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¿La sentencia de segunda instancia debe ser aclarada y corregida por cuanto el a quo denegó la solicitud de corrección y aclaración sobre su decisión? No
El juez de segunda instancia no está obligado a aclarar o corregir una sentencia cuando el tribunal de primera instancia ya ha denegado una solicitud similar, limitándose a resolver los reparos específicos contra la decisión apelada. Sin embargo, si la sentencia de segunda instancia contiene referencias a supuestas aclaraciones denegadas por el tribunal de primera instancia, es procedente corregir dicha sentencia para precisar que tales aclaraciones fueron rechazadas. Asimismo, no es viable adicionar la sentencia de segunda instancia para revocar una condena en abstracto basada en pruebas existentes que no permiten determinar una suma líquida de dinero, mientras que sí es procedente adicionar la sentencia para referirse a los criterios de cálculo del lucro cesante futuro, dado que la sentencia original omitió establecer parámetros claros para tal cálculo.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente corregir la sentencia de segunda instancia en lo relativo a las referencias que se hicieron por la supuesta aclaración a la condena en abstracto…¿Resulta procedente adicionar la sentencia de segunda instancia, en el sentido de revocar la condena en abstracto, por existir pruebas en el expediente para determinar una condena a pagar en una…¿Resulta procedente adicionar la sentencia de segunda instancia, en el sentido de referirse a los criterios para el cálculo del lucro cesante futuro?
Sentencia — Sentencia2023-10-27Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 11001032600020230012000LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es procedente la causal invocada en la anulación de laudo arbitral, consistente en la falta de competencia de los árbitros para conocer sobre las pretensiones vigésima séptima y vigésima octava de la reforma de la demanda interpuesta por UTNG? No
La cláusula compromisoria que somete a los árbitros toda controversia derivada de un contrato no se limita por las salvedades que una sola parte incluya en un otrosí, porque las salvedades son manifestaciones unilaterales y no un acuerdo común que modifique el pacto arbitral, de modo que la falta de competencia no se configura. Una razón es que la redacción de la cláusula compromisoria evidencia una competencia amplia de los árbitros para conocer de toda controversia que surja por causa y con ocasión del contrato. Otra razón es que la salvedad incluida en el otrosí se refería a la facultad administrativa de declarar incumplimientos y no mencionaba la cláusula compromisoria, por lo que no tenía efectos sobre el pacto arbitral. En el caso, el recurso de anulación fundado en la falta de competencia para decidir dos pretensiones de la reforma de la demanda se declaró infundado, porque el tribunal sí estaba habilitado para resolverlas. Su consecuencia práctica es que la facultad sancionatoria que una entidad pretenda reservar debe pactarse de común acuerdo y no mediante salvedades unilaterales.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia del juez de anulación se enmarca en los argumentos con los cuales se sustenta el recurso de anulación del laudo arbitral, los cuales deben ser claros, idóneos…¿Es obligatorio que la parte convocada interponga recurso de reposición contra el auto por el cual el Tribunal determina su competencia, como presupuesto para invocar la causal de caducidad?¿El decreto de pruebas solicitadas extemporáneamente constituye una causal de anulación del laudo arbitral?
¿Es jurídicamente correcto concluir que, en una cesión de contrato estatal regida por el derecho privado, la exigencia de constitución y aprobación de garantías por parte del cesionario configura una condición de ejecución y no una condición suspensiva de la eficacia de la cesión —que se perfecciona con la suscripción y produce efectos según los arts. 887 y 894 del C. de Co.—, y que, a falta de reserva expresa del contratante cedido en los términos del art. 893 ibídem, no es viable mantener la responsabilidad del cedente por el solo incumplimiento del deber de presentar garantías? Sí
El aspecto central que motiva mi respetuoso disenso estriba en el análisis efectuado en la providencia respecto de la cesión del contrato estatal, en tanto se indicó que la constitución y aprobación de las garantías del cesionario, o nuevo contratista, operaba como una condición suspensiva que impidió que la cesión desatara sus efectos, de modo que mientras ésta no se cumpliera autorizaba a Fondecun a ir contra el cedente. Lo anterior, invocando las cláusulas en que se autorizó la cesión por parte de la contratante, y el interés público que así lo llevó a interpretar. La sentencia inició por precisar que el contrato cedido no estaba sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – EGCAP sino al derecho privado; luego, pasó a analizar la censura del recurrente quien afirmó que las partes únicamente pactaron la aprobación de Fondecun para perfeccionar la cesión y que ésta produjera efectos.
