Titulación de la relatoría 26.955 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA / NORMATIVA DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / ETAPA DE INDAGACIÓN / INVESTIGACIÓN PENAL / INFORME DE LA INVESTIGACIÓN / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Problema jurídico:
¿Pueden los informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal ser valorados como prueba dentro de un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública?
Respuesta al problema jurídico: No
La Ley 906 de 2004 —Código de Procedimiento Penal (en adelante, “CPP”)— regula, en sus artículos 209 y 210, los informes que pueden elaborar los investigadores de campo o de laboratorio en ejercicio de funciones de policía judicial. En cuanto a su naturaleza jurídica, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que dichos informes constituyen medios cognoscitivos propios de la fase de indagación e investigación penal, pero no tienen la connotación de prueba —en sentido técnico dentro del proceso penal— mientras no hayan sido sometidos a contradicción en audiencia pública de juicio oral. No obstante, pueden servir de fundamento para decisiones procesales preliminares, como la formulación de imputación. (…) Dado que no hay constancia de que los informes de la FGN, elaborados en la etapa de investigación que dio origen a los procesos penales citados, hubieran sido sometidos a contradicción, no reúnen las condiciones para ser tratados como prueba trasladada, en los términos previstos en el artículo 185 del CPC. Su eficacia para fundamentar inferencias probatorias depende de su valoración en conjunto con los otros medios de prueba de este proceso. En este orden de ideas, y en la medida que se aportaron copias auténticas, la Sala los valorará como documentos, sin que esto implique desconocer que por sus particulares características, constituyen medios cognoscitivos propios de la fase de indagación e investigación penal, producidos por un titular de la función de policía judicial.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al principio de contradicción de la prueba en el proceso penal, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 15 de octubre de 2008, rad. 29626.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 185, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 209, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 210
EXPERTICIA / CLASES DE INFORME TÉCNICO / REQUISITOS DEL INFORME TÉCNICO / VALOR PROBATORIO DEL INFORME TÉCNICO / INFORME TÉCNICO / INEFICACIA DE LA PRUEBA / DICTAMEN PERICIAL / CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CREDIBILIDAD DEL PERITO
Problema jurídico:
¿Puede el juez otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio, sin que se acredite la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n relación con los informes de TGR —con fundamento en los cuales el Tribunal concluyó que los informes de la FGN no eran suficientemente fiables—, se advierte que en el trámite de primera instancia, la Beneficencia aportó dos documentos suscritos por [NTC], en su calidad de gerente de TGR, presentándolos como informes técnicos de expertos. (…) El artículo 183 del CPC contemplaba la posibilidad de que las partes allegaran a los procesos judiciales experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. Estos informes, que se incorporan bajo las mismas reglas de las pruebas documentales, son elaborados fuera del proceso por profesionales contratados por las partes —y no designados por el juez—, motivo por el cual su contradicción no se rige por las reglas del dictamen pericial, ni se ejerce dentro del término de traslado de tres días previsto en el numeral 1º del artículo 238 del CPC. Aunque no pueden equipararse a la prueba pericial, constituyen opiniones técnicas que siempre que hayan sido aportadas oportunamente, deben ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica para fundamentar las inferencias probatorias sobre las hipótesis fácticas en conflicto, sin ser reducidas a simples alegaciones de parte. Precisada la naturaleza jurídica de los experticios aportados por la Beneficencia y elaborados por TGR, la Sala advierte que fueron suscritos por el señor [NTC], quien firmó los documentos en condición de gerente de esa sociedad . Sin embargo, tal condición no fue acreditada con los documentos exigidos dentro de las oportunidades probatorias legalmente previstas, en particular, con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal de la sociedad, conforme con el artículo 117 del Código de Comercio. Tampoco se aportaron documentos que permitieran establecer el objeto social de TGR ni las actividades que esta había desarrollado