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¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso de repetición en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
Cuando se trata de un proceso de repetición, el Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación en segunda instancia por el factor objetivo de la cuantía de la pretensión, conforme a los artículos 149, 152 y 155 de la Ley 1437 de 2011. La regla se sostiene en tres razones: el código regula de manera expresa la competencia funcional de la repetición; derogó el criterio de conexidad del artículo 7 de la Ley 678 de 2001; y, junto al factor subjetivo para los procesos de única instancia, introdujo el factor objetivo por cuantía para los de doble instancia. En el caso, la pretensión de repetición superó la cuantía fijada en la norma, por lo que la sala asumió la competencia para decidir la alzada contra el fallo de primera instancia. El documento aborda también la caducidad de la repetición, pero no fija una regla distinta; la consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión de repetición determina la instancia en que se resuelve.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad para el medio de control de repetición?¿Las pruebas practicadas en el proceso disciplinario adelantado contra el demandado cumplen los requisitos para ser valoradas en el proceso contencioso administrativo?¿En la demanda del medio de control de repetición procede la doble atribución de la conducta del demandado a través de la culpa grave y dolo?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-03-20Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 11001032600020230010200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El consejo de Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral, en el que interviene un órgano o dependencia del Estado que, aunque no tenga personería jurídica, sea el centro de imputaciones de derechos y obligaciones y que, con ocasión de ello, intervenga en el proceso arbitral? Sí
La competencia para conocer del recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral en el que intervenga un órgano o dependencia del Estado que, aunque carezca de personería jurídica, sea centro de imputación de derechos y obligaciones y actúe con ocasión de ello en el proceso arbitral corresponde al Consejo de Estado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 debe interpretarse en sentido amplio, sin limitarse a entidades públicas o particulares con funciones administrativas. Segunda, el fondo que integró el tribunal arbitral forma parte del contrato marco de interventoría, aunque carezca de personería y haya sido representado por un consorcio. Tercera, se trata de una cuenta especial de un ministerio constituida con recursos públicos que no salieron de la esfera estatal por el contrato de fiducia. Con base en el numeral 4 del artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contenciosa conoce de estos recursos en los conflictos relativos a contratos. La providencia confirma la competencia de la Sección Tercera. La consecuencia práctica es que los recursos de anulación contra laudos en los que participen órganos estatales sin personería se tramitan en única instancia ante esa sección.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos proferidos en procesos arbitrales en los que interviene una entidad pública?
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza de los demandados, al suprimir el cargo de una de las funcionarias de la Alcaldía, en cumplimiento de los Decretos que ordenaron la reestructuración de la planta de personal? No
La conducta gravemente culposa del agente que suprime un cargo en desarrollo de una reestructuración administrativa no se presume a partir de la nulidad de los actos de supresión, sino que debe ser acreditada por el actor conforme a la carga probatoria del artículo 167 del Código General del Proceso. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la nulidad de los decretos de reestructuración no genera por sí misma la presunción de culpa grave, pues la anulación se derivó de la invalidez de un acto previo sobre el que se fundó la planta de personal, circunstancia que no revela la conducta del agente. Segundo, cuando antes de expedir el acto de reestructuración existe un estudio técnico que sustenta la modificación de la planta, el agente demuestra que cumplió el deber de gestionar ese estudio y que contaba con él al momento de suscribir los decretos, lo que impide tener por acreditada la culpa grave. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, la acción de repetición contra el funcionario que suprimió un cargo debe probar la conducta gravemente culposa con independencia de la nulidad del acto de supresión.síntesis automática
También resuelve:¿Las presunciones legales de culpa grave y dolo imponen la carga de desvirtuarlas probatoriamente?
¿La causa adecuada del daño, accidente de tránsito entre particulares, provino de una conducta ajena al Estado? Sí
El contratista no puede imputar al Estado la responsabilidad por lesiones físicas causadas en un accidente de tránsito entre particulares, ya que la causa adecuada del daño provino de una conducta ajena al Estado, específicamente del conductor de un vehículo que actuó imprudentemente al no respetar la prelación de paso y no tomar las precauciones debidas al cruzar una intersección, lo que resultó en un choque con una motocicleta. La entidad estatal no incurrió en ninguna omisión que contribuyera a la ocurrencia del accidente, y el hecho del tercero fue tanto imprevisible como irresistible para la Administración, por lo que no se configura la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado en casos de accidentes de tránsito, estableciendo que el daño debe ser consecuencia directa de una falla del servicio o de una omisión estatal para que se configure la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó la falla del servicio imputada al municipio de Villamaría?¿El accidente se produjo por el hecho del tercero consistente en el actuar del conductor de la camioneta?¿Los reductores de velocidad son señales preventivas que deben instalarse en zonas en donde se requiera detener completamente el vehículo o disminuir la velocidad?
