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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2024-05-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020190002300LEY 1437 REPETICION
¿Resulta procedente acceder a la solicitud del apoderado de la parte demandada, en la que requiere copias del proyecto de sentencia anticipada que fue derrotado? No
Un proyecto de sentencia que resulta derrotado en sala no obtiene el quórum decisorio exigido por el artículo 54 de la Ley 270 de 1996, por lo que la decisión no queda en firme y no puede ser de público conocimiento. Por esa razón no procede entregar a las partes copia del proyecto derrotado, aunque el artículo 182 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, no contenga una prohibición expresa sobre el acceso a la información. En el caso analizado, el apoderado de la parte demandada pidió copia del proyecto de sentencia anticipada que había sido derrotado en la sala del 4 de julio de 2023. El despacho negó la solicitud porque ese proyecto no alcanzó el quórum decisorio y la decisión no se encuentra en firme. Por ello se ordenó estarse a lo resuelto, es decir, mantener la decisión de no entregar la copia solicitada. La negativa alcanza únicamente el proyecto derrotado solicitado por el apoderado.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-11-14Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000232600020070014701ACCION CONTRACTUAL
¿El impedimento se encuentra fundado en virtud de la causal 9 del artículo 141 del Código General del Proceso? Sí
Un impedimento queda fundado cuando el magistrado manifiesta una amistad íntima o una enemistad grave con alguna de las partes, su representante o su apoderado, en los términos del numeral 9 del artículo 141 del Código General del Proceso. Esta causal se justifica porque los impedimentos garantizan la imparcialidad de los funcionarios judiciales, y el legislador las fijó de manera taxativa en el mismo código. Cuando el magistrado declara sostener una amistad íntima con el apoderado sustituto de la parte demandante, la causal se configura y el impedimento se declara fundado. Con el impedimento aceptado el magistrado se aparta del asunto y el proceso continúa con quien lo reemplace. En el mismo auto se resolvió también la reanudación de un proceso ejecutivo suspendido, porque ya había vencido el plazo de dos años del artículo 163 del Código General del Proceso y la sentencia de la que debía aportarse copia ya estaba proferida. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la amistad íntima declarada separa al magistrado del caso.síntesis automática
También resuelve:¿Procede reanudar el proceso ejecutivo, toda vez que ya se venció el plazo de suspensión y se profirió sentencia de la cual se debía aportar la copia?
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2024-09-13Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000232600020100060702ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente decretar como pruebas de oficio, sentencias proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en las que se hace referencia al contrato IDU 093 de 2008? Sí
Se hace necesario conocer las resultas de los procesos penales relacionados con el contrato de interventoría y el proceso de adjudicación por ser materia del actual examen judicial. En estos términos, al estar disponibles las citadas providencias en el medio de publicación oficial de la Corte Suprema de Justicia, se ordenará su incorporación al proceso. Adicionalmente, se oficiará a la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que remita a este proceso constancia de ejecutoria de ambas providencias.
¿El demandante para probar el elemento subjetivo únicamente allegó las sentencias de nulidad y restablecimiento las cuales no tienen la virtud de acreditarlo? Sí
Las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho no acreditan por sí mismas el elemento subjetivo de la acción de repetición, pues la demostración de la culpa grave o del dolo del agente debe fundarse en su propia conducta y en las circunstancias que la rodearon. Una razón es que en el caso la supresión del cargo se adoptó mediante decreto aprobado por un comité de evaluación de oficios, que verificó el cumplimiento de los requisitos legales, de modo que la decisión administrativa tenía respaldo institucional distinto de la conducta individual del agente. Otra razón es que las sentencias que anularon esa supresión decidieron sobre la legalidad del acto, pero no describen un comportamiento doloso o gravemente culposo del servidor. Por ello el demandante no logró probar el elemento subjetivo y la Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la entidad que repite debe aportar pruebas directas de la conducta del servidor, y no basta con acreditar la existencia de una nulidad previa.síntesis automática
También resuelve:¿ De las sentencias de nulidad y restablecimiento se puede concluir que la actuación del demandado hubiera estado provista de dolo?¿En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo se deberá repetir contra él?¿Es posible en este caso adoptar la decisión con base en las consideraciones de la sentencia de nulidad y restablecimiento?
