Titulación de la relatoría 16.973 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso de repetición en segunda instancia por razón de su cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Ley 1437 de 2011, en sus artículos 149, 152 y 155, (i) reguló de manera expresa la competencia funcional del medio de control de repetición; (ii) derogó el criterio de conexidad que preveía el artículo 7 de la Ley 678 de 2001; y (iii) reiteró el factor subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad del demandado -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- e introdujo el factor objetivo debido a la cuantía para los asuntos de doble instancia. (…) En este caso, la pretensión del medio de control de repetición superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa, razón por la cual la Sala es competente para conocer la alzada interpuesta contra el fallo de primera instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 155, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad para el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La condena objeto del sub judice se emitió en un proceso de reparación directa que inició su trámite con el Decreto 01 de 1984, por ende, la Policía Nacional debía cumplirla en los términos de los artículos 176 y 177 de ese cuerpo normativo. Así pues, la parte demandante tenía un plazo de 18 meses para efectuar el pago, contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria del fallo del 23 de octubre de 2014, dictado por el Tribunal Administrativo de Santander, lo que sucedió el 10 de noviembre de ese año, por lo que el plazo para pagar fenecía el 11 de mayo de 2016. Ahora, el numeral 2, literal i), del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 señala que lo que resulta determinante para contar el término de 2 años de caducidad es la fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero. En este asunto, el pago total de la condena se realizó el 27 de mayo de 2017, después de que se completaran los 18 meses disponibles para tal efecto. Entonces, el término de caducidad corrió desde el 12 de mayo de 2016 hasta el 12 de mayo de 2018 y, como la demanda se presentó el 6 de abril de ese año, se impone concluir que fue oportuna.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 176, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL I, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 177
ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCESO DISCIPLINARIO / PRUEBA EN EL PROCESO DISCIPLINARIO / PROCESO DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA NACIONAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL
Problema jurídico:
¿Las pruebas practicadas en el proceso disciplinario adelantado contra el demandado cumplen los requisitos para ser valoradas en el proceso contencioso administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 174 de la Ley 1564 de 2012 dispone que las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciables, “siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas”. En el presente asunto, la Policía Nacional aportó con la demanda el expediente disciplinario adelantado contra el demandado, el cual fue incorporado por el a quo, quien, además, corrió el traslado respectivo. De este modo, la Sala valorará, sin restricción alguna, las pruebas documentales que obran en dicha actuación, en vista de que la parte accionada pudo conocer el contenido y contó con la oportunidad procesal para que formularan algún reparo, lo que no ocurrió. Asimismo, tendrá en cuenta las declaraciones recibidas en esa causa, puesto que fueron practicadas con audiencia de la parte contra la que se aducen, de ahí que cumpla con los requisitos exigidos para tal fin. A su turno, cabe aclarar que también obran varios informes rendidos sobre los hechos ocurridos el 6 de octubre de 2010, documentos que, en los términos de los artículos 243 y 244 de la Ley 1564 de 2012, son públicos y, por ende, se presumen auténticos, ya que fueron expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y gozan de la presunción de veracidad.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 174, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 243, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 244
ARGUMENTO EN LA DEMANDA / DOLO / CULPA GRAVE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / IMPUTACIÓN / CRITERIOS DE LA IMPUTACIÓN / VARIACIÓN DE LA IMPUTACIÓN JURÍDICA / IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
Problema jurídico:
¿En la demanda del medio de control de repetición procede la doble atribución de la conducta del demandado a través de la culpa grave y dolo?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]unque en la demanda se mencionó que el demandado incurrió en “culpa grave y dolo”, no se puede ignorar que realizar una imputación en la que se aleguen dichos aspectos, de manera concomitante, no resulta viable, ya que no es posible que el servidor quiera el resultado ajeno a las finalidades del servicio y, al mismo tiempo, no busque desmejorarlo. En ese contexto, se ha sostenido que, si el asunto permite una doble atribución de la conducta respecto de cada actuación desplegada o si la conducta amerita varias imputaciones de ese tipo, el interesado deberá plantear sus pretensiones subsidiarias, porque así el accionando podrá ejercer su defensa debidamente. De la lectura de la demanda, la Subsección entiende que la imputación realizada por la demandante solo puede analizarse bajo una conducta de culpa grave, pues los fundamentos para estructurar la responsabilidad están dirigidos a enrostrar que el incumplimiento de los deberes y funciones del accionado fue lo que motivó la condena patrimonial impuesta vía reparación directa. A su vez, no se evidencia que hubiera realizado una doble atribución de conductas a partir de actuaciones independientes desplegadas o planteado pretensiones subsidiarias.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la atribución de la conducta en la demanda del medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2021, rad. 62110, C. P. María Adriana Marín.
CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN LEGAL / IMPUTACIÓN
Problema jurídico:
¿En el medio de control de repetición, para el análisis de la imputación, se permite la aplicación de las presunciones de la Ley 678 de 2001, en los eventos que no se alegó en la demanda y tampoco se desprende de los hechos de la misma?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]as presunciones del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 son legales, por lo que admiten prueba en contrario, para garantizar el ejercicio del derecho de defensa, por manera que, en caso de invocarse alguna de ellas, debe demostrarse el supuesto de hecho en que se apoya dicha presunción y así, en principio, se deducirá que la conducta del demandado fue gravemente culposa, a menos que, en ejercicio de su derecho de defensa, desvirtúe las mismas. Ahora, el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o exfuncionarios solo surge en la medida en que el daño antijurídico, por cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse, entre otros, a la conducta culposa de los mismos, ello debe entenderse como una garantía a los servidores públicos, en razón de que no cualquier equivocación en la que puedan incurrir, tiene la vocación de derivar en responsabilidad patrimonial. (…) [L]a Subsección ha evidenciado tres posibles eventos en los cuales la parte demandante puede imputar una conducta de tal carácter al agente estatal, con la finalidad de comprometer su responsabilidad patrimonial: El primer evento, y el más común, se presenta cuando en la demanda, el Estado estructura la responsabilidad del demandado en uno de los supuestos consagrados en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, en los cuales se presume el actuar gravemente culposo que le es imputable al agente público en nexo con el servicio, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. (…) El segundo supuesto gira en torno a que, si bien en la demanda no se identifica expresamente uno de los supuestos que hace presumir la culpa grave de la parte demandada, los argumentos esbozados por el extremo activo de la litis resultan suficientes para que el juez pueda enmarcar su motivación en uno de los mencionados supuestos. De este modo, el Estado, al formular la correspondiente demanda, deberá razonar con suficiencia los móviles y fundamentos en los que se basa la presunción que alega, para que el juez pueda encuadrarla en uno de los supuestos del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. (…) Por último, pueden presentarse muchos más casos en los cuales, pese a que no se encuentran consagrados en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, dan lugar a que el Estado repita contra el agente, dado que las denominadas presunciones son solo algunas de las hipótesis o eventos de responsabilidad del agente público que pueden invocarse y, por tanto, demostrar en las demandas de repetición. En eventos diferentes a los contenidos en las mencionadas normas no opera la presunción de culpa grave y, como consecuencia, se deberán describir las conductas constitutivas y, desde luego, acreditarse adecuadamente. (…) [L]a Sala analizará la conducta del demandado bajo el tercer evento, porque, pese a que en la demanda se dijo que aquel incurrió en una actuación gravemente culposa, lo cierto es que no se invocó ninguno de los eventos de presunción de culpa grave previstos en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, lo cual significa que se le imputó una conducta diferente a las enlistadas en el artículo en mención, aunado a que de los argumentos de ese escrito y de lo dicho en sus intervenciones en primera instancia tampoco puede extraerse con contundencia alguna de aquellas. Hay que señalar que la única mención a una norma se evidencia en el recurso de apelación -decálogo de armas-, pero ello no permite deducir la intención de la entidad de que se aplique una presunción legal. Como consecuencia, en este evento, no se aplicará ninguna presunción, de ahí que la Policía Nacional deberá probar, con suficiencia, que el inculpado actuó con culpa grave.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / AGENTE DE POLICÍA / FUNCIONES DEL AGENTE DE POLICÍA / LÍMITES DEL AGENTE DE POLICÍA / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / AUTONOMÍA DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Se acreditó la culpa grave en la conducta del agente demandado al accionar su arma de dotación oficial y lesionar a uno de sus compañeros en un operativo policivo?