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PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA

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Consejo de Estado Providencia

Debe examinarse la conducta desplegada por el contratista

Sentencia — Sentencia 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 68001233300020150023002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante de la decisión? No
El contratista no puede alegar la nulidad del acto administrativo basándose en la omisión de la entidad estatal para resolver solicitudes probatorias, salvo que dicha omisión afecte sustancialmente el ejercicio del derecho de defensa y trascienda sobre el sentido de la decisión. La entidad puede adoptar medidas correctivas conforme a los artículos 3.11 y 41 del CPACA, o el contratista puede actuar para sanear la irregularidad. La Sala reitera que no toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante, lo que implica que la entidad estatal debe motivar adecuadamente la imposición de sanciones, pero no necesariamente anular el acto administrativo por omisiones menores en el trámite.síntesis automática
También resuelve: ¿El departamento de Santander, en el marco del procedimiento sancionatorio, al omitir resolver solicitudes probatorias elevadas por el contratista… ¿Debe exponerse el supuesto fáctico que da lugar a la imposición de la multa, verificando la existencia de un incumplimiento imputable al contratista? ¿La motivación fáctica de la decisión sancionatoria fue suficiente para justificar la imposición de la multa con fundamento en las causales previstas en los literales (c) y (e) de la cláusula…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La imposición de multas al contratista sólo procede mientras el incumplimiento persista.

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 68001233100020120019801 ACCION CONTRACTUAL
¿La imposición de multas al contratista sólo procede mientras el incumplimiento persista? Sí
El contratista no debe ser sancionado con multas una vez haya cumplido con la obligación incumplida, ya que las multas tienen una función conminatoria y no sancionatoria, según establece el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. Además, la entidad estatal no puede imponer multas cuando el incumplimiento ya ha cesado, ya que ello violaría el debido proceso y la igualdad, pues no se respetaría la finalidad preventiva de las multas. La Sala reitera la regla de que las multas solo son procedentes mientras el incumplimiento persista, lo que implica que las entidades estatales deben abstenerse de imponer sanciones una vez el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuáles son los presupuestos de competencia del Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía? ¿Cómo se cuenta el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato debió liquidarse pero las partes no lo hicieron ni bilateral ni unilateralmente? ¿ Procede la imposición de multas cuando la obligación por la cual se conmina al contratista ya ha sido cumplida?
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-04-19 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 68001233300020220004401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe revocarse el auto que decretó la medida cautelar, al no existir elementos para establecer procesalmente una relación directa entre la prohibición al Invías de declarar la caducidad del contracto y las pretensiones de la demanda? Sí
El juez contencioso administrativo decreta medidas cautelares preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, conforme a los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), con el propósito de proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, sin que ello implique prejuzgamiento y bajo un examen limitado sujeto al principio de legalidad, proporcionalidad y ponderación de intereses. No obstante, en el medio de control de controversias contractuales debe revocarse la medida cautelar que prohíbe a la entidad estatal contratante declarar la caducidad del contrato cuando la medida no guarda una relación directa ni necesaria con el petitum ni con las pretensiones de la demanda, como exige el artículo 230 del CPACA. Así ocurre cuando el libelo cuestiona la imposición de multas al contratista pero la medida recae sobre un procedimiento administrativo de declaratoria de caducidad que no se ha iniciado y de cuyo propósito no obra prueba en el proceso, vulnerando el principio de congruencia.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de la apelación de autos dictados por los tribunales administrativos? ¿Las medidas cautelares fueron instituidas para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia? ¿En los eventos en que proceda la medida cautelar de suspensión provisional del procedimiento administrativo, el juez en ejercicio de su facultad discrecional…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿El contrato celebrado entre Hospital de Yopal E.S.E. y AAA Alliance S.A.S. es un negocio jurídico regido por las reglas y principios civiles y comerciales, en el que se pactaron facultades exorbitantes?