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal?¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban?¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva está determinada por el interés legítimo frente a un derecho discutido entre las partes que acuden como demandante y demandado, y la relación sustancial que nace de dicha controversia? Sí
El contratista y la entidad estatal están legitimados en la causa para intervenir en un proceso contractual cuando tienen un interés legítimo en el derecho discutido y una relación sustancial con la controversia, lo que implica que la legitimación en la causa por activa y por pasiva se determina en función de la relación jurídica sustancial derivada de la participación en la circunstancia fáctica o situación jurídica que origina la disputa. En el caso concreto, la entidad estatal que celebró el contrato y que incumplió sus obligaciones es la única legitimada en la causa por pasiva, mientras que la otra parte que reclama el incumplimiento tiene legitimación en la causa por activa, ya que ambos tienen un interés legítimo en la controversia contractual y están vinculados funcional o materialmente a los hechos que dan origen a la reclamación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa en controversias contractuales, estableciendo que la relación contractual es el fundamento esencial para determinar la legitimación de las partes en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva recayó sobre el Hospital contratante en los negocios jurídicos que originaron la controversia…¿En qué consiste la capacidad jurídica y en qué se diferencia de la capacidad procesal?¿Los establecimiento de comercio tienen capacidad jurídica para ser parte de un contrato y para comparecer a un proceso judicial iniciado en virtud de controversias surgidas de dicho contrato?
¿Se acreditaron las inversiones realizadas, pero no se cumplió la carga de probar el presupuesto consistente en la incidencia que tales erogaciones causaron a la economía del contrato? Sí
El contratista no logra restablecer el equilibrio financiero del contrato de concesión portuaria debido a su incapacidad para probar el impacto económico de las inversiones realizadas, a pesar de acreditar las causas e inversiones. La entidad estatal y el tribunal mantienen que la prueba documental presentada no cumple con los estándares de idoneidad técnica y valor probatorio necesarios para demostrar la perturbación financiera del contrato. La Sala confirma que la parte demandante debe aportar pruebas técnicas especializadas y científicas, proporcionadas por expertos en finanzas y contabilidad, para justificar la afectación de la ecuación económica del contrato. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en casos de teoría de la imprevisión, limitando la posibilidad de ajustar los términos del contrato sin evidencia adecuada.síntesis automática
También resuelve:¿En las condiciones en las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto?¿Demostrar que un gasto extraordinario afecta objetivamente la ecuación económica en un contrato de concesión, implica análisis razonables que permitan evaluar si el impacto alegado justifica ajustar…¿Para que se configure el desequilibrio económico del contrato es necesario demostrar, además de la alteración extraordinaria, la pérdida real, grave y anormal de la economía del contrato?
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve:¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama?¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática?¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación de sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo dentro de un proceso de controversias contractuales? Sí
Cuando se apela una sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo en un proceso de controversias contractuales relativo a actos contractuales de un órgano de control, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación si la cuantía de las pretensiones supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la demanda. La regla se sostiene en dos razones: la controversia contractual de una entidad pública corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y la vocación de doble instancia depende del valor de la pretensión estimada en la demanda frente al tope legal. En el caso, la cifra estimada de las pretensiones excedía el tope legal para la fecha de la demanda, por lo que el proceso es de doble instancia y la sala asumió la competencia. El documento también aborda la regla sobre la cuantificación de perjuicios en la citación a audiencia de un procedimiento de declaración de incumplimiento, que no vicia el acto si el interesado no demostró la incidencia de la omisión; la consecuencia práctica es que la competencia en segunda instancia se determina por la cuantía estimada en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿La Contraloría vulneró el debido proceso de Colvatel, por omitir la cuantificación de los perjuicios en la citación a la audiencia que da inicio al procedimiento administrativo de declaración de…¿Se desconocieron las garantías procedimentales de Colvatel por no incluir, dentro del análisis fáctico y probatorio contenido en las resoluciones impugnadas…¿La Contraloría, al negar las pruebas que Colvatel solicitó en la audiencia, violó sus derechos y garantías?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la producción del daño ocasionado por la denuncia penal presentada en contra de la demandante por el punible de abuso de confianza calificado? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de reparación directa para demandar la producción del daño ocasionado por la denuncia penal, siempre que la denuncia penal haya sido resuelta con firmeza dentro del término legal y la demanda se interponga dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del daño o al conocimiento del mismo. En este caso, la denuncia penal fue resuelta con firmeza el 16 de agosto de 2013, y la demanda se presentó el 21 de octubre de 2015, dentro del plazo legal. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la caducidad del medio de control de la reparación directa, asegurando que el ejercicio oportuno del derecho de acción es fundamental para evitar la pérdida del derecho a demandar.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?¿Se acreditó un daño antijurídico susceptible de ser reparado e indemnizado como consecuencia de la denuncia penal presentada por la Previsora S.A. en contra de la demandante…¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión…¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
¿Es procedente el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de consultoría celebrado entre los extremos del proceso, por mayor permanencia, pese a que las prórrogas fueron suscritas por la contratista demandante sin objeción alguna? No