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2025-07-01Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 27001233300020140021101LEY 1437 REPETICION
¿Procede ordenar al juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó, la remisión de la copia digital de la sentencia condenatoria del 7 de diciembre de 2007, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, con su constancia de notificación y ejecutoria, que confirmó la condena de los de los acá demandados, por la muerte de unos civiles, hechos que sirvieron de fundamento para declarar la responsabilidad del Estado? Sí
El juez decreta la práctica y remisión de pruebas necesarias en segunda instancia con fundamento en las facultades procesales previstas en la ley. Bajo la providencia del 10 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó en el proceso de reparación directa, se expuso que el 7 de diciembre de 2007 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó. Por consiguiente, se ordena al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó la remisión de la copia digital de la sentencia condenatoria con su constancia de notificación y ejecutoria, con fundamento en lo previsto en el artículo 213 del CPACA.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2025-06-16Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 52001233300020170057301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede el juez de segunda instancia decretar de oficio la incorporación al expediente de una sentencia previa proferida en otro proceso, cuando esta resulta pertinente, útil y conducente para el análisis del caso en grado de apelación? Sí
El juez de segunda instancia decreta de oficio la incorporación de providencias pertinentes, útiles y conducentes para el análisis jurídico del caso en grado de apelación de acuerdo con el ordenamiento procesal. En este caso procesal, la Sección Tercera decreta de oficio la incorporación al expediente de la sentencia del 17 de junio de 2024 emitida en otro proceso respecto a la nulidad de actos de incumplimiento contractual, por considerar que dicha determinación puede impactar directamente la decisión que se adopte en el presente asunto.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el decreto del informe bajo juramento como prueba de oficio?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2024-05-06Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿La parte resolutiva de la providencia prevé expresamente la cuestión que en adición se solicita? Sí
El Despacho encuentra que la solicitud presentada por el apoderado de la parte actora el 18 de abril de 2024, fue oportuna, porque se radicó dentro del término de ejecutoria del auto que se pide adicionar… .… No obstante, se advierte que dicha solicitud carece de objeto, pues tal como lo dispuso la parte resolutiva de la providencia del 16 de abril de 2024, cuya adición se peticiona, el Despacho ordenó a la Secretaría que, al oficio remitido a la Rectora de la Universidad Nacional para que designe un experto, se adjuntara copia de la sentencia proferida el 30 de enero de 2013 por esta Subsección (numeral segundo); procediera a la digitalización de la totalidad del expediente (numeral cuarto) e; informara al funcionario designado para rendir el dictamen por la Rectora de esa institución educativa, el mecanismo dispuesto por la Corporación para poder acceder virtualmente a la totalidad del expediente digital (numeral quinto)…
También resuelve:¿Las decisiones judiciales son inmodificables por el mismo Juez que la dictó, pues una vez proferida la decisión pierde la competencia funcional sobre el asunto que ha resuelto?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar2022-04-18Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020140013700LEY 1437 REPETICION
[D]ecreto de las medidas cautelares solicitadas. Sí
En la medida que [la] información es susceptible de ser obtenida… mediante el ejercicio del derecho de petición, sin que le sea dable, como se dijo en párrafos anteriores, acudir a los poderes del Juez para tal efecto, como quiera que el artículo 173 [CGP], condiciona al juez para ordenar la práctica de las pruebas que la parte haya podido solicitar directamente… , a que ésta haya probado sumariamente que actuó en procura de aportar dichas pruebas, es decir, que las solicitó a la entidad, pero que estas le fueron negadas, lo cual no ocurrió en este caso.