Sentencia — Sentencia 2024-08-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 85001233300020200003901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato celebrado entre Hospital de Yopal E.S.E. y AAA Alliance S.A.S. es un negocio jurídico regido por las reglas y principios civiles y comerciales, en el que se pactaron facultades exorbitantes? Sí
Los contratos celebrados por una empresa social del Estado son negocios jurídicos sometidos al derecho privado, en los que pueden pactarse discrecionalmente las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de la Contratación Pública. Esta regla se apoya en los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, que dan a la empresa el carácter de entidad pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Por ello, la presencia de facultades exorbitantes no cambia la naturaleza privada del negocio, sino que habilita a la entidad a ejercer ciertas potestades unilaterales. En el caso concreto el contrato de prestación de servicios se rige por normas civiles y comerciales y contiene facultades de declaración de caducidad, interpretación, modificación y terminación unilaterales, que fueron pactadas por la empresa. La sala confirmó la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la empresa social del Estado puede pactar cláusulas exorbitantes en contratos regidos por el derecho privado.síntesis automática
También resuelve: ¿El Hospital de Yopal desconoció las reglas procedimentales previstas en la ley para la declaratoria de caducidad contractual e imposición de multas afectando el debido proceso y la defensa del… ¿El Hospital de Yopal incurrió en desviación de poder porque persiguió un interés distinto al público al expedir las Resoluciones 263 y 380 de 2019? ¿Los motivos de las resoluciones demandadas, fueron falsos o alejados de la realidad contractual, teniendo en cuenta el incumplimiento mutuo justificante de la exceptio non adimpleti contractus?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Sala no encuentra atendible el primer reparo del apelante a la sentencia impugnada

Sentencia — Sentencia 2024-12-06 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 20001233300020150052702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La inejecución de las obligaciones por parte del contratista, motivaron la expedición de los actos administrativos sancionatorios que le impusieron multas a la sociedad demandante, por incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra pública? Sí
El contratista es responsable de las multas impuestas por incumplimiento de plazos en la ejecución de la obra pública, ya que existen pruebas documentales que demuestran su inejecución de obligaciones contractuales, como retrasos en la entrega de áreas de trabajo y falta de personal calificado. Además, la justificación del contratista para ejecutar actividades no previstas no guarda relación directa con las observaciones previas de la interventoría y no puede considerarse un hecho imprevisible. La Sala confirma que la entidad estatal actuó correctamente al expedir los actos administrativos sancionatorios, reafirmando la importancia de la motivación y la congruencia en el procedimiento sancionatorio en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿El sujeto procesal que no presenta la demanda ni formula una pretensión propia de nulidad, sino que coadyuva la del demandante… ¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato generan una afectación económica al contratista cuyas fuentes y consecuencias son diferentes? ¿La potestad administrativa para imponer unilateralmente la multa se ejerció conforme a su finalidad, que es apremiar al contratista a cumplir con sus obligaciones?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es pues, sobre el cual debe determinarse el monto de la cláusula penal.

Sentencia — Sentencia 2022-11-21 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000232600020090107601 ACCION CONTRACTUAL
¿La pena pecuniaria por incumplimiento de las obligaciones de entrega de documentos fue proporcional, por basarse en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante con dicho incumplimiento? Sí
El contratista no puede reducir la pena pecuniaria impuesta por incumplimiento de entrega de documentos si esta se basa en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante, ya que la proporcionalidad de la sanción se mantiene siempre que se ajuste al daño efectivamente causado, como lo establece el Contrato 194 de 2005 y la Ley 80 de 1993. La Sala reitera la jurisprudencia que permite a la entidad estatal liquidar el monto de la cláusula penal pecuniaria en función del daño real, sin necesidad de que este sea inferior al estipulado contractualmente, lo que implica que la proporcionalidad de la pena pecuniaria se mantiene siempre que se ajuste a la cuantificación razonada del perjuicio.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro de la oportunidad prevista en la ley? ¿Tienen valor probatorio las copias simples? ¿El funcionario que profirió los actos impugnados era competente para imponer multas o penas de apremio en el contrato Estatal?
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

No se acreditó que se hubiera presentado una circunstancia constitutiva de la “excepción de contrato no cumplido”

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 25000232600020050251003 ACCION CONTRACTUAL
¿La entidad demandada debía abstenerse de imponer una multa al contratista por dejar de ejecutar las obligaciones pactadas, al omitir una etapa de arreglo directo, suspender el contrato, expulsar al personal encargado de la ejecución del contrato e incumplir un acuerdo en el que se acordó continuar con la ejecución contractual? No
El contratista no puede evitar la imposición de una multa por la entidad estatal por dejar de ejecutar las obligaciones pactadas, ya que no se demostró que la entidad hubiera omitido una etapa de arreglo directo, suspendido el contrato o expulsado al personal encargado de la ejecución del contrato, ni que hubiera incumplido un acuerdo para continuar con la ejecución contractual. La entidad no incurrió en una razonable imposibilidad de cumplir sus obligaciones, por lo que no se configuró la excepción de contrato no cumplido. La Sala confirmó la sentencia de primera instancia, reiterando que la jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas y que la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por actos proferidos con ocasión de la ejecución de un contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas? ¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan los perjuicios por los actos… ¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 68001233100020120035901 ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos celebrados por Metrolínea S.A., dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso? Sí
Cuando un contrato celebrado por una empresa de transporte masivo, entidad pública de las señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, es objeto de controversia, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia si la cuantía de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo atribuye a la jurisdicción las controversias en las que la entidad sea parte; el artículo 129 del mismo código asigna a la corporación la apelación de las sentencias de los tribunales; y el artículo 132, numeral 5, fija el umbral de la doble instancia, que se determina con la cuantía de la demanda al presentarse. En el caso, la demanda se presentó en 2012 y la pretensión mayor superó el umbral, por lo que la corporación asumió la competencia de la apelación. La excepción de falta de jurisdicción propuesta en los alegatos de conclusión no prosperó. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía fijada al momento de la demanda define la competencia en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe declararse la excepción de falta de jurisdicción alegada en los alegatos de conclusión de primera instancia, dada la existencia de cláusula compromisoria y la fecha en la que se presentó la… ¿Resulta procedente la acción de controversias contractuales para demandar los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de concesión y se impuso una multa… ¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: y también es legítimo pactar que se descuenten directamente por la parte autorizada

