Titulación de la relatoría 17.886 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN CONTRACTUAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿Operó la caducidad de la acción contractual en el presente caso, teniendo en cuenta que el proceso se rige por el artículo 136 del CCA, que la terminación anticipada del convenio ocurrió el 31 de diciembre de 2011, que la demanda fue presentada el 28 de febrero de 2012 y su adición el 21 de junio de 2013, y que el término de caducidad estuvo suspendido entre el 13 de enero y el 27 de febrero de 2012 por haberse agotado el requisito de procedibilidad?
Respuesta al problema jurídico: No
No operó la caducidad en este caso. El presente proceso se rige por el CCA, si se tiene en cuenta que la demanda se presentó 28 de febrero de 201234. En ese sentido, el literal b) del numeral 10 del artículo 136 del CCA preceptúa que la demanda debe interponerse dentro de los dos años siguientes a la “terminación del contrato”. Y la parte actora aduce que, por el incumplimiento del IMDER, el convenio se terminó anticipadamente “el 31 de diciembre de 2011”35. En ese sentido, la demanda y su adición fueron presentadas oportunamente el 28 de febrero de 2012 y el 21 de junio de 2013. Esto, sin tener en cuenta que, además, el término estuvo suspendido entre el 13 de enero de 2012 y el 27 de febrero de 2012, porque la parte actora agotó el requisito de procedibilidad.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL B
CONTRATO DE FOMENTO / ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / INTERÉS PÚBLICO / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO / ALCANCE DEL CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS PÚBLICO / PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / DEPORTE / FOMENTO DEL DEPORTE / ACTIVIDAD RECREATIVA / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿A la luz de los criterios exigidos por el artículo 355 de la Constitución Política, el Decreto 777 de 1992 y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre convenios de apoyo y fomento, puede afirmarse que el acuerdo celebrado entre el IMDER y la entidad deportiva demandante cumple con los requisitos sustanciales y formales propios de un convenio de fomento —esto es, (i) celebración con una entidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, (ii) desarrollo de actividades de interés público acordes con el plan de desarrollo territorial, y (iii) ausencia de contraprestación directa a favor de la entidad estatal— y, por tanto, no adolece de nulidad por supuesta producción de utilidad en favor del particular?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el caso concreto, se observan los elementos centrales destacados por el artículo 355 constitucional, el Decreto 777 de 1992 y la jurisprudencial mencionada. En efecto, hay tres asuntos para permiten determinar que en este caso sí se está en presencia de un convenio de fomento: Los convenios de apoyo deben celebrarse con entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, lo cual se cumple en este caso. Por una parte, está probado que, para el momento de suscripción del convenio, la demandante tenía el carácter de entidad sin ánimo de lucro y era uno de los clubes afiliados a la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR). La actividad privada apoyada puede ser considerada de interés público cuando sea acorde con el plan de desarrollo. En el caso sub examine, en la consideración de la letra b) del convenio se señaló que “dentro de las políticas trazadas por el gobierno municipal en su Plan de Desarrollo, tiene un espacio relevante la recreación y el deporte, especialmente en los niños y jóvenes del Municipio de Palmira”. En el mismo sentido, obra la Resolución 10 del 29 de enero de 2009 proferida por el gerente del IMDER, la cual señala que “de conformidad con al programa de Gobierno del señor Alcalde del Municipio de Palmira y el Plan de Desarrollo, el Imder tiene en sus metas el apoyo para la conformación de un equipo de Primera B y un equipo de primera C”. El convenio no conlleva una contraprestación directa en favor del municipio. Es cierto que una de las obligaciones del club deportivo consistió en que cambiara su sede de Girardot a Palmira, (…). Sin embargo, este cambio de domicilio simplemente buscó promocionar el deporte y la recreación en la entidad territorial. (…) En el mismo sentido, las obligaciones del demandante no se limitaron al cambio de sede. (…) Así las cosas, una lectura integral del convenio permite constatar que la obligación de tener la sede en el municipio no comportaba que el IMDER, que es la entidad con la cual se celebró el convenio, recibiera una contraprestación a su favor. Aunque es claro que, en general, la celebración de convenios permite cumplir fines públicos previstos en los respectivos planes de desarrollo territoriales, impulsar el desarrollo del fútbol profesional en una entidad territorial no reportó una prestación directa a favor del establecimiento público municipal. En todo caso, como se indicó anteriormente, los convenios de fomento se “previeron para entregar recursos y continuar con el fomento de programas y actividades de interés público desarrolladas por” entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad. Esto implica que este tipo de convenios conlleva, por naturaleza, que el particular reciba un aporte de la entidad pública para apoyar o fomentar la actividad que realiza, motivo que descarta la consideración según la cual el convenio del caso concreto adolece nulidad por el hecho de generar “utilidad de una de las partes”. Sobre todo, teniendo en cuenta que las entidades sin ánimo de lucro no se caracterizan por la ausencia de producción de utilidades, sino porque estas se reinvierten en el objeto de la entidad.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 355, DECRETO 777 DE 1992