¿Debe declararse la falta de jurisdicción o competencia por la existencia de una cláusula arbitral, teniendo en cuenta que la parte demandada no invocó oportunamente la respectiva excepción y, que, por ende, renunció tácitamente al pacto arbitral? No
El contratista no puede invocar la falta de jurisdicción o competencia por la existencia de una cláusula arbitral si no la presenta oportunamente en el proceso, ya que se considera que ha renunciado tácitamente al pacto arbitral, lo que permite a la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejercer su competencia. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la renuncia tácita al pacto arbitral, independientemente de los argumentos específicos utilizados por el juzgador de instancia. Además, en un contrato de derecho privado de ejecución sucesiva sin cláusula de liquidación, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se inicia desde el día siguiente a la terminación del contrato. Asimismo, el pacto y el ejercicio de facultades unilaterales en contratos de derecho privado son válidos, pero las partes pueden imponer límites al ejercicio de estas facultades, como plazos temporales para realizar descuentos, sin que esto signifique la extinción de los derechos sustantivos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo el contrato era de ejecución sucesiva, pero no requería liquidación, ya que se trató de un contrato sometido al derecho privado en el cual las partes no pactaron una cláusula de liquidación…¿El pacto y el ejercicio de una facultad unilateral en un contrato de derecho privado, como los descuentos, son válidos, así como los límites que las partes imponen al ejercicio de dichas facultades…¿Procede la declaratoria de incumplimiento del contrato de transferencia de activos como consecuencia de la práctica de unos descuentos y provisiones realizados por la demandada…
¿En el marco del medio de control de repetición, se materializó la imputación subjetiva contra el exsoldado a título de dolo o culpa grave ? No
Cuando una entidad estatal es condenada con fundamento en la falla del servicio, esa condena no basta para probar el dolo o la culpa grave del servidor en el proceso de repetición. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el juez de repetición debe valorar si la desatención de los deberes funcionales fue de tal magnitud que obligue al servidor a restituir la condena, sin que baste insistir en el incumplimiento del deber legal que motivó la condena. Segunda, las providencias de reparación directa que sustentaban la pretensión imputaban riesgo excepcional, no falla, y sus consideraciones no prueban por sí solas la imputación subjetiva. Tercera, el uso de un arma de dotación oficial, sin prueba de los demás elementos de tiempo, modo y lugar, no permite deducir dolo ni culpa grave, que es requisito de la repetición según el artículo 90 de la Constitución. Por ello se confirmó la negativa de las pretensiones. La providencia reitera esa jurisprudencia sobre la prueba de la culpa grave.síntesis automática
También resuelve:¿Ser condenada una entidad del Estado con fundamento en la falla del servicio, es suficiente para probar el dolo o culpa grave del funcionario en el proceso de repetición?¿En un proceso de repetición se reclama probar no solo la condena impuesta al Estado y su cumplimiento, sino también la culpa grave o el dolo del agente?¿La condena a una entidad estatal a través de un juicio previo conlleva la responsabilidad del agente o exagente del Estado que eventualmente hubiere dado lugar a la misma?