Salvamento voto — Salvamento de voto 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020180053402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al ser un contrato de derecho privado debía surtirse algún procedimiento previo para la imposición de una multa, aún cuando no estaba estipulado en el negocio jurídico? No
Estimo que las pretensiones se debieron negar porque: El contrato estaba regido por el derecho privado y sujeto a la autonomía de la voluntad de las partes. Por lo tanto, no podía exigirse que la imposición de multas por parte de la entidad contratante estuviera “precedida de un procedimiento para garantizar el debido proceso del contratista”, si las partes no acordaron agotar algún procedimiento previo para aplicar la multa. En el derecho privado es legítimo pactar el derecho de una de las partes a imponer y aplicar multas por el incumplimiento de la otra, cuando –conforme con lo estipulado en el contrato– se cumplan los presupuestos previstos para hacerlo.
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: Aclaración voto

Aclaración voto — Aclaración de voto 2022-01-17 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 25000233600020170182601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Existiendo norma especial que regula el procedimiento para imponer multas en un proceso sancionatorio en el marco de un contrato de naturaleza minera, puede aplicarse preferentemente la norma general del CPACA? Sí
Si bien comparto la decisión adoptada en la sentencia, considero importante aclarar mi posición en relación con la aplicación, en materia contractual, del procedimiento administrativo sancionatorio regulado en el CPACA.… en primer lugar, si bien es cierto que las multas se incluyen en una cláusula contractual, la posibilidad de imponerlas emana de la ley, debiendo ser plasmadas en un acto administrativo. En materia minera, la habilitación legal para imponer las multas reposa en el artículo 115 de la Ley 685 de 2001, que dispone: “… la autoridad concedente o su delegada, podrán imponer al concesionario multas sucesivas de hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales, cada vez y para cada caso de infracción de las obligaciones emanadas del contrato”.
También resuelve: ¿Las partes pueden, de común acuerdo, definir el alcance de la multa, bien como mecanismo conminatorio o como indemnizatorio?
Consejo de Estado Providencia

La imposición de multas contractuales procede exclusivamente mientras se halle pendiente la ejecución de la obligación a cargo del contratista al momento de expedir el acto que decide el fondo del asunto.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2026-09-07 Sección Tercera (Subsección A) ZORANNY CASTILLO OTÁLORA Rad. 25000233600020200004401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la multa del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 si el contratista cumplió tardíamente la obligación antes de la decisión de fondo del procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011? No
La entidad estatal impone multas contractuales únicamente cuando la ejecución de la obligación respectiva se halla pendiente al momento de adoptar la decisión definitiva. El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 faculta a las entidades públicas para expedir actos administrativos que impongan multas con el objeto de conminar al contratista a cumplir sus obligaciones, exigiendo una audiencia previa que garantice el debido proceso. En el caso examinado, la Sala determinó que el acervo probatorio desvirtuó la alegada subsanación oportuna de la falta relacionada con la disponibilidad de profesionales químicos farmacéuticos de tiempo completo en las seccionales previstas contractualmente. Por esta razón, se confirmó la decisión de revocar la sentencia impugnada y negar las súplicas de la demanda, al comprobarse que el contratista incumplió las obligaciones pactadas sin que la falta fuera subsanada antes de la culminación del procedimiento administrativo correspondiente.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede la entidad estatal sancionar el retardo de una prestación ya superado, sea porque pactó una cláusula penal de apremio exigible por el mero retardo… ¿Se ajustó a derecho la multa impuesta a la Unión Temporal Medipol 16, considerando que el contratista no acreditó la subsanación oportuna del incumplimiento de la obligación de contar con químicos…