en materia de seguridad informática antes de la proyección de los experticios. Si bien el artículo 183 del CPC no exigía expresamente la acreditación de la idoneidad del autor del experticio como condición para su admisibilidad, la omisión de ese requisito sí incide negativamente en la credibilidad de este tipo de elementos de juicio. Para que el juez pueda conferir valor probatorio a la opinión técnica de un tercero sobre los hechos jurídicamente relevantes, resulta indispensable que cuente con bases objetivas que permitan verificar su idoneidad, máxime cuando, a diferencia de la regulación del dictamen pericial (CPC, art. 236.3), sus autores no declaran bajo la gravedad de juramento poseer los conocimientos necesarios para rendir su opinión. En ausencia de esa información, no es posible establecer cuáles son las credenciales del sujeto que lo habilitan para emitir un concepto especializado sobre la materia debatida; tampoco es factible examinar sus antecedentes profesionales que acrediten el conocimiento teórico en la ciencia, técnica o arte pertinente al caso, ni evaluar su experiencia en el manejo de los instrumentos o metodologías aplicables al área específica del experticio.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de los requisitos de las experticias técnicas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de septiembre de 2015, rad. 34086, C. P. Danilo Rojas Betancourth y de la Corte Constitucional, sentencia T-417 de 30 de abril de 2008, C. P. Marco Gerardo Monroy.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 183, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 236 NUMERAL 3, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 238 NUMERAL 1, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 117
AUTENTICIDAD DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LA PRUEBA / DEMOSTRACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LA PRUEBA / CADENA DE CUSTODIA DE LA PRUEBA / VALIDEZ DE LA PRUEBA / DICTAMEN PERICIAL / NORMA VIGENTE / EVIDENCIA PROBATORIA
Problema jurídico:
¿Se acreditó una ruptura en la cadena de custodia de los discos duros analizados por el laboratorio forense de la Fiscalía General de la Nación?
Respuesta al problema jurídico: No
La cadena de custodia ha sido definida como “el conjunto de medidas que tienen como fin preservar la identidad o integridad de los elementos materiales probatorios o evidencia física y asegurar el poder demostrativo de la prueba”. En línea con esa definición, el artículo 254 del CPP establece que su finalidad consiste en demostrar la autenticidad de dichos elementos, atendiendo a los factores de identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío. (…) a partir del examen cuidadoso de los señalamientos de TGR y de la idoneidad del autor de los experticios, la Sala considera que no acreditan la ruptura en la cadena de custodia de los discos duros analizados por el laboratorio forense de la FGN, conclusión que también fue respaldada en los dictámenes periciales practicados en segunda instancia. En consecuencia, no estaba justificado que el Tribunal les restara todo valor demostrativo a los informes de la FGN ni que prescindiera de su análisis para determinar si constituían prueba suficiente de la culpa del cuentahabiente en la pérdida de los fondos. (…) [L]os documentos elaborados por TGR tampoco ofrecen razones sólidas para concluir que el sistema OCCIRED presentaba fallas estructurales de seguridad. El experticio del 21 de enero de 2008 tomó como insumos los registros de las transacciones de la Beneficencia suministrados por el Banco, los contratos celebrados por las partes y otros documentos asociados al servicio, así como una reunión sostenida con funcionarios de la institución financiera. A partir de esa información, realizó un estudio orientado exclusivamente a verificar el cumplimiento, por parte del Banco, de los lineamientos contenidos en la Circular 052 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera. (…) La metodología utilizada por TGR no era idónea para demostrar las fallas alegadas, por cuanto la reglamentación contenida en la Circular 052 de 2007 de la Superintendencia Financiera no se encontraba vigente al momento de ocurrencia de las transacciones fraudulentas —noviembre de 2007—, pues su entrada en vigor fue escalonada en tres etapas: la primera inició el 1 de julio de 2008, la segunda el 1 de enero de 2009 y la tercera el 1 de enero de 2010.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la cadena de custodia, cita: C.S.J., Cas. Penal, exp. 30.598, feb. 19/2009, M.P. María del Rosario González de Lemos y C.S.J., Cas. Penal, exp. 45.469, abr. 29/2015, M.P. Eyder Patiño Cabrera.
