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CLASES DE INFORME TÉCNICO

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Consejo de Estado Providencia

El cómputo del término de caducidad en el medio de control de controversias contractuales es de dos años

Sentencia — Sentencia 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020180060301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El cómputo del término de caducidad en el medio de control de controversias contractuales es de dos años, el cual se contabiliza a partir del vencimiento del plazo para realizar la liquidación unilateral del contrato? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el vencimiento del plazo para realizar la liquidación unilateral del contrato, y ese término solo empieza a correr una vez finalizado el plazo para la liquidación bilateral. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el numeral v del literal j del artículo 164 del CPACA fija el punto de partida en el vencimiento del plazo para liquidar unilateralmente, de modo que la fecha de firma o de terminación no es suficiente. Segunda, el plazo de liquidación bilateral debe agotarse antes de que comience el término de la liquidación unilateral, y si el contrato establece un término especial para liquidar bilateralmente, ese término es el que se computa. En el caso, la cláusula del contrato fijó un plazo de seis meses para la liquidación bilateral, y tras su vencimiento se contó el término de dos años para la liquidación unilateral, por lo que la demanda se presentó oportunamente. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. En la práctica, el demandante debe identificar el término convencional de liquidación bilateral y el plazo legal de la unilateral antes de calcular la caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La demandante acreditó el incumplimiento del contrato por parte del consorcio? ¿El dictamen pericial logró acreditar el incumplimiento del contrato? ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020180099801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal? ¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior? ¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
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Consejo de Estado Providencia

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 44001234000020190014601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La demandante probó que cumplió las obligaciones en un porcentaje superior al determinado en la liquidación del contrato? No
Quien alega haber cumplido sus obligaciones en un porcentaje superior al determinado en la liquidación de un contrato interadministrativo debe probarlo con soportes que permitan verificar la ejecución real de esas actividades, y que los oficios de avance remitidos a la interventoría ni las decisiones de tutela que ordenan giros a beneficiarios acreditan por sí solos ese cumplimiento. Una razón es que los oficios remitidos por el contratista informaban el avance total del contrato, pero no tenían soportes que permitieran verificar la ejecución de actividades en un porcentaje no aceptado ni pagado. Otra razón es que la sentencia de tutela amparó el debido proceso de unos beneficiarios y ordenó girarles recursos, pero no acreditó que el contratista hubiera ejecutado un porcentaje mayor al certificado por la interventoría. En el caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia y la liquidación judicial que se había fijado con base en los certificados de la interventoría. Su consecuencia práctica es que el avance del contrato debe acreditarse con actas y soportes aceptados por la interventoría, y no con comunicaciones o decisiones de otro proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La sentencia de tutela acredita que la Universidad hubiera ejecutado actividades en un porcentaje mayor al certificado por la interventoría del Contrato? ¿Las actividades realizadas por la universidad fueron objeto de revisión por la interventoría por lo cual no se requería que la entidad demandada ejerciera una supervisión adicional? ¿El medio de control de controversias contractuales se ejerció oportunamente?
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Consejo de Estado Providencia

No se demostró que los actos que negaron el contrato de estabilidad jurídica infringieron las normas en que debían fundarse

Sentencia — Sentencia 2023-11-30 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020140031702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se demostró que los actos que negaron el contrato de estabilidad jurídica infringieron las normas en que debían fundarse? No
La decisión del comité de estabilidad jurídica que niega la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica es una competencia discrecional, y que su acto no se anula si distribuye las contingencias económicas y normativas conforme a las normas vigentes y aplicables al caso. Una razón es que el comité no creó una limitante artificiosa ni utilizó como fundamento una regla sobre recuperación de costos que no estuviera prevista en la ley, de manera que el acto no infringió las normas en que debía fundarse. Otra razón es que el demandante no demostró que el acto tuviera falsa motivación ni que el comité hubiera desconocido los riesgos inherentes al proyecto propuesto, y la carga de probar la vulneración del derecho a la igualdad recaía en él. En el caso, la Sala negó los cargos de nulidad y confirmó la decisión de primera instancia. La providencia reitera la facultad discrecional del comité, ratificada por la Sección, según lo que señala la nota de relatoría; su consecuencia práctica es que el solicitante de estabilidad jurídica debe demostrar un vicio concreto del acto y no solo su desacuerdo con la distribución de riesgos.síntesis automática
También resuelve: ¿La demandante cumplió con la carga de probar que el Comité vulneró su derecho a la igualdad? ¿El informe elaborado con ocasión de la solicitud de la demandante cumplía con los criterios definidos en la ley? ¿El procedimiento vigente para la celebración de contratos de estabilidad jurídica estaba compuesto de 2 etapas?
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Consejo de Estado Providencia

