Titulación de la relatoría 25.305 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SALVAMENTO DE VOTO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LÍMITES DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PERJUICIOS POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS / PERJUICIOS / EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE PERJUICIOS / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / CELEBRACIÓN DE CONTRATO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / DESCONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA / LICITACIÓN PÚBLICA / ARGUMENTO DE LA SENTENCIA / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL DE NULIDAD ABSOLUTA / PROCEDENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA JURISPRUDENCIA / ALCANCE JURISPRUDENCIAL / CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La Sala debió declarar la nulidad del acto administrativo en el que la entidad contratante tomó la decisión de terminar unilateralmente el contrato al estar afectado de nulidad, y en consecuencia, debió condenar a la demandada al pago de perjuicios generados al contratista, por la violación de su derecho a ejecutar el contrato hasta su finalización?
Respuesta al problema jurídico: Si
No estoy de acuerdo con la decisión adoptada en la sentencia en el sentido de no acceder a la petición de perjuicios solicitada en la demanda, por considerar que el contrato que la entidad contratante terminó unilateralmente estaba afectado de nulidad. Considero que la Sala debió declarar la nulidad del acto en el que se tomó tal decisión y condenarla a pagar los perjuicios generados al Contratista, derivados de la violación de su derecho a ejecutar el contrato hasta su finalización. (...) Estimo que la tendencia jurisprudencial de anular los contratos estatales atenta gravemente contra la seguridad jurídica y considero que esta medida solo debería adoptarse por el juez del contrato en casos excepcionales. Si el Departamento del Valle del Cauca determinó la modalidad del contrato, tenía la obligación de cumplirlo y de respetar los derechos adquiridos por el Contratista: no podía desconocerlo acudiendo a la potestad de terminarlo porque el contrato celebrado estaba "expresamente prohibido por la constitución o la ley", sin que haya una disposición constitucional o legal que establezca lo anterior. Si consideraba que el contrato estaba afectado por otra causal que no le permitiera terminarlo unilateralmente, debía acudir al juez competente para ejercer la acción contractual y solicitar que la decretara. La simple constatación judicial de la ilegalidad de la decisión de darlo por terminado implicaba condenar a la entidad a resarcir los perjuicios generados con dicho acto, porque quedó demostrado que el Departamento privó ilegalmente al Contratista del derecho a ejecutar el contrato. (...) Anular el contrato con fundamento en la demanda de reconvención —formulada luego de que el término de caducidad estaba vencido— implica bendecir jurisprudencialmente un procedimiento al cual pueden acudir las entidades estatales cuando estimen que un contrato está viciado de una causal de nulidad que solo puede ser decretada por el juez del contrato: lo terminan unilateralmente y luego demandan su anulación ante el juez del contrato. Esta actuación de la entidad contratante atenta gravemente contra la seguridad jurídica, fundada en la fuerza obligatoria de los contratos, y contra el derecho del contratista a ejecutar las prestaciones de un contrato mientras el juez —que es el competente para adoptar tal decisión— no lo anule y disponga su terminación. De este modo, la decisión judicial de la que me aparto termina avalando el comportamiento desleal y oportunista de la entidad contratante, el cual debía, por el contrario, rechazarse enfáticamente. (...) El contrato objeto del proceso era un contrato permitido expresamente por la ley: que se hubiera celebrado sin licitación pública o por el Departamento en vez de por la Licorera, no habilitaba al Departamento a darlo por terminado por la causal invocada porque este no era un contrato prohibido por la constitución ni por la ley. La violación de normas o la falta de competencia —en gracia de discusión—puede enmarcarse en otra causal de nulidad. No en la prevista en el numeral 3 del artículo 45 de la Ley 80 de 1993. En la sentencia de la que me aparto se advierte que es un contrato permitido por la ley, y luego bendice este aspecto el acto administrativo demandado. (...) En la propia decisión se advierte que la norma, al establecer el régimen de contratación, tiene un vacío legal que fue llenado por jurisprudencia. Según la propia sentencia, la jurisprudencia que resuelve este vacío legal, aplicando la excepción en vez de la regla, es de 2019; el contrato se celebró el 20 de abril de 2012; y los actos administrativos se profirieron en abril y junio de 2013. Con esto, un particular suscribe un contrato con el Estado con base en el derecho privado porque la entidad pública que lo celebra (que es la que determina el régimen) considera que la ley lo autoriza hacerlo por las normas de derecho privado que son "las normas de contratación vigentes". Luego, la misma entidad termina el contrato aduciendo que debió haber mediado licitación. Y el Consejo de Estado bendice esa decisión diciendo que, seis años después, la jurisprudencia determinó que efectivamente se necesitaba licitación pública. Estamos en realidad violando de dos maneras el principio de la fuerza obligatoria del contrato: autorizamos que la entidad lo termine por una causal de nulidad que no está establecida y, además, le aplicamos al contrato una regla (de origen jurisprudencial) que no estaba vigente en el momento en que se celebró. (...) Por último, sin que sea lo menos grave, la entidad contratante en este caso pidió la nulidad del contrato cuando ya había vencido el término de caducidad para que cualquiera de las partes en el contrato impetrara esta petición, punto sobre el cual no se hizo ningún pronunciamiento en la sentencia. Y aquí no estábamos —de ninguna manera— en un evento de nulidad manifiesta del contrato que pudiera ser declarada de oficio (de manera inútil porque el contrato ya había terminado); basta leer las consideraciones anteriormente transcritas sobre las diversas posiciones jurisprudenciales para concluir lo anterior.