La suscripción de prórrogas sin salvedades no impide al juez estudiar la reclamación de restablecimiento del equilibrio económico por mayor permanencia, pero esa reclamación solo prospera si se acredita la existencia de sobrecostos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la prórroga de un contrato de interventoría puede ajustar su valor sin que se aplique el límite del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, pero la norma no excluye la autonomía de la voluntad que origina el acuerdo. Segunda, el juez debe desentrañar, en cada caso, el alcance del acuerdo de las partes según las reglas de interpretación de los contratos y la ejecución de buena fe. Tercera, en el expediente no existe prueba de los sobrecostos que justifiquen el restablecimiento. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el consultor o interventor que pretenda el restablecimiento por mayor permanencia debe probar los sobrecostos, incluso si las prórrogas fueron suscritas sin objeción.síntesis automática
También resuelve:¿La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo proferido en el marco del medio de control contencioso administrativo de…¿El medio de control de controversias contractuales se ejerció dentro del término previsto por la ley?¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia contra la parte vencida en el proceso?
¿Se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no logra configurar el daño antijurídico como elemento primario de la responsabilidad del Estado, ya que no acredita la existencia de un perjuicio que satisfaga los requisitos legales, ni demuestra que la medida de aseguramiento impuesta haya carecido de proporcionalidad o razonabilidad, o que haya sido arbitraria. La Sala confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales previstos en la ley penal vigente y no se probó que la Fiscalía hubiera causado un daño antijurídico al procesado, lo que hace infructuoso el análisis de la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Se allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria?¿La medida privativa de la libertad no quebrantó lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y garantizó los derechos del procesado?¿En manos del juez está la labor de definir el régimen de responsabilidad aplicable y la motivación que sustente la decisión que se habrá de adoptar?
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión?¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas?¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
¿Pueden los informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal ser valorados como prueba dentro de un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública? No
El contratista no puede presentar informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal como prueba en un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública, ya que estos informes no adquieren la condición de prueba hasta que se les ha dado la oportunidad de ser cuestionados en un juicio oral. Además, el juez no puede otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio sin acreditar la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe, ya que la falta de esta acreditación afecta negativamente la credibilidad del informe. Estas reglas implican que la prueba trasladada de un proceso penal debe cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser valorada en un proceso judicial, lo que incluye la contradicción y la autenticidad de la cadena de custodia de la prueba.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio, sin que se acredite la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe?¿Se acreditó una ruptura en la cadena de custodia de los discos duros analizados por el laboratorio forense de la Fiscalía General de la Nación?¿Puede otorgarse valor probatorio a la declaración de un testigo técnico que no tuvo acceso directo al sistema examinado, ni acreditó documentalmente su idoneidad ni conocimiento directo de los…
¿Cumplieron las capturas y su legalización los requisitos previstos en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política? Sí
El Estado asume responsabilidad patrimonial extracontractual cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico y su debida imputación, entendido aquel como el perjuicio que la persona no tiene el deber jurídico de soportar conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En el presente litigio se examinan las capturas y su legalización conforme a los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, determinando la ausencia de responsabilidad patrimonial por parte de la Fiscalía General de la Nación ante la legalidad de los procedimientos restrictivos de la libertad cuestionados en la demanda de reparación directa.síntesis automática
También resuelve:¿Cumplieron las solicitudes y la imposición de medidas de aseguramiento los presupuestos establecidos en los artículos 295, 306, 308 y 310 de la Ley 906 de 2004…¿La Rama Judicial incurre en responsabilidad patrimonial por el vencimiento del término previsto en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004…¿Cumplió la Fiscalía General de la Nación el término previsto en la Ley 906 de 2004 para presentar escrito de acusación, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al…
¿La finalidad de los plazos de caducidad es garantizar seguridad jurídica y estabilidad en las situaciones jurídicas controvertidas? Sí
El contratista debe presentar la demanda dentro del plazo legal para evitar la caducidad del medio de control, lo cual garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad en las situaciones controvertidas, al tiempo que protege el interés general y racionaliza el uso del aparato judicial. La caducidad es una limitación irrenunciable y de orden público que el juez debe declarar de oficio si el plazo legal ha vencido, lo que implica la pérdida del derecho de acción. Sin embargo, la entidad estatal no puede alegar caducidad si el afectado no conoce del hecho dañoso, como en el caso de una desaparición forzada, y la demanda se presenta mientras la víctima sigue desaparecida y sin pronunciamiento de la justicia penal. Esta regla reitera la importancia de la seguridad jurídica y la protección de los derechos adquiridos, matizando la aplicación de la caducidad en casos excepcionales donde el conocimiento del hecho dañoso es imposible.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la caducidad del medio de control, en atención a la desaparición de la víctima y la fecha de presentación de la conciliación extrajudicial y de la demanda?¿La declaración de responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado conforme al artículo 90 de la Constitución Política?¿La desaparición forzada constituye un delito de lesa humanidad y una violación múltiple y continuada de derechos fundamentales y convencionales?