¿En el plenario del medio de control de repetición, existe prueba sobre la materialización de la imputación subjetiva contra los demandados a título de culpa grave? No
Cuando se pretende la repetición contra miembros de la fuerza pública, las sentencias disciplinarias y las de reparación directa no prueban por sí solas la culpa grave, pues el dolo y la culpa grave son presupuestos de carácter personal que deben establecerse respecto de cada agente. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el fallo de reparación directa es un elemento de juicio insuficiente para valorar la conducta del agente. Segunda, la parte actora no solicitó la práctica de otros elementos de juicio idóneos para acreditar el elemento subjetivo. Tercera, los antecedentes administrativos aportados por la entidad se refieren a un informativo sobre pérdida de material de guerra y no tienen relación directa con los daños por los que el Estado fue condenado. En consecuencia, como no se aportaron pruebas idóneas, las pretensiones debían negarse y se confirmó la sentencia apelada. El documento reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el valor limitado del fallo de reparación directa.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora asumió que el elemento de la culpa grave se desprendía de la sentencia proferida dentro de la reparación directa?¿El demandante tiene la carga de indicar qué conductas específicas son atribuibles al demandado?¿La parte actora tenía la carga de acreditar que los demandados actuaron con culpa grave en los hechos?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar2024-05-30Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020220020300LEY 1437 REPETICION
¿Las providencias judiciales que allegó la demandante al expediente acreditan el requisito consistente en la existencia de la prueba sumaria del dolo con la que al parecer actuó el demandado? Sí
Cuando se solicitan medidas cautelares en un proceso de repetición, la entidad debe aportar prueba siquiera sumaria del dolo o la culpa grave de la conducta del demandado, aun cuando se apliquen las presunciones de la Ley 678 de 2001, porque esa prueba garantiza la proporcionalidad de la medida y su necesidad para asegurar el eventual fallo condenatorio. La regla se sostiene en tres razones: la finalidad de la medida es proteger el erario y garantizar el cumplimiento de la sentencia, lo que exige un mínimo de apariencia sobre la conducta; las copias de providencias penales que declaran responsable al agente por delitos contra la administración pública y de la sentencia de responsabilidad patrimonial que califica su conducta como dolosa constituyen prueba sumaria suficiente; y la jurisprudencia de la corporación ha reiterado este estándar. En el caso, se decretaron las medidas cautelares porque los documentos aportados acreditaban esa prueba sumaria, sin que la decisión prejuzgue la sentencia de fondo. El documento reitera la jurisprudencia de la corporación sobre medidas cautelares en la repetición; la consecuencia práctica es que la demanda de repetición debe acompañar copia de las providencias que sustentan la conducta dolosa o gravemente culposa.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la solicitud de medida cautelar elevada por la parte demandante consistente en que se ordene el embargo y secuestro de unos bienes inmuebles de propiedad del demandado y la consecuente…¿Debe la Nación, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República prestar caución por la suma equivalente al veinte por ciento 20% del valor de las pretensiones formuladas en la demanda…
¿Las imprecisiones que se presentaron en la desvinculación del servidor difícilmente podrían considerarse como indicativas de un obrar inexcusable y de una conducta gravemente culposa de los demandados? Sí
Las imprecisiones formales cometidas al desvincular a un servidor público no equivalen por sí mismas a un error inexcusable ni a una conducta gravemente culposa, y que la presunción de culpa grave solo opera cuando se configuran los supuestos de hecho que la fundan. Una razón es que la desvinculación estuvo precedida de un estudio técnico de reestructuración de la planta de personal, que debía contar con la aprobación de la autoridad competente en función pública, lo que hace inviable sostener una violación inexcusable de la ley. Otra razón es que aunque se cometieron fallas en la forma como se formalizó la desvinculación, la motivación del acto no genera por sí sola una violación de las normas de competencia ni de los presupuestos de validez del acto administrativo. Por ello la Sala negó las pretensiones y condenó en costas a la parte actora. La sentencia no indica si reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que las fallas de procedimiento en una supresión de cargo deben demostrarse como conducta gravemente culposa y no presumirse a partir de su sola existencia.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación de los demandados comportó una violación inexcusable de la ley?¿La vicisitud experimentada por el servidor desvinculado se presentó en el marco de un proceso de restructuración de la entidad demandante?¿La situación permite concluir que los agentes estatales demandados son responsables patrimonialmente en el marco de la repetición?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo? Sí
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado en los artículos 129 y 132 del CCA, pues el proceso inició con vocación de doble instancia al estimar la demanda una cuantía superior a la exigida para la competencia de los tribunales administrativos en primera instancia, equivalente al valor de la condena impuesta al Estado.
También resuelve:¿La normativa aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento en que ocurren los hechos que dieron lugar a dicha acción?¿La ausencia de uno de los presupuestos de procedencia de la acción de repetición impide la declaración de responsabilidad particular del agente demandado?¿Las personas jurídicas son sujetos pasivos de la pretensión de reembolso?