¿El principal reparo que la impugnante planteó fue que la suscripción de otrosíes y de contratos adicionales no supuso renuncia al derecho que considera le asiste a recibir los reconocimientos económicos que debieron ser efectuados en su favor? Sí
El juez de segunda instancia circunscribe su competencia funcional y de decisión al examen estricto de los reparos concretos formulados por el apelante en el respectivo recurso. En el salvamento de voto se argumenta que la litis planteada exigía valorar el alcance específico de los otrosíes y contratos adicionales suscritos por las partes, sin que la suscripción de dichos instrumentos contractuales supusiera una renuncia automática a los derechos económicos ciertos e indiscutibles reclamados por la impugnante en el marco del medio de control de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La norma asigna al recurrente la exigencia de exponer con claridad los motivos de inconformidad para con los argumentos que sustentan la providencia judicial objeto del recurso?¿La jurisprudencia definió los parámetros con que debe ser analizado el alcance de los otrosíes y contratos adicionales, que no son otros diversos de la realización…¿Se debió atender lo exigido por la Sala Plena de la Sección Tercera, cuyas reflexiones trazaron un derrotero de análisis y estudio tanto de las pretensiones de la demanda como del reparo formulado…
Salvamento voto — Salvamento de voto2024-09-11Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020220018100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Estaba fundado el recurso propuesto? Sí
Tal como lo manifesté y sustenté en mi salvamento de voto en relación con la sentencia de 17 de junio de 2024, considero que el recurso promovido por UNE EPM Telecomunicaciones SA estaba fundado por lo cual tampoco comparto la providencia de adición en la cual se fija en su contra y en favor de Comcel SA el valor de las agencias en derecho.
¿Era procedente la liquidación del contrato vía judicial? Sí
Con el debido respeto por las decisiones de la Sala, me aparté parcialmente de lo decidido toda vez que, tal como lo manifesté durante la discusión del caso, considero que no era procedente efectuar la liquidación del contrato sin contar con el respaldo completo y preciso respecto de la ejecución económica de las obligaciones pactadas, pues, el cruce de cuentas únicamente se sustentó en la existencia de un saldo en favor del contratista demandante derivado del erróneo cálculo de los derechos de explotación efectuado por la entidad demandada; sin embargo, este elemento, por sí solo, resulta claramente insuficiente para tener una visión integral de la situación económica del contrato, sobre todo si se tiene en cuenta que el periodo de ejecución abarcó aproximadamente cinco (5) años.