SALVAMENTO DE VOTO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / REQUISITOS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LÍMITES DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La terminación unilateral del contrato, por constatar la existencia de una
nulidad, solo aplica para las causales taxativamente establecidas en la Ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
La regla general que establece (...) [el artículo 45 de la ley 80 de 1993] es que las partes en el contrato pueden simplemente alegar la nulidad para que el juez del contrato la declare en un proceso judicial. Lo que regula el segundo párrafo es una situación excepcional en la cual se le impone al representante legal de la entidad contratante el deber de terminar el contrato cuando advierta que en su celebración se incurrió en las causales de nulidad previstas en los numerales 1, 2, y 4 del artículo 44. Y sobre esta potestad, debe tenerse en cuenta lo siguiente: a.- Solo puede ejercerse en relación con los contratos de tracto sucesivo, pues lo único que puede hacer el representante legal de la entidad es terminar el contrato. La disposición no le permite disponer las restituciones mutuas que el juez del contrato puede ordenar cuando anula un contrato de ejecución instantánea, que disuelve el acuerdo y en sus efectos prácticos puede asimilarse a la resolución de un contrato, ni tomar ninguna disposición adicional: si el representante legal de la entidad contratante advierte que el contrato está afectado una de las causales de nulidad determinadas en la ley, simplemente debe terminarlo y ordenar su liquidación. b.- Solo puede adoptarse por las causales previstas en la ley, que son de interpretación taxativa. En estos casos, la ley le traslada a una de las partes del contrato una competencia que corresponde por regla general al juez del contrato, que es quien debe —en el marco de un proceso judicial—constatar la existencia de la causal de nulidad alegada por la parte, declararla y disponer las restituciones a que haya lugar. (...) La regla general es que la anulación del contrato pertenezca al "monopolio" judicial; la alternativa de que una de las partes la constate y termine el contrato se denomina en derecho comparado "nulidad por notificación" y ocurre —como en nuestro medio— cuando la ley permite que una de las partes le comunique a la otra, mediante un acto motivado, que el contrato es nulo y por tanto lo da por terminado. Esa alternativa de "nulidad por notificación" ha sido abandonada en el derecho contemporáneo que prefiere dejar exclusivamente en manos del juez la posibilidad de anular el contrato (...). El artículo 44 de la Ley 80 establece las causales de nulidad absoluta del contrato, de las cuales solo pueden ser verificadas por la entidad contratante para darlo por terminado, tres de ellas (1, 2 y 4) (...). [E]l legislador prevé causales excepcionales de terminación del contrato por nulidad en eventos en los cuales ellas se puedan constatar de manera objetiva, sin que comporten una discusión jurídica compleja o requieran la práctica de medios de prueba: constatar que existía una inhabilidad, que existía una disposición legal o constitucional que expresamente prohibía celebrar el contrato acordado; o verificar que el acto administrativo en el cual se fundamentó el contrato ha sido declarado nulo por la jurisdicción. (...) Lo primero que se advierte de la lectura de los artículos 44 y 45 de la Ley 80 es que la entidad contratante no puede terminar el contrato con fundamento en "los casos previstos en el derecho común". Si considera que existió objeto ilícito en el contrato, que se presenta en "todo lo que contraviene al derecho público de la nación" y que esa causal se configura por no haber celebrado el contrato por licitación pública (que es lo que se concluye en el proyecto), la entidad no puede terminar unilateralmente el contrato. Debe acudir al juez del contrato y solicitar su anulación, pues en este caso no hay duda de que estaríamos ante una causal de nulidad absoluta prevista en el derecho común y que se fundamenta en el artículo 1519 del Código Civil, al cual se hace referencia en la sentencia de la que me aparto. Si la ley dispone que puede terminar el contrato cuando el acto administrativo en el que se fundamenta —que puede ser el que le otorga competencia al representante legal para celebrarlo o el que adjudica el contrato— ha sido declarado nulo, es claro que no puede terminarlo unilateralmente si lo anterior no se ha dispuesto en una sentencia judicial ejecutoriada.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519
SALVAMENTO DE VOTO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / REQUISITOS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LÍMITES DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CELEBRACIÓN DE CONTRATO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL / CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA / PROCESO DE LICITACIÓN
Problema jurídico:
¿Para que se presente la causal segunda de nulidad del contrato contemplada en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, que fue la invocada por la entidad contratante al terminar unilateralmente el contrato, es necesario que exista una disposición legal o constitucional que expresamente prohíba la celebración del contrato celebrado, por lo que no resulta procedente en el evento en el que la entidad se equivoque al determinar el régimen jurídico al cual estaba sometido el contrato, ni porque estime que quien lo celebró carecía de competencia para hacerlo o porque se haya aplicado un procedimiento al que no podía