CONTRATO / CONTRATO DE ENTIDAD ESTATAL CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CLASES DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN DE MEDIO / OBLIGACIÓN DE RESULTADO / OBLIGACIÓN DE HACER / CONTRATO DE FOMENTO / TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS / OBLIGACIÓN DE DAR / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CARGA DE LA PRUEBA / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN
Problema jurídico:
¿Con fundamento en la interpretación literal y sistemática del convenio, así como en la naturaleza de las obligaciones de medio y la inaplicabilidad del equilibrio económico a los convenios de fomento, que el IMDER no incumplió sus obligaciones contractuales al haber realizado gestiones —aunque insuficientes para alcanzar los $300.000.000— que permitieron la transferencia parcial de recursos al club deportivo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala confirmará la decisión de primera instancia, en la medida en que el demandante no demostró que el IMDER hubiera incumplido su obligación de realizar gestiones para transferir un aporte económico, y porque en los convenios de fomento no se aplica el rompimiento del equilibrio económico del contrato. Por una parte, es cierto que se probó que el club jugó en Palmira el torneo de fútbol profesional de la DIMAYOR durante el año 2009. No obstante, el demandante no demostró el incumplimiento del convenio, (…). En primer lugar, una interpretación literal permite constatar que el IMDER no se obligó a transferir trescientos millones de pesos ($300.000.000). Sobre el criterio de interpretación literal, debe tenerse en cuenta que el deudor de una obligación contractual la cumple cuando su conducta o comportamiento constituye “la prestación de lo que se debe” (artículo 1626, Código Civil), “en conformidad al tenor de la obligación” (artículo 1627, Código Civil). (…) Lo anterior significa que el primer instrumento sobre el cual el intérprete debe fijar su atención para determinar la finalidad práctica y concreta de las partes, o su común intención, es el texto contractual, que, en la medida en que sea claro y contundente, prevalece sobre otras evidencias que pudieran invocarse para atribuirle un sentido diferente. En el presente caso, este criterio atribuye un sentido específico: la redacción literal de la obligación no consistió en que el IMDER transfiriera el aporte económico a la entidad. Por el contrario, se limitó a indicar que se encargaría de hacer “gestiones pertinentes” para hacer la transferencia. Así, no se estaba en presencia de una obligación de dar, sino de hacer. (…) Como se puede ver, entonces, la realización de “gestiones” no puede ser equiparada a la transferencia del recurso. En esta expresión, la entidad asumió una obligación de hacer con miras a buscar obtener un máximo de recursos a favor del club deportivo. La interpretación planteada también es acorde con una lectura sistemática del convenio. En cuanto hace referencia a la interpretación sistemática, armónica o coherente, contenida, en relación con los contratos, en el inciso primero del artículo 1622 del Código Civil establece que las “cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”. (…) En el presente caso, otro apartado de la cláusula consagrada en la letra d) permite entender por qué el IMDER se obligó únicamente a gestionar la transferencia. En efecto, la terminología usada en el convenio no empleó la expresión transferir sino realizar gestiones, porque los recursos que serían “dispuestos” por el IMDER dependían de “los ingresos percibidos por los aportes del sector privado y/o público” del Municipio de Palmira. Adicionalmente, la obligación de realizar “gestiones pertinentes para transferir un aporte económico” debe leerse en concordancia con la letra j) de la cláusula primera, de acuerdo con la cual una de las obligaciones del demandante consistió en “Propender por un manejo publicitario en el cual se dé posicionamiento a la imagen deportiva [de] las entidades comerciales y/o públicas que respalden este proyecto”. Así, se tiene que el IMDER realizaría gestiones para que actores del sector público y privado del municipio apoyaran la actividad del club deportivo. Esto implicaría que percibiría los ingresos de esos aportes y, luego de hacerlo, los transferiría al club de fútbol. Por su parte, este se encargaría de posicionar la “imagen deportiva” de los aportantes, en la medida en que se consiguieran que el sector público o privado realizara aportes al IMDER. Cabe indicar que esta lectura es la que privilegia que las estipulaciones produjeran efectos en los términos del artículo 1620 del Código Civil. Una lectura según la cual el IMDER se comprometió a girar los recursos implicaría que fuera inane la estipulación según la cual los “recursos serán dispuestos por el IMDER PALMIRA, de acuerdo a los ingresos percibidos por los aportes del sector privado y/o público”. Así las cosas, una interpretación literal y sistemática del convenio permite concluir que la entidad demandada no se obligó a transferir un dinero, sino a realizar las gestiones necesarias para hacerlo, pues dependía de los aportes que se consiguieran del sector público y privado. Es importante aclarar que esto también permite constatar que del contrato surgió una obligación de hacer, la cual además era de medio y no de resultado. Debe considerarse que las obligaciones