Se debe indicar que la cláusula penal está regulada en el artículo 1592 del Código Civil

Sentencia — Sentencia 2025-03-21 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 54001233300020180008401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se presenta una indemnización doble por el mismo perjuicio por cuanto el monto que se ordenó a título de indemnización supera el establecido en la cláusula penal? Sí
El contratista no puede obtener una indemnización doble por el mismo perjuicio si el monto de la indemnización supera el establecido en la cláusula penal, ya que esta última cubre el daño y evita la doble indemnización. La cláusula penal, regulada en el artículo 1592 del Código Civil, asegura el cumplimiento de la obligación contractual y limita la responsabilidad del deudor al monto estipulado. El Consejo de Estado es competente para conocer de los litigios y controversias contractuales en los que participe una entidad pública, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011. La demanda en el medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente, dentro del plazo establecido por el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La supervisora del convenio instó a la oficina jurídica para que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación y declaratoria de incumplimiento del mismo, debido a la imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato por factores climáticos. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente sobre la doble indemnización en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias y de los litigios originados en los contratos y convenios en los que fuera parte una entidad pública? ¿La demanda en el medio de control de controversias contractuales se presentó de manera oportuna? ¿La supervisora del convenio instó a la oficina jurídica para que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación y declaratoria de incumplimiento del mismo?
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Consejo de Estado Providencia

Por todo lo anterior no se encuentra acreditado el vicio de falsa motivación expresado en la apelación

Sentencia — Sentencia 2024-07-31 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 18001233100020020003601 ACCION CONTRACTUAL
¿El incumplimiento de la unión temporal era grave y podía conducir a la paralización del contrato? Sí
El contratista puede enfrentar la paralización del contrato si incumple de manera grave las condiciones mínimas de calidad y eficiencia en la prestación del servicio, como lo evidencian las deficiencias operativas y técnicas que afectan directamente la calidad del producto y la prestación del servicio público. En este caso, la unión temporal instaló luminarias que no cumplían con las especificaciones técnicas y generaban un perjuicio para la comunidad, lo que llevó a la entidad estatal a declarar la caducidad del contrato debido a la gravedad del incumplimiento. La Sala confirmó que las pruebas presentadas no permitían concluir que el contratista estuviera cumpliendo con sus obligaciones, y que la gravedad de los incumplimientos era tal que podían conducir a la paralización del contrato, reafirmando la importancia de cumplir con los estándares de calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve: ¿Según las pruebas la unión temporal había incurrido en diferentes deficiencias operativas y técnicas? ¿De la lectura completa de los informes se colige que ambos se inclinaron por reconocer el incumplimiento de la concesión? ¿La caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecte de manera grave la etapa de ejecución del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales

Sentencia — Sentencia 2024-02-05 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020170138301 LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales y no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados? Sí
Considerando que las… obligaciones que se le imputaron incumplidas al consorcio fueron confirmadas por el Tribunal a quo, lo que no fue objetado por el contratista, lo cierto es que aun cuando el demandante hubiese cumplido oportunamente con la entrega del informe SST 4, la declaratoria de nulidad de los actos demandados resultaría improcedente,… por cuanto el demandante no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados.
También resuelve: ¿El demandante tuvo siempre claridad acerca de cuál fue el retardo que efectivamente se le estaba imputando? ¿Los argumentos del demandante en relación con el presunto desconocimiento del derecho al debido proceso carecen de fundamento fáctico y jurídico? ¿La entidad demandada decidió proceder con la imposición de la cláusula penal pecuniaria pactada en vista del retraso en la ejecución de la obra informado por la interventoría?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la caducidad de la acción contractual