FUENTE FORMAL:
LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 254, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, CIRCULAR 052 DE 2007
TESTIMONIO TÉCNICO / TESTIGO TÉCNICO / EXPERTICIA / CRITERIOS PARA LA APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / REQUISITOS DEL TESTIMONIO / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO
Problema jurídico:
¿Puede otorgarse valor probatorio a la declaración de un testigo técnico que no tuvo acceso directo al sistema examinado, ni acreditó documentalmente su idoneidad ni conocimiento directo de los hechos?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l testimonio rendido por [NTC] no aporta un grado adicional de corroboración a las conclusiones plasmadas en los experticios de TGR, pues se limitó a ratificar su contenido, el cual —por las razones ya expuestas— no permitía establecer la ruptura de la cadena de custodia sobre los discos duros de la Beneficencia. Al declarante se le formularon preguntas generales sobre los protocolos que deben observarse en el ejercicio de la investigación forense. No obstante, en relación con la cuestión de la cadena de custodia, solo se le dirigió una pregunta específica y su respuesta no añadió información adicional a la reflejada en los documentos. (…) El hecho de que el testigo no haya tenido acceso directo a la plataforma OCCIRED y que su análisis se haya sustentado exclusivamente en documentos de referencia reduce el valor probatorio de sus declaraciones, dado que, tratándose de un juicio técnico sobre el funcionamiento de un sistema transaccional, se esperaría una interacción directa del experto con la plataforma tecnológica evaluada. (...) Sin embargo, como se explicó en precedencia, dicha reglamentación no se encontraba vigente al momento de los hechos, por lo que su incumplimiento no permite, por sí solo, deducir la existencia de fallas en el sistema. Por lo demás, la Sala no considera que el señor Toro reúna las condiciones para valorar su declaración como la de un testigo técnico, ya que no tuvo conocimiento directo de todos los hechos a los que hizo referencia —como, por ejemplo, los aspectos relacionados con la seguridad del sistema OCCIRED—. Adicionalmente, su trayectoria profesional no fue acreditada documentalmente durante la primera instancia y las manifestaciones hechas en audiencia sobre su experiencia en asuntos de seguridad informática no se respaldaron con documentos.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del testigo técnico, cita: C.E., Secc. Tercera, Sub. A, exp. 34090, oct. 07/2015, C.P. Hernán Andrade Rincón
CREDIBILIDAD DEL PERITO / DILIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL / POLICÍA NACIONAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL / AMPLIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / INFORME DEL DICTAMEN PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / OBJETO DE LA PRUEBA PERICIAL
Problema jurídico:
¿El dictamen pericial cumple con los requisitos para tener eficacia probatoria?