¿Resultaba procedente decretar la prueba documental solicitada por la parte demandada, la cual tenía por objeto desvirtuar la presunción de dolo que le fue atribuida en la demanda? Sí
El juzgador debe garantizar el derecho de defensa y la contradicción decretando las pruebas documentales conducentes para el esclarecimiento de los hechos debatidos en el proceso contencioso administrativo. En este sentido, el magistrado disidente señala que resultaba procedente decretar la prueba documental solicitada por la parte demandada, la cual tenía por objeto desvirtuar la presunción de dolo atribuida en la demanda, al tratarse de elementos necesarios para garantizar el derecho de defensa de quienes fueron llamadas a responder por dolo o culpa grave. Asimismo, destaca que se acreditó la exigencia legal de reclamar previamente los documentos ante la entidad conforme al artículo 173 del Código General del Proceso, y que tales documentales correspondían a los antecedentes de reestructuración y actos administrativos objeto de controversia.síntesis automática
¿No era procedente decretar las pruebas solicitadas, lo procedente era ordenar la reconstrucción parcial del expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 del CGP Sí
No comparto la decisión adoptada por la Sala en el proceso de la referencia que decretó como prueba de oficio recaudar tanto el contrato no. 005-FNC-CH, presuntamente suscrito entre las partes de esta controversia, como también sus respectivos anexos, por razón de que, para este caso concreto, lo procedente era ordenar la reconstrucción parcial del expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 del CGP, por razón de que, según lo informado por el Tribunal Administrativo del Atlántico en memorial de 24 de enero de 2024, los documentos ya referidos pudieron extraviarse durante la digitalización del proceso (índice 11 SAMAI).
Salvamento voto — Salvamento de voto2024-09-23Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 05001233100020110179702ACCION DE REPETICION
¿Resultaba improcedente declarar la responsabilidad patrimonial de los demandados en repetición, considerando que las decisiones administrativas y penales son insuficientes como fundamento de la prueba del elemento subjetivo de la acción de control de repetición? Sí
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta oportunidad me aparto de la providencia del 23 de septiembre de 2024 que revocó el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquía el 20 de mayo de 2015, y en su lugar accedió a las pretensiones, al encontrar probada la conducta dolosa de los demandados… . Lo anterior, en razón a que, la jurisprudencia de la sección siguiendo la doctrina constitucional en la materia, ha declarado la insuficiencia de las decisiones administrativas y penales como fundamento de la prueba del elemento subjetivo, con mayor razón cuando se trata de hechos acaecidos con anterioridad a la vigencia de la ley 678 de 2001.
¿Resulta procedente declarar de oficio la ineptitud de la demanda por no haber demandado la resolución que liquidó unilateralmente el contrato cuya declaratoria de incumplimiento se pretende? Sí
No estoy de acuerdo con la decisión de revocar el auto mediante el cual se declaró de oficio la excepción de inepta demanda y se dio por terminado el proceso. En efecto, en virtud del artículo 180 del CPACA, el juez está facultado para tomar medidas con el propósito de evitar sentencias inhibitorias. Considero que en el caso concreto el tribunal sí podía declarar la ineptitud de la demanda, toda vez que no se demandó la resolución que liquidó unilateralmente el contrato cuya declaratoria de incumplimiento se pretende. La resolución que liquidó unilateralmente el contrato es un acto administrativo que se encuentra en firme y, en la medida en que no fue demandado, el juez del proceso no puede analizar su legalidad al momento de decidir las pretensiones encaminadas a la declaratoria del incumplimiento del contrato, las cuales pretenden efectos económicos que fueron definidos por la Administración en la liquidación unilateral.
¿Podían las demandantes formular pretensiones de naturaleza extracontractual contra el Distrito de Cali, pese a que el contrato de compraventa no lo vinculaba como parte? Sí
Me aparto de la decisión adoptada por la mayoría de los integrantes de la Sala pues, en primer lugar, la afirmación según la cual “los perjuicios reclamados por los demandantes se derivan del incumplimiento del contrato y solo podían demandarse por la prometiente compradora, con fundamento en lo pactado en el contrato”, desconoce que el contrato de compraventa únicamente vinculaba a Emsirva y a Llano Verde Agroindustrial S.A.S., no a esta última y a Inversiones Velar S.A. con el Distrito de Cali. Precisamente por esa razón fue que en contra del Distrito de Cali las demandantes formularon pretensiones de naturaleza extracontractual.