acudirse para suscribirlo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Es cierto que el numeral ocho del artículo 24 de la ley 80 de 1993, les prohíbe a las autoridades "eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto". Pero lo anterior no implica que, cuando el representante legal estime que el procedimiento mediante el cual se celebró el contrato fue indebido, pueda darlo por terminado con fundamento en la segunda causal del artículo 44 de la Ley 80. Esa decisión, que resulta compleja y comporta discusiones jurídicas dirigidas a determinar cuál es el régimen al que está sometido el contrato, es del resorte exclusivo del juez competente. Considerar que las entidades contratantes pueden adoptarla directamente introduce un grave margen de inseguridad a la contratación estatal. (...) Para que se presente la causal segunda, que fue la invocada por la entidad contratante al terminar unilateralmente el contrato en una decisión que es indebidamente avalada en la sentencia de la que me aparto, es necesario que exista una disposición legal o constitucional que expresamente prohíba la celebración del contrato celebrado. La celebración de un contrato "contra expresa prohibición constitucional o legal" es una causal que debe interpretarse restrictivamente y que solo puede aplicarse en el caso en que, atendiendo al objeto del contrato, se concluya que las entidades estatales no pueden celebrarlo por existir una prohibición expresa contenida en la Constitución o en la ley. La ley no autoriza al representante legal de la entidad para que termine unilateralmente un contrato "permitido" porque se considere que la entidad se equivocó al determinar el régimen jurídico al cual el mismo estaba sometido, ni porque estime que quien lo celebró carecía de competencia para hacerlo. Que el contrato se haya celebrado violando una disposición legal o aplicando un procedimiento al que no podía acudirse para suscribirlo no quiere decir —de ninguna manera— que nos encontremos ante la celebración de un contrato prohibido por la ley o por la Constitución. (...) Si se asimila el contrato indebidamente celebrado al contrato prohibido, habría que concluir que la ley autorizó al representante legal a constatar la nulidad del contrato y declarar su terminación en cualquier caso en el que estime que se desconocieron normas legales en su celebración. No tendría sentido que el mismo legislador hubiese precisado y determinado "adicionalmente" tres causales específicas que pueden ser verificadas por la entidad para terminar el contrato en una decisión unilateral.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los presupuestos para que se configure la causal de nulidad del contrato contemplada en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, consultar providencias de 16 de agosto de 2006, Exp. 31480, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; y de 27 de marzo de 2014, Exp. 26223, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 8, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44
SALVAMENTO DE VOTO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONCEPTO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / DERECHO DE DEFENSA / ALCANCE DEL DERECHO DE DEFENSA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / NULIDAD DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / CONTRATISTA / DERECHOS DEL CONTRATISTA / GARANTÍAS DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿La terminación del contrato por constatar una nulidad, requiere agotar
un procedimiento previo, so pena de vulnerar el debido proceso del contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
El "debido proceso del contratista" no se viola por no aplicar un procedimiento no previsto en la ley. En este caso se violó al terminar el contrato por nulidad sin acudir al juez del contrato, que era el competente para tomar esa decisión. (...) No estoy de acuerdo en señalar, como se hace en la sentencia objeto de este salvamento, que la terminación unilateral del contrato prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993 requiera del trámite de una actuación o procedimiento administrativo previo en el que se le permita al contratista ejercer el derecho de defensa. No estoy de acuerdo con esta tesis simplemente porque la ley no previó el trámite de tal procedimiento que sí está expresamente establecido para el ejercicio de otras facultades excepcionales (las sancionatorias) otorgadas por la ley la entidad contratante. (...) El artículo 77 de la Ley 80 de 1993 dispone que "en cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales". Los procedimientos previos para garantizar los derechos del administrado o del contratista, que en general se requieren en las actuaciones administrativas sancionatorias, están previstos expresamente en la ley; y si ellos no están contemplados en la ley, la jurisprudencia no puede establecerlos de manera genérica y menos aún anular los actos administrativos por violar un procedimiento que no se sabe cómo