Respuesta al problema jurídico: Si
El dictamen pericial constituye un medio de prueba destinado a verificar hechos relevantes que requieren conocimientos científicos, técnicos o artísticos especializados (CPC, art. 233). Se trata de la opinión emitida por un experto con formación en la materia, cuya finalidad es esclarecer aspectos que exigen una interpretación cualificada. Conforme al artículo 241 del CPC, su valoración debe atender a “la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso” Por lo tanto, la valoración individual de la prueba exige verificar los siguientes elementos: (i) idoneidad del perito, es decir, que cuente con conocimientos especializados pertinentes; (ii) fundamentación, que las premisas estén sólidamente sustentadas; (iii) conclusión clara y firme, derivada lógicamente de la argumentación y metodología del dictamen; (iv) ausencia de objeción o fracaso de la misma; y (v) contradicción efectiva en el curso del proceso judicial. (…) El perito hizo una descripción detallada de los elementos materiales examinados —los discos duros— y de los procedimientos técnicos empleados, indicando que estos cuentan con reconocimiento en la comunidad técnico-científica especializada. Además, explicó los instrumentos utilizados —equipos y programas informáticos forenses—, su estado operativo y los principios técnico-científicos aplicados . El dictamen expuso de forma secuencial cada una de las actividades realizadas sobre los discos duros. (…) [E]l dictamen pericial de la Policía Nacional sobre los discos duros de la Beneficencia acredita la presencia de un software malicioso —Perfect Keylogger— con capacidad técnica potencial para capturar credenciales de acceso a la plataforma OCCIRED. (…) la fecha de creación del software en los discos duros es anterior a la comisión del fraude bancario. (…) los equipos analizados contaban con programas antivirus, aunque estos no se encontraban actualizados al momento de los hechos.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del valor probatorio del dictamen pericial, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de febrero de 2010, rad. 17644, C. P. Myriam Guerrero de Escobar.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 233, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241
APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / FRAUDE BANCARIO / CUENTA BANCARIA / INFORME DE LA INVESTIGACIÓN / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / RESPONSABILIDAD CIVIL
Problema jurídico:
¿Puede atribuirse jurídicamente al Banco la responsabilidad por la pérdida de fondos, aun cuando la captura de las credenciales de acceso se haya producido mediante un software malicioso alojado en los equipos de la Beneficencia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Partiendo del análisis conjunto de los medios de prueba valorados individualmente, la Sala encuentra coincidencia en torno a dos enunciados fácticos: (i) los discos duros de los funcionarios (…) estaban contaminados por un software malicioso del tipo keylogger antes del 19 de noviembre de 2007 —fecha en la que se perpetró el fraude electrónico— y (ii) este tipo de software poseía la capacidad técnica para capturar las credenciales de acceso a la plataforma OCCIRED. Tales hechos se tienen por probados con base en tres criterios concurrentes: en primer lugar, el de la cantidad, dado que los dos medios probatorios que abordaron esta cuestión —el informe de la FGN y el dictamen de la Policía Nacional— coinciden plenamente, sin que exista otro elemento técnico que los contradiga; en segundo lugar, el de la variedad, ya que ambos tipos de prueba —una documental y otra pericial—, pese a su distinta naturaleza, convergen en una misma conclusión; y finalmente, el de la fiabilidad, pues ambos elementos, incluso considerados de forma aislada, resultan confiables por las calidades de sus autores y las condiciones en que fueron producidos. Por otra parte, quedó probado que las transacciones fraudulentas se ejecutaron desde direcciones IP distintas a las asignadas a los equipos conectados a la red de internet de la Beneficencia, conforme lo estableció el informe elaborado por la FGN. En relación con este aspecto, el dictamen de la Policía Nacional no controvirtió dichos hallazgos ni formuló una conclusión divergente. Además, el informe de la FGN es consistente con otros medios de prueba documental, pues las direcciones IP que allí se consignan coinciden con las enunciadas en una comunicación remitida por el establecimiento bancario demandado tras la comisión del fraude. (…) [A]l margen de que este conjunto de elementos impida acoger la inferencia probatoria en que descansa la defensa del Banco sobre la culpa del cuentahabiente, la Sala considera que aun si se aceptara que la captura de las claves de acceso a la plataforma OCCIRED se produjo mediante la ejecución de un software tipo keylogger en los discos duros de la Beneficencia, el daño —consistente en la pérdida de los fondos—jurídicamente es atribuible al Banco. Esto se debe a que, desde el punto de vista de la aportación causal, el hecho determinante de la pérdida de los fondos, es decir, la causa adecuada del daño, es imputable al Banco
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / ACTIVIDAD FINANCIERA BANCARIA / ACTIVIDAD FINANCIERA / ENTIDAD FINANCIERA / SEGURIDAD FINANCIERA / DEBER DE CUIDADO DEL BANCO / FUNCIONES DEL BANCO / FRAUDE BANCARIO / CONCEPTO DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD / DETERMINACIÓN DEL NEXO DE CAUSALIDAD / NEXO DE CAUSALIDAD / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / TEORÍA DE LA CAUSALIDAD / PRODUCCIÓN DEL DAÑO / IMPUTACIÓN FÁCTICA / IMPUTACIÓN JURÍDICA / CAUSALIDAD PROBABILÍSTICA / DEBER DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA
Problema jurídico:
¿Puede atribuirse responsabilidad al banco por la pérdida de fondos sufrida por el cuentahabiente, cuando la omisión de medidas mínimas de seguridad bancarias fue la causa determinante del daño, incluso si existían fallas técnicas en los equipos del cliente?
