sala, no cabe duda que, si bien la revisión y aprobación definitiva de los estudios y diseños por parte de la interventoría se prolongó por aproximadamente tres (3) meses (…), tiempo que indudablemente estaba ligado a la etapa constructiva, lo cierto es que los sobrecostos que la parte accionante reclama le sean reconocidos por el tiempo que consideró excesivo en la aprobación definitiva de tales documentos serán negados, pues de acuerdo con la ausencia de material probatorio que permita demostrar que fue imposible avanzar en la ejecución de al menos uno de los hitos contractuales, aunado a los compromisos adquiridos negocialmente, debe concluirse que a la contratista le correspondía, bajo su entera responsabilidad y propio costo, ajustar los estudios y diseños conforme a los requerimientos de la interventoría; es más, se observa que con el propósito de alivianar la carga económica que por causa de este trámite —verificación y aprobación definitiva de los estudios y diseños— pudiera afectar el programa de inversión presentado por la contratista, los extremos de la relación contractual firmaron un acuerdo modificatorio con el fin de entregar un mayor valor de anticipo. ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / LICENCIA AMBIENTAL / PRECIO UNITARIO / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La necesidad surgida durante la ejecución del contrato de obra de localizar una nueva fuente de materiales relacionada con las rocas sedimentarias, resultó deficiente para acometer las obras, generó que, para su explotación, la contratista debiera asumir nuevas cargas y costos que no estaba obligado a soportar, alterando el sinalagma funcional que se pactó al inicio de la relación contractual? Respuesta al problema jurídico: No [N]o puede desconocerse que desde el pliego se instó a los proponentes a inspeccionar y examinar el lugar de intervención y los alrededores de la obra, con el propósito de, entre otras cosas, que estos consiguieran mayor información sobre las fuentes de materiales y pudieran decidir la viabilidad de incluir en su propuesta las relacionadas en el Anexo 1 y/o otras fuentes cercanas al proyecto. La inclusión del apartado denominado “examen de los sitios”, a juicio de este juzgador, refuerza aún más el argumento de que el INVIAS en ningún momento exigió a los oferentes incluir las fuentes relacionadas en los estudios previos, pues, en contraste, les abrió la puerta para investigar motu proprio cual fuente consideraba apta y conveniente para presentar precios unitarios competitivos, con lo cual no puede afirmarse que el INVIAS indujo a error a los proponentes. Demostrado, como ha quedado, que la responsabilidad en la escogencia de las fuentes de materiales recaía de manera exclusiva sobre la contratista, viene consecuente inferir que la obligación de encontrar una fuente diferente a la ofrecida inicialmente —como en efecto ocurrió — y de asumir los sobrecostos que de este proceder se pudieran derivar, también recaía sobre aquella, pues claramente se había establecido en el pliego de condiciones: “el instituto no reconocerá costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de materiales”. (…) Sobre los permisos de intervención y las licencias ambientales, la Sala observa que el pliego de condiciones también estableció de manera prístina que su obtención era de entera responsabilidad de la contratista y que las demoras en su tramitación no eran causa validad para justificar atrasos o incumplimiento. En lo relativo a los sobrecostos que generó la explotación de la nueva fuente de material, el pliego, igualmente, indicó que los precios unitarios refrentes a los materiales debían cubrir todos los costos de explotación, por consiguiente, no se “aceptaría ningún reclamo del constructor por costos, plazos, falta o escasez de materiales o elementos de construcción”. Con todo lo anterior, la Sala concluye que el cambio de fuentes de materiales no puede considerarse como una circunstancia determinante de desequilibrio económico del contrato, pues la responsabilidad de su elección estaba en cabeza de la contratista y los costos que se derivaron de ese cambió deben ser asumidos por esta. ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRECIO UNITARIO / HECHO SUPERADO Problema jurídico: ¿La necesidad que se presentó durante la ejecución del contrato de obra 1613 de 2005 de modificar la fuente de materiales para el suministro de arena, a causa de la severa temporada invernal del primer semestre de dos mil seis (2006) y el consecuente deterioro de la vía de acceso a aquella, implicó que la contratista, al encontrar nuevas fuentes útiles, hubiera tenido que incurrir en mayores costos de acarreo, dado que estas se ubicaban a una distancia considerablemente superior a la inicialmente propuesta, lo que desequilibró la ecuación económica del contrato? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala encuentra probado que la solicitud presentada por la contratista durante la ejecución del contrato, orientada al restablecimiento de equilibrio económico derivada del sobreacarreo de arenas, fue debidamente aceptada por el INVIAS, con la aprobación de la interventoría y la consultoría, mediante la inclusión de un nuevo ítem denominado “Transporte de Arena por Acarreo Superior a 86 Km”. (…) Asimismo, se observa que la UT contratista advirtió que, de ser aceptada su solicitud —como en efecto ocurrió— consideraría restablecido el equilibrio económico en este aspecto. Por tanto, no comprende la Sala que la parte demandante ahora pretenda reclamar mayores costos por un acarreo superior de arena, advirtiéndose, que si lo que pretendía la parte actora era obtener un reconocimiento por una mayor distancia recorrida o porque el precio unitario convenido no resultó suficiente, debe decirse que las pruebas aportadas —facturas de cobro y comprobantes de egreso por el transporte de arena — resultan insuficientes para sustentar tal petición. En definitiva, la reclamación que la parte demandante formula en esta sede judicial por concepto de desequilibrio económico por transporte de arena por un acarreo superior a 86 Km será desestimada, pues fue un hecho ya superado durante la ejecución del contractual. ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / OLA INVERNAL / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / PROPUESTA DEL PROPONENTE / COSTOS / MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / MAQUINARIA EN STAND BY / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿La intensa temporada invernal que afectó la mayor parte del plazo de ejecución del contrato 1613 de 2005 y el consecuente deterioró de las vías de acceso a la obra, deben ser consideradas como situaciones imprevisibles que generaron a la contratista sobrecostos derivados del stand by de maquinaria, alterando así el sinalagma funcional que se pactó al inicio de la relación contractual? Respuesta al problema jurídico: No [P]ara la Sala no existe duda de que, durante el primer semestre del dos mil seis (2006), se registraron altas precipitaciones tanto en la zona de intervención del proyecto como en sus alrededores, las cuales afectaron la transitabilidad y dificultaron el acceso de materiales a la obra, dada la ocurrencia de múltiples derrumbes. Estas dificultades que indefectiblemente entorpecieron, en algún grado, el progreso de los trabajos a cargo de la UT contratista, conforme al cronograma de obra presentado, fueron puestas en conocimiento de la interventoría, quien además de consentirlas, se las comunicó a la consultoría, con el propósito de que el INVIAS adoptara las acciones necesarias para intervenir las vías afectadas. Así, entonces, aun cuando en el pliego de condiciones se exigió a la contratista que incluyera en su propuesta económica los posibles costos derivados del mantenimiento de la vías de acceso tanto a las fuentes de materiales como al punto de gravedad de la obra; así como que considerara, al momento de presentar su programa de ejecución de obras las condiciones climáticas y topográficas de la región, lo cierto es que la temporada invernal presentada y el efecto negativo que tuvo en las vías de acceso al proyecto superó cualquier previsión realizada, pues aun cuando era de conocimiento general que la zona de Otanche tenía un alto grado de pluviosidad, los indicies fueron superados con creces, circunstancia que fue consensuada por todas las partes involucradas en la ejecución del contrato, al aceptar la reprogramación de los trabajos con la entrega del Hito 2 y el Hito 3 en la misma fecha, constándose entonces la imprevisibilidad de esta situación. (…) [E]n algunas comunicaciones, la contratista manifestó que la falta de avance en la producción de materiales pétreos se debió al intenso invierno que se presentó en la zona, junto con el cierre en las vías de acceso y la falta de intervención del INVIAS, generándole costos adicionales por el stand by de maquinaria. Sin embargo, en dichas comunicaciones no se especifica a qué maquinaria se refirió, ni cuál fue el periodo de extensión de esa parálisis, lo que dificulta la evaluación de su reclamo en esta sede judicial (…). Entonces, la parte accionante no probó los costos adicionales en los que afirmó haber incurrido por el stand by de maquinaria durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de dos mil seis (2006), y por lo tanto, su reclamación por este concepto será negada. (…) [L]as reclamaciones económicas por el stand by de maquinaria durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil seis (2006) y dos mil siete (2007) tampoco prosperan. ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / AJUSTE DE PRECIO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / ADICIÓN AL CONTRATO Problema jurídico: ¿La renuencia del INVIAS en atender las múltiples solicitudes formuladas por la UT contratista para reprogramar el cronograma de trabajo inicialmente propuesto, a raíz de situaciones sobrevenidas que no le resultaban imputables, generó que los precios unitarios no se ajustaran de conformidad con la realidad contractual y, adicionalmente, la obligó a alquilar equipo y maquinaria adicional para cumplir con el cronograma original? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala considera que, contrario a lo afirmado por la parte accionante, el INVIAS no desconoció la realidad contractual y estuvo siempre dispuesto a adoptar las medidas necesarias para subsanar los retrasos ocurridos durante la ejecución del contrato. El juicio que haya merecido la suficiencia de estos remedios no podía, por supuesto, partir del supuesto de la existencia de una obligación a cargo del INVIAS, de reconocer ajustes de precios distintos a los efectuados conforme al parágrafo segundo de la cláusula séptima del contrato de obra 1613 de 2005, que establecía que aunque los precios se actualizarían anualmente en función de la variación del ICCP, las obras no ejecutadas en el programa anual se pagarían al precio del año en que debieron ejecutarse. (…) [L]a Sala considera prudente advertir que, si bien la contratista fue instada por la interventoría, en varias oportunidades, a proporcionar equipo adicional para la aprobación de los programas de contingencia y el cumplimiento de las metas físicas, cuyos costos de alquiler actualmente reclama le sean reconocidos, esos requerimientos vinieron determinados por la necesidad de recuperar los atrasos acumulados en la entrega de los diferentes hitos, atrasos que, en muchas ocasiones, se originaron en situaciones atribuibles a la contratista (…). En definitiva, la Sala no accederá a las pretensiones económicas derivadas de la alegada desatención del INVIAS en reprogramar las obras de conformidad con la realidad contractual también serán desestimadas, pues las pruebas relacionadas en precedencia demuestran todo lo contrario, vale decir, una actitud proactiva y conciliadora del INVIAS, quien pese a los diversos incumplimientos de la contratante en la entrega de las obras siempre intentó encontrar una solución adecuada ya fuere mediante la implementación de planes de contingencia o mediante la suscripción de acuerdos modificatorios y contratos adicionales. ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO POR SERVICIO AMBIENTAL / PLIEGO DE CONDICIONES / COSTOS / CLASES DE COSTOS / COSTOS DIRECTOS / COSTOS INDIRECTOS / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA AUTORRESPONSABILIDAD Problema jurídico: ¿Los descuentos aplicados a la UT Boyacá con cargo al presupuesto del contrato por concepto de costos socioambientales sin que estos hubieran sido previstos en el presupuesto oficial incluido en el pliego de condiciones y, por ende, no considerados por la contratista al momento de confeccionar su oferta económica, rompieron la ecuación económica del contrato y, en consecuencia, debe ser restablecida? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala denota que en el presupuesto oficial no se incluyó un rubro especifico que se denominara costos ambientales, sin embargo, en los pliegos de condiciones se estableció que en el valor de la propuesta se debían incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra, incluyendo los costos socioambientales (…). [E]ste juzgador considera que desde el pliego de condiciones, reiterado en el contrato de obra, se estableció que las obligaciones socioambientales, así como lo costos que su cumplimiento generaran, debían ser asumidas enteramente por la contratista, quien además debió preverlas al momento de calcular el valor de la propuesta económica que presentó ante el INVIAS. Así, pues, no es de recibo el aserto de la parte demandante concerniente a que por el simple hecho que en el presupuesto oficial no se presentó como ítem independiente los costos socioambientales estos no podían cobrarse con cargo al contrato, pues en todo momento la contratista supo que dichos costos estaban a su cargo, y si por algún motivo olvidó incluirlos o los subvaloró en la propuesta presentada ante la administración esta omisión solo es imputable a su propia culpa. En particular, para la Sala la conducta desplegada por la UT contratista al tratar de reclamar los costos en que debió incurrir por manejo de la actividad socioambiental no se revela acorde con el principio de buena fe negocial, que en el ámbito de la contratación estatal impone a las partes emplear una conducta caracterizado por la confianza mutua, diligencia y colaboración, pues es bien sabido que los costos socioambientales son parte fundamental de este tipo de contratos y si no había un ítem específico para calcularlo lo debió advertir en la etapa procedente, esto es, en la audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones, lo que de suyo también desconoce la carga de autorresponsabilidad negocial que se le exige a todas las personas que hagan parte de una relación contractual. Con todo lo anterior, debe concluirse que la súplica de restablecimiento del equilibrio económico por haber sufragado los costos socioambientales tampoco prospera. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de buena fe en la relación contractual, cita, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 21 de octubre de 2021, rad. 36697, C. P. Guillermo Sánchez Luque. Respecto de la carga de la autorresponsabilidad negocial, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2012, rad. 22642, C. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz. ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ESTAMPILLA / CLASES DE ESTAMPILLA PRO / DEDUCCIÓN POR PAGO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD / ASAMBLEA DEPARTAMENTAL / TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Los descuentos aplicados a la UT contratista por concepto de la estampilla pro desarrollo de la UPTC, tributo inexistente a la firma del contrato 1613 de septiembre de dos mil cinco (2005), generaron un desequilibrio económico del contrato? Respuesta al problema jurídico: No Para la Sala [el pago que tuvo que sufragar por concepto de la estampilla pro desarrollo de la UPTC], si bien proviene de un acto de carácter general lo cierto es que el mismo no fue proferido por el ente contratante sino por la Asamblea Departamental de Boyacá, lo que de suyo descartaría la procedencia del desequilibrio económico por la teoría denominada hecho del príncipe, sin embargo, este reproche podría encuadrar en los supuestos de la teoría de la imprevisión, por ser un hecho externo y ajeno a ambas partes del contrato y de acuerdo con el cual, en principio, la administración está llamada a restablecer el equilibrio económico del contrato. (…) Ahora bien, siguiendo los lineamiento de la Sección Tercera de esta Corporación, debe recordarse que la sola demostración del descuento o pago por concepto de la imposición de la estampilla pro desarrollo no da lugar a acoger de manera automática las pretensiones de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, pues el interesado debe demostrar, adicionalmente, que tales descuentos representaron un quebramiento grave de la ecuación contractual salida de toda previsión y que le represente una mayor onerosidad a la calculada, incluso debiendo exceder lo que hubiera calculado por concepto de imprevistos (i) en el AIU propuesto. Así las cosas, la Sala observa que la UT Boyacá calculó dentro del AIU incluido en la propuesta los imprevistos (i) en un cinco por ciento (5%), porcentaje que aplicado al valor inicial del contrato, sin considerar adiciones, ascendía a trecientos cincuenta y cinco millones cientos sesenta y nueve mil setecientos treinta y ocho pesos con veinticinco centavos ($355.169.738,25), monto que claramente resulta suficiente para absorber el hecho imprevisible alegado —pago de la estampilla pro desarrollo— como fuente de desequilibrio, pues se encuentra probado que la UT Boyacá tuvo que sufragar la suma de treinta y cinco millones ciento veinte mil seiscientos cuarenta pesos ($35.120.640) por el pago de dicho tributo, suma muy inferior a la calculada para imprevistos. En consecuencia, se concluye que los reclamos de desequilibrio económico del contrato por este concepto no están llamados a prosperar. (…) [L]a parte demandante también controvierte la legalidad de la aplicación retroactiva de la Ordenanza 030 del veinticinco (25) de octubre de dos mil cinco (2005), por medio del que se “ordenó la emisión de la estampilla pro desarrollo de la UPTC” (…). De una lectura integral del articulado (…), debe concluirse que no es cierto que la Ordenanza 030 de 2005 gravó con la estampilla pro desarrollo únicamente los contratos suscritos a partir de su vigencia; pues independientemente de la fecha de suscripción de tales negocios jurídicos esta contribución se causa en el momento de la orden de pago de la respectiva cuenta de cobro presentada por la contratista, en un monto equivalente al uno por ciento (1%) de su valor. Con todo lo anterior se constata que los descuentos correspondientes a retención por concepto de estampilla los realizó el INVIAS en vigencia la Ordenanza 030 de 2005, cuando procedió al pago de actas parciales de obra suscritas entre el siete (7) de diciembre de dos mil seis (2006) y el primero (1) de abril de dos mil ocho (2008), producto de las correspondientes facturas que emitió la UT Boyacá, de donde se colige que no hubo aplicación retroactiva de dicha Ordenanza ni se practicaron retenciones ilegales que puedan comprometer la responsabilidad de la demandada, por lo cual las pretensiones no pueden prosperar. En definitiva, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas a lo largo de este proveído. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber de demostrar que el descuento o pago por concepto de la imposición de la estampilla pro desarrollo, generó un quebrantamiento grave de la ecuación contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de septiembre de 2003, rad. 15119, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150012331000201200068011100103