¿La muerte de la víctima es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero? Sí
La muerte de la víctima no es imputable a las entidades demandadas y es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero, ya que el accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta que no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha, y no se probó la falla del servicio por omisión en la colocación de reductores de velocidad que hubiera sido la causa eficiente del daño. La entidad demandada no pudo prever ni evitar la conducta negligente del conductor del tractocamión, lo que la exime de responsabilidad patrimonial. Esta decisión confirma la sentencia apelada y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la responsabilidad del Estado no se configura en ausencia de falla del servicio y cuando el daño es exclusivamente atribuible a un hecho del tercero.síntesis automática
También resuelve:¿El accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta pues no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha?¿La parte demandante acreditó la omisión por parte de la Administración en la colocación de reductores de velocidad y que ésta hubiera sido la causa eficiente y/o adecuada del daño?¿El hecho de que posteriormente se hubiesen instalado resaltos en la vía prueba que su ausencia el día de los hechos fue la causa eficiente del daño?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar por la falla del servicio médico que ocasionó la muerte de un paciente luego de una intervención quirúrgica de bypass gástrico por obesidad mórbida, por no haber firmado el consentimiento informado ni habérsele comunicado todos los riesgos que implicaban realizarse el procedimiento médico, y por la pérdida de la oportunidad de sobrevida de haber recibido un diagnóstico y tratamiento adecuados? Sí
Aunque la caducidad no se haya discutido ni alegado, el ejercicio oportuno de la acción de reparación directa es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio, porque los plazos legales son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público. Su vencimiento sin que el interesado presente la demanda extingue el derecho de accionar, por lo que el juez debe verificar la fecha de los hechos y de la presentación de la demanda para establecer si se ejerció en tiempo. Este examen es necesario aun cuando la sentencia de primera instancia no haya estimado que la caducidad se produjo. En el caso concreto, la demanda por la muerte del paciente tras una intervención quirúrgica y por la pérdida de la oportunidad de sobrevida se presentó dentro del término legal, y la sala revocó la decisión de primera instancia. Como consecuencia práctica, en las demandas de responsabilidad médica por reparación directa el juez debe examinar de oficio la oportunidad de la demanda, aunque las partes no hayan debatido la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación tanto fáctica como jurídica?¿La responsabilidad médica derivada de daños ocasionados como consecuencia de actividades médico-sanitarias, impone al demandante, bajo el régimen de la falla probada del servicio…¿Cuentan con valor probatorio las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal, cuando decretadas en el plenario y allegadas al proceso…
¿Se ejerció de forma oportuna el medio de control de acción de reparación directa dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, en observancia de la fecha del daño, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial y la fecha de radicación de la demanda? Sí
El contratista debe presentar oportunamente la acción de reparación directa dentro del término de dos años previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contados desde la ocurrencia del daño o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este, siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En este caso, la acción se ejerció dentro del plazo legal, ya que el daño se produjo el 15 de marzo de 2015, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 29 de julio de 2016 y la demanda se radicó el 15 de diciembre de 2016, cumpliendo así con el requisito temporal para ejercer el medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos legales para evitar la caducidad de la acción y asegurar la estabilidad y certeza del derecho.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentran, en forma debida, legitimadas en la causa por activa las personas que integran el núcleo familiar de la víctima del daño antijurídico, y por pasiva las entidades estatales demandadas…¿Puede declararse la responsabilidad extracontractual del Estado cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico que la víctima no tenía el deber jurídico de soportar y cuya causación es…¿Puede imputarse responsabilidad extracontractual al Estado por los daños causados por la acción de grupos armados insurgentes…