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad? No
La Ley 678 de 2001 no se aplica a los aspectos sustanciales de la acción de repetición cuando la condena que la origina y los hechos son anteriores a su vigencia, y que el pago de la condena puede acreditarse por cualquier medio legalmente válido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, la ley se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogación, sin perjuicio de excepciones; los hechos anteriores siguen la normativa previa. Segunda, las decisiones que sustentaron la condena se dictaron en 1994 y 1995, es decir, antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001. Tercera, el ordenamiento civil no establece una tarifa legal para acreditar el pago, por lo que los documentos aportados, como comprobantes de egreso y certificados de disponibilidad, pueden acreditar el pago de la condena. La providencia confirma la decisión y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. La consecuencia práctica es que la fecha de los hechos y de la condena determina la ley sustancial de la repetición, y la prueba del pago se aprecia por las reglas de la sana crítica.síntesis automática
También resuelve:¿Los documentos allegados por la parte demandante al caso sub examine, acreditan el pago efectivo de la condena judicial en cumplimiento de la sentencia del 2 de junio de 2005 proferida por el…¿Se configuró dolo o culpa grave por parte del demandado en el caso sub examine, en cuanto el mismo adoptó las decisiones que condujeron a la privación de la libertad por el delito de peculado por…¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine, aunque el demandado no haya intervenido en la segunda instancia?
¿No se debió aplicar el principio de proporcionalidad porque, además de que desconfigura la finalidad de la cláusula penal, desconoce que el incumplimiento del consorcio fue total o definitivo, por lo tanto, en ese sentido, a pesar del avance de la obra, pues su no culminación se tradujo en una frustración absoluta de los intereses del ente contratante, ya que el puente no pudo ponerse en funcionamiento, ni siquiera parcialmente? No
Seguros Colpatria S.A. demandó la nulidad de las Resoluciones 3350 y 3466 de 2012, proferidas por el Instituto Nacional de Vías, mediante las cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento definitivo del contrato de obra 0745 de 2008 -suscrito entre esta última entidad y el Consorcio Sogamoso-, y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria.
También resuelve:¿La inaplicación de la cláusula de proporcionalidad en la garantía única, de ningún modo, impide que la cláusula penal pueda calcularse de forma proporcional al incumplimiento del contratista…¿Es válido que, ante el cumplimiento parcial de las obligaciones del contrato, el juez gradúe la cláusula penal, rebajándola proporcionalmente o reduciéndola equitativamente?¿Es procedente condenar en costas en segunda instancia, fijar agencias en derecho y confirmar la condena en costas de primera instancia?
¿El dolo o la culpa grave que la parte actora deben quedar debidamente demostrados en el expediente del proceso adelantado bajo el medio de control de repetición? Sí
El dolo o la culpa grave del agente en la acción de repetición deben demostrarse dentro del propio proceso de repetición, con pruebas válidamente aportadas, y no pueden deducirse de la sentencia condenatoria contra el Estado ni del auto que aprobó la conciliación. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el análisis de responsabilidad del Estado no involucró la valoración de la conducta del agente que participó en los hechos, de modo que sus consideraciones no prueban su responsabilidad personal. Segunda, la copia de la condena y el auto aprobatorio de la conciliación solo acreditan la condena y el pago, pero no tienen vocación para demostrar el elemento subjetivo. Tercera, quien promueve la repetición no aportó los elementos que revelaran las actuaciones del demandado antes, durante y después de los hechos, ni las pruebas valoradas en el proceso ordinario. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que la entidad que repite debe aportar en el proceso prueba propia de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente, con independencia de la condena previa.síntesis automática
También resuelve:¿Para que prospere las pretensión de repetición se debe constatar la obligación resarcitoria a cargo del Estado; la condición de servidor o ex servidor público de la persona contra la que se repite…¿La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…¿Dado que en este caso el hecho dañoso origen de la condena ocurrió en el año 2000, a los aspectos sustanciales le son aplicables las presunciones estatuidas en la Ley 678 de 2001?