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]e se tiene probado que, en efecto, en el marco de un procedimiento policivo el demandado disparó su arma de dotación oficial y uno de sus compañeros recibió el impacto de bala en el abdomen; sin embargo, como acertadamente lo manifestó el a quo, no existe prueba que permita colegir que aquel hubiera incurrido una conducta irregular y determinante para que se dictara la condena. La Sala parte por señalar que se aportó copia de los fallos de reparación directa que motivaron la demanda de repetición, pero estás no constituyen plena prueba de la conducta gravemente culposa del (...) [agente], como en reiteradas ocasiones lo ha decantado esta Corporación. La sentencia por la que se repite, a lo sumo, podría servir de punto de partida para determinar cuál es el hecho que se predica constitutivo de culpa grave, sin que su motivación sea suficiente para comprometer la responsabilidad del demandado. Igual ocurre con la decisión disciplinaria de primera instancia, porque, de un lado, no existe constancia de que se hubiera mantenido incólume o que el sancionado la hubiera apelado y, de otra parte, no tiene la suficiencia, per se, para edificar el actuar gravemente culposo, pues, según la jurisprudencia de esta Sección, en esta sede judicial pueden hacerse valoraciones y calificaciones distintas. (...) De todas maneras, no está de más señalar que, si bien en esa decisión se declara responsable disciplinariamente al accionado, bajo el entendido de que “incurrió en impericia en el manejo de la pistola de dotación oficial”, lo cierto es que parte de las siguientes premisas ligeras y abstractas, a saber: (i) al salir al procedimiento se les dio instrucción sobre las medidas de seguridad; y (ii) el patrullero recibió capacitación sobre el manejo de la pistola; no obstante, tales supuestos no se concretaron en los hechos puntuales, a fin de comprender de qué forma el servidor no los atendió, situación que refuerza aún más la necesidad de que el juez de la repetición realice sus propias deducciones en materia del análisis subjetivo de la conducta del demandado y su relación con el daño reclamado. (…) [N]o hay mérito para calificar el actuar del demandado como negligente o despreocupado, con la suficiencia de revestir el carácter de culpa grave, dado que nunca percibió a su compañero y, si bien disparó su arma, el análisis de las condiciones de tiempo, modo y lugar en la que se desarrolló la situación permiten deducir que estuvo motivado en error y se encontraba en una situación de peligro inminente, al punto de que por la descripción que se le dio de los sujetos alojados en el inmueble era probable que en cualquier momento tuviera que disparar. Por lo expuesto, el uso del arma de dotación oficial no fue injustificado y, en todo caso, no se tiene referencia de las instrucciones dictadas por sus superiores para su empleo. En suma, no se probó la conducta gravemente culposa que se le atribuyó al (...) [agente].
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la apreciación como prueba de la providencia que originó la condena respecto a la calificación de la conducta del agente repetido, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, rad. 33450, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 22 de julio de 2009, rad. 22779, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 3 de diciembre de 2007, rad. 29222, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 18 de febrero de 2022, rad. 68336, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 4 de noviembre de 2002, rad. 67486, C. P. María Adriana Marín; y sentencia de 22 de noviembre de 2022, rad. 66590, C. P. María Adriana Marín.
CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INTERÉS PÚBLICO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / FINALIDAD DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿En el proceso de repetición procede la condena en cosas?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil; no obstante, aquella no procederá si en el proceso se ventila un asunto de “interés público”. Pues bien, según la sentencia C-832 de 2001, el proceso de repetición, al estar encaminado a la protección del patrimonio público, cuya finalidad es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es uno de aquellos que ventila un interés público, por tal motivo, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en este proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la naturaleza del medio de control de repetición, cita: Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188