Titulación de la relatoría 15.135 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA DEL PROCESO / VALOR DE LA CONDENA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado en los artículos 129 y 132 del CCA, pues el proceso inició con vocación de doble instancia al estimar la demanda una cuantía superior a la exigida para la competencia de los tribunales administrativos en primera instancia, equivalente al valor de la condena impuesta al Estado.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132
ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / VIGENCIA DE LA LEY PROCESAL / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO / NORMA DE ORDEN PÚBLICO / APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO
Problema jurídico:
¿La normativa aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento en que ocurren los hechos que dieron lugar a dicha acción?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de repetición prevista en los artículos 90.2 de la Constitución Política y 78 del C.C.A. es un mecanismo judicial que tiene por objeto el reintegro de los dineros que los órganos del Estado han debido pagar como consecuencia de una sentencia, conciliación o cualquier otra forma de terminación de un conflicto, por causa de los daños antijurídicos causados por una conducta doloso o gravemente culposa de un servidor, exservidor o particular que ejerce función pública. Ley 678 de 2001, al reglamentar la pretensión de repetición, la definió como una acción de carácter patrimonial y estableció los aspectos sustanciales y procesales que la rigen. En relación con los primeros, prevé el objeto de la acción, la noción, las finalidades y el deber de su ejercicio. Además, precisa los conceptos de dolo y culpa grave con los que se califica la conducta del agente que generó el daño y establece algunas presunciones legales. En lo relativo a los aspectos procesales, la norma citada regula la jurisdicción y competencia, la legitimación, el desistimiento, el procedimiento, el término de caducidad, la oportunidad para la conciliación judicial o extrajudicial, el llamamiento en garantía y las medidas cautelares, entre otros. En relación con la aplicación en el tiempo de la Ley 678 de 2001, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad de la ley, tal normativa se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuaran rigiéndose por la normativa anterior. (...) En este caso el procedimiento quirúrgico que causó el daño antijurídico fue practicado el catorce (14) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997), por ende, la normativa aplicable a los aspectos sustanciales no se rige por la Ley 678 de 2001 sino por las normas generales anteriores (Código Civil), la jurisprudencia y la doctrina que edificaban el concepto de culpabilidad a título de dolo o culpa grave en el ámbito de la acción de repetición.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la normativa aplicable a la acción de repetición, sentencia de 8 de mano de 2007, Exp. 30330, C.P. C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 18 de junio de 2018, Exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 NUMERAL 2, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿La ausencia de uno de los presupuestos de procedencia de la acción de repetición impide la declaración de responsabilidad particular del agente demandado?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisprudencia de esta Corporación, en atención a lo previsto en la Constitución Política (art. 90), el CCA (art. 86 inciso 2), vigente para le época de presentación de la demanda, y la Ley 678 de 2001, ha considerado como presupuestos para la prosperidad de la pretensión de reembolso: i) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que imponga una obligación dineral a cargo de una entidad estatal; ii) la realización efectiva del pago por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado o particular que cumple funciones públicas; iv) la calificación de la conducta atribuida al demandado a título de dolo o de culpa grave. Por tratarse de requisitos de procedibilidad, todos deben encontrarse debidamente acreditados para que prospere la pretensión de reembolso, lo que quiere decir que la ausencia de uno de tales presupuestos impide la declaración de responsabilidad particular del agente demandado en repetición.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86 INCISO 2, LEY 678 DE 2001
ACCIÓN DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PARTICULAR EN EJERCICIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA / FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTICULARES / CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / PERSONA JURÍDICA / RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA
Problema jurídico:
¿Las personas jurídicas son sujetos pasivos de la pretensión de reembolso?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo atinente al sujeto pasivo de la acción de repetición, el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, aplicable al caso en los aspectos procesales, prevé su ejercicio en contra de servidores o ex servidores del Estado. (...) Dicha normativa prevé, asimismo, que el “contratista” se considera particular que cumple funciones públicas en las etapas de celebración, ejecución y liquidación de los contratos celebrados con entidades estatales. En el ámbito contractual, la ley vigente al momento de ocurrencia del hecho dañoso establece que el contratista investido de función pública “colabora” con los entes públicos “en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”. Por tanto, la actividad desarrollada por el particular en virtud del contrato está regida por los principios de la función administrativa y por los postulados “que regulan la conducta de los servidores públicos”. En punto a la naturaleza jurídica del particular contratista susceptible de la acción de repetición, la jurisprudencia de esta Sección ha considerado que las personas jurídicas también son sujetos pasivos de la pretensión de reembolso.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la procedencia de la acción de repetición contra personas jurídicas, consultar sentencia de 12 de septiembre de 2016, Exp. 56284, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y sentencia de 29 de noviembre de 2019, Exp. 56925, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