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020100067401 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuró la caducidad de la acción contractual? Sí
El contratista no puede presentar una demanda de controversias contractuales fuera del término de caducidad, que comienza a correr desde el día siguiente en que tuvo conocimiento del incumplimiento del contrato de seguro, tal como ocurrió en este caso el 6 de mayo de 2008. La caducidad se suspende durante la conciliación prejudicial y reanuda su cómputo una vez finalizado el plazo de tres meses, venciendo el 9 de agosto de 2010, fecha en la cual la demanda presentada el 26 de agosto de 2010 resultó extemporánea. La Sala declara la caducidad de la acción contractual, reiterando que este es un presupuesto procesal y una norma de orden público que no puede ser desatendida, lo que implica revocar la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Es cierto que el hospital conoció que el vehículo no pasó por un banco de enderezamiento de chasis solamente hasta que el taller informó que el impacto fue leve y no fue necesario el banco chasis? ¿El término de caducidad del contrato de seguro deberá contarse a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento? ¿La prescripción de la acción derivada del contrato de seguro se refiere a la efectividad de la póliza y la cobertura del riesgo asegurado?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No está demostrada la configuración de la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 41001233300020160033801 LEY 1437 REPETICION
¿Se demostró en que los exagentes demandados desconocieron normas de derecho en el proceso de reestructuración administrativa? No
La presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 no se configura cuando no se demuestra que el agente desconoció normas de derecho en el proceso que precedió al acto, de modo que la entidad que promueve la repetición debe probar la infracción normativa que imputa al agente. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la falta de un documento en los archivos de la entidad no basta por sí sola para demostrar la omisión de un informe técnico cuando la prueba testimonial y documental acredita que existió y que fue socializado entre directivos de varias dependencias. Segundo, si no se demuestra la infracción del artículo 41 de la Ley 443 de 1998, norma de carrera vigente al momento de los hechos, no se establece la conducta que da origen a la presunción. La providencia confirma la sentencia de primera instancia; en la práctica, la acción de repetición fundada en culpa grave exige acreditar la norma de derecho desconocida y el momento en que se incurrió en ella.síntesis automática
También resuelve: ¿El departamento del Huila adelantó un proceso de reestructuración de la planta de personal de la entidad? ¿A los empleados de carrera de los cargos suprimidos se les planteó las opciones de reubicación e indemnización? ¿El demandado tiene el deber de atacar la presunción y le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que la configura?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque o modifique en algún aspecto puntual.

Sentencia — Sentencia 2025-09-26 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 76001233300020230085601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten los argumentos y las decisiones adoptadas en la sentencia recurrida? Sí
El contratista debe exponer en el recurso de apelación las razones o fundamentos de disenso específicos contra los argumentos y decisiones de la sentencia recurrida, cumpliendo así con la carga de sustentación que le corresponde, de lo contrario, el recurso será rechazado por falta de sustento. La Sala reitera que el juez de segunda instancia debe confrontar el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad presentados por la parte recurrente, y que la mera manifestación de desacuerdo o la petición de modificación no es suficiente. En otro aspecto, la entidad estatal que es un ente universitario autónomo del orden departamental, al celebrar contratos de obra, debe regirse por las normas del derecho privado, excluyéndose la aplicación del estatuto general de contratación de la administración pública, conforme a la Ley 1150 de 2007 y el artículo 93 de la Ley 30 de 1992. Esto implica que las controversias deben resolverse según el régimen jurídico privado aplicable al negocio, lo que tiene implicaciones significativas en la interpretación y aplicación de las normas contractuales y en la resolución de conflictos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Se rigen por el derecho privado los contratos de obra que celebran los entes universitarios autónomos del orden departamental? ¿La ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios suscritos durante la relación negocial no impide analizar de fondo las reclamaciones de la parte demandante? ¿El dictamen pericial debe ser claro, preciso, exhaustivo, sólido y de calidad; analizado con lo acontecido durante el interrogatorio del perito y la explicación de los exámenes…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No pueden los informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal ser valorados como prueba dentro de un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública.