de resultado tienen identidad propia y clarísima definición dentro del ordenamiento jurídico colombiano. (…) En el caso bajo examen, es claro que (i) la obligación no consistió en alcanzar una consecuencia precisa, pues se indicó que se realizarían las “gestiones pertinentes” para transferir el dinero acordado; y (ii) una interpretación de las otras prestaciones esperadas permite ver que no había certeza del resultado a obtener porque dependía de los ingresos obtenidos por “los aportes del sector privado y/o público”, al punto que la parte demandante se obligó a posicionar la “imagen deportiva” de los aportantes. Ahora bien, podría pensarse que esta lectura implicaría desconocer la relación sinalagmática que caracteriza los contratos. De esta manera, no se interpretaría que en el convenio el IMDER buscó apoyar la labor que realizaba el particular para promocionar el deporte en Palmira, sino que simplemente le pagó una contraprestación al particular para que se trasladara al municipio. Sin embargo, justamente, esta lectura sería contraria a la naturaleza de los convenios de fomento. (…) Así las cosas, si se tiene en cuenta el alcance de la obligación, es claro que el demandante no alegó que el IMDER se abstuviera de realizar las gestiones para conseguir los recursos. Por el contrario, en la demanda, la parte actora se limitó a sostener que el IMDER “no hizo pago alguno”, lo que conllevaría a negar las pretensiones. Lo anterior, porque no podría estudiarse una causa petendi diferente a la formulada en la acción de controversias contractuales. Ahora bien, si en gracia de discusión se interpretara la demanda y se indicara que el demandante alegó que no se realizaron las gestiones para transferir el dinero, lo cierto es que la propia parte demandante probó que el IMDER sí realizó gestiones para la transferencia de recursos económicos al club durante el año 2009. De acuerdo con las notas de los estados financieros de esa anualidad aportadas por la propia parte actora, el club recibió cincuenta millones de pesos ($50.000.000) provenientes de gestiones del IMDER. De acuerdo con lo anterior, es claro que el IMDER Palmira sí realizó gestiones producto de las cuales le transfirió cincuenta millones de pesos ($50.000.000) al club demandante. Otro asunto es que esas gestiones no hayan garantizado la consecución de trescientos millones de pesos ($300.000.000). Sin embargo, esa interpretación de la cláusula equipararía la obligación de hacer con una de dar. Además, se desconocería que se está en presencia de una obligación de medio, y no de resultado, como se indicó previamente. Además, teniendo en cuenta que el IMDER realizó algunas gestiones que conllevaron a transferir dinero al club deportivo, lo cierto es que para demostrar el incumplimiento, el demandante tenía la carga de indicar cuáles fueron las labores adicionales que debía hacer la entidad demandada o por qué las realizadas fueron insuficientes para cumplir con la obligación contractual. Por otro lado, la institución del rompimiento del equilibrio económico no es aplicable a los convenios de apoyo, dado que está prevista para los contratos regidos por la Ley 80 de 1993 y esta Subsección ha precisado que los convenios de apoyo en principio se rigen por “los requisitos y formalidades exigibles a la contratación entre particulares”. Además, el equilibrio económico del contrato y la teoría de la imprevisión del artículo 868 del Código de Comercio suponen que existen contraprestaciones recíprocas entre las partes, asunto sobre el cual debe precisarse lo siguiente: En relación con la primera figura, el ordinal 1º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993 señala que el deber de restablecer el equilibrio del contrato es una “consecuencia” del derecho del contratista de “recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato” (negrillas adicionales). Acerca de la segunda figura, el artículo 868 del Código de Comercio dispone que procede ante “circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato [que] alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes” (resalta la Sala). A diferencia de lo anterior, en el caso de los convenios de fomento, como se indicó previamente, la entidad sin ánimo de lucro no realiza una contraprestación directa en favor de la entidad pública. Por el contrario, el fisco apoya una labor que el particular adelanta por su cuenta. Esto es tan claro que en la cláusula tercera del convenio se acordó que la “CORPORACIÓN GIRARDOT FÚTBOL, en adelante DEPORTES PALMIRA, conservará su independencia deportiva, administrativa, regida por sus estatutos y su actual comité ejecutivo”. En todo caso, la Sala destaca que el demandante no alegó ningún hecho exógeno, puesto que el fundamento del “rompimiento del equilibrio económico” fue el incumplimiento del pago del IMDER.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 INCISO 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1620, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1626, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1627
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Debe el juez abstenerse de imponer condena en costas cuando, de acuerdo con el artículo 171 del CCA y el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no se evidencia conducta temeraria por parte de la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, establece que “el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso”. En este caso, no se evidencia actuación temeraria de la parte vencida en el proceso, razón por la cual no la condenará en costas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55