Respuesta al problema jurídico: Si
La indagación causal en el derecho de daños, ya sea en el ámbito contractual o extracontractual, se caracteriza por una bifurcación del análisis. En un primer paso, tiene por objeto una cuestión fáctica: determinar si un evento ha sido causa de otro. En este contexto, el test de la conditio sine qua non, o equivalencia de las condiciones, cumple un rol central. Un evento es causa de un daño si, y solo si, no se hubiese producido el daño de no haber acaecido dicho evento. No obstante, no solo es relevante explicar empíricamente cómo se produjo el daño, sino también atribuirlo jurídicamente a una persona o centro de imputación. Por ello, en un segundo nivel, es necesario aplicar criterios normativos que determinan si un factor que ha contribuido causalmente a un resultado es jurídicamente relevante. La atribución causal en la sustracción de fondos depositados en una cuenta corriente o de ahorros mediante fraudes electrónicos exige realizar esta doble indagación. Esto se debe a que el régimen de responsabilidad objetiva, con el que se decidió el litigio en primera instancia y que no fue objeto de apelación, no implica responsabilidad automática del Banco por la pérdida de los fondos. (…) [A]ntes de la fecha en que se habría instalado el software malicioso en los discos duros de la Beneficencia, el Banco omitió capacitar a los funcionarios de la entidad sobre las medidas y protocolos de seguridad que debían observar en la manipulación de los equipos y en el uso de la plataforma OCCIRED, ya fuera mediante reuniones formales o mediante la entrega de documentos que recogieran tales lineamientos. Esta omisión revela una conducta contraria al deber jurídico de información con los usuarios previsto en el numeral 1º del artículo 97 del EOSF, modificado por la Ley 795 de 2003. Se trata de un deber especial, inherente a la responsabilidad profesional que asiste a un establecimiento bancario, cuya actividad principal —la intermediación financiera— es de interés general. (…) Las pruebas sobre la sucesión de eventos que antecedieron la producción del daño conducen a dos conclusiones. Primero, la omisión culposa inicial del Banco relativiza la relevancia jurídica del hecho de que la Beneficencia tuviera instalado un antivirus desactualizado en los discos duros donde se alojaba el software malicioso, que habría capturado las contraseñas. Además, no hay prueba de que, de haberse encontrado actualizado dicho software, este habría impedido efectivamente la instalación del programa malicioso o la extracción de las claves. Por lo tanto, no puede afirmarse que se configure una concurrencia de culpas. Segundo —y más importante—, el factor determinante del daño fue la omisión del Banco en adoptar medidas ante un conjunto de eventos ocurridos en la madrugada del 19 de noviembre de 2007. Estos hechos no solo son los más cercanos al daño desde el punto de vista temporal, sino que su naturaleza anómala —como el alto volumen de operaciones, las transacciones fuera del horario laboral, las direcciones IP no habituales y el uso atípico de las cuentas— indicaban un riesgo evidente. De no haber mediado la omisión del Banco, la consecuencia previsible, según un juicio retrospectivo de probabilidad (prognosis póstuma), es que la sustracción de fondos no se habría producido. El bloqueo de las cuentas, o una comunicación pronta con el cuentahabiente, habría prevenido el daño. En conclusión, la pérdida de los fondos es jurídicamente atribuible al Banco. Más allá de no haberse superado el umbral probatorio necesario para afirmar que las claves fueron sustraídas mediante un software malicioso, lo que habría posibilitado la comisión del fraude, en la cadena causal intervinieron dos conductas culposas del Banco. La última de ellas, en particular, fue la que resultó determinante en la producción del daño. En este sentido, desde el punto de vista de la imputación del daño, la Sala concluye que no media una concurrencia culpas.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la atribución causal del daño, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 18 de diciembre de 2020, rad. 11001-31-03-0282006-00466-01, M.P. Luis A. Rico Puerta. Sobre la naturaleza de la actividad financiera y el interés general, cita: Corte Constitucional, sentencia C-940 del 15 de octubre de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy y respecto al deber funcional de las instituciones financieras, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 19 de diciembre de 2016, M.P. Ariel Salazar Ramírez.