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100020090103001 ACCION CONTRACTUAL
¿Pueden los informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal ser valorados como prueba dentro de un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública? No
El contratista no puede presentar informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal como prueba en un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública, ya que estos informes no adquieren la condición de prueba hasta que se les ha dado la oportunidad de ser cuestionados en un juicio oral. Además, el juez no puede otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio sin acreditar la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe, ya que la falta de esta acreditación afecta negativamente la credibilidad del informe. Estas reglas implican que la prueba trasladada de un proceso penal debe cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser valorada en un proceso judicial, lo que incluye la contradicción y la autenticidad de la cadena de custodia de la prueba.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede el juez otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio, sin que se acredite la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe? ¿Se acreditó una ruptura en la cadena de custodia de los discos duros analizados por el laboratorio forense de la Fiscalía General de la Nación? ¿Puede otorgarse valor probatorio a la declaración de un testigo técnico que no tuvo acceso directo al sistema examinado, ni acreditó documentalmente su idoneidad ni conocimiento directo de los…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente

Sentencia — Sentencia 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 66001233300020170001001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, incluyendo convenios interadministrativos, siempre que la demanda sea oportuna y se ajuste a los plazos establecidos. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de estos asuntos cuando ambos extremos procesales son entidades públicas, y el Consejo de Estado tiene vocación de segunda instancia en casos que superen la cuantía mínima legal. La caducidad del medio de control comienza a correr desde el día siguiente al vencimiento del término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades, y el recurso de apelación debe limitarse a los reparos concretos formulados por el impugnante, sin que el juez pueda reformar el fallo en perjuicio del apelante único, salvo que sea indispensable para resolver puntos íntimamente relacionados con la modificación.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del… ¿En la presente controversia el cómputo de los dos años de la caducidad empieza a correr desde el día siguiente al que se venció el término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades? ¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Tampoco es suficiente dicho argumento para desvirtuar la cuantificación de los perjuicios del acto demandado

Sentencia — Sentencia 2024-02-05 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020090087102 ACCION CONTRACTUAL
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve: ¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados? ¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado? ¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El IDU incumplió el pago de unas facturas

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020150263002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU incumplió el pago de unas facturas? Sí
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel? ¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato? ¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
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Consejo de Estado Providencia

El contratista tenía el derecho de aportar y controvertir pruebas

Sentencia — Sentencia 2026-01-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000232600020110049101 ACCION CONTRACTUAL
¿Se debía otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y preparar sus descargos? Sí
El contratista debe recibir un término suficiente para revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones, determinar las pruebas que presentará y preparar sus descargos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que garantiza el debido proceso en actuaciones sancionatorias. La entidad debe formular un requerimiento previo indicando los hechos que constituyen un incumplimiento contractual, y otorgar un plazo razonable para que el contratista pueda preparar adecuadamente sus descargos. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reiterando que el acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para garantizar el debido proceso, ya que no contiene una formulación expresa de los hechos que configuran el incumplimiento ni las consecuencias jurídicas derivadas de este. Esto implica que las entidades deben cumplir con estas formalidades para evitar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve: ¿El acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la garantía del debido proceso… ¿El término concedido por el IDU para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio? ¿Todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican como actos administrativos?
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Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: no tienen menos valor probatorio los documentos electrónicos

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020180035101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Tienen menos valor probatorio los documentos electrónicos? No
L]a entidad demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de las Resoluciones… , en las que el Sena declaró el incumplimiento del contrato… . No demostró que cumplió con el personal mínimo ni con la revisión de estudios y diseños de varias obras. No comparto que se haya indicado que no se demostró la presentación de los informes mensuales por escrito. Considero inconcebible que, en pleno siglo XXI, se continúe restando valor a los documentos electrónicos. Esa postura desconoce que, hace más de 25 años, el inciso segundo del artículo 10 de la Ley 527 de 1999 estableció que en toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original…