¿Debía declararse el incumplimiento de la obligación de pago a cargo de la demandada y en favor del contratista, respecto de las prestaciones reconocidas en el acta de liquidación bilateral de los contratos de obra suscritos para la ejecución de reforzamiento y ampliación del “Estadio Olímpico Pascual Guerrero”, considerando que el pago del precio del contrato estaba sujeto a una condición suspensiva cuya ocurrencia no se verificó? No
Me aparto de la decisión adoptada pues, como lo afirmaron los integrantes del Consorcio Reforzamiento IM y se reconoce a lo largo de la sentencia objeto de salvamento de voto, la obligación a cargo del Fondo Mixto consistente en pagar al Consorcio Reforzamiento IM el saldo a favor de este último reconocido en el acta de liquidación bilateral de los contratos de obra “estaba sujeta a [una] condición, consistente en el desembolso de los recursos por parte del [Municipio] de Santiago de Cali”, “condición suspensiva cuya ocurrencia no se verificó” –según se expresa al negar la pretensión de reconocimiento y pago de intereses moratorios–. En ese orden de ideas, no comparto la apreciación conforme con la cual “en el acta de liquidación no se reconoció dicha obligación en forma condicional sino pura y simple” y, por lo tanto, en mi entender, no existía mérito para acceder a las pretensiones principales de la demanda.
¿La solicitud de aclaración de la sentencia era procedente al advertirse una contradicción entre la parte motiva y la resolutiva respecto de la condena en costas? Sí
Considero que debió accederse a la aclaración para señalar la razón de la condena en costas a la parte demandada, por cuanto, si bien esta Corporación ha decidido que la condena en costas debe realizarse en vigencia del CGP, de manera objetiva y sin atender a la conducta procesal de las partes, como la mala fe o la temeridad, también lo es que la sentencia objeto de la solicitud en la parte considerativa no emitió pronunciamiento alguno respecto de la modificación de la condena en costas impuesta a la parte actora en primera instancia, para en su lugar condenar a la entidad demandada en la parte resolutiva, pues, en la parte motiva del fallo, respecto de la condena en costas expresamente se señaló que de “conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del CGP, no se condenará en costas, pues el recurso de apelación prosperó”, lo cual evidencia una contradicción entre la parte motiva y la resolutiva.
¿Procede declarar el incumplimiento contractual del municipio y reconocer al contratista el reajuste de precios previsto en el contrato de obra, pese a que el pliego de condiciones contempló dicho reajuste como facultativo, cuando no obra prueba concreta del incumplimiento ni de una afectación económica del contrato? No
El reconocimiento judicial de reajustes de precios en contratos de obra pública exige prueba concreta del incumplimiento de la entidad y de la efectiva afectación económica, sin que proceda presumir un derecho automático por el mero transcurso del tiempo. En el caso examinado, el pliego de condiciones consagró el reajuste de precios como una opción potestativa para la administración municipal. La providencia disidente advirtió que la sentencia de mayoría omitió valorar adecuadamente las cláusulas contractuales y desatendió el análisis sobre la caducidad de las pretensiones respecto de actas parciales de obra. Por tanto, no cabía condenar al municipio al pago de reajustes e intereses moratorios sin acreditar el daño financiero ni la existencia de un derecho cierto en favor del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Procedía el examen de la caducidad de las pretensiones relativas a las actas parciales de obra números 1 a 4 en segunda instancia…
¿La liquidación del convenio efectuada en la sentencia se encuentra acorde con lo solicitado en la demanda, cuando se observa que el demandante, no formuló una pretensión relacionada con el reintegro de recursos al Sistema General de Regalías? No
Contrario a lo decidido por la mayoría de la Sala, considero que la liquidación del convenio efectuada no corresponde a lo solicitado en la demanda. El demandante, en este caso Ecopetrol, no formuló una pretensión en la demanda relacionada con el reintegro de recursos al Sistema General de Regalías, únicamente solicitó el reintegro de los recursos a su favor, por lo que la sentencia de primera instancia debía ser revocada. Además de lo anterior, en el expediente no se probó a cuál de las partes pertenecían los recursos no ejecutados, por lo que no se podía concluir de forma general que correspondían al Sistema General de Regalías.