FUENTE FORMAL:
LEY 35 DE 1993 - ARTÍCULO 97 NUMERAL 1, LEY 795 DE 2003
FALTA DE RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / MORA DEL ACREEDOR / CONSTITUCIÓN EN MORA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / MONOPOLIO RENTÍSTICO / BANCO
Problema jurídico:
¿Procede el reconocimiento de intereses de mora sobre una obligación de restituir fondos cuya existencia y exigibilidad solo fueron definidas judicialmente en la sentencia?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n el marco del preacuerdo celebrado con la FGN, la señora [EMV] asumió la obligación de reintegrar a la Beneficencia la suma de $19’600.000 por su participación en el fraude. (…) [E]n el plenario obra una certificación expedida por la Beneficencia, oportunamente allegada al proceso, que da cuenta de que la obligación fue pagada, esto es, que la entidad recibió efectivamente la suma mencionada. (…) el capital adeudado por el Banco asciende a la suma que tuvo en cuenta el Tribunal por concepto de los fondos sustraídos, respaldada en los comprobantes contables de la Beneficencia obrantes en el expediente: $996’129.609. Sin embargo, de esta suma debe descontarse el pago parcial efectuado por [EMV], por valor de $19’600.000. En consecuencia, el saldo a cargo del Banco equivale a $976’529.609. (…) En cuanto a los intereses de mora, la Beneficencia cuestionó que el Tribunal hubiera considerado improcedente su reconocimiento, con fundamento en que los recursos derivados de la explotación del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, administrados por la entidad estatal, estaban destinados exclusivamente a la financiación de servicios de salud y, por ende, no estaban llamados a generar rendimientos financieros. La entidad alegó que esta decisión desconocía el principio de reparación integral del daño, en la medida en que los fondos no pudieron aplicarse a su destinación legal como resultado de su indebida sustracción. Según el artículo 1608 del Código Civil, el deudor se constituye en mora: (i) cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora; (ii) cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla; y (iii) en los demás eventos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. En consecuencia, la existencia y exigibilidad del débito son requisitos esenciales para que se configure la mora. En este caso, el objeto del litigio no es tan simple como el incumplimiento del establecimiento bancario en la obligación de restituir las sumas depositadas en cuentas corrientes o de ahorro. Si fuera así, dado que preexiste la obligación característica del depósito irregular de dinero, la mora se habría producido antes de la emisión de la sentencia. Sin embargo, el proceso tiene por objeto definir una situación jurídica subjetiva sobre la cual no existía certeza antes de la sentencia: quién debe responder por la pérdida de fondos, considerando que no fueron ni el Banco ni la Beneficencia ni sus dependientes los autores de la sustracción. (…) Dado que la sentencia judicial es la que define quién debe responder y, por tanto, es la fuente inmediata de la obligación, no resulta procedente ordenar el pago de intereses de mora sobre el cumplimiento de una obligación que solo surge con esta decisión. Sin perjuicio de lo anterior, el valor pendiente de pago ($976’529.609) se actualizará desde noviembre de 2007, fecha de comisión del fraude que también tuvo en cuenta el Tribunal para el efecto.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608