ACCIÓN DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / PERSONA JURÍDICA / FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTICULARES / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD / CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿La Clínica Piedecuesta, notificada en legal forma de la demanda es susceptible de la pretensión de reembolso en condición de particular supuestamente investido de la función pública conferida en virtud del contrato de compra de servicios de salud suscrito con el ISS?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el breve derrotero normativo y jurisprudencial expuesto, la vinculación de la Clínica Piedecuesta como parte pasiva de la acción de repetición se cimentó en el vínculo contractual que esta persona jurídica estableció con el entonces ISS, para la prestación de servicios médicos y hospitalarios de los afiliados a dicho instituto. Precisamente, la sentencia condenatoria se sustentó en la acreditación del vínculo que el ISS tenía con la Clínica Piedecuesta en virtud del contrato de “compra de servicios de salud” suscrito el 3 de abril de 1997. (...) Es válido afirmar entonces que la Clínica Piedecuesta, antes Villa de San Carlos Ltda., como persona jurídica particular, prestó el servicio de salud a los afiliados y beneficiarios del ISS por virtud del contrato de compra de servicios suscrito entre ellos, actividad que la habilita para comparecer al proceso como sujeto pasivo de la acción de repetición. (...) En este orden, la respuesta al primer problema jurídico es afirmativa en lo que atañe a la Clínica Piedecuesta, pues se encuentra debidamente demostrado que esta persona jurídica cumplió funciones públicas como particular en virtud de un contrato estatal, acreditación que permite avanzar en el análisis de los demás presupuestos de prosperidad de la pretensión de reembolso.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTICULARES / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA / MÉDICO / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Problema jurídico:
¿Mario Cortes, demandado en condición de médico al servicio de persona jurídica, es susceptible de la pretensión de reembolso en condición de particular supuestamente investido de la función pública conferida en virtud del contrato de compra de servicios de salud suscrito con el ISS?
Respuesta al problema jurídico: No
No se infiere lo mismo frente al demandado M. C., dado que la parte actora no acreditó que hubiera intervenido como médico en el procedimiento quirúrgico realizado por la Clínica Piedecuesta. (...) , la Sala negará las pretensiones frente a M. C. al no encontrar acreditado el presupuesto de prosperidad de la pretensión de reembolso atinente a la calidad del demandado como particular investido de función pública.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / AUSENCIA DEL DOLO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿El criterio del juez contencioso administrativo en el fallo condenatorio ata al juez de la repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
[V]iene oportuno recordar que la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no demuestra, por sí misma, el dolo o la culpa grave del funcionario, es decir que el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo condenatorio no ata al juez de la repetición, por tratarse este último de un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del servidor que se centra en la valoración de la conducta del agente conforme a las pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron los medios probatorios allegados al proceso judicial que sustentó la condena objeto de la pretensión de reembolso.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al elemento subjetivo de la acción de repetición, consultar sentencia de 03 de diciembre de 2007, Exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 29 de noviembre de 2019, Exp. 43056, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / COPIA DE LA SENTENCIA / SENTENCIA CONDENATORIA / FALTA DE PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La clínica demandada incurrió en una conducta gravemente culposa en ejercicio de la función pública conferida mediante el contrato de compra de servicios de salud suscrito con el ISS, en virtud de la cual realizó la intervención quirúrgica que dió lugar al daño antijurídico imputado al instituto a título de falla del servicio?
Respuesta al problema jurídico: No
Para acreditar la conducta gravemente culposa de la persona jurídica demandada, fundada en una conducta negligente y descuidada, el apoderado del ISS sólo allegó al expediente copia de la sentencia condenatoria que impuso la condena en su contra bajo el título de falla del servicio. (...) , la Sala concluye que las consideraciones expuestas en la sentencia condenatoria resultan insuficientes para acreditar la conducta gravemente culposa que el ISS atribuye a la Clínica Piedecuesta, pues no da cuenta del incumplimiento de los parámetros de normalidad del acto médico. Esta inferencia exige acudir a los estándares de la medicina contenidos en protocolos prácticos construidos con base en la evidencia, disponibles para guiar las decisiones clínicas y, correlativamente, para denotar los riesgos y complicaciones propios del acto médico (...) Bajo esta perspectiva, resulta forzoso concluir que la respuesta al segundo problema jurídico planteado es negativa, porque el ISS no demostró que el daño antijurídico ocurrido durante el procedimiento quirúrgico realizado por la Clínica Piedecuesta, en condición de contratista encargado de funciones públicas, hubiera devenido por la conducta gravemente culposa del personal médico vinculado a la persona jurídica particular. Por lo expuesto, la Subsección revocará el numeral primero de la sentencia apelada que declaró probada la excepción de falta de legitimación para la causa por pasiva y confirmará el numeral segundo que negó las pretensiones de la demanda presentada por el ISS en contra de la Clínica Piedecuesta y el señor M. C.
CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: No
No hay lugar a la imposición de costas, porque no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de alguna de las partes, presupuesto exigido por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que proceda dicha condena.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55