¿La notificación de las sentencias se debe realizar de conformidad con lo previsto en los artículos 203 y 205 del C.P.A.C.A.? Sí
Vistos los artículos 203 y 205 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 , respectivamente sobre notificación de las sentencias y notificación por medios electrónicos. Atendiendo a la regulación prevista en el artículo 203 de la Ley 1437, considero respetuosamente que, en virtud del principio de especialidad, la notificación de las sentencias se debe realizar de conformidad con los supuestos previstos en la citada normativa.
Salvamento voto — Salvamento de voto2024-05-23Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020220017300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Resulta procedente adicionar la sentencia de unificación del 14 de marzo de 2024 que resolvió el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral, al declararlo parcialmente fundado, debido a que no se pronunció sobre el ajuste de las costas procesales impuestas en dicho laudo? Sí
No estoy de acuerdo con la decisión de negar la solicitud de adición de la sentencia que anuló parcialmente el laudo. La Sala debió complementar la decisión del recurso de anulación para ajustar la condena en costas impuesta en contra de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio (en adelante, “Transmilenio”).… Considero que debía accederse a la solicitud. Pese a que en el recurso no se solicitó de forma expresa que se redujeran las costas proporcionalmente en caso de que se anulara parcialmente el laudo, ello es una consecuencia prevista en la ley. [artículo 43 de la Ley 1563 de 2012]… - De acuerdo con lo anterior, considero que el Estatuto de Arbitraje sí contempla la solución para el caso de la anulación TOTAL del laudo.
¿La parte actora incumplió con la carga probatoria que le incumbía, según el artículo 167 del CGP, pues no demostró que el demandado incumplió con las obligaciones contenidas en el convenio de asociación? Sí
No comparto la decisión de la Sala dentro del proceso de la referencia porque, si bien estoy de acuerdo en que el material probatorio no permitía concluir que la demandada cumplió con las obligaciones contenidas en el convenio de asociación, lo cierto es que tampoco obraban pruebas de las afirmaciones y alegaciones efectuadas por la parte demandante, en relación con el incumplimiento. Por tanto, considero que la parte actora incumplió con la carga probatoria que le incumbía, según el artículo 167 del CGP, pues no demostró que el demandado incumplió el negocio jurídico.
¿La petición de unificación se debió rechazar, en razón a que la facultad para elevar una petición de unificación radica en la Sala Plena de los Tribunales Administrativos? Sí
Este Despacho estima que, en el presente asunto, la petición de unificación ha debido rechazarse, en razón a que la facultad para elevar una petición de unificación radica en la Sala Plena de los Tribunales Administrativos. El artículo 271 de la Ley 1437, modificado por el artículo 79 de la Ley 2080, estableció que el Consejo de Estado podía asumir el conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria, para emitir autos o sentencias de unificación, i) de oficio, por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado o por petición de un Consejero de Estado; ii) por remisión de los tribunales; iii) por solicitud de parte; iv) por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y, v) por solicitud del Ministerio Público.
¿En la sentencia debió resolverse el fondo de la controversia y negarse las pretensiones de la demanda porque no se configuró la causal de nulidad absoluta del contrato alegada en por el demandante? Sí
En esta decisión, la Sala se abstuvo de resolver el fondo de la controversia bajo el argumento según el cual las pretensiones de nulidad absoluta del contrato fueron planteadas como consecuenciales de las de nulidad y restablecimiento del derecho del acto de adjudicación y, estas últimas, se encontraban caducadas porque se ejercieron con posterioridad al término de 4 meses previsto en el CPACA. Contrario a lo decidido por la mayoría de la Sala, considero que las pretensiones debían ser negadas porque no se configuró la causal de nulidad alegada tal como lo realizó el tribunal de primera instancia.