¿Cómo se determina la normatividad procesal aplicable al proceso? Sí
El contratista debe determinar la normatividad procesal aplicable al proceso de controversias contractuales según la fecha en que se interpuso la demanda, en este caso, la Sala estima que la demanda interpuesta el 24 de julio de 1997 debe regirse por el Código Contencioso Administrativo de 1984, dado que la Ley 1437 de 2011 entró en vigencia posteriormente. Además, la entidad estatal es competente para conocer del recurso de apelación cuando el monto de las pretensiones indemnizatorias supera la cuantía establecida en el Código Contencioso Administrativo. En cuanto al cómputo del término de caducidad, la Sala establece que este debe iniciarse desde la fecha en que debió efectuarse la liquidación del contrato, que en este caso se prolongó hasta el 11 de mayo de 1995, y que la liquidación debió realizarse dentro de los plazos establecidos por la jurisprudencia, reiterando la importancia de cumplir con los plazos legales para la liquidación del contrato y el cómputo del término de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de controversias contractuales?¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando se demanda, ya finalizado el término de ejecución del contrato…¿En los contratos que se rigen por el Decreto ley 222 de 1986, La existencia de los contratos no sujetos a la formalidad de escritura pública…
¿El proceso de selección adelantado por TRANSMILENIO S.A. para contratar el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo debía someterse a los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pese a que la entidad se encuentra sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, por tratarse de una actividad ajena a escenarios de competencia o mercado regulado, vinculada al cumplimiento de cometidos estatales? Sí
Las entidades estatales descentralizadas sometidas al régimen de empresa industrial y comercial se sujetan a los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cuando celebran contratos relacionados con actividades de interés general ajenas al mercado competitivo. El proceso de selección adelantado para contratar el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo persigue cometidos estatales esenciales. Por consiguiente, la actuación contractual debe regirse por la normativa pública de contratación para garantizar la libre competencia y el cumplimiento de los fines del Estado, apartándose del régimen privado cuando el objeto contractual compromete bienes y servicios de uso público.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda presentada en ejercicio de la acción contractual, mediante la cual se solicitó la nulidad de los actos precontractuales…¿El pliego de condiciones exigió una experiencia general y específica mínima del director del proyecto y de los ingenieros residentes como requisito habilitante y, simultáneamente…¿El tiempo durante el cual el director del proyecto participó en la etapa precontractual del contrato celebrado entre Konidol y Ecopetrol podía computarse como experiencia específica para efectos de…
¿Se configuró caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, ya que la demanda se presentó de forma oportuna? No
La Sala precisa que la condena objeto del sub lite se profirió en un proceso tramitado bajo el Decreto 01 de 1984, de ahí que el Ejército Nacional debía cumplirla en los términos de los artículos 176 y 177 de ese cuerpo normativo, según lo ordenado en la parte resolutiva del fallo del 19 de junio de 2013, dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia… . De este modo, la entidad tenía 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia mencionada, lo cual ocurrió el 29 de julio de 2013… . por ende, el plazo para cumplir la obligación se extendió hasta el 30 de enero de 2015. Ahora bien, para efectos de contar la caducidad, cabe decir que a la controversia le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, toda vez que el plazo para acudir ante esta jurisdicción empezó a correr con posterioridad al 2 de julio de 2012… .
También resuelve:¿Debe el juez de segunda instancia analizar si la entidad demandante probó la calidad de exagentes estatales que tenían los demandados para la época de los hechos que dieron lugar a la condena…¿Se acreditó la calidad de ex agentes del estado de todas las personas o individuos demandados en el caso sub examine, con ocasión del pago de la condena de la acción de reparación directa en la que…¿En el caso sub examine, la imputación realizada por la entidad demandante solo puede analizarse bajo la conducta de dolo?