debe surtirse porque no está regulado en ninguna disposición legal. Esta es otra contribución de la sentencia a la inseguridad jurídica que, además, afecta la eficacia de las actuaciones en sede administrativa: la jurisprudencia no debería hacerla. (...) La garantía del debido proceso que de acuerdo con lo que dispone el artículo 29 de la C.P. se "aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas", debe interpretarse atendiendo la diferencia entre una actuación administrativa (unilateral y con una decisión impugnable ante el juez) y un proceso judicial (con dos partes y un tercero imparcial en el que se toma una decisión que hace tránsito a cosa juzgada). Solo de este modo puede entenderse que las actuaciones de la Administración estén sujetas a los principios de celeridad y eficacia que le permiten, incluso, prescindir de trámites que se estimen innecesarios y adoptar las decisiones cuando tenga suficiente conocimiento de causa. (...) En ese contexto, no es admisible que se le indique a la Administración que para terminar un contrato, cuando verifique que se presentan determinadas causales de nulidad, deba agotar un procedimiento sin que sepa cuál es, ni cuáles son los términos precisos y derechos concretos que debe otorgar en su trámite. El "debido proceso" no puede ser examinado considerando que la Administración lo respetó de manera razonable: su examen se limita a establecer si tomó la decisión luego de cumplir el trámite determinado previa y claramente en la ley. (...) Si la ley le otorga esta facultad excepcional a las entidades, es porque estima conveniente que esta decisión se tome oportunamente; por esta razón, considera suficiente que el contratista pueda ejercer contra ella el recurso ante la propia Administración, agotando la denominada "vía gubernativa". Y esto está vinculado con la excepcionalidad y la naturaleza de las causales: ninguna de ellas requiere de la práctica de pruebas, pues se trata de constataciones objetivas (inhabilidad, contrato prohibido o anulación del acto que fundamentó el contrato). En relación con ellas es suficiente, entonces, el recurso de reposición. (...) - Lo que sí constituye una violación al debido proceso (tremenda esta sí) es que la Administración termine un contrato por nulidad, sin acudir al juez. Tomar esta decisión en un caso no previsto en la ley sí que desconoce el debido proceso del contratista. Al no tratarse de una de las causales previstas taxativamente en la ley, la contratante solo podía acudir al juez del contrato a solicitar que se declarara la nulidad. Como esto no se hizo, se violó el derecho a la jurisdicción del Contratista, quien debería haber sido demandado en una acción contractual en la que tuviera la oportunidad de ejercer todos los derechos previstos en la ley.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77
SALVAMENTO DE VOTO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PROCESO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / JUEZ / ACTUACIÓN DEL JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / OBLIGACIONES DEL JUEZ / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / LÍMITES DE LA DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ / LÍMITES DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / NULIDAD DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN
Problema jurídico:
¿Cuándo la entidad contratante tiene el deber de decretar la terminación del contrato por estar incurso en una de las causales que le imponen adoptar esta decisión, resulta admisible que, en vez de hacerlo, acuda al juez del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[U]n punto que debe ser objeto de análisis es determinar si cuando la entidad contratante tiene el deber de decretar la terminación del contrato por estar incurso en una de las causales que le imponen adoptar esta decisión, resulta admisible que, en vez de hacerlo, acuda al juez del contrato; o si es admisible, como ocurrió en este caso, que haga las dos cosas al mismo tiempo: termina el contrato por nulidad y le pide al juez (en la demanda de reconvención) que sea él quien lo anule. (...) Si la entidad contratante cree que se presenta una de las causales de terminación, debe terminar el contrato. Y si hace uso indebido de esta facultad, la sola constatación de lo anterior genera el derecho indemnización, porque como consecuencia de una decisión ilegal el Contratista no pudo ejecutar la totalidad del contrato. Ese es el objeto del proceso judicial en este caso: que se declare la nulidad de una decisión de la contratante y se la condene a indemnizar los perjuicios que causó con ella. Lo que no puede ser —pero termina ocurriendo— es que luego de constatada la ilegalidad del acto, entonces se acceda a la petición de la Administración que acude al juez del contrato a pedir que lo anule. En otros términos, profiere una decisión terminando el contrato por nulidad y "por si acaso, le anulan esa decisión porque no podía hacerlo directamente" le pide al juez que lo anule, y no pasó nada. Así, la decisión que dice proteger el derecho al debido proceso vulnerado en el procedimiento administrativo, deja sin efectos la nulidad del acto administrativo. Al declarar la nulidad del contrato, el control que el juez administrativo realiza de un acto administrativo ilegal queda en el papel.